Escuadrones de la muerte y contrainsurgencia en Chiapas 
Frente popular cardenista ata los trabajadores al capitalismo 

4 de enero--La masacre llevada a cabo en vísperas de Navidad en Chenalhó, municipio rural del estado de Chiapas, México, fue una acción militar de exterminio masivo y una provocación deliberada. El propósito de la matanza, realizada por un escuadrón de la muerte paramilitar, fue preparar el escenario para emprender una campaña sanguinaria contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) alrededor del día de Año Nuevo, cuarto aniversario de su levantamiento en contra del régimen asesino que ha administrado el capitalismo mexicano desde 1929. De hecho, el gobierno ha usado ya esta matanza como pretexto para enviar miles de efectivos del ejército al área, extendiendo así su ocupación desde la región selvática, base de los rebeldes zapatistas, hasta los Altos de Chiapas. 

La masacre de Chenalhó no es una atrocidad aislada ni, mucho menos, una disputa entre comunidades indígenas, como afirmó cínicamente el entonces secretario de Gobernación. Cualquiera que haya sido el nivel en que fuera planeada y ordenada, esta masacre fue un acto de terrorismo de estado capitalista que incluyó la participación de fuerzas armadas y entrenadas por el ejército de EE.UU. como parte de las operaciones contrainsurgentes. Ni súplicas humanitarias, ni editoriales liberales a favor de los derechos indígenas, ni la remoción de unos cuantos funcionarios podrán detener a estos asesinos profesionales. No podrán tampoco ser derrotados por insurgentes campesinos en regiones remotas, ni por llamados a que el gobierno entable “negociaciones” con la guerrilla. Hay que llevar la lucha a las ciudades, fábricas y centros de poder tanto en México, como en Estados Unidos. 

La mañana del 22 de diciembre, a plena luz del día, un escuadrón compuesto por unos 60 uniformados atacó a alrededor de 350 indígenas tzotziles refugiados mientras éstos se encontraban rezando por la paz en el poblado de Acteal en Chenalhó, Chiapas. Durante seis horas o más, los asesinos llevaron a cabo la matanza, ejecutando a los campesinos indefensos con tiros en la cabeza y mutilando sus cadáveres con machetes. La mayor parte de las víctimas fueron mujeres (21) y niños (15); ninguno de los refugiados estaba armado. Un joven de 13 años que logró sobrevivir relató que alcanzó a ver desde su escondite a los asesinos disparar a su padre en el piso y degollar a su madre embarazada para después extraer al feto de su vientre con un cuchillo. Esto se hizo también a otras mujeres. Más tarde, se encontraron 45 cadáveres y cinco personas se han reportado como desaparecidas, mientras que decenas más fueron horriblemente heridas. Testigos que lograron escapar dijeron que muchos de los asesinos se reían mientras realizaban este crimen. 

Atrapados en el cerco de fuego que los matones formaron en una operación envolvente, las mujeres y niños aterrorizados huyeron de la capilla de madera de Acteal abriéndose paso a través de una cañada mientras los asesinos los perseguían. Cuando las mujeres intentaron esconderse, el llanto de sus hijos las delató. Después de que la carnicería concluyó, los asesinos fueron sistemáticamente de choza en choza para desnudar los cadáveres y robar sus pertenencias. Los charcos de sangre en el piso de la capilla y los arroyos sanguinolentos que corrían hacia el río son el símbolo de la guerra sucia que se libra en contra de la oprimida población indígena en México. Este es un crimen contra la humanidad, como han señalado líderes religiosos y grupos de derechos humanos. Pero Chiapas es un campo de batalla de la guerra de clases que se extiende alrededor del mundo, y se necesitará la movilización revolucionaria del poderío de la clase obrera internacional para vengar estos asesinatos y someter a los asesinos a la justicia proletaria. 

Como resultado de la indignación internacional, el presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, declaró de manera hipócrita que este asesinato masivo fue un “cruel, absurdo, inaceptable acto criminal”. Pero lo cierto es que la masacre fue resultado directo de su gobierno, su partido y su política. Mientras se acumulaban las evidencias de que los asesinos estaban ligados a la maquinaria política del gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el alcalde priísta de Chenalhó fue arrestado junto con 39 de sus compinches. Hasta la fecha, 16 han sido acusados formalmente de varios delitos. En el Congreso mexicano se ha extendido un clamor por la renuncia del gobernador del estado de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, y del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, diciendo que no hicieron nada para detener la masacre. Esta ha sido también una exigencia central de las protestas frentepopulistas en la Ciudad de México. Ahora Chuayffet ha renunciado y Ruiz Ferro (quien fuera instalado por Zedillo después de unas elecciones abiertamente fraudulentas) puede ser removido en cualquier momento. Esto no significa, sin embargo, que la política asesina del gobierno vaya a cambiar. 

Cuauhtémoc Cárdenas, dirigente del nacionalista burgués Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ahora jefe del gobierno del Distrito Federal (la capital del país), ha exigido que el gobierno federal asuma el control del estado de Chiapas. Durante una protesta el 24 de diciembre frente al Ángel de la Independencia, Cárdenas declaró: “Es preciso que el Gobierno de la República desarme y desmantele a las fuerzas paramilitares” y “devuelva la tranquilidad a la región”. El arzobispo primado de México pidió también que se efectúe un “desarme”. Esto no sólo es absurdo, dado que el mismo gobierno federal ha armado y protegido a los escuadrones de la muerte, sino que es peligroso. Al tomar posesión, el nuevo secretario de Gobernación, Francisco Labastida, amenazó de manera provocativa con “desarmar” al EZLN, al mismo tiempo que unidades del ejército hacían una incursión en el cuartel zapatista ubicado en La Realidad. Asimismo, mientras el ejército finge defender a los refugiados indígenas frente a los paramilitares, lo que hace es extender su ocupación a los Altos de Chiapas. 

