La lucha para salvar la vida de Beatriz

Contra la prohibición del aborto
en El Salvador

¡Aborto libre y gratuito a decisión de la mujer!

Desde mediados de abril, y particularmente en las últimas dos semanas cuando su situación se tornó aún más dramática, ha habido un reclamo creciente para que una joven de El Salvador, Beatriz, pudiera practicarse un aborto para salvar su vida. Con 22 años, Beatriz (un seudónimo para protegerla) y un hijo de año y medio, ella padece de lupus e insuficiencia renal, por lo que su segundo embarazo puso en serio riesgo su vida. El feto, con anencefalia (o sea, sin cerebro), no tenía la menor posibilidad de vivir fuera del útero. En abril, sus médicos solicitaron un amparo al sistema judicial para realizarle un aborto “terapéutico”, esto es, para poner fin a su embarazo para poder salvar su vida.

Después de una dura lucha legal, el 28 de mayo la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano sádicamente le negó el amparo para permitir el aborto. Un día después, se dio a conocer una resolución a su favor que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Hoy el periplo de Beatriz ha llegado a su fin: el lunes 3 de junio los médicos le practicaron una cesárea que salvó su vida. El feto no sobrevivió. Desde luego, Beatriz sigue enferma, pero sus posibilidades de reponerse han aumentado considerablemente.

Si con este afortunado desenlace se evitó lo peor, el caso de Beatriz ha echado luz sobre el grave problema que representa la prohibición del aborto en toda circunstancia que hoy en día impera en El Salvador, lo mismo que en otros países de América Latina: Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Perú. El aborto sólo es permitido en Cuba, Guyana, Puerto Rico, Uruguay y la Ciudad de México. En el resto de continente, el aborto sigue penalizado en la mayoría de los casos y sólo es permitido cuando se juzga que el feto tiene malformaciones graves o que la vida de la mujer corre peligro. En Estados Unidos el aborto es, por ahora permitido, pero cada vez más difícil de realizar.

En contra de oscurantistas religiosos y políticos reaccionarios, y hasta los tímidos reformadores burgueses –todos enemigos de los derechos de la mujer– los comunistas internacionalistas luchamos por el irrestricto derecho al aborto, libre y gratuito, a decisión exclusiva de la mujer. La prohibición legal del aborto es una medida inequívoca del grado de opresión se sufren las mujeres. No es casual que el primer país en legalizar el aborto fue la Rusia soviética, en 1920, a raíz de la Revolución de Octubre.

Que una mujer dé a luz debe ser resultado de su decisión personal, que no compete a nadie más. Los ultrarreaccionarios jefes de la iglesia católica, y políticos burgueses de todo signo no tienen ningún derecho de interferir. A pesar de que el derecho al aborto es una cuestión democrática, hacerlo realidad para todas las mujeres no podrá lograrse sin una dura lucha de clases que entronca con la necesidad de realizar una revolución socialista que se extienda internacionalmente.

El caso de Beatriz arroja también importantes lecciones políticas al respecto. El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, llegó a la primera magistratura bajo las siglas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), otrora organización guerrillera en la sangrienta guerra civil que sacudió al país centroamericano en los años 70 y 80 del siglo pasado, que luego se convirtió en un partido burgués. Funes mismo no era un militante de la organización, sino una figura popular de la televisión escogido para derrotar al ultrarreaccionario ARENA, el partido de los escuadrones de la muerte. Pero a pesar de sus pretensiones izquierdistas, ni Funes ni el FMLN defendieron a Beatriz.

El gobierno salvadoreño se mostró “dividido”. Por un lado, la ministra de Salud Pública, María Isabel Rodríguez, y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos auspiciaron tímidamente la petición de Beatriz ante la Corte Suprema. Así podían fingirse partidarios de los derechos de la mujer, y dejar la decisión en manos de un instituto reaccionario que decidiría en su contra. Por otro lado, el Instituto de Medicina Legal negó a Beatriz la posibilidad de abortar, ayudando así a la Corte a aplazar su fallo hasta que Beatriz entrara en el tercer trimestre de su gravidez para poner en mayor riesgo su vida. Sobre todo no querían molestar a los aliados reaccionarios del gobierno.

El propio Mauricio Funes lanzó la cínica declaración de “Beatriz no está sola” (La Prensa Gráfica [San Salvador], 13 de mayo) sin mover un dedo a su favor. Como señaló Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Civil para la Despenalización del Aborto y miembro de la Colectiva Feminista salvadoreña a El Internacionalista, “fue particularmente chocante que un gobierno que se dice de ‘izquierda’ estuviera de acuerdo con las fuerzas más reaccionarias del país y no implementara ninguna medida para salvar la vida de Beatriz.” Incluso la declaración de solidaridad de Funes fue forzada cuando un piquete de aguerridas manifestantes intentó llegar ante el mandatario, fuertemente resguardado por decenas de soldados, en el marco de la inauguración de un puente.

