Contra la militarización y el hambre:
¡luchar por la revolución obrera!

Autodefensas patronales de Michoacán se integran al estado capitalista

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de abril – El 12 de enero de este año, los medios de comunicación informaron que los grupos de autodefensa comunitaria que habían llegado en una caravana de unos 150 vehículos habían tomado la población de Nueva Italia, Michoacán, un bastión del cártel de los Caballeros Templarios, tras una balacera. Las autodefensas sometieron a la policía local y se aprestaron para avanzar hacia Apatzingán, el centro comercial de la Tierra Caliente michoacana, también en manos de los templarios. La noticia causó zozobra en círculos políticos de la capital. Era un indicio contundente de que el gobierno habría perdido control de la zona. El Departamento de Estado de EE.UU. externó su “preocupación” y ofreció “ayuda”. La burguesía exigió al unísono el envío de la Policía Federal y el Ejército para restablecer el orden.

El secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong fustigó a las autodefensas por “debilitar el Estado de derecho” y por optar por la “aplicación de la justicia por propia mano”. Esa noche, cuando una patrulla militar trató de desarmar a autodefensas en la entrada al pueblo de Antúnez, en la carretera hacia Apatzingán, los pobladores salieron para resistir. La tropa disparó contra la muchedumbre, dejando un saldo de tres muertos. Ante la furia de la gente, los soldados devolvieron las armas decomisadas. Desde este incidente, retórica del gobierno aparte, autodefensas y federales han actuado en estrecha colaboración. El 27 de enero se firmó un acuerdo para “legalizar” a las autodefensas, mediante su incorporación a los cuerpos de defensa rurales del ejército, lo que se ratificó en Tepalcatepec el 14 de abril, estipulando el registro de sus armas y no el desarme.

Cuando irrumpieron en la escena nacional en febrero de 2013, hubo gran confusión sobre la naturaleza de las autodefensas de Michoacán. Algunos burgueses, y no pocos izquierdistas, las vieron –y los ven todavía– como “insurgentes”, como una guerrilla del siglo XXI. Muchos las equipararon con las policías comunitarias de Guerrero y Oaxaca, que con sus viejos rifles calibre .22 hacen patrullajes en las zonas indígenas de esos estados. Pero, ¿cómo explicar entonces el armamento de alto poder y los costosos vehículos todoterreno de los guardias michoacanos? A pesar del evidente apoyo popular en contra de los templarios, las autodefensas no son “el pueblo en armas”. Tampoco se trata de una Fuenteovejuna moderna, donde la población plebeya se alza para deshacerse de un tirano. Las guardias “comunitarias” de la Tierra Caliente han sido, desde el inicio, patronales.

Ante el dominio sanguinario de los cárteles (originalmente del narcotráfico) y el asedio de las fuerzas policíacas, que respectivamente han saqueado y criminalizado a la población en su conjunto, los grupos de autodefensa de Michoacán son una respuesta no de “los de abajo” sino de los sectores dominantes de la Tierra Caliente, de los rancheros y aguacateros capitalistas, de las empresas mineras y los campesinos ricos –los kulaks mexicanos– que financian las guardias para defender sus intereses y proveen sus peones como soldados de infantería. Han gozado desde su nacimiento de apoyo oficial, aunque encubierto; han sido entrenados por el ejército, y ahora serán integradas al estado capitalista, para servirle de instrumento para una mayor militarización del campo, como los odiados rurales en tiempos de Porfirio Díaz.

La “guerra contra el narcotráfico”, diseñada en Washington y avalada por Los Pinos, ha devastado el norte y gran parte del centro de México. De los más de 100 mil asesinatos y 25 mil desaparecidos registrados durante el sexenio de Felipe Calderón, se calcula en alrededor de 90 mil el número víctimas de esa guerra sucia. Ninguna zona del país ha sido más afectada que el campo michoacano, que contabilizó entre 2006 y 2013 más de 4 mil ejecuciones, según las cifras reportadas en un dossier de la revista Nexos (abril de 2014) bajo el título de “Michoacán: El Levantamiento”. Cada vez que las autoridades detuvieron o abatieron un líder del cártel dominante, surgió un nuevo. Al dominio de los Valencia (hasta 2003) siguió el reino de los Zetas (hasta 2004), y luego el de la Familia Michoacana (hasta 2010) y su sucesor, el cártel de los Caballeros Templarios.