La posibilidad de que la tensa situación en Chiapas explote en una guerra civil regional está siempre presente. Sin embargo, sería una guerra en gran parte unilateral, parecida a una masacre como la de Acteal a gran escala. Mientras que miles de efectivos del ejército mexicano se han movilizado para ocupar comunidades de los Altos de Chiapas que simpatizan con el EZLN (y no las bases de los paramilitares), mujeres indígenas, con nada más que sus manos, han resistido a los policías militares antimotines armados con rifles automáticos, escudos electrificados y gas lacrimógeno. En la comunidad de Xóyep, Chenalhó, la población tzotzil gritó a 400 soldados: “Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él” y “Violadores de mujeres, váyanse” En México y alrededor del mundo, los obreros con conciencia de clase, y todos aquéllos que defienden a los oprimidos, deben exigir que el ejército mexicano salga de Chiapas y que el sinnúmero de agentes de la CIA, la DEA (agencia antinarcóticos), el ejército norteamericano y otras instancias armadas de EE.UU. salgan de México ¡ya! En caso de un ataque en contra de los indígenas insurgentes y sus partidarios, debe movilizarse el poder de la clase obrera, incluyendo acciones huelguísticas, para paralizar el país. 

Las hileras de ataúdes, cargados por los familiares de las víctimas a través de las colinas para enterrarlos en Chenalhó, son el rostro espeluznante del Nuevo Orden Mundial del imperialismo yanqui. Envalentonados por la contrarrevolución en la Unión Soviética y Europa Oriental, los patrones y sus gobiernos quieren aumentar sus ganancias intensificando la explotación de los trabajadores alrededor del mundo. Hoy en día, los indígenas mayas rebeldes de Chiapas enfrentan al mismo enemigo capitalista-imperialista que los asediados sindicalistas de Europa y Estados Unidos. La Guerra Fría antisoviética ha llegado a su fin; no obstante, los escuadrones de la muerte que sirvieron como su punta de lanza en Centroamérica han ahora reaparecido en México. Para poner fin a esta masacre interminable, urge luchar por la revolución obrera, movilizando a los millones que componen el proletariado mexicano y extendiéndola a través de las fronteras a los centros imperialistas. Decir que hay otra solución sería cometer un engaño mortal. 

La masacre de Chenalhó ha sido el crimen más sangriento desde que el ejército mexicano perpetró la masacre de Tlatelolco en 1968 en la Ciudad de México, en la cual cientos de estudiantes, izquierdistas y obreros fueron asesinados. Este asesinato masivo se había preparado desde hace mucho y componentes importantes del aparato del PRI-gobierno estuvieron directamente involucrados en su realización. 

A lo largo de 1997 cientos de indígenas fueron asesinados en Chiapas por el ejército, la policía estatal y grupos paramilitares. El New York Times (26 de diciembre de 1997) escribió: “Al menos 300 personas han sido asesinadas en el montañoso estado sureño de Chiapas desde que empezó el conflicto hace cuatro años entre la guerrilla indígena, que lucha por mayores derechos, y miembros de milicias armadas que se oponen a su causa.” De hecho, estadísticas oficiales registran más de 800 asesinatos en los Altos de Chiapas y el norte del estado, donde los grupos paramilitares están activos; grupos mexicanos de derechos humanos informan que 1,500 indígenas han sido asesinados desde principios de 1995, bajo el gobierno estatal de Julio César Ruiz Ferro (Proceso, 28 de diciembre de 1997). Además, contra lo que el típicamente “equilibrado” reporte del Times afirma, la aplastante mayoría de las víctimas eran simpatizantes zapatistas. 

La evidencia de que la autoría de este monstruoso crimen pertenece al PRI-gobierno es todavía más específica. Considérese lo siguiente: 

• El 1º de octubre, el presidente municipal priísta de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, entregó un documento de 14 páginas al presidente Zedillo durante una visita presidencial a San Cristóbal de las Casas, la población más grande de los Altos de Chiapas. Firmado por 89 empleados municipales, el documento anunciaba que se estaban armando para combatir a los partidarios del EZLN que habían establecido un gobierno local “autónomo” y rebelde. Al mismo tiempo, una nueva organización paramilitar, Máscara Roja, anunció su presencia en la región, con el propósito explícito de expulsar o aniquilar a los simpatizantes del EZLN. Su grito de guerra: “Vamos a acabar con la semilla zapatista.” 

• El 2 de octubre, cuatro personas fueron asesinadas por encapuchados en el municipio vecino de Pantelhó, un bastión zapatista. Durante los días siguientes, hombres enmascarados exigieron a los habitantes un “impuesto de guerra”, quemando las casas de aquéllos que se rehusaron a pagar. En el municipio de Chenalhó, en el período anterior a la masacre, paramilitares dejaron un saldo de 16 muertos y casi 400 familias desplazadas de sus comunidades. A lo largo del otoño, los periódicos de la Ciudad de México tuvieron encabezados en primera plana sobre estos asesinatos. 

• El 21 de diciembre, el obispo católico de San Cristóbal, Samuel Ruiz, y el vicario de la diócesis, Raúl Vera López, hablaron con el secretario general de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla, para alertarlo sobre la inminente posibilidad de un ataque a las comunidades indígenas del municipio de Chenalhó. Esa tarde, el alcalde priísta Jacinto Arias celebró una reunión en la población cercana de Los Chorros, cuartel del grupo paramilitar, para planear la masacre. 

• La mañana del 22 de diciembre, los 60 asesinos llegaron en tres camionetas pertenecientes al gobierno municipal y pagadas por la secretaría federal de Desarrollo Social. Todos vestían uniformes oscuros; muchos tenían la cara cubierta parcialmente con capuchas, pasamontañas o paliacates. Otros no se tomaron siquiera la molestia de ocultar su identidad y fueron reconocidos por los sobrevivientes como miembros del PRI. 

• Un contingente de la Seguridad Pública (policía estatal) llegó a Acteal un poco después; sus vehículos pasaron las camionetas en las que los matones habían sido transportados y se estacionaron a unos 50 metros de donde la matanza estaba ocurriendo. La policía fue reforzada por un comando de hombres uniformados de negro del grupo militarizado de reacción rápida (Agrupamiento Fuerza y Reacción), una corporación policíaca estatal de élite entrenada en la contrainsurgencia. 

• El destacamento policíaco conjunto tomó posiciones en una escuela, aproximadamente a medio kilómetro de la capilla, que era el punto focal de la masacre. La policía podía oír los disparos y, aproximadamente a mediodía, campesinos les pidieron, en vano, intervenir para detener la matanza. Los policías, en cambio, hicieron disparos al aire y llamaron a sus superiores por la radio. 

