Masacre de Iguala: fue el asesino estado capitalista

Ayotzinapa: Para lograr justicia,
luchar por la revolución socialista

Asamblea Constituyente, ¡trampa burguesa!
¡Huelga nacional rumbo a un gobierno obrero y campesino!
¡Forjar un partido obrero revolucionario!

CIUDAD DE MÉXICO – Desde hace más de cuatro meses ya, las calles del país retumban con cientos de miles de voces angustiadas que exclaman, “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” Con ello exigen la devolución de los 43 estudiantes secuestrados de la Normal Rural de Ayotzinapa. Claman “¡Justicia!” Pero ¿cómo conseguirla? Desde luego, no rogando a los asesinos, entre los cuales se cuentan los gobernantes en todos los niveles, así como todos los que lucran con la opresión de las masas trabajadoras.

“¡Fue el estado!”, gritan con gargantas roncas, dando un acertado mentís en contra de las autoridades, que buscan lavarse las manos y culpar a un cártel de narcotraficantes de poca monta. “¡Fuera Peña Nieto!” reivindican, haciendo patente que el presidente priísta de México así como el gobernador perredista de Guerrero (ahora con licencia) tienen responsabilidad personal e institucional por la matanza de Iguala. Pero, ¿sólo ellos? Detrás de este atroz crimen se encuentra todo un sanguinario sistema, el capitalista.

Y es que la masacre de los normalistas no es ninguna anomalía, sobre todo en este país que en los últimos años parece una película de horror que no acaba. Recordemos la espantosa matanza de 45 indígenas, miembros del Colectivo Las Abejas en Acteal, municipio de Chenalhó (Chiapas) en 1997. O el espeluznante hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes indocumentados en un terreno baldío en San Fernando, Tamaulipas en 2010, y después la segunda masacre de San Fernando de otros 193 personas en 2011. O la reciente ejecución de 22 “sujetos” a manos del ejército en Tlatlaya, en junio del año pasado. Y sobre todo, las 100 mil personas asesinadas y más 20 mil desaparecidas en la “guerra contra las drogas” desde 2006.

“¿Qué más da?”, responde el gobierno federal, expresando su altivo desdén contra la plebe al dar carpetazo al caso de los muertos y desaparecidos de Ayotzinapa. Así como la junta militar argentina intentó ocultar su guerra sucia de los años 70 tras una “historia oficial”, el arrogante régimen mexicano proclama su inapelable “verdad histórica”: “fueron los narcos” los que secuestraron y mataron a los estudiantes, dicta. “No fue un crimen de estado,” insiste el estado criminal. Y sigue su camino sanguinario: un “tiroteo” en Apatzingán el 6 de enero deja un saldo de 13 muertos; normalistas que protestan en la Autopista del Sol para exigir justicia por sus compañeros, son secuestrados por los federales.

A pesar de su soberbia y fingida calma, “los de arriba” están muy preocupados por la conmoción que cunde entre “los de abajo”. La Tierra Caliente de Michoacán sigue ardiendo, a pesar de los arrestos de decenas de “autodefensas” convertidos en “guardias rurales”. Ahora es un campo de batalla entre el cártel de Los Caballeros Templarios, favorecido por el anterior gobierno priísta del estado, y otra banda, la de Los Viagras (ligada al cártel Jalisco Nueva Generación) que ahora goza del beneplácito del “comisionado” del gobierno federal, hoy un alto mando militar.

Por su parte, Guerrero es una “hoguera” (Luis Hernández Navarro en La Jornada, 3 de febrero), con un gobernador interino y las oficinas estatales incendiadas en octubre. El 12 de enero, padres y estudiantes de Ayotzinapa que buscan a sus hijos y compañeros se enfrentaron con cientos de policías militares dentro de las instalaciones de la 27 Batallón de Infantería en Iguala. Entretanto, hay más de 30 alcaldías tomadas por el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), en el que participan los normalistas de Ayotzinapa, ejidatarios y maestros disidentes de la CETEG.¹

Los ediles andan prófugos, tras haber sido expulsados de los municipios en repudio a su corrupción. Vagan por el estado como nómadas; en Acapulco, el gobierno finge despachar desde los salones de los hoteles del puerto (“El ocaso de los alcaldes”, Milenio, 3 de febrero). En varios lugares han surgido “concejos municipales populares”, y en La Montaña y Costa Chica proliferan las policías comunitarias rivales de la CRAC, la UPOEG y ahora el FUSDEG. Por doquier en Guerrero las pintas proclaman, “no habrá elecciones el 7 de junio” hasta que se devuelva a los 43. 