Cuando mandaban los Zetas, narcotraficantes y militares transformaron la zona en un gran campo de la muerte. En cambio, La Familia y Los Templarios pretendieron dar cierto cobijo a los civiles mientras infiltraban a la policía y al gobierno estatal de arriba a abajo, todo con un discurso religioso. Pero con la creciente militarización de la frontera estadounidense y el regreso de migrantes debido a la crisis económica en EE.UU., los cárteles ampliaron su campo de actividad del narcotráfico al cobro de piso, o sea la extorsión, para toda actividad económica. Impusieron “contribuciones” a los productores de aguacate, el principal producto del agronegocio de la Tierra Caliente, a los rancheros, a la minería, a las obras públicas y hasta a los vendedores de tortillas. Aumentaron los secuestros, las violaciones de niñas, y todo con la complicidad de las autoridades.

La recaudación en la industria del aguacate (incluyendo las ganancias de las huertas de las que se apoderaron los templarios) sólo en la zona de Tancítaro les cosechó unos 150 millones de dólares al año, según un reportaje de The Wall Street Journal (1° de febrero). Fue este ataque al sustento de la burguesía y la pequeña burguesía acomodada locales lo que provocó la aparición de los grupos de autodefensa. No hay duda de que gozan de apoyo entre una población harta de vejaciones y muertes, pero al contrario de los comentarios que retratan a los grupos de autodefensa como un “alzamiento popular”, la verdad es que se trata de un movimiento militar auspiciado por sectores patronales que defienden su propiedad y sus ganancias en contra de la extorsión, y que han buscado y recibido desde el principio el apoyo del gobierno federal.

Muchos izquierdistas reformistas y nacionalistas en México están entusiasmados con los grupos michoacanos de autodefensa. No es de extrañar: su seguidismo inveterado les pone a la cola de cualquier cosa que parezca “popular”, sin importar qué intereses de clase represente. Las autodefensas michoacanas no representan un movimiento de los explotados (lo hacen menos aún que los rancheros de El Barzón). Su único propósito es que el gobierno desmantele a los Caballeros Templarios y no hacen absolutamente ninguna reivindicación de carácter agrario o democrático. Algunos de sus componentes, como los llamados “Cristos” de Apatzingán, se asocian con los fascistoides cristeros de los años 1920 y 1930. Con movimientos campesinos para la toma de tierras y su defensa contra los latifundistas y sus guardias blancas no tienen nada que ver.

Es más, resulta evidente que el surgimiento de los grupos de autodefensa corresponde a una estrategia del gobierno capitalista de México y de sus amos imperialistas en Washington. Aparecieron dos meses después de iniciarse la administración del priísta Enrique Peña Nieto, que nombró al ex general colombiano Oscar Naranjo como su asesor en materia de seguridad. Naranjo es conocido sobre todo por auspiciar fuerzas paramilitares para combatir a los guerrilleros izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los teóricos estadounidenses de la contrainsurgencia han propiciado milicias locales y semejantes grupos paramilitares desde las unidades de autodefensa de aldeas en Vietnam en los años 60 hasta las fuerzas del Despertar Árabe Sunita en Irak después de 2005.

Por añadidura, la “guerra contra la droga” es una riña entre diferentes sectores de la burguesía, que se hostigan y se alían entre sí. Pretender que el gobierno representa la autoridad legítima enfrentado al “crimen organizado” ignora que el gobierno mismo (igual que sus antecesores) es producto de una gran estafa, el fraude electoral “democrático”; que gran parte del aparato estatal está bajo el mando de los narcos; y que el propio imperialismo se ha aliado una y otra vez con los traficantes para combatir al “peligro” izquierdista. En realidad, bajo el rótulo de la “guerra contra el narcotráfico”, al igual que con la “guerra contra el terrorismo”, se libra una guerra capitalista contra los trabajadores y los pobres, para imponer el control militar del imperialismo yanqui en lo que el mismo secretario de estado norteamericano Kerry denominó el “patio trasero” de EE.UU.

El Grupo Internacionalista reconoce la apremiante necesidad de los pueblos campesinos a defenderse ante la embestida de los narcotraficantes y las fuerzas de represión gubernamentales. Pero una verdadera lucha contra la militarización tendría que basarse en la colaboración entre obreros y campesinos pobres contra la burguesía. Los actuales grupos de autodefensa, en cambio, defienden los intereses de distintos sectores capitalistas en contubernio con el ejército, el más mortífero de los bandos burgueses en la contienda. Ante toda lucha por la liberación social –de campesinos contra terratenientes, de obreros siderúrgicos y trabajadores portuarios en Lázaro Cárdenas, de normalistas y maestros disidentes de la Sección XVIII– toda la clase dominante, incluyendo sus autodefensas, se unirá para reprimir dicha amenaza a su dominio.

Cada uno de los tres principales partidos políticos capitalistas de México –Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática– ha recibido el apoyo de los narcos, y todos apoyan la campaña de militarización. La Familia Michoacana recaudó votos para el gobernador Leonel Godoy del PRD, y los templarios para su sucesor Fausto Vallejo del PRI. El presidente panista Calderón lanzó la campaña de guerra en 2006 a pedido del entonces gobernador perredista Lázaro Cárdenas Batel. Andrés Manuel López Obrador, caudillo del oposicionista Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), critica al gobierno de Peña Nieto por auspiciar a las autodefensas, pero quiere reforzar el monopolio de la violencia “legítima” del aparato represivo del estado capitalista (policíaca y militar).