• Otras unidades policíacas habían tomado posiciones en diferentes poblaciones a distancias de cuatro, tres y un kilómetro del sitio de la matanza y también oyeron los disparos, pero no hicieron nada. El propósito de esta fuerte presencia policíaca en un arco alrededor de Acteal, consistió en evitar cualquier contraataque por parte de los insurgentes zapatistas al establecer un escudo detrás del cual los paramilitares asesinos pudieran actuar sin interrupción. 

• Alrededor de las 11:30, campesinos alarmados llamaron a las oficinas de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) en San Cristóbal, para reportar la balacera. Un funcionario de la CONAI llamó al secretario general de Gobierno del estado, Homero Tovilla, quien a su vez llamó a la policía estatal. Varios helicópteros y avionetas de la policía y el ejército despegaron de una base aérea cercana a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, para inspeccionar el área de Chenalhó. De acuerdo con Tovilla, la policía reportó que “no se encontró ninguna evidencia de conflicto, ni casa quemada, ni problema en el área”. 

• Aproximadamente a las 5 p.m., campesinos pidieron a los policías que se encontraban en la escuela, que al menos removieran a los heridos. De nuevo se negaron. Cuando los campesinos pidieron una escolta para que ellos mismos pudieran recoger a los heridos, la policía les dio una contraseña. Cuando los campesinos dijeron la contraseña, los paramilitares los dejaron pasar. Después de que recogieron a los sobrevivientes, la policía llegó finalmente para juntar los cadáveres y esconderlos en una cueva y en el fondo de una cañada. El propósito: ocultar la evidencia y disfrazar la magnitud del crimen. 

• Cuando la Cruz Roja descubrió los cadáveres en la noche, soldados bajo la supervisión del jefe del Consejo de Seguridad del Estado de Chiapas y el subsecretario de Gobierno del estado, Uriel Jarquin, cargaron las pilas de cadáveres en camiones militares a las 4 a.m. y los transportaron a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, a 170 kilómetros de ahí, sin identificar los cadáveres. Ahí, se les lavó la sangre con una manguera. El propósito era remover los cadáveres antes de que los periodistas llegaran a la escena, y limpiarlos antes de que se pudiera tomar fotografías. 

• En casi todos los casos, la muerte fue causada por balas expansivas en la espalda o la cabeza. Se trató de ejecuciones a sangre fría. Después de que la balacera había terminado, los asesinos quitaron sistemáticamente la ropa a los cadáveres y los mutilaron, en muchos casos hasta hacerlos irreconocibles. Las armas (rifles automáticos AK-47 y AR-15) fueron compradas a oficiales del ejército y la policía que regularmente las decomisan en redadas contra los narcotraficantes y las venden después en el mercado negro.

Basta relacionar los hechos básicos en torno a la masacre en Chenalhó para dejar en claro que se trató de una provocación deliberada. Como en la masacre de El Mozote en El Salvador en 1981, por ejemplo, el propósito fue aterrorizar a la población local y aislar a la guerrilla de su base social. En este caso, está claro que la matanza fue parte de un plan más amplio de contrainsurgencia. La masacre fue realizada a plena luz del día, por uniformados que llegaron en vehículos gubernamentales y actuaron en formación militar mientras la policía estatal se mantenía en las cercanías, e incluyó el asesinato de mujeres y niños arrodillados en una capilla apenas tres días antes de Navidad: una acción descarada como esta, haciendo alarde de una extrema crueldad y brutalidad, sólo podía tener como propósito provocar una respuesta, tanto del EZLN, como de las fuerzas gubernamentales. 

¿Fue esta matanza planeada por “halcones” de alto rango en el ejército que quieren revertir la disminución de patrullas terrestres y el retiro de tropas y están ansiosos de poner en marcha el “plan de seis horas”, sobre el que se ha rumorado tanto, para exterminar a los zapatistas mediante una “rápida operación quirúrgica”, como muchos especularon-- ¿Se trató de una “venganza de los dinosaurios”, caciques del PRI (jefes locales y regionales) cuyo control se encuentra amenazado por la extensión de “municipios autónomos rebeldes” de los simpatizantes zapatistas, y que querrían torcer la mano de Zedillo? En cualquier caso, no se trató de una disputa ancestral entre familias indígenas, ni de una riña religiosa. (Los dirigentes, tanto del grupo paramilitar como de los indígenas refugiados, son protestantes, mientras que la mayor parte de los asesinos y sus víctimas son católicos.) Los asesinos fueron reclutados, pagados, entrenados, armados, transportados y protegidos por el estado y está claro que sus órdenes se originaron en un punto superior de la cadena de mando del aparato militar y civil del PRI-gobierno. 

Esto corresponde a la creciente “paramilitarización” de la guerra en Chiapas. El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari detuvo la ofensiva inicial del ejército después del levantamiento del EZLN el primer día de 1994 al cabo de diez días, debido a las protestas multitudinarias de cientos de miles de personas en la Ciudad de México. El número de muertos que dejó el ejército a su paso fue establecido oficialmente en alrededor de 150; sin embargo, grupos de derechos humanos calculan que fueron varios cientos los que fueron asesinados. En febrero de 1995, después de empezar las negociaciones que se empantanaron poco después, el recién instalado presidente Zedillo (que detonó un desastre económico al devaluar el peso tras tomar posesión) intentó realizar un ataque relámpago para “decapitar” a los rebeldes capturando o asesinando al subcomandante Marcos. Una vez más, el gobierno tuvo que retroceder cuando los zapatistas se replegaron y las protestas aumentaron en la capital. Desde entonces, el ejército ha ocupado zonas de influencia del EZLN en la Selva Lacandona con cientos de retenes y decenas de bases militares. 

