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junio de 2005  

Mito y realidad

El Alto y la “Asamblea Popular”


Los trabajadores mineros marchan en La Paz, el 8 de junio. Los mineros constituyen un sector clave
 del proletariado boliviano. Urge forjar una dirección revolucionaria. 
(Foto: El Internacionalista)

Este informe en directo de El Alto aborda la cuestión de la Asamblea Popular Nacional Originaria (APNO) formada por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y vecinales en el punto álgido de las masivas  manifestaciones, huelgas y bloqueos carreteros que derribaron al presidente Carlos Mesa.

EL ALTO, Bolivia – La Asamblea Popular Nacional Originaria (APNO) se reunió la tarde del 10 de junio en la sede de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, a unas cuantas cuadras de La Ceja, donde comienza la carretera hacia La Paz. La reunión se realizó una noche después de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, rindiera protesta como presidente interino de Bolivia, al final de un día en que el país entero estuvo convulsionado por protestas y movimientos de tropas (ver “Bolivia estuvo ‘al borde de la guerra civil’”).

El 9 de junio, mineros y campesinos bloquearon el intento del derechista presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, de asumir la presidencia. Sin embargo, la instalación en el Palacio Quemado del presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, no representa ninguna victoria para los obreros, muy al contrario. Como su antecesor Carlos Mesa, el nuevo presidente ha recibido el respaldo de las fuerzas armadas, la embajada de EE.UU., así como del más prominente dirigente de “izquierda”, Evo Morales, dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), partido basado en el campesinado. Mesa renunció 19 meses después de haber sustituido a Gonzalo Sánchez de Lozada (“Goni”), cuya masacre de manifestantes en El Alto no logró aplastar las protestas masivas durante la “guerra del gas” de octubre de 2003.

La Asamblea Popular fue calificada por varios grupos de revolucionarios autoproclamados como el nacimiento de un nuevo cuerpo de tipo soviético. Efectivamente, la resolución de fundación de la asamblea del 8 de junio, proclama a El Alto como el “cuartel general de la revolución boliviana”. Sin embargo, detrás de la retórica, la realidad es bien distinta. La APNO no es un órgano centralizado de poder dual, que de hecho no existe actualmente a pesar de la considerable movilización masiva de los días recientes, sino más bien lo que hemos llamado “un cártel de direcciones de distintas organizaciones cuya evolución futura sigue siendo incierta”. De hecho, la reunión del 10 de junio de la Asamblea Popular, la tercera a celebrarse, ha sido también la última hasta el momento.

La reunión de la APNO tuvo lugar justo después de plenarios de la Central Obrera Regional (COR), cuyas oficinas están a un lado, y de la Central Obrera Boliviana (COB). Para cuando se estaban llevando a cabo estas reuniones, los bloqueos carreteros ya se estaban levantando en todo el país. En El Alto, movilidades y microbuses transitaban hacia y desde La Paz. Crecía la presión para finalizar con el bloqueo de los manifestantes a la distribución de garrafas de gas líquido de petróleo utilizados para la calefacción y la cocina. Con la ayuda del MAS, la Iglesia Católica y las autoridades locales como los alcaldes de El Alto y La Paz, la clase dominante y sus medios de comunicación estaban presionando duro para desmovilizar las protestas.


Marchistas descienden de El Alto a la hoyada de la capital boliviana de La Paz, el 8 de junio.
(Foto: AP)

I. La Fejuve, la COR y la clase obrera de El Alto

Antes de describir las reuniones mismas, es importante tener una idea clara de las fuerzas sociales y políticas que existen en El Alto tal como se reflejan en la Asamblea Popular.

La prensa internacional describe frecuentemente a El Alto como una enorme  villa miseria. Ciertamente, los residentes de las favelas brasileñas, los 2.5 millones de habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl en las afueras del Distrito Federal en México, o los pobladores de las villas miseria de Lima y Santiago reconocerían de inmediato la pobreza aquí en el altiplano andino. A falta de muchos servicios básicos, las aguas negras corren por algunas calles centrales cercanas a La Ceja, mientras los perros deambulan entre montones de basura.

Desde la formación de El Alto, su población ha tenido que luchar por vivienda, transporte y educación. Un ejemplo reciente de ello fue la dura lucha para establecer la Universidad Pública de El Alto (UPEA), cuyos estudiantes, profesores y trabajadores han jugado un papel prominente en las actuales protestas, tal como hicieron también en octubre de 2003.