La Tierra Caliente michoacana no es una tierra de nadie perdida en una sierra inaccesible, sino que es una zona agrícola altamente productiva, íntimamente ligada al mercado mundial. La actual situación de crisis que asola la región es producto directo de la evolución del capitalismo mexicano y norteamericano durante el último cuarto de siglo. La destrucción del campo por las políticas librecambistas, el desempleo masivo debido a despidos resultados de la privatización, la militarización de la frontera y expulsión de trabajadores migrantes de EE.UU., todo esto contribuyó al florecimiento de los cárteles. Así, para deshacerse del flagelo del narcotráfico y de la ocupación militar, hay que movilizar el poder de la clase obrera, con la dirección de un partido comunista que luche por un gobierno obrero y campesino y por la revolución socialista internacional.

El “alzamiento” que no lo es

Los “grupos de autodefensa” de Michoacán aparecieron en los titulares de los diarios nacionales esporádicamente a lo largo del año pasado. Surgidos originalmente en los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec a principios de 2013, se extendieron en los meses subsiguientes hacia Aguililla, Aquila, Coalcomán y Chinicuila. No fue sino hasta noviembre que lanzaron una ofensiva a las zonas aledañas luego de la violación y asesinato por sicarios de la hija de un dirigente aguacatero de Tancítaro. Luego de la toma de Nueva Italia el 12 de enero, ante el clamor de la burguesía nacional, Peña Nieto envió tropas, nombró a un comisionado federal (Alfredo Castillo) para desplazar al gobernador, e incrementó el gasto federal en Michoacán para 2014 a 45 mil millones de pesos, cuyo ejercicio estará en manos del procónsul Castillo.

A pesar de la retórica del secretario de gobernación Osorio Chong de que no se toleraría que “civiles armados” operaran “fuera de la ley”, desde ese día y hasta la actualidad, con pequeñas y esporádicas fricciones, los grupos de autodefensa han funcionado como cuerpos auxiliares de las fuerzas armadas federales en la lucha contra los Templarios. En decenas de movilizaciones conjuntas con la Marina, el Ejército y la Policía Federal, han colaborado fraternalmente en la “guerra contra las drogas”. Ahora se ha formalizado su papel como “cuerpos de defensa rural” bajo el mando de la Sedena. Pero aún antes, y desde el principio, los grupos de autodefensa michoacanos han pedido y gozado del apoyo de las fuerzas militares.

En un extenso reportaje, “Auxilio, ¿dónde está el Estado?” que constituye la pieza central del dossier de Nexos sobre las autodefensas, la periodista Denise Maerker subraya cómo “las autodefensas han exigido que el Estado asuma su responsabilidad, combata a los criminales y se haga cargo de la seguridad en la región”. En entrevista con Hipólito Mora, un limonero de La Ruana e iniciador del primer grupo de autodefensa, Maerker relata:

“Hipólito cuenta que estando a unos días del levantamiento decidió citarse con un militar de alto rango de la zona de Apatzingán.... Hipólito le dijo lo que pensaban hacer y le pidió que el viernes previo al levantamiento mandara un destacamento a La Ruana y lo dejara ahí hasta el domingo. Un rondín de rutina, pero en el momento adecuado. Hipólito sabía que la presencia de los militares obligaría a Los Templarios a replegarse y le daría la posibilidad de organizar el evento en la plaza. El militar –dice Hipólito– le prometió ahí mismo [que cumpliría con el pedido]”.

No sólo eso, las autodefensas han sido entrenados por las fuerzas federales. Un dirigente de los autodefensas de Tancítaro, hablando a Noticias MVS (16 de enero) con la periodista Carmen Aristegui, sostuvo: “nos dan la práctica diario que estamos aquí, en la mañana siempre al usarla nos dan entrenamiento… aquí ha habido los federales… nos dan instrucción y todo eso”.

Al mismo tiempo, justo cuando Osorio Chong y el comisionado nacional de seguridad, el almirante Mondragón y Kalb fustigaban a las autodefensas, Mora fue llevado en helicóptero a la capital para recibir tratamiento médico especial a órdenes de las más altas esferas del gobierno:

“A mediados de enero, la Policía Federal lo llevó a la ciudad de México a que lo tratarían en el Instituto Nacional de Cardiología…. El director lo apapachó y les dijo a sus colegas: ‘Atiendan a este señor bien, porque no tienen idea de quién me acaba de hablar personalmente para decirme que lo atiendan’”.

