El bombardeo aéreo del palacio de La Moneda, 11 de septiembre de 1973, durante el golpe militar que derrocó al gobierno de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende. ¿Se piensa echar a la tutela militar y la constitución de “democracia vigilada” escrita por la Junta Militar mediante un simple plebiscito o voto en una asamblea constituyente? Pura ilusión. Será necesaria la revolución obrera. (Foto: AP)

Desde los tiempos del movimiento de Reforma Universitaria que nació en Córdoba, Argentina, en 1918, las luchas estudiantiles en América Latina han estado íntimamente ligadas a los movimientos sociales por la emancipación general y a las luchas obreras. Los estudiantes cordobeses habían sido influidos parcialmente por los vientos liberadores de la Revolución Bolchevique en Rusia, y sólo consiguieron la autonomía universitaria y su participación en el co-gobierno de la institución mediante una huelga general local. Pero los jóvenes rebeldes confiaron en el presidente radical Hipólito Yrigoyen, y el auge de la reacción luego de la Semana Trágica de enero de 1919, cuando el ejército bajo Yrigoyen fusiló a más de mil obreros revolucionarios, socavó sus conquistas. Varios fundadores del comunismo latinoamericano, como José Carlos Mariátegui en el Perú y Julio Antonio Mella en Cuba, comenzaron sus carreras políticas luchando por la reforma universitaria. Insistieron en que para realizar los principios enunciados en 1918, era necesaria la toma de poder por la clase obrera y una revolución socialista que sentara las bases económicas y sociales para una real democratización de la educación.

Así, una lección fundamental que hay que sacar de la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México [de 1999-2000] es la imperiosa necesidad de luchar por la independencia de clase con respecto a todos los partidos y políticos burgueses. El apoyo de un sector de los huelguistas de la UNAM al frente popular alrededor del Partido de la Revolución Democrática debilitó la lucha. El PRD fustigó a los “ultras” y “megaultras” y buscó organizar esquiroles. El gobierno perredista del Distrito Federal envió a sus granaderos (policías antimotines) para ayudar a la PFP a realizar los arrestos masivos que finalizaron la huelga. Esto después de que los gobernantes perredistas del D.F. enviaran a la policía a arremeter directamente en contra de los huelguistas el 11 de diciembre de 1999, cuando a petición expresa de la embajada norteamericana la policía capitalina atacó una manifestación que protestaba contra la represión que se había lanzado contra los manifestantes altermundistas en Seattle y que exigía la liberación de Mumia Abu-Jamal.

Manifestación de solidaridad con los estudiantes chilenos frente a las Naciones Unidas, 22 de septiembre.

En Chile, los estudiantes se han aliado con la Concertación (DC, PS y satélites), mientras ésta sólo finge apoyar el movimiento. El PCCh y otros grupos de izquierda (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, PC-AP) compiten en las elecciones bajo otro rótulo, de la coalición Juntos Podemos Más, que es tan solo un mini frente popular con sectores burgueses minoritarios como el Partido Radical e Izquierda Cristiana, que también integraron la UP de Allende. De hecho, el eje de un programa revolucionario para ganar la actual lucha por la educación pública gratuita es de sacar las lecciones de la experiencia de la UP y el gobierno de Allende en la anterior batalla por Chile.

El más importante de los factores que llevó a la derrota a manos de los esbirros pinochetistas no fue tanto que el pueblo trabajador no tuviera armas, aunque este hecho sí tuvo consecuencias nefastas, sino que los trabajadores se encontraban políticamente desarmados. No sólo el PS y el PCCh, sino también el MIR, el MAPU y sectores de izquierda del PS (influyentes en los cordones industriales) se aferraron hasta el final a la política de frente popular, con lo que encadenaron el movimiento obrero (y también a los campesinos, pobladores, estudiantes, etc.) a alianzas con sectores burgueses, ya fuera directamente, o mediante el voto por partidos que formaban parte de la UP, como hizo el MIR en las elecciones de marzo del 73. Para poder vencer a la contrarrevolución auspiciada (y financiada) por el imperialismo yanqui, era imprescindible romper tajantemente con todos los partidos de la UP y su engañosa promesa de “poder popular”, y luchar directamente por la revolución obrera.

