junio de 2005  

1^o DE JUNIO — Después de tres semanas de masivas movilizaciones, decenas de miles de obreros y campesinos sitiaron ayer la Plaza Murillo, sede del gobierno boliviano. A lo largo del día, mineros se enfrentaron a dinamitazos con los policías antimotines, quienes lanzaban gas lacrimógeno contra los manifestantes que intentaban romper las líneas policíacas para llegar al centro de La Paz y cerrar el congreso boliviano controlado por la derecha. Hasta 50.000 personas participaron en la mayor y más agitada protesta desde la “guerra del gas” de octubre del 2003. Voceros gubernamentales amenazan con reprimir a dirigentes sindicales. La batalla de clases está llegando al punto crítico. La disyuntiva se presenta: avanzar hacia una salida revolucionaria, o verse derrotados a manos de la burguesía, ya sea bajo una guisa “democrática” o mediante la fuerza militar abierta.

A lo largo de los últimos días, miles de habitantes de los barrios populares bajaron a la capital, provenientes de El Alto, la enorme ciudad empobrecida que ocupa los altos sobre La Paz. Grupos sindicales y campesinos bloquean caminos y autopistas. Además de la huelga general indefinida en El Alto que ya ha entrado en su segunda semana, se han convocado paros indefinidos en varias ciudades importantes, incluidos los centros mineros de Oruro y Potosí. Mineros del estaño se han colocado a la cabeza de las protestas que exigen la nacionalización de los hidrocarburos. Mineros, maestros y otros sectores corean la consigna “Obreros al poder”, mientras que los trabajadores hablan cada vez más de revolución. Si el parlamento no aprueba de inmediato la nacionalización, “lo vamos a quemar en cualquier momento”, anunció ayer el líder de la Central Obrera Boliviana (COB).

Las protestas se oponen también a las exigencias derechistas de “autonomía” para los departamentos (provincias) más ricos y “blancos” de este país predominantemente indígena. Algunos dirigentes del movimiento campesino exigen que se convoque una “asamblea constituyente” que, en realidad, sería una válvula de escape parlamentaria para desviar el descontento de las masas. En tanto que sus bases apoyan cada vez más la consigna de la nacionalización, los autodenominados “moderados” quieren que las compañías energéticas de propiedad extranjera paguen más regalías. Recordando la masacre a manos del ejército de más de 100 manifestantes hace dos años, los manifestantes corean: “Ayer, las balas. Hoy, el hambre. Solución: revolución”. Sin embargo, los dirigentes sindicales reformistas intentan usar la radicalización de las masas para abrir paso a un régimen “cívico-militar” que sería “como el de Hugo Chávez” en Venezuela.

En este momento lo que urge es una dirección genuinamente revolucionaria. Las resquebrajaduras en el seno de la clase dominante, así como las divisiones entre los manifestantes, han producido un empate temporal. Pero esta situación no puede durar. Mientras tanto, siniestras fuerzas contrarrevolucionarias se están juntando. Han aparecido pintas en las paredes de La Paz con consignas como “Haga patria, mate a un sindicalista”. Periódicos influyentes como La Razón tachan al presidente Carlos Mesa de impotente, por temer que el primer “muertito” pueda desencadenar una insurrección. Los ávidos complots de políticos derechistas, junto con la turbulencia en el seno de las fuerzas armadas, proyectan el espectro de un golpe militar. Este peligro quedó ayer de manifiesto cuando congresistas de derecha boicotearon abiertamente la programada sesión de reapertura del Congreso tras un “receso” de dos semanas, impidiendo que se reuniera el quórum mínimo.