Mientras tanto, varios grupos paramilitares han surgido en los Altos y en la parte norte del estado. El secretario de Gobernación Chuayffet intentó explicar la masacre de Chenalhó haciendo referencia a disputas “que empezaron en los años 30”. Las bandas paramilitares son ampliamente conocidas como guardias blancas, ejércitos privados de matones contratados por los grandes terratenientes en los años 30 para luchar contra la reforma agraria. Hoy como entonces, los indígenas empobrecidos son las víctimas; no obstante, los escuadrones de la muerte de hoy son organizados directamente por el partido gobernante y dirigidos por los cabecillas locales del PRI, que fueron algunos de los principales beneficiarios de la reforma agraria. Asimismo, los zapatistas surgieron entre aquéllos que se habían establecido en zonas donde se realizó la reforma agraria y se abrieron nuevas tierras, donde no había latifundistas, en los años 50 y 60. En las zona de la selva y en los Altos, el opresor directo de los indígenas es el estado capitalista. 

Hace cuatro años había sólo un grupo paramilitar, que de manera grotesca se llama “Paz y Justicia” y que operaba en los municipios del norte del estado. Hoy, de acuerdo con un artículo del diario capitalino El Financiero (24 de diciembre de 1997), existen nueve grupos paramilitares en Chiapas. Entre los recién formados se encuentran “Los Chinchulines” con base en el municipio de Bachajón; “Los Degolladores” en San Juan Chamula; “Máscara Roja” en Chenalhó, y un grupo que reúne a varios otros, el MIRA (“Movimiento Insurgente Revolucionario Antizapatista”) con base en Oxchuc, un municipio de la parte baja del estado donde hay muchos simpatizantes del EZLN. Ocho de los nueve grupos son dirigidos abiertamente por miembros del PRI, incluyendo alcaldes, diputados federales y estatales y ex funcionarios del gobierno. 

Andrés Aubry, antropólogo francés que trabaja en Chenalhó, investigó los orígenes de los grupos paramilitares. Encontró 17 bases en el municipio y casi 250 miembros de los escuadrones. En la mayor parte de los casos, se trata de jóvenes que, debido al crecimiento de la población en la región, no podían conseguir ni tierra ni trabajo, y vivían robando la cosecha o las pertenencias de los ejidatarios (los ejidos son tierras de propiedad comunal que fueron entregadas a los campesinos con la reforma agraria). Ante la desesperación generada por las condiciones económicas que resultaron de la contrarreforma agraria impuesta por Salinas durante su sexenio (1988-94)--mediante la cual se legalizó la compra y venta de tierra ejidal y que rápidamente condujo a la compra de grandes extensiones de tierra por parte de grandes terratenientes y empresas--este “lumpen campesinado” fue presa fácil de la policía y los agentes rurales del PRI. Estos les ofrecieron armas y les dijeron que exigieran “impuestos de guerra” a los campesinos simpatizantes del EZLN. Las sumas que exigen, 25 pesos por adulto cada dos semanas, resultan imposibles de pagar para la mayoría (La Jornada, 23 de diciembre de 1997). 

Aunque estos grupos exhiben una gran variedad de nombres, actúan del mismo modo. En cada una de las áreas mencionadas, los paramilitares han realizado masacres mientras la policía estatal se mantiene a la expectativa a unos cientos de metros de distancia. El estado les ha entregado subrepticiamente las armas con las que cuentan. Han sido vistos mientras son entrenados por unidades del ejército. Incluso las prácticas más bárbaras, como el extraer fetos del vientre de las mujeres embarazadas después de haberlas asesinado y exhibirlos como trofeos, han sido copiadas de los cuerpos contrainsurgentes guatemaltecos de élite, los llamados kaibiles, que a su vez fueron entrenados por los boinas verdes estadounidenses. Apenas un día antes del asesinato masivo en Chenalhó, la publicación semanal del diario liberal La Jornada publicó un artículo en el que se reproducía el acuerdo gracias al cual el gobernador Ruiz Ferro entregó a Paz y Justicia 4.6 millones de pesos (alrededor de 600 mil dólares) provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social. El acuerdo fue firmado también, como “testigo de honor”, por el entonces comandante de la VII Región Militar, el general Mario Castillo (Masiosare, 21 de diciembre de 1997). 

Ahora La Jornada (3 y 4 de enero) ha publicado testimonios directos de los habitantes de la región sobre la manera en que los grupos paramilitares de Chenalhó fueron establecidos con la ayuda de ex soldados y ex policías, pagados por agentes del PRI, armados con armas provenientes del gobierno, supervisados y entrenados por la policía estatal y ayudados por oficiales del ejército para esconder sus uniformes y armas un día después del ataque. Se dan también decenas de nombres de líderes locales de estos grupos. La revista Proceso (4 de enero), por su parte, ha publicado un plan oficial del ejército que se remonta a 1994 para establecer grupos paramilitares con el propósito de destruir las base de apoyo del EZLN. 

Los vínculos directos que existen entre los paramilitares y el PRI-gobierno son manifiestos para todos. Aunque estas bandas son dirigidas por caciques locales, no operan aisladamente, sino que su actuación es el resultado de una estrategia planeada en los más altos niveles del ejército mexicano y el Pentágono estadounidense. Esto es parte de la doctrina del ejército de EE.UU. para librar “conflictos de baja intensidad”, el nombre actual de las técnicas de “contrainsurgencia” perfeccionadas en la guerra que perdieron los EE.UU. en contra del Frente de Liberación Nacional vietnamita en los años 60 y en el exterminio de las guerrillas guevaristas en América Latina, que culminó en el asesinato del propio Che Guevara en Bolivia en 1967. Masacre en Chenalhó--un informe exhaustivo preparado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (bautizado así en honor del fraile dominico que en el siglo XVII desafió la política de la Corona española y los colonizadores, como resultado de la cual se diezmó a la población indígena en el Nuevo Mundo)--señala que hoy en día “Chiapas vive en un contexto de guerra de baja intensidad”. 

De hecho es, literalmente, un ejemplo de libro de texto. El manual del ejército de EE.UU. sobre “Operaciones militares en conflictos de baja intensidad” (FM100-20) establece que “entre la guerra y la paz hay un ambiente ambiguo” que llama “LIC” (por las siglas en inglés de “conflicto de baja intensidad”). Esta condición describe, sin duda, la situación actual de Chiapas. “Las operaciones militares en LIC”, dice el manual, están principalmente “encaminadas a lograr efectos políticos, económicos y psicológicos”. El manual señala la necesidad de formar “centros regionales de coordinación” a nivel subnacional (como el Consejo Estatal de Seguridad en Chiapas). Indica que las “fuerzas policíacas necesitan frecuentemente la ayuda de fuerzas militares o paramilitares, o de algún tipo de organizaciones auxiliares.... La movilización nacional incluye, normalmente, el establecimiento de fuerzas paramilitares locales.” Estas fuerzas llevan a cabo operaciones de inteligencia y de presión psicológica. 