La matanza y secuestro de Iguala ha trastocado la vida del país, sumiendo al gobierno en la peor crisis de “gobernabilidad” burguesa en medio siglo. Vastos sectores de la población se han sentido ultrajados y conmovidos. El amo imperialista está preocupado también: el enfoque central de la reciente entrevista de Peña Nieto en la Casa Blanca fue el de la “seguridad” y los normalistas secuestrados. El presidente Obama ofrece enviar “ayuda” norteamericana. En definitiva, el “caso Ayotzinapa” dista mucho de ser un asunto meramente local, o siquiera nacional.

Es así que la edición México de Forbes (enero de 2015), revista de negocios norteamericana que se jacta de ser una “herramienta capitalista”, ha publicado un detallado artículo sobre Ayotzinapa y las normales rurales. Asimismo, la consultora geoestratégica Stratfor ha distribuido un análisis de los sucesos en el que sostiene que “Disturbios [desencadenados por la desaparición] de normalistas ponen en relieve el reto geográfico de México” (octubre de 2014) y “Protestas de normalistas amenazan con extenderse” (noviembre de 2014). Ahí advierten que:

“A pesar de los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto por superar los problemas de seguridad del país mediante reformas económicas y una mayor coordinación de las fuerzas de seguridad, el gobierno federal tiene dificultades para imponer su autoridad. En México hay un auge de disturbios entre una población cada vez más desilusionada, sobre todo en los estados del suroeste.”

El Grupo Internacionalista ha insistido desde el inicio en que la masacre se debió al asedio a los estudiantes de Ayotzinapa y las normales rurales en general, que es producto de una ofensiva privatizadora de la educación instigada por Washington y las instituciones financieras imperialistas.² Y en particular, como subrayan nuestros camaradas norteamericanos, es producto de una política de “Militarización de México, made in U.S.A.”³

El gobierno federal ha optado por dejar que las protestas se desgasten, para luego arrollar con fuerza abrumadora a los rebeldes cansados de tanta movilización. Fue justo esto lo que hizo Vicente Fox en Oaxaca en 2006. Ahora, tras el anuncio de la “verdad histórica” decretada por el procurador Murillo Karam, el secretario de gobernación Osorio Chong comentó a los senadores del PRI en una sesión cerrada que el gobierno federal ha mandado a Guerrero “tantos elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal como ustedes puedan pensar” (La Jornada, 30 de enero).

El represor-jefe de Bucareli anuncia que ya no se va a tolerar que grupos “reconocidos por radicales desde hace mucho tiempo en Guerrero, sigan aprovechando la tragedia de Ayotzinapa para movilizarse y cometer excesos”. El asesinato de “radicales” ya comenzó. El 4 de febrero se encontró el cuerpo, decapitado, de Gustavo Salgado Delgado, dirigente del Frente Popular Revolucionario en Morelos y un importante organizador de las protestas por Ayotzinapa. El FPR señaló con razón que “este crimen forma parte de la política de terror que implementa el Estado”.

No obstante la escalada de la represión, en vez de enfocarse en extender la rebelión a los trabajadores de todo el país, los rebeldes guerrerenses se han replegado a su base. Actualmente hay un paro de maestros en todo el estado por falta de pago (debido a la “reforma” educativa), y el 5 de febrero hubo protestas por Ayotzinapa en Guerrero, con unas marchas en Chiapas y Michoacán, pero no en la capital del país. Por más combativo que sea, un levantamiento limitado a unos pocos estados del suroeste no puede resistir la embestida del gobierno federal.