Un grupo chileno de izquierda que critica el frentepopulismo es el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), que forma parte de la Fracción Trotskista (FT) liderada por el PTS argentino (Partido de Trabajadores Socialistas) y que publica la revista Clase contra Clase. El PTR ha criticado al PC por sus claudicaciones, notablemente por no insistir en que la reivindicación de la educación pública sea el “piso mínimo”, en lugar de tener la gratuidad como “perspectiva” lejana. Contra el vituperio en la prensa burguesa sobre los “encapuchados” y las quejas de los “moderados” del PC y la Concertación contra las pedradas, el PTR defiende a los jóvenes que han luchado en las calles en contra de los intentos de los carabineros de impedir brutalmente las marchas “no autorizadas”. Sin embargo, en un marco más amplio, el PTR comparte el enfoque “democraticista” de los reformistas. En el último número de su periódico Clase contra Clase (N° 168, 28 de agosto) y varios artículos aparecidos en el periódico del PTS, La Verdad Obrera, destaca como su “programa máximo” en esta lucha la consigna por “una Asamblea Constituyente Libre y Soberana” para sustituir la constitución pinochetista.

Con diferentes formulaciones, la consigna de una asamblea constituyente también es defendida por el PCCh, el MIR y casi todos los grupos de la “extrema” izquierda. Enre ellos se cuenta el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), una sección simpatizante de la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT), la principal representante de la corriente timoneada durante años por el fallecido dirigente seudotrotskista argentino Nahuel Moreno. La FT también tiene su origen en el morenismo, aunque ha llegado a criticar a su maestro luego de su ruptura con la LIT en 1989, poco después de la muerte de Moreno. Pero en el fondo y en la práctica, la LIT/PRT y  la FT/PTR tienen una misma política “democrática” y seguidista de direcciones no proletarias. Así lo evidencia en meses recientes el apoyo que ambas organizaciones han dado a los “rebeldes” libios que pedían la intervención del imperialismo occidental para derrocar al régimen nacionalista bonapartista de Gadafi. Con esto pusieron su granito de arena para allanar la vía a los bombardeos de la OTAN, que luego criticaron sin referirse a su propia responsabilidad. Llama la atención también que tras el terremoto de enero de 2010 en Haití, el PTR llamó por la retirada de las tropas norteamericanas de la isla caribeña, pero no del contingente de casi 500 soldados chilenos que forma parte de la mercenaria ocupación imperialista bajo el rótulo de la ONU.

En muchos países de América Latina impera desde hace mucho la recortada “democracia” burguesa en la que los cargos elegibles se ponen a la venta cada tantos años y se entregan al mejor postor en comicios dominados por el dinero (destinado a los spots televisivos, a la compra de votos, etc.). En Chile, aunque terminó la dictadura en 1990 con la salida de Pinochet, la democracia capitalista sigue siendo “vigilada” por los militares. Los mandos castrenses, exentos de un control civil efectivo, ejercen un fuerte tutelaje sobre las acciones de las autoridades elegidas. Esta posición privilegiada está plasmada en la constitución promulgada por el dictador en 1980 y enmendada en 1990 y 2005. Para poner fin a este esquema bonapartista será necesario mucho más que un plebiscito o que la elección de una constituyente, por muy libre y soberana que se proclame. Superar esta “democracia” bajo tutela militar exige nada menos que una revolución social que expropie el capital y destruya el poder de sus institutos armados. Y eso no lo dice el PTR, aun si a veces habla de basar una constituyente en la movilización. Tampoco lo dicen el PRT, el PCCh ni los estalinistas “duros” que también abogan por una constituyente.