Esto incluye la realización de los típicos programas de “acción cívica” mediante los que los militares intentan “ganar el corazón y la mente de la gente” mientras se preparan para asesinarla. En este sentido, el 27 de diciembre la Secretaría de la Defensa de México emitió un comunicado afirmando que elementos de la VII Región Militar habían ofrecido en los días anteriores “377 consultas médicas; 164 consultas odontológicas; 83 curaciones; 18 inyecciones; 222 aplicaciones de fluor y profilaxis; 49 pláticas de salud bucal, educación sanitaria e higiene; 124 trabajos de albañilería, carpintería, pintura, reparación de artículos electrodomésticos e instalaciones eléctricas, así como el desazolve de canales y letrinas; 135 cortes de pelo” además de haber entregado 80 pastas dentales, 644 medicamentos y comida a 569 desplazados (Excélsior, 28 de diciembre de 1997). Queda claro, sin embargo, que el ejército mexicano no ha estacionado 40 mil efectivos en Chiapas (un soldado por cada 20 habitantes) para hacer cortes de cabello, consultas dentales y limpiar letrinas. 

Particularmente en el caso de “movimientos insurgentes orientados a las masas”, el manual del ejército de Estados Unidos señala la necesidad de establecer “operaciones de control de la población y los recursos” diseñadas para “impedir el apoyo y la asistencia a los insurgentes al controlar el movimiento de la gente, la información y los bienes”. Este es exactamente el papel que cumplen los grupos paramilitares en Chiapas. En Chenalhó, los varios cientos de matones que conforman las bandas organizadas por el PRI mantuvieron a miles de campesinos indígenas atrapados en sus propias comunidades. El mes pasado, las fuerzas paramilitares cortaron el acceso de comida y se rehusaron a permitir a los habitantes entrar o salir. Aquéllos que lograron escapar fueron embotellados en poblaciones de refugiados, como Acteal. Estos indígenas, aunque simpatizaban con el EZLN, decidieron no unirse a la lucha en 1994 y formaron una sociedad civil dirigida por la iglesia católica, llamada Las Abejas, para conseguir mejoras locales. Sin embargo, desafiaron a los jefes locales del PRI y participaron en manifestaciones antigubernamentales en San Cristóbal. Por eso, la estrategia ha consistido en desplazarlos o aniquilarlos. 

Después de la masacre de Acteal, varios miles de indígenas fueron rescatados de las poblaciones rodeadas por los matones paramilitares en Chenalhó. Aunque la prensa la reportó como una acción humanitaria del ejército, fueron en la mayor parte de los casos organizaciones no gubernamentales las que la llevaron a cabo. El resultado es que los campesinos no están mucho más seguros y 8 mil desplazados se han concentrado en una pequeña población. Mientras tanto, tomadas en conjunto, las acciones del ejército y sus aliados paramilitares han resultado en la creación, en los Altos, de enormes zonas despobladas listas para la actuación militar irrestricta, como preparación para una ofensiva militar en contra de los zapatistas. Cualquiera que sea su objetivo final, este fue uno de los propósitos inmediatos de la operación en Chenalhó. 

El New York Times (29 de diciembre de 1997) informó recientemente que el ejército estadounidense ha gastado grandes cantidades de dinero en México y ha provisto al ejército, la fuerza aérea y la marina mexicanas con equipo, ha entrenado a más de 3 mil efectivos y ha plagado el país con agentes de la CIA y la DEA. Informó también que entre los jóvenes oficiales entrenados en escuelas militares de EE.UU., se cuentan cientos de los que conforman el núcleo de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE), cuyas tareas “van de operaciones de asalto aéreo y el funcionamiento como policía militar, hasta la protección de derechos humanos”. El artículo del New York Times señala que “no hay nada que impida la transferencia de oficiales del ejército entrenados por EE.UU. a unidades de fuerzas especiales parecidas que pudieran ser utilizadas en contra de los insurgentes izquierdistas en los estados del sur como Guerrero y Chiapas”. De hecho, estas unidades ya han sido utilizadas en Guerrero y Chiapas. 

Lo que ese artículo no dice, es que estas “unidades de fuerzas especiales que se encuentran ahora en los cuarteles de las 12 regiones y 40 zonas que conforman la geografía militar mexicana” ya se encuentran, de hecho, entre los asesinos más notorios del sanguinario ejército mexicano. En el período anterior a la masacre de Chenalhó, la matanza a manos de fuerzas gubernamentales que más conmocionó a la población fue la de seis jóvenes que habían sido arrestados por un escuadrón de la policía en la colonia Buenos Aires de la Ciudad de México en septiembre pasado. Se sabe ahora que la unidad en cuestión, que estaba bajo las órdenes de dos altos oficiales policíacos, incluía varios miembros de los GAFE infiltrados en las fuerzas policíacas especiales (Jaguares y Zorros), que han sido disueltas desde entonces. Los GAFE, patrocinados por EE.UU., son descritos como “un comando de élite entrenado para situaciones extremas y preparado para matar sin titubeos” (La Jornada, 21 de noviembre de 1997) y sus miembros fueron acusados por otros policías de haber cometido los asesinatos de la colonia Buenos Aires. 

Como parte de la lucha en México por la revolución permanente, los trotskistas luchamos para que la clase obrera y los oprimidos rompan con el frente popular alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas. En los años 30, Trotsky advirtió que este tipo de alianza de colaboración de clases, al atar los obreros a un sector de la burguesía, preparaba el camino para el fascismo o brutales dictaduras militares. Esto es lo que ocurrió en España y Francia en los 30, en Indonesia en 1965, en Chile en los años 70. Hoy, mientras que el decrépito régimen del PRI se tambalea, varios sectores de la burguesía en México y a escala internacional han vuelto la mirada hacia Cárdenas con la intención de que éste desvíe el descontento popular hacia los canales seguros del parlamentarismo burgués. Cárdenas, quien dejó el partido de estado en 1987 para contender por la presidencia un año después, atrajo a su alrededor a la mayor parte de los pujantes sindicatos “independientes” que habían roto con la Confederación de Trabajadores Mexicanos, el Congreso del Trabajo y otras federaciones corporativistas más pequeñas controladas igualmente por el PRI, como la CROC y la CROM. El resultado fue un frente popular nacionalista. 