Mientras tanto, se apela al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en Ginebra y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Estas instancias, completamente sujetas a las órdenes del imperialismo norteamericano, jamás obligarían al gobierno mexicano a hacer nada que no tenga el visto bueno de EE.UU. Lo mismo vale para organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, cuya tarea es denunciar a regímenes que se encuentran en la lista negra de Washington, como Cuba, Rusia o Siria.

La historia de la “guerra sucia” en el estado (ver recuadro), que desató un reino de terror mayor que en cualquier otra región del país, demuestra que el gobierno mexicano nunca toleraría un “Guerrero Rojo”, como tampoco permitió en 2006 una “Comuna de Oaxaca”, a despecho de las fantasías de izquierdistas ilusionados. El sueño de “irse a la montaña” en una nueva guerrilla representa una política de derrota. México ha tenido más luchas armadas rurales que cualquier otro país de América Latina, todas fracasadas ante la saña del gobierno mexicano y del imperialismo yanqui.

Porque la represión contra los estudiantes de Ayotzinapa no es resultado de corruptelas locales ni de políticas puramente nacionales. La arremetida en contra de las normales rurales forma parte del proyecto de los organismos financieros imperialistas de regimentar y privatizar la educación pública. Va de la mano de la política de “libre comercio” que ha devastado el agro mexicano. En pocas palabras, la cacería a los normalistas radicales es producto del capitalismo a escala internacional, y para derrotarla se requiere una movilización obrera en una lucha revolucionaria internacional.

Movilización obrera rumbo a la revolución socialista

Lo que hace falta es una contraofensiva del proletariado, a la cabeza de los oprimidos, contra el régimen burgués de hambre y represión. La combatividad de los normalistas y maestros de Guerrero ha sido ejemplar, pero hay que extenderla a todo el país, y sobre todo a sectores clave de la clase obrera. El Grupo Internacionalista ha agitado en numerosas asambleas estudiantiles y sindicales, en brigadeos con estudiantes y trabajadores y repartiendo propaganda marxista en las multitudinarias movilizaciones, a favor de una huelga nacional contra el gobierno asesino, a comenzar con una huelga del sector educativo, en la lucha por “un gobierno obrero y campesino para resolver las tareas democráticas en el curso de iniciar y extender la revolución socialista internacional”.

Alrededor del mundo, se han realizado protestas de solidaridad en varias decenas de países de América y Europa. Nuestros camaradas del Grupo Internacionalista en EE.UU. organizaron los primeros piquetes de emergencia a principios de octubre frente al consulado mexicano en Nueva York, lo que fue resaltado por la prensa guerrerense. El GI subrayó que de Ferguson, Missouri, donde el joven negro Michael Brown fue víctima de un asesinato policíaco racista en agosto pasado, hasta Ayotzinapa, la lucha es una sola.  Nuestros camaradas brasileños de la Liga Quata-Internacionalista do Brasil (LQB) presentaron una moción de solidaridad con los normalistas que fue aprobada por los combativos sindicatos magisterial y de la salud del estado de Rio de Janeiro, y se realizó una protesta frente al consulado mexicano en la ciudad de Rio, el 17 de octubre pasado.

En México mismo, la lucha por Ayotzinapa ha convulsionado el país. Ha habido al menos cuatro jornadas nacionales de paros de 24, 48 y hasta 72 horas en escuelas de diversos niveles. En Oaxaca, los combativos maestros de la Sección XXII de la CNTE han parado labores y bloqueado los aeropuertos de Oaxaca y Huatulco, así como la refinería de Salina Cruz. En Guerrero, los maestros de la CETEG han montado un plantón en el centro de Chilpancingo y han dirigido su ira contra edificios que simbolizan a las podridas instituciones burguesas: la casa del gobernador (29 de octubre), el Congreso Estatal (12 de noviembre y 5 de enero), diferentes oficinas gubernamentales (a lo largo de los cuatro últimos meses,) y el cuartel del 27º Batallón de Infantería (12 de enero).