En medio de una lucha por derechos democráticos, como la educación pública y gratuita para todos, llamar por una asamblea constituyente revolucionaria, puede servir como un elemento subordinado del programa por la toma de poder por el proletariado chileno, mediante sus propios órganos de dominio de clase, es decir consejos obreros como los soviets rusos, y la extensión de la revolución socialista al resto del Cono Sur y el hemisferio entero, hasta el centro del imperialismo norteamericano. En cambio, la presentación de la consigna de una constituyente como un ejercicio de democracia electoral, como hacen los reformistas del PC  y los centristas seudotrotskistas del PTR/FT, alienta las mismas ilusiones que la ilusoria “vía parlamentaria” a la revolución promovida por Allende y sus compañeros del PCCh y PS, con las consecuencias funestas que todos conocemos. Para visualizar esto en más detalle, basta considerar en qué consisten los amarres de la actual constitución pinochetista que habrá que romper.

En primer lugar está el Consejo Nacional de Seguridad (Cosena), creado por la Constitución de 1980 para vigilar a la presidencia, la legislatura y los tribunales. Aunque ya no tiene más una mayoría castrense automática (de los jefes del ejército, armada, fuerza aérea y carabineros) y ahora su tarea es “asesorar” al presidente en materia de seguridad nacional, se agrega: y de “ejercer las demás funciones que esta Constitución le encomienda”. Resulta que, según la Ley Orgánica Constitucional N° 18.415, una de dichas facultades de la Cosena consiste en autorizar la declaración de un estado de sitio por el presidente sin la aprobación del Congreso –cosa de no menor importancia. Luego está la gran autonomía de las fuerzas armadas con respecto al control civil. En un caso único en el hemisferio, el presidente chileno no es comandante en jefe de las FF.AA. sino sólo en caso de guerra. El mandatario puede nombrar a los jefes de las cuatro fuerzas armadas y de orden y seguridad, pero sólo escogiendo entre los cinco oficiales generales de mayor grado. La incorporación de personal a FF.AA. y Carabineros “sólo podrá hacerse a través de sus propias escuelas”. Y según Ley Orgánica Constitucional los nombramientos, ascensos y retiros de oficiales sólo pueden efectuarse a través del ministro de defensa según las normas internas.

¿El pueblo unido jamás será vencido? Esta consigna del frente popular es falsa hasta la médula. Los trabajadores, “unidos” con sus enemigos de clase, fueron derrotados en Chile. Arriba: el general Augusto Pinochet junto con el presidente Salvador Allende, el 23 de agosto de 1973. Pinochet, reputado oficial “constitucionalista”, orquestró el golpe desde el poder que le dio la UP. (Foto: AP)

Otro aspecto tiene que ver con el financiamiento de las fuerzas militares. Bajo Pinochet, casi todas las empresas estatales fueron privatizadas, menos una: Codelco. Se mantuvo la nacionalización de las minas de cobre efectuada por el gobierno de la Unidad Popular en 1971, aunque otorgaron concesiones a contratistas privados para la producción. ¿Por qué esta excepción? ¿Podría ser porque según la Ley Reservada del Cobre, 10 por ciento de las ventas de cobre está destinado a comprar armas para los militares? Éstas no son cuestiones de importancia secundaria. Los incisos constitucionales sobre el ordenamiento de los institutos armados son casi idénticos a los contenidos en el Estatuto de Garantías Constitucionales que se obligó a Salvador Allende firmar en octubre de 1970 como condición previa para ser confirmado como presidente. Como se señaló en ese entonces, tales estipulaciones garantizaron la independencia de las fuerzas militares y policiales, la espina dorsal del estado capitalista, frente a toda “intromisión” por parte de las autoridades elegidas.^[1] Esto fue esencial en la futura preparación del golpe de estado de 1973. Hoy también, los militares defenderán sus prebendas y su intocabilidad con uñas y dientes (y metrallas y tanques) ante cualquier intento de tocarlas, por muy democrático que sea.