–La Jornada, 31 de enero

Desde el principio llamó la atención que los efectivos de las autodefensas michoacanas se desplazaban, fuertemente armados, en costosas camionetas, uniformados con playeras blancas, con chalecos antibalas y fornituras militares. El contraste con las policías comunitarias de Guerrero salta a la vista. No se trata de asediados pueblos indígenas que, sumidos en la miseria, se arman para defenderse de ganaderos y talamontes que quieren despojarlos de sus tierras; se trata de rancheros acomodados de una de las regiones agrícolas más ricas del país. La Sagarpa lista a Tancítaro, Uruapan y otros cinco municipios michoacanos entre los 35 más productivos del país en materia agrícola. De ahí el financiamiento de los autodefensas. En la citada entrevista con MVS, Jesús Buccio Cortés dijo de los aportes de los dueños a los que devolvieron sus huertas:

“Nos están apoyando con el 80 por ciento [de lo que ganan de la producción]… Los productores no sólo nos ayudan con eso, están unidos con nosotros… Los que están en las barricadas y no tienen huertas son peones; el patrón les paga a los peones. En el caso mío a mis peones yo les pago como si estuvieran trabajando”.

Se ha comentado que el general Naranjo, ahora ex asesor de Peña Nieto, implementó en Colombia el esquema de las autodefensas supuestamente para combatir al cártel de Medellín. Naranjo estuvo vinculado con Carlos Castaño, jefe fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las AUC son un movimiento paramilitar esencialmente contrainsurgente, destinado a sembrar el terror entre los sectores campesinos que apoyan a la guerrilla izquierdista de las FARC. Hoy en día las autodefensas michoacanas cuentan con un apoyo popular relativamente amplio, apareciendo como defensores de la población en contra del “crimen organizado”. Pero de haber un verdadero alzamiento, una insurgencia plebeya, los “cuerpos rurales de defensa” actuarían como matones a sueldo de los latifundistas y paramilitares contrainsurgentes.

La descripción de las autodefensas como un movimiento “insurgente” ha sido común en la prensa burguesa, habiendo sólo diferencias en lo que toca al aire positivo o negativo que se le dé a la noción. Proceso (24 de noviembre de 2013) describió a las autodefensas michoacanas como un “movimiento social de liberación”. Más recientemente, el mismo semanario tituló su portada, “Autodefensas, incipiente insurgencia social” (Proceso, 13 de abril). ¿Una “insurgencia social” integrada al estado burgués? ¿Un “movimiento social de liberación” que no reivindica derechos democráticos? ¿Un “levantamiento” en el campo que no se opone a los latifundios fortalecidos en las últimas tres décadas en el país y que no llama –ya no digamos– por tomar las tierras, y ni siquiera por concluir la “reforma agraria”?

La politóloga y comentarista liberal Denise Maerker se entusiasma con las autodefensas. A pesar de sus “suspicacias iniciales” por la semejanza con grupos de narcotraficantes que han exhibido tanto cierto grado de apoyo popular, encuentra a las autodefensas del lado correcto, es decir, el lado del gobierno. En su artículo de Nexos (abril de 2014) señala: “El levantamiento del 24 de febrero en Tierra Caliente no fue contra el estado, no fue un acto de subversión; en La Ruana y en Tepalcatepec la gente se armó para defenderse del crimen y para exigirles a las autoridades que hicieran su trabajo. Fue un llamado de auxilio”. Tiene razón Maerker en que las autodefensas no se han levantado contra el estado. Se han organizado para presionar al estado, y para convertirse en sus auxiliares en la “guerra contra el narcotráfico”.

Para Maerker hay una diferencia cualitativa entre el estado burgués y los grupos de narcotraficantes que se han hecho del “poder efectivo” en diversas regiones del país: los primeros detentan el poder “legítimamente”, los otros no. El trabajo del estado es “auxiliar” a la población, “garantizar su seguridad”, etc. Nada más falso. El estado burgués es la violencia organizada para defender los intereses de la clase dominante en sus cotos de explotación. La columna vertebral del estado, el ejército y la policía, no sirve a “toda la población”, sino exclusivamente a los capitalistas cuya propiedad defienden. Y la “guerra contra el narco” es una guerra contra los trabajadores y los pobres que tiene el principal propósito de militarizar zonas enteras del país y regimentar a vastos sectores de la población.

Para todo defensor de los derechos democráticos, en cambio, debería ser elemental luchar por la completa eliminación de las leyes que proscriben o limitan el consumo, la producción y el comercio de drogas. Eliminar las superganancias resultantes de su calidad de sustancia ilegal sería el golpe más contundente que se puede dar al narcotráfico. Como marxistas, insistimos en que no atañe al gobierno o al estado capitalista determinar qué es lo que cada cual puede hacer con su cuerpo, trátese de drogas, alcohol, tabaco… o refrescos azucarados, como en la más reciente campaña prohibicionista de Peña Nieto. Mientras los políticos burgueses fingen preocuparse por la salud de la población, socavan y eliminan lo que resta del sistema de salud pública y de la seguridad social.