Esta nueva crisis es una consecuencia directa de la “guerra del gas” de 2003, en la que el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (“Goni”), uno de los favoritos de Washington en la región, fue echado del poder después de que la salvaje matanza de manifestantes desencadenara un levantamiento obrero. En ausencia de una dirección revolucionaria, las fuerzas armadas y la embajada norteamericana entregaron el poder a Mesa, el vicepresidente de Goni. Asumiendo el cargo con palabrería de reconciliación, el ex periodista intentó canalizar la ira de octubre hacia vacuos rituales democráticos. Dirigentes obreros y campesinos reformistas garantizaron al nuevo gobierno una “cuarto intermedio”. Pero en los meses que siguieron a la llegada al poder de Mesa, las masas han sufrido una creciente desesperación, mientras sectores de la clase dominante buscan una “solución de fuerza” que aplaste la rebelión con puño de hierro.

Hoy, los obreros han tomado las calles planteando llevar a cabo la “agenda de octubre de 2003”. Dirigentes sindicales han hecho llamados para echar al corrupto y desacreditado parlamento, un resabio de la presidencia de Goni, y a favor de un “gobierno de obreros, campesinos y pobres”. Pero ¿qué significan semejantes llamados cuando varios de estos dirigentes están maniobrando con oficiales del ejército? La Liga por la IV Internacional insistió entonces, como lo hace hoy, en que la clave es forjar una dirección revolucionaria que luche sobre la base del programa de la revolución permanente. Como escribimos en el momento culminante del levantamiento de 2003:

Ésta es la agenda revolucionaria que hoy, una vez más, se impone.

Lucha de clases en torno al gas, el petróleo y el poder

Contingente de la combativa Central Obrera Regional (COR) de
El Alto en la marcha del 31 de mayo. (Foto: Indymedia/Bolivia)

Las actuales protestas fueron detonadas el 5 de mayo cuando el Congreso boliviano aprobó una nueva ley de hidrocarburos (gas y petróleo) que mantiene a salvo las ganancias de los conglomerados energéticos imperialistas. Ésta fue la gota que derramó el vaso para los obreros y pobres en El Alto, La Paz y otros centros urbanos, en los que hace 19 meses las calles se tiñeron de rojo con su sangre en las protestas contra los contratos leoninos de Goni con los consorcios energéticos. Mesa, temiendo un estallido masivo de descontento, se negó a firmar él mismo la ley, dejando que el jefe del Congreso, Hormando Vaca Díez, senador de Santa Cruz que dirige un bloque de partidos derechistas íntimamente asociados con el depuesto Goni, se encargara del trabajo sucio.

Después de que Vaca Díez firmara la ley el 17 de mayo, la explosión de descontento masivo fue inmediata. El Congreso huyó de la capital y Mesa se fue en lo que un periódico calificó como “un operativo parecido a una fuga” (Página 12, [Buenos Aires], 25 de mayo). En marzo, Mesa dijo que renunciaría en protesta contra las “locas” exigencias de los sindicatos y los grupos campesinos, para poco después retractarse y afirmar que permanecerá en su puesto hasta 2007. La debilidad de este presidente improvisado ha llevado a algunos sectores burgueses a pedir elecciones anticipadas para remplazarlo, en tanto que otros apelan al ejército en pos de la salvación.

La explosiva situación en Bolivia es el resultado de dos fuerzas motrices. Una es la creciente combatividad de obreros y campesinos que exigen que las enormes reservas de gas y petróleo beneficien a las masas. Otra es la ofensiva “autonomista” de fuerzas burguesas en las regiones productoras de gas en el oriente y el sur del país para apoderarse de mayores riquezas y excluir a las masas indígenas del altiplano a las que estos ultraderechistas desdeñan con abierto racismo. Santa Cruz fue la base de los dictadores militares que gobernaron Bolivia durante una década después de 1971.

Al haber vivido durante generaciones sumidos en la pobreza, millones de bolivianos sienten que la historia les ha arrebatado la riqueza generada por los recursos de los que este país ha dependido desde la Conquista Española: las minas de plata de la época de la Colonia que hicieron de Potosí un sinónimo de riqueza; el estaño que los imperios británico y estadounidense necesitaban, en particular para el armamento y el enlatado de víveres durante las dos guerras mundiales. Ahora, las vastas reservas de gas natural se están exportando en beneficio de compañías “transnacionales” (es decir, imperialistas) – Enron, Shell, British Petroleum, Repsol, entre otras – mientras que Bolivia sigue siendo el segundo país más pobre de América. Incluso gran parte de la clase media boliviana resiente amargamente los siglos de saqueo que ha sufrido Bolivia.