Más tarde, Cárdenas y otros políticos ex priístas formaron el Partido de la Revolución Democrática. Muchos ex izquierdistas se liquidaron en el PRD; entre ellos se cuentan los remanentes del PCM estalinista y una buena parte del seudotrotskista PRT. Para 1995, después del estallido de la revuelta zapatista en el sur y la crisis económica nacional que abatió los salarios reales de los trabajadores, las cúpulas “sindicales” priístas se encontraron sumidas en el pánico. La CTM y el CT cancelaron el desfile tradicional del Primero de Mayo en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, por miedo a que en lugar de saludar a Zedillo los iracundos trabajadores lo abuchearan o, incluso, intentaran tomar el edificio. En cambio, por primera vez en décadas, medio millón de obreros marcharon independientemente del PRI. En 1996 y 97, las marchas del Primero de Mayo, aunque más pequeñas, han reunido varios cientos de miles. Entre las diversas federaciones “independientes” que marcharon, se encuentra la Coordinadora Intersindical Primero de Mayo, gracias a cuya invitación Cárdenas dio un discurso en el Zócalo el Primero de Mayo pasado. 

Ante el continuo deterioro de las condiciones sociales en México, la clase dominante se vio precisada a recurrir a una válvula de escape para liberar todo el vapor acumulado. Cárdenas fue su hombre. En 1988 Cárdenas fue derrotado fraudulentamente por Salinas en las elecciones presidenciales. (“Se cayó el sistema” de cómputo de la comisión electoral y después un misterioso fuego en el edificio del Congreso federal destruyó boletas que evidenciaban el fraude.) Tal como en el 88, en el 94--cuando perdió las elecciones ante Zedillo, un desconocido que contaba con el apoyo financiero y organizativo ilimitado de la maquinaria priísta--Cárdenas fue excluido consistentemente de los medios de comunicación, controlados por el PRI. En cambio, cuando contendió en las elecciones para la jefatura del gobierno del Distrito Federal en 1997, se le brindó una amplia y, en muchos casos, favorable cobertura televisiva. Cárdenas ganó con casi la mitad de los votos y el PRD se convirtió en el segundo partido con más miembros en el Congreso. 

Casi toda la izquierda que se proclama socialista en México está a la cola de Cárdenas. Algunos grupos, como Militante (seguidores del laborista británico Ted Grant) son, de hecho, parte del PRD ¡e instan a este partido burgués a adoptar un “programa socialista”! Otros, entre ellos lo que queda del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), seguidores del Secretariado Unificado del difunto Ernest Mandel, presentaron candidatos que participaron en las elecciones como parte de la planilla del PRD. Otra de las variantes de la izquierda oportunista, el POS-Z, parte de la corriente formada por Nahuel Moreno, no planteó votar por el PRD, prefiriendo colocarse como su furgón de cola bajo el lema de una “revolución democrática”. Cada uno a su propia manera forma parte del frente popular cardenista. 

Durante los últimos diez años, la Liga Comunista Internacional advirtió a los obreros e izquierdistas mexicanos sobre el peligro representado por el frente popular que se constituyó alrededor de Cárdenas, la principal “solución de recambio” que la burguesía presentaba ante un posible desmoronamiento del PRI. No obstante, en el momento en que era más urgente que nunca que los trotskistas hicieran un llamado para romper con esta alianza de colaboración de clases, la dirección de la LCI declaró repentinamente que nunca ha existido un frente popular en México. Dio a entender que entre las masas mexicanas, sumidas en las tinieblas del nacionalismo y el control ejercido por el PRI sobre el movimiento obrero (para no mencionar las supuestas condiciones sociales “semifeudales”, ver artículo adjunto), no había cabida ni para un frente popular. Este cambio de línea concuerda con la creciente tendencia abstencionista de la LCI que coincidió con la purga de los cuadros de larga trayectoria de militancia que después formaron el Grupo Internacionalista. Si se supone que el frente popular no existe, entonces uno no tiene que intervenir en las luchas para combatir por el rompimiento con esta coalición de colaboración de clases. 

Sin embargo, el carácter de frente popular que tiene la coalición cardenista ha sido confirmado por los acontecimientos recientes. Entre los diputados federales que resultaron electos como “candidatos externos” del PRD se encuentran varios dirigentes de la Intersindical. La secretaria general del nuevo gobierno de la Ciudad de México es Rosario Robles, ex miembro del grupo maoísta Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas y que fuera también secretaria del STUNAM (sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional). En la sesión inaugural de la Asamblea del Distrito Federal, su presidente, Martí Batres, quien fuera un conocido activista estudiantil de “izquierda”, declaró que el gobierno de Cárdenas fue “el resultado de intensas luchas sociales, cívicas y políticas...los estudiantes de 1968, la insurgencia sindical de los años setenta, la organización vecinal posterior a los temblores de 1985” (La Jornada, 6 de diciembre de 1997). 

Como hemos señalado anteriormente, uno de los propósitos de la coalición de frente popular consiste en reducir el enorme número de manifestaciones que se llevan a cabo diariamente en las calles de la capital. Un dirigente del PRD hizo un llamado a las “organizaciones sociales” para que no sometan Cárdenas a una “presión que no se justifica” (citado en “Elecciones en México: Frente popular cardenista encadena los trabajadores al capitalismo”, El Internacionalista, suplemento de octubre de 1997). Durante la marcha al Zócalo que se realizó el 5 de diciembre para dar la bienvenida al nuevo gobierno de la ciudad, se gritaba desde un altoparlante: “Estamos conscientes de que se necesita un cambio y todos debemos apoyar al ingeniero Cárdenas para alcanzarlo; las batallas campales en las calles se han terminado...no habrá calles ni oficinas cerradas.” 