La discriminación racista es parte de la vida diaria de muchos alteños. Lujosas colonias al sur de La Paz dependen de esta ciudad predominantemente aymara para conseguir trabajadoras domésticas, cocineras y jornaleros, a los que tratan con un inveterado racismo y que tildan de “revoltosos” cuando protestan.

Estas condiciones han alimentado una perspectiva radical-plebeya entre amplios estratos de la población. Muchas asociaciones vecinales (tanto en El Alto como en los distritos más pobres de La Paz) despliegan mantas en las que se exige la nacionalización de los hidrocarburos y se denuncia a las compañías “multinacionales” como los cárteles del gas y la empresa de propiedad francesa Aguas de Illimani, que buscó enriquecerse de la privatización del agua. En las masivas manifestaciones, los vecinos corean frecuentemente que todos los miembros del Congreso deben renunciar o, de lo contrario, que deben ser echados.

Sin embargo, cuando el nuevo presidente Rodríguez asumió el puesto, la Fejuve, dirigida por Abel Mamani, se vio cada vez más dividida. Aunque denunciaban la “traición” de Evo Morales, sus portavoces estaban siguiendo sus pasos. Junto con la COR, la Fejuve siguió lanzando declaraciones radicales, al mismo tiempo que se preparaba para buscar nuevos acuerdos con el presidente flamante.

Contingente de la Central Obrera Regional (COR) marcha en La Paz, el 31 de mayo: El Alto de pie, nunca de rodillas.
(Foto: Indymedia Bolivia

Fue el ex dirigente de la COR, Roberto de la Cruz, que marcó la pauta en octubre de 2003. De la Cruz era descrito en los medios burgueses como un agitador exaltado, a la par que varios periódicos de la izquierda oportunista lo ensalzaban. Sin embargo, un día después de que Carlos Mesa (vicepresidente del odiado Goni) asumiera la presidencia, De la Cruz se reunió con él y acordó una “tregua”, descarrilando el levantamiento de octubre.

Como escribimos en ese entonces, De la Cruz y los otros dirigentes vendieron a los obreros e indígenas (ver “Bolivia: levantamiento obrero apuñalado, los trabajadores todavía en pie de lucha” en El Internacionalista N° 4, mayo de 2004). Esta traición sirvió a De la Cruz de entrada en la política burguesa: cuando terminó su período como dirigente de la COR, fue elegido al concejo de El Alto como jefe de su propio partido político, el M-17 (Movimiento 17 de Octubre). Aunque el ex dirigente de la COR hoy es ampliamente calificado como oportunista, su sucesor Edgar Patana ha mostrado que está cortado a la misma medida.

La política oportunista de la Fejuve corresponde a su base social: está dominada por los “cuentapropistas” (trabajadores por cuenta propia), pequeños comerciantes que controlan el negocio al detalle en este importante centro comercial. Es importante señalar que éste es también el caso de la COR: el sector más vociferante, numeroso e influyente de la Central Obrera Regional es el de los gremiales, que incluye tanto a empobrecidos vendedores callejeros, como a propietarios de pequeños almacenes.

Siguiendo a la cola de los dirigentes de la Fejuve y de intelectuales de clase media que teorizan acerca de una respuesta “democrática, no clasista” a la opresión secular de la mayoría indígena de Bolivia, muchos izquierdistas hablan en nombre del “pueblo” en general. Algunos hasta afirman que “no hay clase obrera” aquí. Nada de eso.

El Alto es una ciudad industrial. Según cifras oficiales, cuenta con más de 5.000 empresas industriales, que van desde microempresas hasta grandes plantas de gas, productos textiles, cuero, alimentos, papel, cemento y farmacéuticas. La COR misma incluye a una amplia gama de obreros, entre los que se destacan los de la planta de gas YPFB de Senkata, los carniceros (El Alto procesa mucha de la carne que se comercializa en la región) y otros trabajadores de la industria alimenticia, textil y del vestido, empleados de COTEL y de la compañía de telefonía celular, empleados municipales y hasta sindicatos de limpiabotas y vendedores de helados. Además, varios miles de mineros “relocalizados” viven en la ciudad, particularmente en los distritos de Santiago I, Santiago II y Ciudad Satélite. Su asociación está afiliada a la COR, y jugaron un importante papel en el levantamiento de octubre de 2003.