A la combatividad de las masas subyace la sensación de que Carlos Mesa engañó a la población con falsas promesas de reforma tras el derrocamiento de Goni en octubre de 2003. En julio de 2004, Mesa llevó a cabo un referéndum tramposo usando un lenguaje engañoso para legitimar las ganancias estratosféricas de las compañías gaseras, así como su propio gobierno no elegido. Ha servido lealmente a las corporaciones imperialistas y a la embajada estadounidense, logrando incluso que el senado boliviano aprobara la inmunidad para soldados norteamericanos. Mesa cedió ante las exigencias de “autonomía” de los empresarios derechistas de las regiones más ricas de Bolivia, programando elecciones para los gobernadores de los departamentos en agosto. Ahora, visita los cuarteles del ejército en busca de apoyo para la represión contra los obreros, campesinos e indígenas rebeldes.

Evo Morales, dirigente de los campesinos cocaleros predominantemente quechuas de la región cochabambina y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), ha jugado un papel fundamental en apuntalar a Mesa. A nivel internacional, Morales ha sido idealizado por la izquierda y satanizado por portavoces derechistas, pero en cada coyuntura su reformista MAS ha otorgado un apoyo crucial a Mesa. Morales dio un falso toque “antiimperialista” al referéndum-trampa de Mesa; hoy, hace juegos de palabras para insinuar que el gas “ya está” nacionalizado en virtud de las regalías y los impuestos que tienen que pagar las compañías que explotan estos recursos. Están también los enviados del gobierno del frente popular de Lula en Brasil y del presidente peronista argentino Néstor Kirchner, que han actuado como apagafuegos del imperialismo yanqui para sofocar las llamas de la revolución en la región.

Mientras que el MAS intenta desesperadamente apagar la combatividad de las protestas, Morales se desacredita cada vez más y dice que “las bases nos han superado”. Sin embargo, cuando Carlos Mesa asumió el poder, el nuevo mandatario recibió el apoyo abierto, así como una “tregua” explícita, de todo el espectro de dirigentes sindicales, barriales y campesinos – desde el rival de Morales en el movimiento campesino Felipe Quispe, hasta Jaime Solares de la COB y Roberto de la Cruz de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto. Muchos izquierdistas cantaron “victoria” con la caída de Goni. Pero como escribimos en ese momento, “tumbar al odiado presidente para poner en su lugar a su delfín no es una victoria”. La LIVI denunció “la traición de los falsos dirigentes obreros y campesinos – incluso de los que se hacen pasar por revolucionarios – al dar una ‘tregua’ al nuevo presidente.” Enfatizamos:

Embestida “autonomista” y Asamblea Constituyente

Campesinas portan la wiphala multicolor, bandera del movimiento indígena, al llegar a La Paz después
de marchar desde Caracollo para protestar contra la ley de hidrocarburos. (Foto: Indymedia/Bolivia)

La segunda fuerza motriz de la situación actual proviene de la derecha con las exigencias de “autonomía” regional presentadas por el “Comité Cívico” del departamento de Santa Cruz de la Sierra en el oriente boliviano, limítrofe con Brasil, y Tarija, departamento que hace frontera con Argentina en el sur. Los capitalistas y terratenientes de Santa Cruz siguen el ejemplo de los esclavistas del sur de Estados Unidos al amenazar con la secesión si sus exigencias de más poder y riqueza no se ven satisfechas. Cuanto más les da Mesa, tanto más exigen. Después de que el presidente accedió a su petición de que se eligiera a un nuevo gobernador, usaron esto para convocar su propio referéndum de “autonomía”.