Hay muchos otros aspectos antidemocráticos de la Constitución vigente: prohíbe el derecho de huelga para funcionarios del estado o de las municipalidades, o trabajadores que proveen “servicios de utilidad pública”. Sanciona a asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos que realicen actividades propias de partidos políticos sin ajustarse a las normas que los regulan, como por ejemplo entregar la nómina de sus miembros ante instancias del gobierno. Prohíbe a “asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado”. Prohíbe a sindicatos participar en “actividades político partidistas”, y no permite que los que tienen cargos gremiales de dirección puedan también tener cargos directivos en partidos políticos. Un artículo constitucional contra el terrorismo ha sido utilizado contra indígenas mapuches que luchan por su tierra. El presidente puede no solamente declarar estados de excepción sino también emitir “decretos con fuerza de ley” sobre toda una serie de asuntos, por ejemplo la educación, sin aprobación del Congreso. Sin duda, una lucha por los derechos democráticos tendría que echar a la basura esta constitución autoritaria. Pero, ¿cómo?

En años recientes, muchas corrientes de izquierda han sustituido sus anteriores pretensiones socialistas y comunistas por un programa democrático. Tanto partidos socialdemócratas y ex estalinistas como pequeños grupos que se reclaman del trotskismo han hecho de la consigna de una asamblea constituyente su marca registrada. En muchos casos, como en Oaxaca en 2006, han propuesto la realización de asambleas constituyentes en condiciones en las que eso sólo serviría para desviar a las masas de la lucha por la revolución obrera. Al mismo tiempo, políticos burgueses como Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador pretenden “refundar” sus países mediante constituyentes mientras reprimen a los obreros, campesinos e indígenas que los eligieron (ver “El trotskismo versus la manía por asambleas constituyentes por doquier”, El Internacionalista N° 7, mayo de 2009). En el caso chileno, donde las instituciones del estado conservan todavía rasgos importantes del régimen bonapartista, del dominio militar-policíaco, la consigna de una asamblea constituyente puede  tener un valor táctico, pero sólo en el marco de la lucha por la revolución socialista.^[2]

Para que fuera efectiva como instrumento para fortalecer la lucha por la educación pública gratuita y sirva para elevar la conciencia revolucionaria de los luchadores, es necesario precisar por qué se requiere de una asamblea constituyente y qué tareas tendría que realizar. Eso no lo dicen ni el PC, ni el PTR, PRT ni otros grupos de izquierda que plantean la consigna. En primer lugar, habría que eliminar el artículo constitucional que bajo el engañoso lema de “libertad de enseñanza” establece la “libertad” de empresas capitalistas de fundar escuelas y que sirve de base para la Ley General de Educación y el DFL N° 2 de 2010 que prohíbe la participación de estudiantes en el gobierno de establecimientos educacionales. En su lugar se debería establecer la expropiación de universidades, escuelas e institutos privados, y el gobierno tripartito ejercido por consejos de estudiantes, docentes y trabajadores en todos los niveles de educación. Asimismo, se  debería derogar todas las prohibiciones y regulaciones de actividad política de sindicatos obreros y todo control estatal sobre asociaciones políticas.

En el ámbito militar, evidentemente habrá que abolir el Consejo Nacional de Seguridad y derogar cualquier traba al control civil sobre los institutos castrenses. Pero ¿qué ponemos en su lugar? ¿Un reglamento típico de las relaciones cívico-militares en “democracias” occidentales? Sería una traición de todo principio socialista: se trata de las fuerzas represoras del estado capitalista. No: los revolucionarios abogaríamos por la disolución total de las fuerzas armadas y policiales, y su sustitución por una milicia popular basada en las organizaciones de masas de los trabajadores, de los pobladores, y los pueblos indígenas. La mera enumeración de estas elementales medidas que tendría que implementar una verdadera constituyente hace patente que los milicos jamás la aceptarían. Y no hablamos todavía de la formación de milicias obreras ni de los juicios por tribunales populares de los militares, fascistas y políticos burgueses por sus crimines en el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 y los años de la dictadura pinochetista. Es evidente que para realizar una asamblea constituyente democrática se necesita una revolución que derroque el dominio del capital y barra con sus perros guardianes. ■