¡Aborto libre y gratuito!

Ecuador: Correa ataca el derecho
de la mujer al aborto

¡Liberación de la mujer mediante la revolución socialista!

Reproducimos a continuación un volante de El Internacionalista que publicamos en diciembre de 2013.

Actualmente hay una ofensiva contra el derecho de la mujer a abortar, que se extiende desde EE.UU. hasta Centro y Sudamérica. Son notables los casos de Nicaragua y El Salvador, a los que ahora se suma Ecuador, tres países con gobiernos supuestamente izquierdistas: del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza PAIS, respectivamente. Como en el caso de la campaña internacional para la privatización de la educación pública, esta ofensiva contra la mujer no puede tomarse aisladamente en cada país. Aún más grotesco es el hecho de que no son gobiernos derechistas los que encabezan este ataque concertado en contra de la mujer, sino gobiernos que dicen ser “progresistas”.

Un caso emblemático es Ecuador, donde el presidente es Rafael Correa, un populista burgués que llegó a la presidencia en 2007 y que acaba de ser reelecto por tercera vez. Jactándose de dirigir una “revolución ciudadana” mediante políticas nacionalistas y reformas sociales,¹

Correa recientemente soltó una amenaza con el propósito de evitar impedir la menor consideración de una reforma a la legislación sobre el aborto. “Que hagan lo que quieran, pero jamás aprobaré la legalización del aborto”, tronó, al acusar a legisladoras de su Alianza PAIS de “deslealtad” y “traición” por haber propuesto la legalización del aborto en caso de violación. De persistir en el empeño, Correa amenazó con renunciar a la presidencia, e incluso después de que las legisladoras retiraron su propuesta, este autoritario dirigente que se describe a sí mismo como “humanista, católico y de izquierda” exigió que las diputadas fueran sancionadas y, posiblemente, destituidas.

La virulenta oposición de Correa a la legalización del aborto fue inmediatamente aplaudida por algunas de las fuerzas más reaccionarias. El presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador, monseñor Antonio Arregui, alabó el vituperio presidencial contra el aborto, y en particular “la valentía y la nobleza de ánimo con que habló”. La Fundación Nacional Francisco Franco, que promueve el legado del ultraderechista católico nacionalista y misógino dictador español, se unió al coro de alabanzas. El hecho de que Correa no esté solo entre los nacionalistas “de izquierda” que atacan el derecho al aborto no pasó inadvertido en la prensa imperialista. El diario madrileño El País (26 de octubre) tituló un artículo “La izquierda beata de América Latina”.

En contra de esta profana alianza de derecha e “izquierda” en contra de los derechos de la mujer, el Grupo Internacionalista y la Liga por la IV Internacional llaman a derogar todas las leyes que penalizan o restringen el aborto y a luchar por aborto libre y gratuito, en condiciones seguras y en instalaciones de cuidado médico de alta calidad. Terminar o no con un embarazo no deseado es una decisión que atañe exclusivamente a la mujer, pues se trata de su cuerpo y es ella quien tendrá que lidiar con las consecuencias. Obispos, políticos capitalistas: ¡saquen las manos! Llamamos a defender las clínicas de aborto y a la movilización en contra de los fanáticos reaccionarios que amenazan con arruinar las vidas de las mujeres (e incluso con asesinar al personal médico que practica abortos) en nombre del “derecho a la vida” de un embrión o un feto, que no es un ser separado, sino un organismo en desarrollo que está unido biológicamente a la mujer, de la cual depende.

El problema del derecho al aborto en Ecuador es bien concreto: según la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud nacional, un estimado de 125 mil abortos son practicados cada año en el país (es decir, unos 350 diarios en un país de 15 millones de habitantes). Las complicaciones derivadas de abortos clandestinos representan la tercera causa de muerte para las mujeres. En un estudio reciente realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Ministerio del Interior en 18 mil hogares ecuatorianos, una de cada cuatro mujeres de 15 años o más ha sufrido abuso sexual, y seis de cada diez han sufrido abuso doméstico. Hospitales reportan que reciben cada año a entre 20 y 30 mil mujeres debido a complicaciones resultantes de abortos clandestinos.