El investigador Salvador Maldonado Aranda de El Colegio de Michoacán ha documentado cómo a lo largo de más de medio siglo de “combate” al narcotráfico en el estado, el propósito fundamental de las diversas movilizaciones militares ha consistido en reprimir incipientes muestras de oposición política que el PRI, primero, y luego los gobernantes federales del PAN y estatales del PRD vieron como amenazas a su dominio (véase su artículo “Drogas, violencia y militarización en el México rural: el caso de Michoacán” en la Revista Mexicana de Sociología No. 74, enero-marzo de 2012).

En realidad, no es ni siquiera una verdadera guerra entre el gobierno y el “crimen organizado”. Es una disputa entre sectores de la clase dominante por el control de territorios y mercados. Que esta disputa sea sangrienta y no “pacífica” mediante guerras de precios, tácticas monopólicas y pleitos judiciales se debe exclusivamente al carácter “ilegal” de las mercancías. Por lo demás, las referencias al “crimen organizado” tienen un dejo lamentablemente cómico: la entrega de Telmex a Slim, la connivencia de gobiernos del PRI, PAN y PRD con los asesinos industriales del Grupo México de Germán Larrea, el despido de 44 mil electricistas de Luz y Fuerza a manos de Calderón: he aquí ejemplos del crimen organizado perpetrado por el estado como representante de los intereses de los explotadores contra los explotados.

La seudoizquierda en el pantano burgués

Muchos grupos que se consideran de “izquierda” (y hasta “marxistas”) brincaron de entusiasmo a principios de año cuando las autodefensas avanzaban hacia Apatzingán. En las ciudades de México y Guadalajara hubo varias manifestaciones de apoyo a las autodefensas en que marchaban contingentes del Partido Comunista de México (marxista-leninista) y anarquistas. Los estalinistas del PCM (m-l) proclaman “¡Viva la autodefensa del pueblo contra la delincuencia organizada y el capitalismo!” en el encabezado de Vanguardia Proletaria (1° de febrero). Con un toque de retórica “anticapitalista”, el PCM (m-l) se está alistando para participar en la guerra contra el narcotráfico. Para ellos se trata de incorporar a todos los “referentes” de la lucha callejera en un “Frente Único de todo el pueblo”, es decir un frente popular de colaboración de clases, plasmado en su llamado constante por una Asamblea Nacional Constituyente.

Entre las organizaciones más exaltadas en su pasión por las autodefensas michoacanas se destacan las dos alas ahora escindidas de la antigua corriente Militante en México. Ambas coinciden en pintar tanto a las guardias de autodefensa de la Tierra Caliente como las policías comunitarias de Guerrero no sólo como independientes del gobierno capitalista, sino también como contrapuestas a éste. Entretanto, estos gemelos seudotrotskistas compiten entre sí para ser el componente más adicto al Morena, que es una formación populista burguesa. El ala que luego de la ruptura tomó el nombre de Izquierda Socialista, aliada con la Corriente Marxista Internacional de Alan Woods, proclama: “Las Autodefensas y las Policías Comunitarias: un fenómeno auténticamente popular” (Izquierda Socialista, marzo de 2014).

El ala que ahora ostenta el nombre Militante, ligada a la Corriente Marxista Revolucionaria, ha enloquecido con desenfrenado ardor por los grupos de autodefensa dirigidos por Hipólito Mora, el doctor José Manuel Mireles y Estanislao Beltrán. Ha publicado todo un folleto bajo el título, “Policías Comunitarias y Grupos de Autodefensa. Una alternativa revolucionaria contra la violencia capitalista” (marzo de 2014). Las decenas de páginas del panfleto están llenas de delirio. Citan al doctor Mireles señalando que “la vanguardia en cuanto a la organización de un grupo de autodefensa la tenían los ganaderos de la región” (Tepalcatepec). Admiten que el movimiento incluye a “elementos pequeño burgueses acomodados, que pueden incluso llegar a tener ganancias de algunos millones de pesos al año”. De hecho, se trata de sectores capitalistas.