Aunque esporádicamente la élite de Santa Cruz presenta sus demandas en fraseología democrática, es abiertamente racista: como una de las regiones “más blancas” de Bolivia, quiere “autonomía” de las protestas lanzadas por los mineros y campesinos indígenas del altiplano occidental de Bolivia. En este sentido, sus exigencias de “autonomía” son lo contrario de los llamados por autonomía de pueblos oprimidos como los indígenas de Chiapas, en México. Lo que la burguesía cruceña quiere es una tajada más grande de las ganancias en dólares obtenidas por la producción de gas y petróleo centrada en esta región.

Los Camisas Negras (cuerpos de choque de una organización fascistoide que se autodenomina “Nación Camba”) han jugado un papel prominente en las movilizaciones en Santa Cruz. Hoy, matones armados de la UJC, grupo juvenil del Comité Cívico, atacaron una marcha de 500 campesinos que exigían la nacionalización de los hidrocarburos y una asamblea constituyente, hiriendo brutalmente a varias mujeres. Las amenazas y los chantajes de los capitalistas de Santa Cruz han despertado la indignación de obreros y campesinos en el resto de Bolivia. Las demandas de “autonomía” han sido también condenadas por miembros de las propias fuerzas armadas de la burguesía, que las ven como amenazas contra la “integridad territorial”.

Mientras tanto, la burguesía de estas regiones enfrenta conflictos en su propio patio trasero. Ayer, manifestantes en la capital del departamento de Tarija tomaron las oficinas de la brigada parlamentaria en solidaridad con las protestas en el altiplano. El mes pasado en Santa Cruz, soldados y policías desalojaron de una hacienda de Los Yuquises a ocho familias pertenecientes al Movimiento de los Sin Tierra (MST) boliviano. Representantes del pueblo guaraní, así como de otros pueblos indígenas del oriente boliviano, denuncian la discriminación que sufren a manos de las autoridades locales, afirmando que si Santa Cruz y otras regiones orientales obtienen la autonomía, querrían separarse de ellas.

Por su parte, Evo Morales y el MAS pide “consensuar” la “agenda” de las protestas de La Paz y la “agenda” de la burguesía de Santa Cruz. El mecanismo para alcanzarlo debería ser, supuestamente, una asamblea constituyente. El MAS ha llamado desde hace mucho a convocar un órgano tal para rehacer la constitución boliviana, esperando hacerse de un trozo mayor del poder. La promesa de convocar a una asamblea constituyente fue uno de los medios esenciales de los que Mesa se valió para desactivar el levantamiento de octubre de 2003. En Bolivia, el llamado por una asamblea constituyente difícilmente puede hacerse pasar como una consigna revolucionaria, pues este país ha tenido una decena o más de dichas asambleas desde que consiguió la independencia. La idea que las encarnizadas luchas de clase en Bolivia en torno a la riqueza y el poder puedan resolverse mediante este mecanismo supuestamente democrático, es la utopía reformista de que puede haber paz entre las clases.

No sorprende, por lo tanto, que el plan a favor de una asamblea constituyente ha sido aprobado por el mismísimo Banco Mundial. En el caso boliviano, no se trata de un levantamiento popular contra una dictadura o una monarquía, o de sectores enteros excluidos de la democracia parlamentaria formal, en el que un llamado a favor de una asamblea constituyente podría resultar apropiado. En Bolivia la disyuntiva ineluctable que se enfrenta es revolución obrera o contrarrevolución capitalista. La burguesía del oriente del país intenta convertir a esta región en una versión boliviana de la reaccionaria Vendée, que se opuso a la Revolución Francesa de 1789. Como tal, lejos de ser conciliada, debe ser decisivamente derrotada. En Bolivia hoy en día, el llamado a favor de una asamblea constituyente representa una trampa contrarrevolucionaria a la que se debe oponer la lucha por una exitosa revolución obrera.