Desde 1971, el Código Penal de Ecuador ha estipulado, bajo las secciones 441-447 del Artículo 149, que el aborto puede ser legal sólo en casos en los que la vida de la mujer está seriamente en peligro, así como para víctimas de violación con “discapacidad mental”. En los demás casos, según la ley en vigor, el personal médico que practique un aborto enfrenta una pena de entre dos y cinco años de cárcel, en tanto que la mujer puede ser encarcelada entre uno y cinco años.

El actual período legislativo de la Asamblea Nacional ecuatoriana ha tenido como objeto discutir la iniciativa de Ley propuesta por Correa para ajustar globalmente el código penal. Entre sus propuestas para un Código Orgánico Integral Penal (COIP) se encontraba un nuevo Artículo 150 que sancionaría a los profesionales médicos en cualquier caso en que estuvieran involucrados en terminar un embarazo. En respuesta, el 10 de octubre la legisladora Soledad Buendía de la Alianza PAIS (AP) se pronunció por la descriminalización del aborto en caso de violación. Otra asambleísta de la AP, Paola Pabón, propuso una moción para permitir el aborto durante el primer trimestre (12 semanas) en caso de que lo solicitara una víctima de violación, y para rechazar el propuesto artículo 150. Mientras hablaba ante la Asamblea, activistas del Frente por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos se manifestaban afuera.

En torno a las 7 p.m., la Asamblea tomó un breve receso. Sin embargo, eso luego resultó en posponer la discusión de la moción hasta el día siguiente. Esa misma noche el presidente Correa apareció en vivo en Oromar TV con su diatriba:

“¿Dónde se habla de despenalizar el aborto? Por el contrario, la Constitución dice defender la vida desde la concepción. Cualquier cosa que se aparte de esto es simplemente traición… Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto más allá de lo que consta en las actuales leyes. Es más, si siguen estas traiciones y deslealtades… yo presentaré mi renuncia al cargo.”

Junto con la alabanza del arzobispo Arregui de Guayaquil, Guillermo Lasso, dirigente de la derechista oposición burguesa del CREO, expresó su total apoyo al presidente. Al día siguiente, retirándose bajo el ataque, Paola Pabón capituló en la Asamblea Legislativa. En su discurso de rendición, después de apelar a Correa “Con el inmenso cariño que te tenemos, te decimos que esta vez te estás equivocando”, continuó: “por la unidad de esta bancada... retiro mi moción”.

No contento con haber forzado el retiro de la moción, el “tío duro” Correa insistió en que AP sancionara a Pabón, Soledad Buendía y Gina Godoy. Y de hecho, las tres asambleístas fueron suspendidas de sus puestos durante todo el mes de noviembre por haberse atrevido a proponer esta liberalización extremadamente limitada de las leyes contra el aborto. Aunque la humillación pública de estas legisladoras tiene un inequívoco tufo machista, refleja también el carácter cada vez más autoritario de la presidencia de Correa, en la que toda forma de disidencia izquierdista está sujeta a represión estatal.

La criminalización de la protesta social en el Ecuador de Correa

El presidente ecuatoriano Rafael Correa ganó cierta reputación como defensor de la libertad hace unos meses al sugerir la posibilidad de dar asilo a Edward Snowden, quién reveló el masivo espionaje contra civiles realizado por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Correa también ha celebrado la Constitución que patrocinó en 2008 como ejemplo de “democracia participativa”. Sin embargo, el día que inició sesiones la Asamblea Constituyente que escribió la Constitución, el gobierno de Correa lanzó un brutal ataque contra la parroquia amazónica de Dayuma, donde rebeldes indígenas habían tenido la temeridad de bloquear un camino, paralizando así la producción de petróleo. Este patrón, consistente en escupir retórica democrática mientras reprime la protesta social, ha seguido desde entonces.

Las acciones autoritarias del populista Correa se han intensificado considerablemente en este, su tercer período, tras haber obtenido un triunfo aplastante en las elecciones presidenciales de febrero (con un 57 %). En junio, el sumo pontífice de la república andina lanzó un ataque contra movimientos independientes de obreros, campesinos, indígenas e izquierdistas mediante el Decreto Presidencial 016. Su personal, finanzas, estatutos y declaraciones políticas estarían, a partir de entonces, sujetos al control estatal. Bajo este decreto, los sindicatos obreros tienen ahora prohibido hacer declaraciones políticas o pronunciarse a favor de candidatos. Lo mismo vale para los grupos indígenas, de modo que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) tiene ahora prohibido trabajar con el partido político burgués Pachakutik, que aquélla engendró.