Pero al plantear la cuestión del “carácter de clase de las Autodefensas” concluye que “el sector proletario … es mayoritario”. ¡Qué parodia del marxismo! En todo caso, ¿qué podría esperarse de un grupo que se presentó como la “corriente marxista” de un partido burgués (el PRD)? Determinar el carácter de clase de una formación política nunca ha sido el fuerte de Militante. Pero eso es sólo el comienzo. Enseguida leemos que las autodefensas son “embriones de doble poder”. ¡Vaya! Según estos farsantes, los policías son “trabajadores en uniforme”, y las autodefensas dirigidas por ganaderos y agricultores millonarios son ¡soviets en gestación! ¿Cómo pueden alcanzar tal grado de locura? Para satisfacer sus voraces apetitos oportunistas, hace décadas que la corriente Militante sepultó la línea de clase. No es capaz de distinguir entre proletario y burgués.

Si se juzgara por su composición social, los partidos peronistas (justicialistas) en Argentina serían partidos obreros, y el viejo PRI mexicano habría sido un partido obrero y campesino. Pero estos partidos son burgueses, representantes políticos del capital. Para los marxistas, el carácter de clase de todo fenómeno o formación social se determina centralmente por la clase en que se basa y la clase que lo domina, es decir, a cuál clase corresponden los intereses que defiende: el proletariado o la burguesía. En cuanto a las autodefensas michoacanas, no hay duda: defienden los intereses de sus dirigentes burgueses y pequeñoburgueses adinerados. Entre la tropa pueden predominar los peones y trabajadores agrícolas, pero no son ellos los que determinan su programa ni su accionar. Pretender lo contrario es prestarse al juego de la burguesía y a la “guerra contra el narcotráfico” del imperialismo yanqui.

Siguiendo a Militante en su elogio sin límites de los grupos michoacanos de autodefensa está el ultrarreformista Partido Obrero Socialista, de los seguidores mexicanos del difunto seudotrotskista argentino Nahuel Moreno. La principal consigna del POS desde enero de este año ha sido “¡Viva el pueblo armado! ¡Vivan las autodefensas de Michoacán!” El artículo principal de su revista “teórica” Pluma (febrero de 2014), cuando las autodefensas ya habían anunciado su compromiso a integrarse al estado, sostiene lo siguiente:

“En Michoacán, el desempeño de los grupos de autodefensa ha sido espectacular porque en el mes de diciembre de 2013 y los primeros de 2014 han perseguido y expulsado a los delincuentes de las ciudades y poblados donde se pertrechaban y escondían. Este empeño popular de acabar con los criminales ha devenido en una trepidante campaña cuasi militar con territorios que liberan las autodefensas en medio del júbilo de los pobladores.

“Estos combatientes del pueblo comprendieron que no basta con expulsar a los delincuentes de sus comunidades y que es necesario exterminarlos y sacarlos de donde se refugien.”

Con su afán de “exterminar” a “delincuentes”, el POS asume como legítima la “guerra contra el narcotráfico” y apoya la formación de grupos paramilitares para imponer la ley y el orden de la burguesía.

El sujeto de los llamados de estos reformistas es el “pueblo”, un conglomerado pluriclasista conformado lo mismo por los explotadores y explotados. Al no trazar una línea de clase, los que como el POS apelan al “pueblo”, indican que su propósito es la reforma “democrática” del capitalismo, no su sustitución revolucionaria mediante la expropiación de la burguesía a manos de un gobierno obrero y campesino. Va en el mismo sentido la critica a Peña Nieto en el mismo artículo del POS por su “fracaso en materia de seguridad”. Es decir: considera que el papel del estado consiste en garantizar la “seguridad” de la población. Para todo marxista, el estado burgués, es decir, los destacamentos especiales de hombres armados (policía, ejército permanente) y sus instrumentos como cárceles, etc., sólo sirven para mantener por la fuerza el sanguinario dominio explotador de la burguesía.

Los llamados de las autodefensas a que el estado “haga su trabajo”, como ya había hecho el poeta Javier Sicilia en su movimiento “por la paz con justicia y dignidad”, denotan una mortal ilusión en que el estado debe servir a “todos”. En realidad, el estado mexicano no es “fallido” o “fracasado”, como pretende el POS, sino que cumple a cabalidad con su cometido de defender los negocios de los capitalistas mexicanos y sus socios imperialistas. En un artículo titulado “Pacto adverso para las autodefensas” (Pluma No. 24, abril de 2014), insiste en que el pacto con el gobierno no implica el desarme de las autodefensas. Correcto. No obstante, lo que sí estipula es su incorporación al aparato estatal como policías rurales. (Lo que no le molestaría al POS, que en concordancia con su herencia morenista trata a los perros guardianes del capital como “trabajadores en uniforme”.)