También en Nicaragua, país donde la legislación que desde 1893 permitía el aborto terapéutico fue abrogada en 2006 para prohibirlo en todos los casos. El promotor de la medida legislativa fue el entonces presidente conservador Enrique Bolaños. Lo más asqueroso ha sido la actitud del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), también organización guerrillera que tomó el poder en 1979 tras el colapso del sanguinario régimen somocista, y que ahora ha nacido de nuevo (igual que su jefe Daniel Ortega) como partido burgués. La fracción del FSLN en el Congreso votó a favor de esta medida contraria a este elemental derecho de la mujer. Ahora el gobierno orteguista la administra.

Incluso un artículo perceptivo del Christian Science Monitor (30 de mayo) en EE.UU. señaló que “Dos de los tres gobiernos centroamericanos dirigidos por partidos políticos que se originaron de movimientos guerrilleros izquierdistas”, el FMLN y FSLN, “ahora dan cabida a las leyes más restrictivas de la región respecto al aborto”. El artículo comenta que “la así llamada izquierda revolucionaria” no difiere de la derecha cavernícola, y es a veces peor, en cuanto a los derechos de la mujer. Sin embargo, la realidad es que los dos grupos izquierdistas eran nacionalistas pequeñoburgueses (ahora burgueses) y en ningún momento comunistas revolucionarios como lo fue Farabundo Martí en los años 1920 y 30.

Esto subraya que la lucha por el aborto libre y gratuito, en el marco de un sistema de salud de la más alta calidad disponible para todos, no atañe exclusivamente a las mujeres. Requiere la acción de trabajadores de ambos sexos y de todos los oprimidos contra el capitalismo. En EE.UU., por ejemplo, el aborto fue legalizado a principios de los años 1970 en parte por el surgimiento de un movimiento feminista, pero también y sobre todo debido al descontento social que cundió en el país tras las sublevaciones antiracistas en los guetos negros y barrios latinos, la ola de huelgas combativas en los centros industriales y la lucha contra la guerra de Vietnam que el imperialismo norteamericano estaba perdiendo.

La opresión de la mujer no será abolida por medio de meras reformas legislativas. Para ello hace falta acabar con sus fundamentos materiales: la propiedad privada y la institución familiar que hace de la mujer una esclava doméstica encargada del cuidado de los niños. Para liberar a la mujer de este pesado fardo se requiere de una revolución socialista que colectivice estas labores familiares. Así las y los comunistas enarbolamos un programa de clase para la liberación de la mujer trabajadora y pobre, incluyendo reivindicaciones por:

• guarderías gratuitas, accesibles 24 horas del día;
• pago igual por trabajo igual;
• la separación del estado de la religión;
• el derecho irrestricto al divorcio;
• plenos derechos para los homosexuales, contra toda intromisión del estado en las relaciones sexuales consensuales;
• abolición de trabas, legales o de facto, que impiden acceso a empleos calificados;
• socialización del trabajo doméstico;
• medicina socializada gratuita y de alta calidad.

En cambio, las feministas se concentran en romper el “techo de vidrio” que obstaculiza a las mujeres pequeñoburguesas y burguesas llegar a los más altos puestos de dirección. Eso ha cosechado figuras como Hillary Clinton, que como secretaria de estado (ministra de asuntos exteriores) norteamericana, junto con el presidente Barack Obama, ha logrado imponer el velo a las mujeres de Libia, y buscó hacer lo mismo en Siria al armar a los islamistas “moderados”. Mientras tanto el acceso al aborto está cada vez más sujeto a restricciones (en muchos casos aprobadas por congresistas demócratas).

Las feministas burguesas están tan insistentes en suplicar a los gobernantes capitalistas y a sus árbitros de la moralidad oficial que la NARAL (siglas de la National Abortion Rights Action League [Liga Nacional por la Acción a favor del Derecho al Aborto] antes de que decidiera tachar la palabra “aborto” y sustituir “choice” [elección]) lanzó una petición en línea para solicitar al papa Francisco que se pronunciara a favor de Beatriz (¡!). Además de absurdo, esto es completamente grotesco. El entonces arzobispo Bergoglio no sólo se opuso al tímido intento que el gobierno argentino emprendió en 2006 para permitir el aborto en unos cuantos casos, sino que en los años 1970, como jefe de la orden jesuita en Argentina, fue cómplice en el robo de hijos de prisioneros políticos izquierdistas asesinados por la Junta militar golpista (¡¡!!).

En El Salvador, el profundo desdén por los derechos de la mujer que tienen los gobernantes burgueses quedó de manifiesto en la resolución de la Corte Suprema, que se pronunció con toda claridad: “Este Tribunal sostiene que los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus” (el feto). Esta es una sentencia de la muerte. Así dictaminaron que “existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana ‘desde el momento de la concepción’”.