Están también los obreros que pertenecen a la Federación de Fabriles, buena parte de cuya dirección apoyaba históricamente las posiciones del Partido Comunista de Bolivia (PCB, el principal partido estalinista) y que está afiliada a la COB, pero no a la COR. Entre los miembros de la Federación se encuentran los obreros de las plantas embotelladoras de Coca-Cola y Pepsi-Cola, así como los de la fábrica Pil de productos lácteos; Cementos Viacha, el conglomerado textil Hilasa, Polar y otras plantas textiles que se extienden a lo largo de la autopista hacia Viacha; la planta de productos cárnicos Stege, Vultexiber, Faderpa, Hilpaz y otras en la carretera hacia la ciudad minera de Oruro. La Federación incluye también a los 1.500 empleados de la planta Matex (que confecciona ropa para la marca Polo destinada al mercado norteamericano), a los trabajadores de la Cervecería Nacional, de las farmacéuticas Vita e Inti, y de muchas otras.

Sin embargo, la mayor parte del proletariado alteño y paceño no está sindicalizado. Esto se debe, en parte, al infame Decreto 21060. Esta ley, promulgada hace 20 años cuando Goni era ministro en el gobierno del envejecido y tristemente célebre caudillo nacionalista Víctor Paz Estenssoro, es mejor conocida por haber cerrado las minas de estaño nacionalizadas en la Revolución Boliviana de 1952, echando a los mineros del trabajo para “relocalizarlos” en lugares como El Alto. El decreto 21060 incluye también reglamentaciones (como el artículo 55) que permiten a la “empresa privada” despedir trabajadores por cualquier clase de ausentismo – como huelgas, por ejemplo.

A diferencia de los mineros, los trabajadores fabriles han tenido una escasa presencia organizada en las recientes protestas masivas. Una dirección revolucionaria, en cambio, habría aprovechado el actual período de movilizaciones para organizar a los no sindicalizados, no sólo en sindicatos (que frecuentemente hacen caso omiso de los sectores más vulnerables y sobreexplotados), sino también en comités de fábrica y consejos obreros. Esta tarea no puede ser llevada a cabo por dirigentes sindicales y de izquierda que intencionadamente disuelven al proletariado en la sopa nacional-populista del “pueblo” en general.

Como frecuentemente enfatizaron Lenin y Trotsky, la clase obrera puede ganarse a las masas empobrecidas no proletarias únicamente si presenta su propio programa de clase y su dirección revolucionaria, mostrando así una clara salida de las catástrofes ocasionadas por el sistema capitalista.

Esto quedó de manifiesto una vez más en el contexto boliviano cuando la Fejuve y la COR bloquearon el intento de establecer un control obrero de la distribución de gas. La propuesta provino de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB, la columna vertebral histórica del movimiento obrero boliviano), que la presentó en la recién formada Asamblea Popular a la hora en que la burguesía estaba presionando fuertemente para aislar a El Alto y polarizar a los residentes de La Paz, incluidos los de los barrios pobres, contra las protestas de masas que bloqueaban el aprovisionamiento de la ciudad.

La FSTMB propuso despachar camiones con gas acompañados por mineros, trabajadores en huelga de la planta engarrafadora de Senkata y representantes de las organizaciones vecinales para controlar la distribución del combustible en barrios pobres, hospitales y clínicas, bloqueando a la vez los suministros a las grandes compañías y la burguesía. Esto pudo haber mostrado el poder y la capacidad organizativa de la clase obrera cuando ésta actúa en el interés de todos los oprimidos, en contraposición a la venalidad e incapacidad de la clase dominante y su gobierno. Si la propuesta de los mineros hubiera sido puesta en práctica, habría resultado en un verdadero elemento de poder dual.

Pero no ocurrió así. Los dirigentes de la Fejuve y la COR cubrieron su flanco izquierdo con la retórica ofrecida particularmente por organizaciones supuestamente trotskistas de Bolivia, declarando que la Asamblea era un “contragobierno”. Pero al miso tiempo, con su horizonte limitado a una huelga y a llevar a cabo bloqueos carreteros cuando lo que se necesitaba era una lucha por el poder obrero, impidieron que esta medida concreta se implementara, ayudando así a la burguesía a salir de la crisis.