La burguesía busca desesperadamente dar vuelta a la página. Hablando en el Forum Mundo Imperial de Acapulco durante una visita a Guerrero (que no pasó por Ayotzinapa, Iguala y ni siquiera Chilpancingo) el 4 de diciembre, el presidente Peña Nieto instó a los padres y compañeros de los desaparecidos a “superar este momento de dolor”. (A los ejecutivos hoteleros preocupados por los bloqueos carreteros, les prometió que “se protegerá el libre transito” en la autopista con refuerzos policíacos.) Con esto, el mandatario sólo logró azuzar el fuego de la indignación. Luego de la tormenta en las redes sociales por el #YaMeCansé que resultó tras las insultantes palabras del procurador Murillo Karam, ahora hubo una explosión de furia con el hashtag #YaSupérenlo.

Lo que buscan las máximas autoridades del país es que todo mundo acepte el sanguinario modus operandi del capitalismo mexicano. Y si no es por las buenas, el gobierno blande el garrote. La amenaza de mano dura por parte del gobierno estuvo a cargo del Secretario de Marina, Vidal Soberón Sanz, quien alegó que los padres de los normalistas son “manipulados” por grupos que “lucran” con su dolor (La Jornada, 10 de diciembre de 2014). En el mismo tenor, las instancias patronales del Consejo Coordinador Empresarial exigen “aplicar la ley contra actos vandálicos” (Milenio, 11 de noviembre), mientras la COPARMEX en una tétrica declaración calificó de “crimen” el bloquear carreteras, incendiar oficinas u otros “actos de rapiña”.

En Oaxaca, las confederaciones patronales han organizado grupos de choque para impedir las manifestaciones de los mentores. El 10 de enero, encabezados por el alcalde de Huatulco, prestadores de servicios turísticos disolvieron con piedras y palos el bloqueo que los maestros de la Sección XXII realizaban en el aeropuerto de la localidad (El Despertar de Oaxaca, 12 de enero). Tampoco en Guerrero tardarán en presentarse esta suerte de guardias blancas, uniendo a narcotraficantes y empresarios “legítimos” para apuntalar la acción del aparato represivo oficial en contra de los estudiantes y docentes radicales.

Como en ocasiones anteriores –el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994, la rebelión en Oaxaca en 2006– el hecho de que las luchas estallaron en regiones campesinas apartadas y económicamente atrasadas limitó su impacto. Como señalan los geoestrategas imperialistas de Stratfor en su nota de noviembre de 2014, “Si los grupos normalistas y magisteriales logran cooperar con los organizadores de las manifestaciones e intensificarlas considerablemente, el gobierno mexicano tendrá dificultades para dominar disturbios prolongados en múltiples zonas limitándose a medios no violentos”. Por eso mismo, el Grupo Internacionalista ha luchado, en torno a Oaxaca en 2006 y Guerrero hoy, por movilizar a los “batallones pesados” del proletariado mexicano.

Sindicatos de trabajadores de la educación en el DF y otras partes del país se han sumado a las movilizaciones, e incluso han parado labores (por ejemplo, el SUTIEMS y el SUTUACM) o han anunciado que participarán en paros generales (STUNAM, SITUAM). En la movilización nacional del 20 de noviembre, los trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana pararon durante 24 horas. (El GI se solidarizó con esta acción, llevando brigadas de estudiantes paristas a diferentes instalaciones de Telmex.) Esto demuestra que no sólo es necesario, sino también posible, movilizar el poder de la clase obrera. Mientras la burocracia sindical intenta limitar el alcance de toda acción, debemos intervenir para forjar una dirección revolucionaria.

La trampa burguesa de una nueva constituyente

La burguesía tiene un genuino temor de que la situación salga de su control. Este temor es tanto más real porque el PRD está completamente desprestigiado y puede resultar incapaz de jugar el papel que le fue asignado en sus inicios hace 25 años: el de ser el polo burgués de un frente popular para encadenar a un sector de la clase capitalista, sectores obreros en proceso de librarse del yugo del decadente sistema corporativista, para así mantener bajo control las luchas de los trabajadores y desviar el descontento popular hacia los canales estériles de la política parlamentaria. Por su parte, el partido de López Obrador, Morena, se enfoca en las elecciones del 7 de junio mientras el clamor por el boicot electoral se extiende por Guerrero y Oaxaca. ¿Y el Distrito Federal?