La principal organización morenista de América Latina, la Liga Internacional de Trabajadores (LIT), toma una postura un poco más cautelosa que la del POS. Un artículo del 15 de abril de su grupo de Los Ángeles (EE.UU.), Voz de los Trabajadores, pretende oponerse a “la institucionalización de los grupos de autodefensa” y proclama “¡Ninguna subordinación de los grupos de autodefensa al comando del ejército!” Sin embargo, la LIT y su casa matriz, el Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado de Brasil, como organizaciones socialdemócratas acabadas, son los más fervorosos defensores de los policías. Su artículo aboga por extender las autodefensas “para erradicar el tráfico de drogas y exigir que el gobierno resuelva los problemas más urgentes de las masas trabajadoras”. Los revolucionarios, en cambio, luchan por derribar al gobierno capitalista.

Si los grupos seudosocialistas reformistas coinciden en su entusiasmo por las autodefensas michoacanas, el centrista Grupo Espartaquista de México se opone tanto a éstas como a las policías comunitarias de Guerrero como expresiones del “vigilantismo”. Se trata de una mala traducción del inglés, idioma en que el término no se refiere a la actividad del vigilante (sereno, velador o guardia de seguridad), sino que sugiere la acción de turbas de linchadores. De éstas sí ha habido en México cuando una población enardecida intenta hacerse justicia por su propia mano ante la pasividad o complicidad de las autoridades, como en noviembre del año pasado en Naucalpan cuando pobladores de Santiago Tepatlaxco intentaron linchar a un presunto asaltante. Los marxistas nos oponemos a tales acciones justicieras, pero éstas difieren considerablemente de la autodefensa contra bandas armadas.

El GEM admite “el derecho de los individuos a defenderse de manera eficaz”, pero no el de las comunidades, donde pretenden que su ejercicio consiste solamente en “rondar el territorio en busca de presuntos criminales”. Pero las comunidades campesinas e indígenas asediadas por pequeños ejércitos de narcotraficantes, por terratenientes ávidos de sus tierras ancestrales para despojárselas, por mineras que quieren explotar sus riquezas y contaminar su medio ambiente, y por las fuerzas militares y policíacas, ¿que deberían hacer? El GEM no tiene respuesta. De hecho, ignora por completo la problemática. El Grupo Internacionalista condena el que las autodefensas de Michoacán y las policías comunitarias de Guerrero se entrelacen con el estado burgués, no la resistencia contra ataques perpetrados por fuerzas enemigas de los intereses de los trabajadores e indígenas.

Para darse una idea de los embates contra los pueblos oprimidos que justifican plenamente la autodefensa, recomendamos la lectura de una nota sobre “Los guardianes de la montaña contra las mineras” de El Universal (15 de abril de 2012), donde se describe cómo es que la población tlapaneca de la comunidad Tierra Colorada en la región alta de la Montaña de Guerrero y su policía comunitaria resisten la arremetida de la minera inglesa Hochschild. Es precisamente por defender a sus pueblos que integrantes de las policías comunitarias han sido objeto de la represión oficial. Defenderse del asedio de las bandas de narcocapitalistas y del ejército, no es ningún crimen. Exigimos a liberación de los autodefensas michoacanos arrestados por “portar armas”, y que se anulen los cargos contra Nestora Salgado de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero.

El GEM ha despotricado contra el Grupo Internacionalista en una polémica particularmente lerda (Espartaco n° 34, mayo de 2011) en la que nos critican por escribir que “En momentos de aguda lucha de clases los comunistas revolucionarios llaman a la formación de grupos de autodefensa obrera” (“México: Contra la militarización, revolución obrera”, El Internacionalista, mayo de 2011). Espartaco sugiere irónicamente que supuestamente consideramos que “el movimiento de Sicilia representa un estallido de ‘aguda lucha de clases’”, cuando en la siguiente frase señalamos que lanzamos esa consigna “en Oaxaca en 2006 y en las luchas sindicales desde Lázaro Cárdenas hasta el SME”.¹ Agregamos que “la única manera de poner alto a la violencia perpetrada por el estado y la clase dominante es por medio de una revolución social”. Pero según el GEM:

“Bajo las circunstancias actuales, el llamado del GI sólo puede significar una de dos cosas: a) en el mejor de los casos, un llamado aventurero a enfrentamientos con la policía y el ejército, que están armados hasta los dientes, o b) y más probablemente, un llamado reaccionario por grupos de vigilantes.”

Ante estas absurdas acusaciones del GEM, señalamos que siempre hemos subrayado el carácter obrero que debe tener la autodefensa, como por ejemplo en un artículo, “México: militarización y hambre”, que publicamos en El Internacionalista, marzo de 2009, donde escribimos: “hace falta formar verdaderos grupos de autodefensa obrera, pero sobre una base proletaria, para defender los barrios plebeyos en contra de los ataques de la policía y el ejército”. ¿Aventurerismo? Ahí mismo señalamos que:

“Recientemente ha habido varias protestas en diferentes ciudades del norte del país en contra de abusos perpetrados por el ejército. Los que más publicitó la televisión fueron los que acaecieron en Monterrey en febrero pasado, cuando los manifestantes cerraron las calles a lo largo de seis días seguidos para protestar en contra de la presencia del ejército mexicano.”