Lo que se necesita urgentemente es formar consejos obreros (como los soviets de las revoluciones rusas de 1905 y 1917). Estos consejos pueden agrupar a los pobres del campo y la ciudad, a los pueblos indígenas, a los jóvenes y mujeres oprimidos, a los soldados rasos que no están dispuestos a cumplir con las órdenes asesinas del cuerpo de oficiales burgueses. Con la febril agitación social, es preciso formar ahora consejos de  obreros, campesinos y soldados como un paso concreto para hacer avanzar la lucha y sacarla de este impasse. Aunque los “cachorros” de dinamita detonados en las manifestaciones hacen mucho ruido, no pueden verse como un sustituto de la necesidad de armar a la clase obrera: milicias obreras y campesinas son cruciales para defender a los trabajadores bolivianos hoy.

Para quitar los hidrocarburos de las garras capitalistas, lejos de confiar en los politiqueros parlamentarios ni en una nacionalización a la burguesa, la clase obrera “debe apoderarse de las instalaciones” petroleras, de gas y mineras, “imponiendo su expropiación sin indemnización y el control obrero por las bases de la producción y distribución”, como escribimos en 2003.

La única salida es un gobierno obrero, campesino e indígena basado en la democracia proletaria de los consejos obreros. “¡Obreros al poder!” puede trasformarse en Bolivia de una mera consigna a una realidad, sólo como parte de la lucha por una federación andina de repúblicas obreras, por una revolución socialista que se extienda también a los obreros de los centros imperialistas.

Amenazas golpistas de derecha y de “izquierda”

Minero de la mina de estaño Caracoles con cachorro de dinamita durante la protesta del 19 de mayo contra la ley de hidrocarburos. 
(Foto: David Mercado/Reuters)

Los rumores acerca de un golpe de estado se multiplican a cada hora, centrándose en la figura del senador derechista de Santa Cruz, Hormando Vaca Díez, quien de acuerdo con la constitución sucedería a Mesa si el presidente renuncia (justo como Mesa se colocó la banda tricolor presidencial cuando su ex jefe huyó a Miami). Pero ésta es sólo una de las variantes de los muchos escenarios de un posible golpe de estado en un país que ha sufrido tantos golpes militares que frecuentemente se le ha llamado “Golpilandia”. Durante casi dos décadas los liberales han sembrado la ilusión de que estos golpes son cosa del pasado, pero la función de las fuerzas armadas es precisamente usar la violencia organizada en defensa del poder y la riqueza de la clase dominante. No es por nada que en Bolivia el símbolo de la Policía Militar es un voraz perro de guardia que muestra amenazante los dientes.

Sin embargo, dirigentes obreros, campesinos y de organizaciones de “izquierda” siembran mortales ilusiones en los oficiales y la policía capitalistas. Evo Morales del MAS lanza demagógicos llamados para que el ejército y la policía ocupen los campos petroleros y de gas. Jaime Solares de la COB ha llamado en repetidas ocasiones a favor de una “alianza” con oficiales “patrióticos” del ejército, así como “un militar honesto como Hugo Chávez”. En discursos contra el referéndum del año pasado, Solares se regodeó de manera grotesca de sus contactos con generales que querían una línea más dura contra la “amenaza” de Chile (país ante el que Bolivia perdió su salida al mar hace 125 años en la Guerra del Pacífico).

La dirección de la Federación Minera también ha sembrado ilusiones suicidas en “militares patrióticos”, al alabar explícitamente a dos coroneles, Julio Herrera y Julio César Galindo, que lanzaron un pronunciamiento el 26 de mayo en el que proclamaba un “movimiento generacional” y se ofrecía dirigir una junta cívico-militar en la que “los oficiales jóvenes nos hagamos cargo del gobierno de este país”. El apoyo a un militar que “salve a la nación” es un viejo camino en América Latina que está cubierto de cadáveres de obreros y oprimidos. Hace poco en Ecuador, el ex coronel Lucio Gutiérrez utilizó la demagogia populista para engañar a la clase obrera, los campesinos y la izquierda, para luego volverse contra ellos al servicio de Washington y el Fondo Monetario Internacional, tal como la Liga por la IV Internacional advirtió que haría.