Esta imposición de la tutela estatal sobre todos los movimientos sociales ha sido impuesta mediante una fuerte represión judicial que acusa a los izquierdistas de “terrorismo” y “sabotaje”. El año pasad el legislador de Pachakutik Pepe Acacho y el dirigente indígena shuar Pedro Mashiant fueron sentenciados a 12 años de cárcel sobre la base de tales acusaciones debido a que dirigieron una protesta en 2009 en la que un profesor shuar murió en un enfrentamiento con la policía. Otro diputado de Pachakutik, Cléver Jiménez, fue sentenciado a 18 meses de cárcel junto con dos dirigentes sindicales bajo el Artículo 494 del Código Penal que ordena el encarcelamiento de aquellos que insulten o acusen falsamente a autoridades gubernamentales. Incluso estudiantes de bachillerato han sido arrestados por protestar.

La lucha por la liberación de la mujer

A final de cuentas, la reforma del Código Penal ecuatoriano fue aprobada en la Asamblea Nacional el 17 de diciembre. La propuesta de artículo 150, que habría castigado a los profesionales médicos por la realización de cualquier aborto, fue eliminada. No obstante, con pequeñas modificaciones se conservó la ley previa que prohíbe el aborto en el 99 por ciento de los casos. A pesar de que las encuestas de opinión muestran que dos terceras partes de la población apoyan el derecho a abortar en caso de violación, los legisladores se rehusaron a permitir los abortos incluso en el caso de niñas de 14 años y menos. Esta derrota para los derechos de la mujer fue resultado de la sumisión a los dictados del presidente y de los partidos burgueses.

No sólo los legisladores de la Alianza PAÍS capitularon ante las amenazas de Correa, sino que lo hizo también buena parte de la izquierda supuestamente socialista. Durante una protesta afuera de la Asamblea Nacional cuando se debatía la cuestión, una portavoz de la Juventud Comunista del Ecuador (JCE) llamó por permitir el aborto para las niñas pequeñas, aclaró que seguirá apoyando el proyecto político gobiernista, que se enfoca en mejorar las condiciones sociales, educativas y del buen vivir a través de propuestas de diálogo” (El Telégrafo [Guayaquil], 14 de diciembre). ¡Vaya “diálogo”! ¡Cualquiera que disienta de la línea del presidente es acusado de “traición” y quienes protestan en las calles en su contra son encarcelados por “terrorismo” y “sabotaje”!

El Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (PCMLE) apoyó el llamado por la "despenalización" del aborto, reivindicación por la que han luchado por décadas las organizaciones de mujeres y políticas de izquierda” (En Marcha, 1 de noviembre). Esto es interesante, proviniendo de un partido que despliega en la primera plana de su periódico la efigie de Stalin, quien en 1936 proscribió el aborto, revirtiendo así el legado bolchevique²

El PCMLE puede incluso llamar por “derrotar el dominio del capital para alcanzar la liberación de la mujer” (En Marcha, 4 de marzo de 2011). Pero como lo archiestalinista que es, el PCMLE presenta la cuestión como una de derechos democráticos, sin ir a las raíces de la desigualdad social de la mujer en la familia. (También es prácticamente mudo en lo que toca a los derechos de los homosexuales).

El pionero socialista Charles Fourier señaló que le grado de emancipación de la mujer es una medida clave del nivel de progreso social en una sociedad. Ya en el Manifiesto Comunista (1848) los fundadores del comunismo moderno hablaron de la abolición (Aufhebung) o superación de la familia para “acabar con la situación de la mujer como mero instrumento de producción”. Friedrich Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el estado (1884) explicó la opresión de la mujer sobre la base de la aparición de la sociedad de clases, en la que la institución de la familia surgió para transmitir la propiedad, convirtiendo así a la mujer en propiedad de su amo. Al reconocer esto, los bolcheviques victoriosos lucharon por la emancipación de la mujer de la esclavitud doméstica.