El sabotaje de la propuesta a favor de la distribución de gas bajo control obrero fue el preludio para que los dirigentes “populares” desmovilizaran a las masas para así ayudar a instalar a Eduardo Rodríguez en la presidencia. A pesar de su aspecto tibio, no es un secreto para nadie que este “Harvard Boy” es un enemigo jurado de los obreros, campesinos y pueblos indígenas de este país, y un amigo, abogado y consejero de aquellos (como la embajada de EE.UU. y los consorcios mineros de Goni) que los han oprimido y explotado desde tiempos inmemoriales.

2. La COR promete “seguir con la lucha”

La Asamblea Popular Nacional Originaria fue fundada por la COB (y encabezada por el dirigente cobista Jaime Solares), la COR y la Fejuve de El Alto, la FSTMB, los sindicatos de maestros urbanos y rurales del departamento de La Paz, la Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari-Bartolina Sisa del departamento de La Paz, estudiantes y sindicalistas de las universidades de La Paz (UMSA) y El Alto (UPEA), trabajadores de la salud, una asociación de desempleados, entre otras. Numéricamente, estaba dominada por los gremiales de la Fejuve y la COR.

Edgar Patana, dirigente de la Central Obrera Regional (COR), en la tribuna de la reunión de la Asamblea Popular, el 10 de junio. A la derecha, Jaime Solares, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB).
(Foto: El Internacionalista)

Cuando advertimos que el nombre de Asamblea “Popular” quería decir que no tenía un carácter de clase proletario, miembros de organizaciones supuestamente marxistas aquí dijeron que se trataba de una mera disputa por palabras. El curso de los acontecimientos ha mostrado que, lejos de ser una cuestión semántica, se trata de un problema político, de una cuestión de clase, tal como en el caso de la Asamblea Popular de 1971 sobre cuyo ejemplo la APNO se modeló y que se valió de unas “tesis socialistas” para sembrar ilusiones mortales acerca del general populista J.J. Torres.

Aún más peligroso que esta retórica de colaboración de clases de “poder popular” es el hecho que hemos señalado con insistencia de que Solares y varios otros dirigentes de la COB y de la COR han estado usando el lenguaje del nacionalismo populista (y el chovinismo antichileno) para pedir a los oficiales del ejército que formen un “gobierno cívico-militar” (ver abajo, “Jaime Solares, dirigente de la COB, pidió un régimen ‘cívico-militar’”).

El 10 de junio, la COR de El Alto se reunió inmediatamente antes de que lo hiciera la Asamblea Popular. El plenario de la COR se llevó a cabo en la pequeña sala de reuniones en las oficinas de esta federación sindical local, repleta con gremiales, hombres y mujeres, así como representantes de trabajadores de las telecomunicaciones, la construcción y otros. La reunión aprobó “rechazar” al nuevo presidente, afirmando que el ascenso al poder de Rodríguez no cambiaba nada y señalando sus vínculos con Goni, así como el hecho de que había sido asesor de la embajada estadounidense. Un obrero dijo: “Que cambien el presidente a diario, no nos importa.”

La reunión aprobó declarar “a Evo Morales, al MAS, traidores de la lucha de los trabajadores, que sólo buscan cuidar sus pegas [puestos], sus cupos, embolsillando dineros de las transnacionales petroleras”. Algunos oradores denunciaron el “oportunismo” del ex dirigente de la COR Roberto de la Cruz, quien subsecuentemente declaró en el diario derechista La Razón que las protestas de El Alto estaban dañando “al pueblo”.

Otras resoluciones de la COR se pronunciaban a favor de que Carlos Mesa y los dirigentes derechistas del Congreso Hormando Vaca Díez y Mario Cossío fueran sometidos a  “juicio de responsabilidades” por “el asesinato del compañero minero Juan Carlos Coro Mayta, luchador por la nacionalización de los hidrocarburos”; denunciaban también al alcalde de El Alto José Luis Paredes – quien había despotricado contra las protestas calificándolas como “salvajes” – así como a la ONG (organización “no gubernamental”) “Iniciativas Democráticas por desarticular las movilizaciones de los alteños con recursos de la agencia de cooperación de los Estaods Unidos, USAID”. (USAID es un conocido conducto de la CIA.) Tanto Paredes como su “ONG” recibieron un plazo de 72 horas para “dejar la ciudad de El Alto”.