Dirigentes de la COB también anhelan un régimen como el del general Juan José Torres en 1970-71, cuando la izquierda y el movimiento obrero formaron una “Asamblea Popular” cuyas ilusiones en el populismo militar de Torres prepararon el camino para el sangriento golpe derechista de Hugo Banzer. Esta política de colaboración de clases se cristalizó en el “Frente Revolucionario Antiimperialista” (FRA) formado en el exilo por Torres y otros oficiales, junto con prácticamente toda la izquierda boliviana, en particular la principal organización que falsamente se describe como trotskista, el Partido Obrero Revolucionario (POR) de Guillermo Lora.

Hoy, portavoces del POR en la dirección del sindicato de maestros en La Paz advierten contra un golpe de estado y critican las ilusiones en una asamblea constituyente sembradas por la mayor parte de la izquierda reformista. Sin embargo, el POR se ha aferrado a la estrategia del FRA, afirmando incluso que este frente “puede englobar a la policía en su conjunto, como institución” y exigiendo “bolivianizar el ejército”.

Una organización centrista más pequeña que también se reclama del trotskismo es la Liga Obrera Revolucionaria-Cuarta Internacional (LOR-CI), que integra la Fracción Trotskista dirigida por el PTS argentino. La LOR-CI ha sembrado sus propias ilusiones en la posibilidad de que la policía haga un “compromiso a la defensa de los trabajadores y el pueblo” (Lucha Obrera, 24 de febrero de 2003).*  Su marca registrada, sin embargo, ha sido añadir el adjetivo “Revolucionaria” al llamado de Evo Morales a favor de una Asamblea Constituyente.

El fetichismo en torno a la asamblea constituyente es parte de la tradición de Nahuel Moreno, el seudotrotskista argentino del que se deriva la tendencia del PTS y la LOR-CI. En los años 80, Moreno se pronunció a favor de una “revolución democrática” en América Latina y de “nuevas revoluciones de febrero”, refiriéndose al derrocamiento del zar ruso en febrero de 1917. Los genuinos trotskistas luchamos por nuevas revoluciones de octubre.

En el período reciente, la LOR-CI ha puesto cada vez más énfasis en el llamado a favor de una Asamblea Popular. La palabra “popular” se elige siempre para enfatizar que el carácter de clase de estos cuerpos no sería proletario. Así, los estalinistas llamaron a su estrategia de colaboración de clases el Frente Popular; Salvador Allende denominó a su alianza con políticos burgueses y oficiales “constitucionalistas” la Unidad Popular (entre ellos un tal general Augusto Pinochet), y los reformistas en todo el mundo corean la consigna, “El pueblo unido jamás será vencido”, preparando de esa manera nuevas derrotas.

Marchistas bajan de El Alto a La Paz, el 30 de mayo. Gritan, “¡Fusil, metralla, El Alto no se calla!” La bandera exige, “¡Revolución Ahora!”
(Photo: Indymedia/Bolivia)

La principal lección de la Asamblea Popular boliviana de 1971 es justamente que ésta ató a los obreros a Torres, no haciendo nada para prepararlos contra el golpe de Banzer. Al nivel programático, esta traición fue preparada por las llamadas “Tesis Socialistas” aprobadas por la COB en 1970, que como parte de un acuerdo entre los estalinistas, el POR y otros, mezclaban frases izquierdistas con llamados a favor de un “frente popular antiimperialista”. Con todo, hoy la LOR-CI se pronuncia por un programa “apoyado en los mejores aportes de los documentos históricos de la COB, como la Tesis de Pulacayo y las Tesis Socialistas de 1970” (declaración de la LOR-CI, 21 de enero de 2005).