En América Latina hoy en día, el aborto sigue prohibido en prácticamente todos los casos, excepto en Cuba y, con restricciones, en otras pocas jurisdicciones (Guyana, Puerto Rico, y recientemente Uruguay y la Ciudad de México). Como hemos señalado antes, aunque el derecho al aborto es un derecho democrático, será necesaria una dura lucha de clases rumbo a una revolución socialista para hacerlo realidad para todas las mujeres. La oposición de Rafael Correa y otros populistas “de izquierda” a los derechos reproductivos de las mujeres es parte de su apoyo al capitalismo, a pesar de toda su falsa retórica acerca de la implementación del “socialismo del siglo XXI” sin expropiar al capital. Como señaló el dirigente bolchevique Vladimir Lenin en su artículo “El poder soviético y la situación de la mujer” (1919):

“La democracia burguesa promete de palabra la libertad y la igualdad. Pero en la práctica ni una sola república burguesa, ni la más avanzada, ha otorgado a la mujer (la mitad del género humano) plena igualdad de derechos con los hombres, ante la ley, ni ha liberado a la mujer de la dependencia y opresión de los hombres….La democracia burguesa es la democracia de las frases pomposas, de las palabras solemnes, de las promesas liberales, de las consignas grandilocuentes sobre libertad e igualdad”.

Los marxistas entienden que bajo el capitalismo, el sistema de la propiedad privada y de la producción para la ganancia, hay severos límites para la genuina igualdad social de la mujer. Como señalamos en un artículo en defensa de una joven mujer salvadoreña, “Beatriz”, a quien se le negó el derecho a practicarse un aborto terapéutico: “No es casual que el primer país en legalizar el aborto fue la Rusia soviética, en 1920, a raíz de la Revolución de Octubre”. De hecho, los bolcheviques implementaron el “aborto libre y gratuito”, que es por lo que la Liga por la IV Internacional llama hoy en día. Señalamos que “La opresión de la mujer no será abolida por medio de meras reformas legislativas” y presentamos un programa obrero que apunta a la necesidad de una revolución socialista que incluye las siguientes reivindicaciones:

• guarderías gratuitas, accesibles 24 horas del día;
• pago igual por trabajo igual;
• la separación del estado de la religión;
• el derecho irrestricto al divorcio;
• plenos derechos para los homosexuales, contra toda intromisión del estado en las relaciones sexuales consensuales;
• abolición de trabas, legales o de facto, que impiden acceso a empleos calificados;
• socialización del trabajo doméstico;
• medicina socializada gratuita y de alta calidad.

–“Contra la prohibición del aborto en El Salvador” (suplemento especial de El Internacionalista, junio de 2013).

Así como la lucha por la descriminalización del aborto está ligada a la lucha contra las políticas represivas del gobierno de Correa, la lucha por la liberación de la mujer no puede separarse de la más amplia lucha de clases en contra de la opresión social producida por el capitalismo. En Ecuador, obreras, indígenas y afroecuatorianas serán dirigentes clave de la revolución socialista. Las luchadoras a favor de los oprimidos han jugado un papel fundamental a lo largo de la historia de Ecuador, particularmente en las luchas de los pueblos indígenas. Manuela León dirigió la revuelta de diciembre de 1871 en Yaruquies, Chimborazo, en tanto que Juana Calcan dirigió en levantamiento en 1899 en Pesillo en el norte de Ecuador con una hija pequeña, Lucía Lechón, en su espalda.³

En el siglo XX, Dolores Cuacuango fue organizadora de los sindicatos campesinos de Cayambe y fundadora de la Federación Ecuatoriana Indígena, pionera de la educación indígena, destacada luchadora a favor de los derechos de las mujeres y dirigente del Partido Comunista, así como defensora de los ecuatorianos negros y mulatos. Como trotskistas, luchamos por el programa de la revolución permanente para emancipar a la clase obrera y a todos los oprimidos, incluyendo los campesinos pobres, los pueblos indígenas y los afroecuatorianos, luchando por un gobierno obrero, campesino e indígena que inicie la revolución socialista. Hoy más que nunca, ya que en la actualidad la décima parte de la población ecuatoriana ha sido forzada a emigrar, la revolución sólo puede ser completada a escala internacional.

¡Liberación de la mujer mediante la revolución socialista!