El frente popular de Cárdenas querría conseguir esto previniendo luchas combativas desde dentro de los sindicatos, grupos estudiantiles, asociaciones barriales, etc. Al mismo tiempo, debe todavía ponerse periódicamente a la cabeza de protestas para mantenerlas bajo control. Por ello, en la primera manifestación en la capital después de la masacre de Chenalhó, Cárdenas fue el orador principal y su mensaje tuvo como objetivo “reafirmar...que el PRD continúa siendo el partido que encabeza la protesta nacional contra los actos de violencia en Chiapas” (La Jornada, 26 de diciembre de 1997). Y si socavar las luchas desde abajo y desviarlas desde arriba no resultara suficiente para mantener las cosas bajo control, Cárdenas nombró al teniente coronel retirado Rodolfo Debernardi como responsable de la policía del Distrito Federal. Debernardi, a su vez, instaló a otros tres oficiales militares en posiciones de alto nivel en la cadena de mando. Esta decisión sorprendió a muchos habitantes de la capital, justo después de las protestas populares en contra de la militarización de la policía. Y después de apenas unos días en el puesto, uno de los altos jefes militares de la policía de Cárdenas tuvo que renunciar en medio de acusaciones de encubrimiento a uno de los cárteles del narcotráfico. 

Mientras tanto, el PRD lleva a cabo afanosamente su papel como “oposición leal” al ayudar a mantener la política de austeridad hambreadora y antiobrera de Zedillo. A principios de diciembre, una coalición antipriísta de partidos burgueses de oposición de derecha e “izquierda”, aprobó inesperadamente en el Congreso una reducción del impuesto al valor agregado del 15 al 12 por ciento. Sin embargo, cuando el derechista Partido Acción Nacional dio marcha atrás y se unió al PRI para aprobar el presupuesto de Zedillo dictado por el FMI, el PRD abandonó la sesión como protesta...y no hizo nada. Hablando a nombre del capital imperialista, el New York Times (16 de diciembre de 1997) aplaudió la nueva “civilidad democrática” con que se impuso el presupuesto, afirmando que esto aseguró que México “se mantendrá en el camino del conservadurismo fiscal y el compromiso global”. Ya antes, el Wall Street Journal (10 de noviembre de 1997) había alabado al PRD como ejemplo de una nueva tendencia: “Los partidos izquierdistas de América Latina pregonan el capitalismo.” Se citaba a un portavoz económico del PRD, el senador Jorge Calderón, quien dijo: “Nuestro partido postula una economía de mercado con adecuada regulación pública.” 

En tanto que el gobierno semibonapartista del PRI se desmorona, y se debilita su rígido control sobre los trabajadores a través de los “sindicatos” corporativistas, la coalición opositora del frente popular alrededor del PRD hace su trabajo para apuntalar el dominio capitalista. Cárdenas y Cía. dicen que están asegurando una “transición democrática” tras décadas del gobierno de un solo partido. El baño de sangre de Chenalhó subraya, como habíamos enfatizado repetidamente, que la crisis del régimen del PRI podrá ser cualquier cosa pero no pacífica...ni democrática. La masacre largamente anunciada es una señal de la largamente anunciada crisis del régimen. 

Ya sea que ponga una careta de “izquierda” con Cárdenas, ya sea dirigido por los tecnócratas entrenados en Harvard y Yale que cumplen los mandatos de Wall Street y la Casa Blanca mientras extraen millones para sus familiares y amigos, cualquier gobierno capitalista en México impondrá a las masas la pobreza más amarga en nombre de la “estabilización” y los “reajustes”. Para evitar que el resultado sea más miseria y masacres, los trotskistas hacemos un llamado a los trabajadores para romper con el frente popular cardenista. Es necesario forjar un partido obrero revolucionario que luche por un gobierno obrero y campesino para barrer con el podrido edificio de este decrépito régimen y la brutal explotación que éste impone en beneficio de sus amos capitalistas. 

En las protestas internacionales en contra del asesinato masivo en Chenalhó, la plétora de grupos de derechos humanos dirigió sus llamados a uno u otro gobierno capitalista. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una obediente servidora del PRI-gobierno, se unió a la “investigación” que lleva a cabo el procurador general Jorge Madrazo, el antiguo presidente de la CNDH, que cumpliendo ese papel se las arregló para no acusar al gobernador Rubén Figueroa de la masacre en 1995 de 23 militantes campesinos a manos de la policía estatal en Guerrero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio al gobierno mexicano un límite de seis meses para concluir la investigación. El Centro por la Justicia y la Ley Internacional y el centro católico de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (nombrado así en honor de un fanático sacerdote derechista ejecutado por las fuerzas gubernamentales durante la “revuelta cristera” en los años 20), se unieron a Human Rights Watch Americas al exigir a la Organización de Estados Americanos que presione a Zedillo. 

Otros grupos apelaron a varias agencias de las Naciones Unidas. El centro católico liberal de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas en San Cristóbal y la Comisión Mexicana por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron a la ONU que su reportero especial sobre las ejecuciones extrajudiciales volviera a México, y a la Corte Internacional de Justicia que juzgara a individuos o funcionarios estatales por genocidio. Si bien han dirigido sus llamados a diferentes direcciones, todas estas organizaciones de derechos humanos piden que los órganos de la burguesía defiendan a las masas indígenas. ¿Apelaciones a las Naciones Unidas, esa guarida de bandidos imperialistas y de sus lacayos neocoloniales? ¿Acaso para que puedan así perpetrar otra masacre como la que realizaron en Somalia en nombre de la “defensa de la paz” y los derechos humanos? ¿Apelaciones a la OEA, a la que el Che Guevara se refirió correctamente como el ministerio colonial yanqui? El hecho es que el gobierno mexicano, el gobierno de Estados Unidos, la OEA, la ONU y los demás son agencias de las clases dominantes que han desatado el terror contra las oprimidas masas indígenas tanto en México como en otros países. 