Un indicio del desprestigio generalizado del sistema político burgués es la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al PRD. El fundador del partido se quejó de la “miopía, oportunismo o autocomplacencia” de la dirección en manos de los llamados “Chuchos”. Al mismo tiempo, Cárdenas abogó por convocar un nuevo “Congreso Constituyente” que “formule una nueva carta suprema”. Enfatizó: “No pretendemos deshacernos de las instituciones y de la vida institucional. De ninguna manera. Hay mucho que sirve, por mucho que haya que arreglar.” Sólo pretende, según dice, “recuperar” la “esencia de una constitucionalidad” plasmada en las constituciones de 1824, 1857 y 1917 (La Jornada, 22 de noviembre de 2014).

En el mismo sentido se ha pronunciado el otrora coadjutor de Samuel Ruiz en San Cristóbal de las Casas, el obispo de Saltillo Raúl Vera, que convocó a una asamblea para “redactar la nueva Constitución” (Proceso, 28 de diciembre de 2014). Al llamado de Vera se han sumado varios personajes conocidos, como el ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova, el poeta Javier Sicilia, quien en 2011 encabezó el Movimiento No Más Sangre, y el padre Solalinde, de la Casa Hermanos en el Camino de ayuda a los migrantes. Según Sicilia, “es la hora de la refundación nacional” mediante “la construcción de un nuevo Constituyente” para luego “articular un Comité de Salvación Nacional que se convierta en gobierno en 2018” (Proceso, 4 de enero).

La perspectiva de una “refundación nacional” mediante una asamblea constituyente y una nueva constitución expresa la óptica de sectores burguesas (y de sectores “moderados” de la izquierda pequeñoburguesa que van a su cola) que quieren realizar reformas sin tocar las raíces del sanguinario régimen mexicano: el sistema capitalista. Esta consigna de “refundar” el país ha sido popularizada en América Latina en años recientes, sobre todo por el populista burgués Evo Morales en Bolivia, y luego por Rafael Correa en Ecuador. De hecho, Morales lanzó esa consigna en medio del levantamiento obrero y campesino de 2003 y particularmente en 2005, precisamente para impedir una revolución obrera que estaba literalmente en la puerta.⁴

En cuanto a la Constitución de 1917, elogiada como “la más avanzada del mundo” en su momento por personajes (como Adolfo Gilly) que ahora la declaran destruida, no sólo es la ley básica de un estado burgués, sino que su promulgación marcó la consolidación del triunfo del ejército “constitucionalista” burgués de Carranza sobre los ejércitos campesinos radicales de Zapata y Villa. Incluso sus cláusulas más “progresistas” (Artículo 3° sobre la educación, Artículo 27 sobre la propiedad de tierras y del subsuelo, Artículo 123 sobre derechos sindicales), sirvieron para menguar, desviar y mantener bajo el control del estado capitalista las luchas por la reforma agraria, la expropiación petrolera, la educación gratuita y los derechos de los trabajadores.

Ideólogos burgueses han derrochado ríos de tinta para intentar explicar el hecho de que en México no se hayan realizado las aspiraciones democráticas de las masas que pelearon en las tres revoluciones democrático-burguesas que han moldeado la historia del país. Muchos se refieren al largo reino del PRI-gobierno como un régimen “presidencialista”, lo que atribuyen a una supuesta predilección autoritaria de los mexicanos. Octavio Paz describió a los gobiernos priístas como encarnación de un “ogro filantrópico” que regatea derechos democráticos a cambio de algunas dádivas en términos de seguridad social para la población. Enrique Krauze ha preconizado una “democracia sin adjetivos” y señalado los “viejos arquetipos ideológicos”, heredados de la Nueva España e incluso de los tlatoanis aztecas, que favorecen estados centralizados.