En Oaxaca, la movilización de trabajadores, encabezada por los maestros de la CNTE, logró correr a la policía y al gobierno estatal de la capital y mantenerlos fuera durante cinco meses, algo que los “revolucionarios” de poltrona del GEM encontraban tan difícil de creer que no escribieron un solo artículo sobre esta lucha convulsiva mientras ésta tenía lugar.

Más recientemente, nuestros camaradas de la Liga Quarta-Internacionalista do Brasil ante los ataques de la policía militar a las favelas, comunidades pobres y negras de Rio de Janeiro, están llamando “Por la formación de comités obreros de defensa, basados en los sindicatos, para proteger las protestas y las favelas”. Este llamado fue aprobado por los sindicatos de la educación y de la salud del estado de Rio de Janeiro. En un suplemento a Vanguarda Operária (traducido en este número de Revolución Permanente) explicitamos:

“Debemos movilizar la fuerza de la clase obrera con la masa de pobres con la cons-trucción de comités de defensa obrera para unir la favela con la fábrica y las protestas callejeras. Frente a las ametralladoras del BOPE, la BOE [unidades de élite de la policía militar] y el ejército, luchemos con nuestros métodos, que son mucho más poderosos: contra el abuso policíaco y militar, hay que paralizar la ciudad mediante la acción obrera. Aislar el aeropuerto, parar el transporte público, hacer huelgas en las siderúrgicas y refinerías, llevar a los profesores y estudiantes a la calle”.

–“No a la Copa de la represión” (mayo de 2014)

En el mal traducido artículo publicado por el GEM se opina que “Guerrero epitomiza la naturaleza racista y clasista del atrasado capitalismo mexicano”. Por nuestra parte, creemos que su rechazo de toda autodefensa colectiva como expresión de “vigilantismo” es típico de un grupo de altaneros pequeñoburgueses que no tienen que lidiar con –y que son incapaces de imaginar– la brutal realidad del campo mexicano asediado por sanguinarias bandas de las diferentes fracciones burguesas en su guerra contra los trabajadores, indígenas y pobres.

¡Forjar un partido obrero revolucionario!

El hecho es que la Tierra Caliente en Michoacán se encuentra fuertemente militarizada desde que el 11 de diciembre de 2006, a diez días de asumir la presidencia tras una elección fraudulenta, el panista Calderón lanzó el Operativo Michoacán, a petición expresa del entonces gobernador perredista del estado, Cárdenas Batel. Hoy en día el priísta Peña Nieto continúa la embestida, junto con los cárteles. Ante la barbarie capitalista la única salida es la lucha por un gobierno obrero y campesino que inicie la revolución socialista.

Michoacán es un estado con una rica producción agrícola, que también alberga a sectores poderosos y combativos del proletariado industrial. Alrededor de la industria siderúrgica del puerto de Lázaro Cárdenas giran importantes sectores proletarios: portuarios, ferrocarrileros de la Kansas City Southern (antes FF.CC. de M.) que atraviesa la Tierra Caliente, camioneros, mineros. Mediante el enlace que representan los maestros de la Sección XVIII, los trabajadores de la industria pueden vincularse con los campesinos pobres y los trabajadores agrícolas en una verdadera ofensiva clasista contra todos los sectores de la burguesía, que asolan en conjunto la región. Asimismo, como lo demostró la combativa lucha de los maestros oaxaqueños en 2006, una lucha en Michoacán no podría triunfar sin extenderse a los centros urbanos más importantes del país.

La clase obrera mexicana es un gigante dormido. Bajo el yugo del corporativismo, un sistema de control basado en la integración de sus organizaciones al aparato estatal burgués, y de la subordinación a partidos y políticos capitalistas, el proletariado debe conquistar su independencia política para sacudírselos. Sigue siendo “un proletariado sin cabeza”, según reza la frase de José Revueltas, debido a la falta de un partido obrero revolucionario, que es justamente lo que nos proponemos construir. Debe ser un partido leninista, que funja como tribuno del pueblo, que defienda a todos los sectores sociales oprimidos. Basándose en el programa trotskista de la revolución permanente, debe luchar por que la clase obrera se ponga a la cabeza de los pobres del campo y la ciudad para acabar con el decrépito régimen capitalista, que no promete a las masas más que desempleo, hambre y terror policíaco.

Es necesario extender la revolución a todo el hemisferio, particularmente al coloso imperialista del norte, donde millones y millones de trabajadores inmigrantes mexicanos constituyen un puente humano que hace posible una verdadera revolución socialista internacional. Estos son los objetivos de la lucha del Grupo Internacionalista, sección mexicana de la Liga por la IV Internacional. ■