¡Qué noble sentimiento “pro vida” de estos magistrados reaccionarios que condenan a morir a una mujer en aras de la (en este caso imposible) sobrevivencia del “nasciturus”! Son de la estirpe del dictador salvadoreño Maximiliano Hernández Martínez, un teósofo que decía que “es un crimen más grande matar a una hormiga que a un hombre”, para luego ordenar el asesinato de 30 mil campesinos para aplastar el levantamiento comunista de 1932. En Estados Unidos, el movimiento antiabortista comprende una capa de terroristas que han asesinado o intentado asesinar a más de dos docenas de doctores que realizan abortos y que han atacado con bombas o incendiado 183 clínicas y oficinas a nombre de su agenda “próvida” (según estadísticas de la National Abortion Federation de EE.UU.).

Las reaccionarias campañas “en defensa de la vida” se han intensificado en los últimos años. El caso de México es ilustrativo. En el Distrito Federal se aprobó en 2007 una limitada reforma que permite la interrupción del embarazo en el marco de las 12 primeras semanas de gravidez, pero el aborto sigue siendo considerado como un crimen punible con años de prisión. A esto se añade que en los doce años de gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN, heredero de cristeros y fascistas sinarquistas), las legislaturas locales de más de la mitad de los estados del país aprobaron reaccionarias contrarreformas legislativas con el pretexto de “proteger la vida desde la concepción”.

Hasta el 2009, por ejemplo, había 130 mujeres sometidas a proceso y encarceladas por haberse practicado un aborto, juzgados por “homicidio calificado” tan sólo en el estado de Guanajuato. Otro de los estados donde se ha criminalizado el aborto en cualquier caso es Baja California. Nueve años antes de que la legislatura local impusiera la nueva legislación misógina, el gobierno estatal panista impidió que Paulina, una niña de trece años que había sido violada, pudiera poner fin a su embarazo a pesar de que legalmente tenía el derecho de hacerlo. El obispo y el gobernador mismo intervinieron para amedrentarla.

Además, al mismo tiempo que autoridades religiosas y civiles orquestan una persecución contra las mujeres que intentan poner fin a embarazos no deseados o que amenazan sus vidas, las empresas que emplean gran número de trabajadoras en México despiden de manera rutinaria a las empleadas que se embarazan. Como hemos señalado:

“[E]s un procedimiento común en las maquiladoras a lo largo de la frontera, aplicar pruebas de embarazo a las aspirantes, así como a las trabajadoras ya contratadas, para evitar las disposiciones del código laboral mexicano que estipulan tres meses de licencia de maternidad pagada así como la protección de las mujeres embarazadas frente a tareas peligrosas.”
–El Internacionalista No. 1 (mayo de 1998)

Los comunistas defendemos en contra de los capitalistas y su estado tanto el derecho de la mujer a abortar, como el de dar a luz los hijos que desee.

El derecho al aborto es una cuestión democrática, pero es también una cuestión de clase. En América Latina, la prohibición legal del aborto ha hecho que éste se practique en condiciones médicas inseguras, convirtiendo en riesgosa a la que de otro modo sería una intervención bastante simple. Esto afecta sobre todo a las trabajadoras y pobres, como Beatriz, que no pueden pagar un viaje de fin de semana a Miami para realizare un aborto.

En el caso particular de El Salvador, las mujeres que se practican abortos, lo mismo que los equipos médicos que los realizan, pueden pasar en la cárcel hasta 30 años. Entre 2000 y 2011, al menos 129 mujeres fueron acusadas y juzgadas por abortar y por supuestos asesinatos relacionados con el aborto. De éstas, 22 permanecen encarceladas hoy en día con sentencias de entre 25 y 40 años de cárcel. En muchos casos, tuvieron abortos espontáneos y no inducidos, pero de todas maneras fueron acusadas de haber cometido homicidios agravados (Univisión, 6 de junio).

En una conversación telefónica con El Internacionalista el abogado de Beatriz, Dennis Muñoz de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, notó que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de cumplimiento obligatorio para El Salvador. Sin embargo, ante las múltiples posibilidades para entorpecer o postergar la realización del urgente procedimiento médico, Muñoz insistió, “no hay que quitar el dedo del renglón” y seguir con la presión internacional.

Hoy siguen siendo decenas las mujeres cuya vida está en riesgo por un embarazo que las leyes reaccionarias consideran el procedimiento médico para terminarlo un crimen equivalente a un homicidio agravado. ¡Hay que aplastar estas leyes asesinas mediante la movilización de la clase obrera a la cabeza de todos los oprimidos!

Es por ello de la mayor importancia luchar por la completa despenalización del aborto en todos los países del hemisferio y del mundo. La lucha por el aborto libre y gratuito, realizado en las condiciones médicas de mayor seguridad y en el marco de un sistema de salud de la más alta calidad y disponible para todos, conecta una serie de elementales tareas democráticas con la necesaria lucha por la revolución socialista. El caso de Beatriz ejemplifica la urgencia de avanzar. ■