La COR se pronunció a favor de consolidar el “poder popular” y “sustentar la Asamblea Popular Nacional Originaria conformando un programa, comités de autodefensa, de abastecimiento, prensa y política, con la participación de delegados de base de diferentes organizaciones vivas, sindicales, cívicas y patrióticas”. Se incorporó una enmienda para advertir que “en la dirección no se admitan oportunistas, traidores ni militantes de los partidos neoliberales” (como los que respaldaron a Goni).

El final de la reunión de la COR estuvo dedicado a la lectura y a la discusión de una carta del recién instalado presidente Eduardo Rodríguez, enviada a la COR, la Fejuve y otras organizaciones, en la que les pedía reunirse con ellas en el palacio presidencial para discutir una “tregua”. La reunión decidió rechazar la invitación al palacio, pero invitó en cambio a Rodríguez a que fuera a El Alto para “que vea las cosas por sí mismo”. Esto sentó las bases para que los dirigentes de El Alto llegaran a un acuerdo con el nuevo presidente.

3. La Asamblea Popular Nacional Originaria: “¡somos gobierno!”

La “APNO” se reunió en un gran salón en la planta baja del edificio de la Fejuve. Aunque varias organizaciones sindicales y de izquierda habían dicho que la APNO debía basarse en delegados elegidos y revocables, la realidad era que casi todos los ahí presentes, o bien lo eran en cuanto dirigentes de sus diversas organizaciones, o porque se habían autoseleccionado como delegados, o simplemente porque hicieron acto de presencia. De las entre 120 y 150 personas que asistieron a la reunión del 10 de junio, casi la mitad eran campesinos. Los obreros de la planta de gas de Senkata, que habían estado en huelga y habían participado en las sesiones previas de la APNO, no estaban presentes.

Campesinos en el plenario de la Asamblea Popular Nacional Originaria (APNO) en El Alto, el 10 de junio.
(Foto: El Internacionalista)

Jaime Solares de la COB abrió la sesión al afirmar que la tarea principal consistía en consolidar la Asamblea Popular. El dirigente de la COR Edgar Patana informó de la decisión de su federación de censurar a Evo Morales y al MAS por abandonar la lucha, y de continuar con la lucha “intransigente e inflexible” por la nacionalización de los hidrocarburos. Informó también de la decisión de la COR de aceptar la invitación del presidente Rodríguez para reunirse, a condición de que la reunión se efectuara en El Alto.

El dirigente de la Fejuve Abel Mamani dio el discurso más abiertamente “moderado”, declarando con un tono lento y sombrío que la Fejuve había decidido seguir con las movilizaciones, aunque “existe en nuestros vecinos mucho desánimo...en muchas organizaciones hasta que han levantado las medidas” sin consultar a la Fejuve. Mamani señaló que una peligrosa división podría suscitarse entre las poblaciones de El Alto y La Paz, a raíz del escándolo montado por los medios y el gobierno sobre la falta de gas en los hospitales y las clínicas; juzgó necesario proveer gas a hospitales y clínicas, de lo contrario eso iba a ser usado contra los manifestantes. Después de tres semanas de huelgas y bloqueos, los miembros de muchas asociaciones vecinales estaban “pidiendo una tregua para reabastecer”.

Un representante de la Federación de Campesinos informó que un cabildo celebrado más temprano ese mismo día en la Plaza San Francisco en La Paz había aprobado no dar marcha atrás “ni un milímetro” en la lucha por la nacionalización, de modo que los bloqueos carreteros no sólo no iban a ser levantados, sino que se los iba a fortalecer, agregando que la instalación de un nuevo presidente no resolvía nada. Finalmente, apelaba al dirigente de la Fejuve, Mamani, diciendo que “como ya se ha constituido este gobierno, como lo hemos denominado Asamblea Popular Originaria, debemos empezar a gobernar”. Sin embargo, a pesar de estas proclamas sonoras y de las loas que varios grupos centristas en la izquierda hicieron al nuevo “contragobierno”, al día siguiente prácticamente todos los bloqueos carreteros habían cesado.