La verdad, sin embargo, no es que la situación actual se derive de ideas inveteradas sobre tlatoanis, virreyes y caciques. Como explica la teoría de revolución permanente de León Trotsky, quien junto con Lenin dirigió la Revolución Bolchevique de 1917 en Rusia, en países semicoloniales, con una clase capitalista relativamente pequeña, subordinada a sus socios mayores imperialistas y acorralada por grandes masas de obreros y campesinos pobres, la débil burguesía es incapaz de lograr una revolución agraria, la emancipación nacional y la democracia. Requiere fuertes estructuras de control para mantener la maquinaria de explotación. Sólo con una revolución proletaria se puede realizar las tareas fundamentales de la revolución burguesa.

Así, como marxistas, señalamos que las reivindicaciones democráticas en México no pueden ser satisfechas en el marco del capitalismo. El lema de Francisco I. Madero, de “sufragio efectivo, no reelección”, con que comenzó la Revolución Mexicana en 1910, contrasta un siglo más tarde con que México es campeón mundial en fraude electoral. Al lema de Zapata de “Tierra y libertad”, se enfrenta el hecho de que los campesinos pobres han tenido que salir de sus tierras para emigrar a los cinturones de miseria que rodean las grandes ciudades, o hacia los EE.UU. A la búsqueda de la independencia nacional enarbolada desde el siglo XIX por la burguesía liberal criolla, se contrapone el hecho de que México sigue siendo una semicolonia de Estados Unidos.

El régimen de partido de estado, en el cual el PRI se fundió con el aparato estatal, funcionó mediante un sistema de control corporativista fomentado por Washington. El “PRI-gobierno” bonapartista (o sea, de carácter militar-policíaco), que se degradó a semibonapartista con el tiempo, se mantuvo durante sus siete décadas en el poder, y no pudo ser desmantelado por decreto. A pesar de la retórica de una “transición democrática” y el desmontaje del aparato económico capitalista paraestatal, los gobiernos del Partido Acción Nacional de Vicente Fox y Felipe Calderón tuvieron que apoyarse en los “sindicatos” charros corporativistas y semicorporativistas para imponer medidas de austeridad e impulsar sus programas de privatización.

El sistema corporativista se fundó en la integración orgánica de los sindicatos obreros y de las organizaciones de trabajadores (campesinos, maestros, comerciantes, etc.) y de todos los sectores sociales al aparato estatal burgués. En lugar de defender los intereses de los explotados y oprimidos, los aparatos corporativistas cumplen las funciones de control estatal. Los “sindicatos” corporativistas son verdaderas policías laborales para mantener a raya las luchas de los trabajadores e impedir el surgimiento de auténticos sindicatos obreros. Por su carácter “institucional”, se han mantenido al servicio de los políticos gobernantes, independientemente de su filiación partidista, pues forman parte del estado que los financia, que designa a sus dirigentes y que incluso determina su misma existencia (o no).

Al mismo tiempo, el sistema corporativista no podía basarse exclusivamente en la represión. Estableció un sistema de “seguridad social” (IMSS, ISSSTE, Infonavit, etc.) que ofreció algunas migajas a los trabajadores. Sin embargo, después de un cuarto de siglo de recortes brutales, embestidas privatizadoras y del predominio de las doctrinas de capitalismo libremercadista, esta raída red de servicios sociales está prácticamente en ruinas. La burguesía no ofrece más concesiones democráticas, sino que, al contrario, elimina las que quedan y recurre cada vez más a la represión abierta. La idea de que con una nueva constitución, con nuevas leyes, va a cambiar la realidad de las masas de explotados y oprimidos es un engaño.

¡Forjar un partido leninista-trotskista!

Como marxistas revolucionarios consideramos con Lenin y Trotsky que puede ser pertinente llamar por la realización de una asamblea constituyente revolucionaria en países de desarrollo capitalista tardío en los que prevalece una dictadura militar-policíaca o donde no hay ni siquiera a nivel formal derechos democráticos para sectores discriminados de la población (indígenas, minorías religiosas, etc.). En tales casos, la consigna podría aglutinar a sectores oprimidos que luchan por plenos derechos democráticos en contra de la burguesía y el imperialismo y en apoyo a la clase obrera luchando por establecer órganos de poder proletario, como soviets. Así, como táctica episódica, no implica abandonar, aplazar o menguar la lucha por la revolución socialista.