Mientras dicen defender la democracia y la libertad y oponerse a las limpiezas étnicas y el genocidio, lanzan simultáneamente bombardeos en contra de poblaciones serbias, o sobre la capital iraquí. La OEA fue el vehículo a través del cual Estados Unidos dio una cubierta “panamericana” a su embargo contrarrevolucionario en contra de Cuba. Los gendarmes yanquis del mundo que hicieron llover muerte sobre el distrito empobrecido de El Chorrillo en Ciudad de Panamá el 20 de diciembre de 1989, asesinando a más de 3 mil panameños en la vendetta de Washington contra su antigua marioneta, el general Manuel Antonio Noriega, usan hoy en día el mismo pretexto de una falsa “guerra contra las drogas” para su intervención en México y su terror racista en los ghettos y barrios de Estados Unidos. 

Desde las guardias blancas paramilitares en Chiapas hasta los cuerpos de choque uniformados de negro en la Ciudad de México, Estados Unidos está metido hasta el cuello en el entrenamiento y armamento de escuadrones de la muerte, justo de la misma manera en que lo estuvo en los años 80 en El Salvador y con la contra nicaragüense. Esta es una prueba más de que resulta imposible defender a las masas indígenas oprimidas de México sin luchar a la vez contra el imperialismo. El frentepopulista apuntala el capitalismo mientras que las guerrillas campesinas son incapaces de reemplazar este sistema de miseria y masacres con una sociedad de abundancia e igualdad para aquéllos que trabajan. Cuando los zapatistas enviaron su caravana de 1,111 indígenas a la Ciudad de México en septiembre pasado, fueron recibidos con desbordante simpatía a lo largo del camino, coronada con una impresionante muestra de solidaridad por parte de 250 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, esta fue una muestra de impotencia, puesto que sólo pudieron llevar a cabo este evento con la tolerancia de las autoridades. Un régimen que asesina mujeres y niños indígenas en el remoto Chiapas, es perfectamente capaz en su agonía mortal de asesinar cientos de estudiantes, obreros e izquierdistas como hizo en la masacre de Tlatelolco en 1968. 

Los trotskistas hemos proclamado desde hace mucho tiempo que en esta época imperialista la alternativa que enfrenta la humanidad es socialismo o barbarie. En la víspera del siglo XXI, la masacre de Chiapas es el rostro de la barbarie moderna. Los asesinatos de Chenalhó son el producto, no de “disputas ancestrales entre comunidades indígenas”, ni de condiciones sociales “semifeudales” u otras nociones creaciones burguesas o reformistas del estilo, sino de la decadencia del sistema capitalista que está más que maduro para la revolución. Lejos ha quedado el mito de la prosperidad siempre creciente bajo el capitalismo. Mientras que los obreros de Estados Unidos han visto caer sus salarios reales en más de un 20 por ciento a lo largo de los últimos 25 años, los obreros mexicanos han sido privados de las tres cuartas partes de su poder adquisitivo en el mismo período. 

Desde las plantaciones cafetaleras y los asentamientos establecidos con la reforma agraria en Chiapas hasta la congestionada Ciudad de México, la metrópoli más grande del mundo, y de ahí hasta la “zona franca” de las maquiladoras en la frontera con Estados Unidos con sus cientos de miles de jóvenes obreros, lo que se necesita no es regresar a la Revolución Mexicana de Zapata basada en el campesinado, sino avanzar hacia la revolución socialista mundial. Mientras que los reformistas nacionalistas se quejan de la “globalización” de la economía, los revolucionarios leninistas señalamos que la economía capitalista ha sido global desde el principio de la era imperialista--de hecho, se desarrollaba un mercado mundial desde el advenimiento mismo del capitalismo. Al mismo tiempo, al defender las organizaciones y conquistas obreras que se encuentran hoy bajo el ataque de la burguesía, en lugar de sembrar ilusiones socialdemócratas en un “estado de bienestar en un solo país”, lo que queremos es aprovechar las oportunidades para unir al proletariado internacional en la lucha. La lucha en México debe ser por la revolución proletaria, apoyada por las masas empobrecidas del campo y la ciudad, extendiéndose a través de las fronteras a las entrañas del imperialismo. Ello requiere la construcción de partidos leninistas-trotskistas, secciones nacionales de un partido mundial de la revolución socialista. 

Nosotros, del Grupo Internacionalista/Internationalist Group, buscamos construir partidos como estos, en una lucha común con nuestros camaradas de la Liga Quarta-Internacionalista do Brasil, en la lucha para reforjar una IV Internacional auténticamente trotskista. Los proletarios con conciencia de clase y los jóvenes radicalizados, de México y Estados Unidos, están unidos potencialmente por miles de lazos. Muchos obreros mexicanos trabajan para empresas “trasnacionales” de propiedad estadounidense y más de 8 millones de mexicanos trabajan en las fábricas y campos del Norte. En Estados Unidos, nuestros camaradas luchan contra el veneno nacionalista del proteccionismo intentando, en cambio, unir las manos en una lucha común con los hermanos y hermanas de clase al otro lado de la frontera. Nuestra oposición al Tratado de Libre Comercio se base en el internacionalismo, desenmascarando en EE.UU. la basura chauvinista del lema de “salvar los empleos estadounidenses” mientras nos oponemos al saqueo de la economía mexicana a manos de Wall Street. A la vez que nuestros camaradas en Estados Unidos explican que los trabajadores deben entender bien que los expansionistas EE.UU. robaron a México la mitad de su territorio el siglo pasado, en México luchamos contra la ideología nacionalista que la burguesía utiliza para engañar, dividir y sojuzgar al proletariado. 

Buscamos ganar a los luchadores más conscientes a favor de los obreros y oprimidos, los cuadros potenciales que constituirán el núcleo de un partido leninista de vanguardia. Presentamos un programa y una perspectiva revolucionarios interviniendo en la lucha de clases de acuerdo con nuestras muy limitadas fuerzas y aplicando el programa de la revolución permanente en los acontecimientos de la actualidad. La futura dirección del proletariado aprenderá a dirigir y a ganar la confianza del proletariado y los oprimidos al asimilar las lecciones de la experiencia histórica. Afirmamos que, contra la mentira de la burguesía y los reformistas de que el “comunismo ha muerto”, el comunismo vive en las luchas de los obreros y en el programa de su vanguardia, que el GI/LQB busca construir. 

Para contactar al Grupo Internacionalista, envía un e-mail a: internationalistgroup@msn.com