Más que en cualquier otro país de América Latina, el lenguaje político de Bolivia ha sido influido por lo que es ampliamente considerado como “trotskismo”, comenzando con la Tesis de Pulacayo escrita por el POR y aprobada por el sindicato minero en 1946. Esto ha sido tanto resultado de – y factor que ha contribuido a – la enorme combatividad mostrada por generaciones de obreros bolivianos. Sin embargo, en cada coyuntura crucial, quienes se presentan abanderados del trotskismo se han subordinado a políticos y militares nacionalistas burgueses. Esto es justo lo contrario del verdadero contenido del programa de Trotsky de la revolución permanente, que está diseñado para situaciones precisamente como la que hoy enfrenta Bolivia.

Como Trotsky concluyó a partir de la experiencia de las revoluciones en Rusia y China, los problemas fundamentales de un país semicolonial como Bolivia sólo pueden resolverse mediante una revolución en la que la clase obrera tome el poder, apoyada por el campesinado y la población urbana empobrecida. Sólo una revolución socialista puede romper la garra imperialista, resolver el problema de la tierra (incluyendo la expropiación de los latifundios en Santa Cruz, que dejó intactos la reforma agraria de la Revolución Nacional boliviana de 1952) y garantizar verdaderos derechos democráticos para los oprimidos, sobre todo, para la mayoría indígena boliviana. Como enfatizó Trotsky, esta revolución permanente debe abrir la vía para el genuino socialismo – una sociedad de abundancia sin clases – mediante su extensión a los centros industriales avanzados del capitalismo mundial.

La clave radica en construir un partido obrero auténticamente comunista para encabezar la lucha. Lo que se requiere para dirigir a las masas de trabajadores, campesinos y a todos los oprimidos a la victoria contra los peligrosos enemigos que los confrontan, no son unos militares populistas ni una asamblea “constituyente”, “constituyente revolucionaria” o “popular”, sino el poder revolucionario de clase de soviets y milicias obreras.  Esto implica librar una lucha política contra los dirigentes actuales, que buscan caminos siempre nuevos para promover el viejo nacionalismo burgués, aprovechándose del relativo aislamiento geográfico del país.       

Los obreros de Bolivia no están solos. Este nuevo levantamiento ocurre en el contexto de una creciente inestabilidad en América Latina. En Ecuador, el populista militar Lucio Gutiérrez es el más reciente de una serie de presidentes echados del poder en los últimos años. En Brasil, la colaboración de clases ha mostrado su bancarrota una vez más, ahora que el frente popular de Lula enfrenta un agudo rechazo entre la clase obrera. Perú se ha visto estremecido por una serie de rebeliones locales. Acciones obreras y crisis políticas han sacudido a México. En Estados Unidos, donde los obreros enfrentan el represivo “frente interno” de la guerra imperialista contra Irak, un dinámico y creciente sector de la clase obrera, el de los trabajadores inmigrantes, forma un “puente humano” con las convulsiones sociales de América Latina. Únicamente una perspectiva internacionalista para la extensión de la revolución por toda América, al norte y al sur, y al resto del mundo, puede confrontar el peligro de una intervención imperialista que enfrentaría toda auténtica revolución.

La revolución socialista internacional era el programa de los bolcheviques de Lenin, que dirigieron a los obreros rusos a la toma del poder bajo la consigna de “¡Todo el poder a los soviets!” Con el Ejército Rojo encabezado por León Trotsky, derrotaron la intervención imperialista de 14 potencias capitalistas. Este programa fue defendido por la IV Internacional de Trotsky, que hoy luchamos por reforjar.

Al dejar La Paz en octubre de 2003, los mineros bolivianos gritaban “¡Volveremos!”, diciendo que “si hay que derrocar, nos llaman”. Los analistas superficiales que dieron por extinguido el poder de los mineros, se han equivocado de nuevo. Ahora han vuelto los mineros, y va en serio. Ya es hora de construir la dirección revolucionaria, el verdadero partido bolchevique trotskista, que es la clave para que logren la victoria a la cabeza de los heroicos obreros y campesinos de Bolivia. n