En México, sin embargo, ya existen formalmente derechos democráticos para la población. Obligada a aplacar a los campesinos insurgentes y temerosa de levantamientos proletarios en las ciudades, la burguesía mexicana consideró necesario hacer algunas concesiones a estos sectores (sobre todo en el papel) en la Constitución de 1917. Por eso, llamar por una nueva constituyente hoy sólo sirve para desviar la lucha. Los trotskistas luchamos por los derechos como el acceso universal a la educación pública en todos los niveles así como por otros derechos democráticos “consagrados” en la Constitución mexicana, como la salud, el trabajo y la vivienda. Al mismo tiempo, enfatizamos que la plena realización de estos elementales derechos es imposible bajo el dominio de la clase explotadora.

Ante la crisis del régimen y la urgencia de presentar una verdadera política revolucionaria para una contraofensiva proletaria contra décadas de ataques represivos y hambreadores, la  inmensa mayoría de los grupos de izquierda sigue una política diametralmente contraria, de colaboración de clases, poniéndose a la cola de sectores burgueses populistas. El más prominente de los grupos supuestamente “socialistas” que llaman por una asamblea constituyente es el Partido Comunista de México (marxista-leninista). Estos estalinistas inveterados tienen cierta influencia en la CETEG, el Movimiento Popular Guerrerense y la Asamblea Nacional Popular (ANP) formada en Ayotzinapa en octubre pasado.

Desde hace 80 años los estalinistas de toda denominación han aplicado el funesto esquema menchevique de la revolución “por etapas”: primero una revolución “democrática” burguesa (anti oligárquica, antiimperialista, democrático-popular, etc.), y sólo después la socialista, que nunca llega. Ante la bancarrota innegable de la política etapista –que al descartar una revolución proletaria abre la vía para el triunfo de fuerzas reaccionarias, desde Franco en España hasta Pinochet en Chile– en años recientes el PCM (m-l) busca darse una imagen más izquierdista. Así proclama que “el carácter de la próxima revolución será socialista”. Sin embargo, para cubrir su política real se concede una cláusula de escape: la Asamblea Constituyente.

En un artículo titulado “De la Asamblea Nacional Popular a la Nueva Constituyente” (Vanguardia Proletaria, 15-31 de enero), el PCM (m-l) plantea la necesidad de una “Huelga Política General (HPG)” para preparar “procesos insurreccionales” para luego “instalar un Gobierno Provisional revolucionario y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente Democrática y Popular”. Si de vez en cuando agrega el calificativo de “proletario”, queda claro que busca aliarse con fuerzas burguesas. Así se hermana explícitamente con la Iniciativa por una Constituyente Ciudadana y Popular de Vera, Solalinde y Sicilia y su “propuesta para refundar la nación” que tiene un marcado tono eclesiástico, si no es que directamente clerical, y un contenido puramente burgués liberal.

Al mismo tiempo, el PCM (m-l) sigue reivindicando la política del frente popular. Cita a la Convención Nacional Democrática convocada por el EZLN en 1994, que también reivindicó un “nuevo Constituyente”, cuya convocatoria llamó a “votar en contra del sistema de partido de estado” (el PRI) y a favor del programa de la Convención, endosado por Cuauhtémoc Cárdenas, candidato presidencial del PRD. En un documento “Dos tareas impostergables” (agosto de 2014), el PCM presenta como ejemplos de un “frente único” una lista de coaliciones de corte frentepopulista, entre ellas el Frente Nacional de Resistencia contra la Privatización de la Energía Eléctrica, la Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo, y otras. En todos estos “referentes”, burócratas sindicales vendidos se codeaban con políticos burgueses del PRD y su órbita (desde Gerardo Fernández Noroña hasta el mapache en jefe priísta Manuel Bartlett).

Muy de cerca siguen a los estalinistas varios grupos que abusan el nombre de trotskistas. El Movimiento de Trabajadores por el Socialismo (MTS, anteriormente LTS) ha reivindicado durante años, no solamente en México sino por doquier en América Latina, la consigna de “asamblea constituyente”. La portada de su periódico, Tribuna Socialista (14 de noviembre de 2014) proclama “¡FUERA PEÑA! Luchemos por una asamblea constituyente libre y soberana”.  Su programa no va más allá de una reforma “democrática” del capitalismo, atendiendo “las demandas de las grandes mayorías”, “la renacionalización del sector energético y las empresas privatizadas”. Un suplemento del 30 de noviembre propone:

“Desde el MTS opinamos que una Huelga General Política que haga realidad la demanda de ‘que se vayan todos’, e imponga un gobierno provisional de las organizaciones obreras, campesinas y populares en lucha, es el camino para imponer nuestras reivindicaciones.”

De hecho, el MTS se coloca a la derecha de los estalinistas reformistas del PCM (m-l), –quienes al menos reconocen que para imponerse ante el actual estado burgués una asamblea constituyente requiere una insurrección y agregan alguna retórica vacía sobre revolución proletaria. El MTS, en cambio, en lo que ha escrito sobre Ayotzinapa nunca habla de revolución, y la única referencia al socialismo es la de su nombre. Su política es puramente burguesa liberal. Pide a los políticos corruptos “que se vayan”, así como hizo el obispo Vera en su homilía del 5 de diciembre. Y lejos de reivindicar, como el GI, la formación de consejos obreros y campesinos (soviets), el MTS sólo habla de “órganos de democracia directa”, sin ningún contenido de clase.

Estos socialdemócratas democratizantes disfrazados de seudotrotskistas estarían horrorizados por el llamado de los auténticos trotskistas a instaurar la dictadura proletaria bajo un gobierno obrero y campesino. Convocar una asamblea constituyente en México hoy es una política burguesa para desviar la lucha potencialmente revolucionaria de los trabajadores hartos de los gobiernos asesinos. Sólo levantando a las grandes masas de explotados y oprimidos se puede vencer. El limitarse a metas “democráticas” sería traicionar a los obreros, campesinos, estudiantes e indígenas. No habrá una nueva edición de la Revolución Mexicana de 1910-1917. Como hemos repetido una y otra vez, la próxima revolución mexicana será obrera, o no será.

Lo que hace falta hoy en día es armar a los luchadores más conscientes con la perspectiva teórico-programática de la revolución permanente de Trotsky, que parte del reconocimiento de que hasta las reivindicaciones democráticas más elementales son incompatibles con el dominio burgués. Para conseguirlas es preciso que la clase obrera tome el poder y emprenda tareas socialistas al abolir la propiedad privada burguesa sobre los medios de producción y extender la revolución al coloso imperialista del norte, con su fuerte contingente de trabajadores mexicanos. Para realizar esta perspectiva hoy se necesita una vanguardia leninista-trotskista de la clase obrera, un partido que como el bolchevique, se erija en defensor de todos los oprimidos.

Interviniendo en la lucha en defensa de Ayotzinapa, el Grupo Internacionalista se fija como tarea forjar el núcleo de un partido obrero revolucionario, leninista-trotskista, que contribuya a resolver la aguda crisis de dirección de la clase obrera.

La dura realidad es que sin una revolución obrera, socialista e internacionalista, las matanzas continuarán. Nunca ha habido, ni habrá un capitalismo “democrático” en México. Contra las ilusiones nacionalistas burguesas en un “pueblo unido” (como en la consigna “¡Ayotzi aguanta, el pueblo se levanta!”), los internacionalistas proletarios pregonamos una política clasista (“¡Luchar, vencer, obreros al poder!”). En lugar de ondear la bandera tricolor mexicana de los masacradores, enarbolamos la bandera roja del comunismo. El lema del Grupo Internacionalista, sección mexicana de la Liga por la IV Internacional, es:

¡Revolución permanente, en todo el continente,
revolución socialista en el monstruo imperialista!”