Representantes de los mineros, maestros de La Paz y delegados de la UPEA hablaron de la necesidad de acciones concretas, pero se concentraron fundamentalmente en medidas técnicas y organizativas para poner en marcha las comisiones del abasto, de movilización y autodefensa, y demás tareas. Miguel Zubieta, dirigente de la FSTMB, hizo patente que su sindicato y otros afiliados de la COB “siguen en La Paz...esperando instrucciones”, al igual que las Centrales Obreras Departamentales (CODs) que habían estado participando en los bloqueos. Añadió que la APNO tenía que formar asambleas populares en los nueve departamentos que conforman Bolivia, pues de lo contrario, su acción sería tergiversada como una “autonomía de El Alto”, paralelo a las exigencias de “autonomía” de la oligarquía de Santa Cruz.

Zubieta se pronunció por la conformación de comisiones que se crearan en el acto, que se nombrara a personas de organizaciones específicas para encabezarlas, particularmente los comités de autodefensa y de abasto para que se ocupara de “cómo distribuir el gas”. Otro orador dijo que “ésta no es una huelga cualquiera en la que vamosa bloquear todo”. En cambio, “nuestra Asamblea Popular Nacional Originaria debería ser quien distribuya el gas a los vecinos de aquí, que debe distribuir nuestro comité, no el alcalde de La Paz o el de El Alto”. Era evidente que ésta era una cuestión clave, pero en ausencia de una dirección trotskista revolucionaria, en una reunión dominada por burócratas sindicales y de asociaciones vecinales, el problema no fue enfocado claramente como la necesidad del control obrero de la producción y la distribución. En cambio, los llamados por medidas concretas no fueron satisfechos, y el asunto de la distribución del gas fue utilizado por dirigentes como Mamani para establecer una “tregua” con la burguesía.

Se leyó los nombres de las diversas comisiones, y las organizaciones presentes decían a qué comisiones querían pertenecer. (Un portavoz de la centrista LOR-CI [Liga Obrera Revolucionaria – Cuarta Internacional]dijo que su “Juventud de la COB” quería formar parte de la Comisión de Abasto.) Solares clausuró la reunión con presentando el asunto de cómo responder a la carta del presidente Rodríguez. ““¡Somos gobierno! La carta debe ir dirigida de un gobierno a otro”, gritó alguien, lo que recibió aplausos y vítores. Solares dijo que la respuesta de la APNO debería comenzar dirigiéndose al “Estimado presidente de la clase dominante” y terminó diciendo que la decisión debería ser que “nadie irá, nadie irá” a reunirse con Rodríguez.

4. La secuela

Lo que aconteció en los siguientes dos días fue bien distinto de lo acordado en la reunión de la APNO. El sábado en la mañana, la radio anunció que se había declarado una tregua en El Alto para el fin de semana, y que se distribuiría gas a hospitales y centros de emergencia. Desde las 5 de la mañana, se comenzó a formar una fila en las afueras del centro de distribución de la YPFB (compañía estatal de hidrocarburos) en Senkata. Pero en lugar de que los trabajadores de Senkata, los mineros y la APNO se encargaran de la distribución, como se había propuesto la noche anterior, el dirigente de la Fejuve Mamani se reunió con un viceministro del nuevo gobierno de Rodríguez para coordinar la distribución. Como resultado de ello, tal como señaló el diario derechista La Razón (12 de junio) reportó: “Un gigantesco operativo que fue coordinado por el Gobierno, la Policía, YPFB, la Superintendencia de Hidrocarburos, Asosur [asociación de distribuidores privados] y las alcaldías de La Paz y El Alto intentaba abrirse paso para reabastecer, principalmente de gas licuado y gasolina...”. Policías y soldados estuvieron montados en los camiones mientras éstos dejaron las plantas. Un portavoz de la YPFB dijo que se llenó un total de 60.000 garrafas de gas, más de tres veces lo que suele hacerse en un día.

Policías vigilan la distribución de garrafas de gas líquido de petróleo; la prensa burguesa se jacta de la ruptura del bloqueo. Los propios dirigentes de la Asamblea Popular sabotearon el llamado a instalar el control obrero de la distribución del gas.

Luego, el domingo, los dirigentes de las organizaciones de El Alto se reunieron con el nuevo “presidente de la clase dominante”. El lunes, los periódicos de La Paz estaban llenos de fotografías de Eduardo Rodríguez en El Alto dando la mano al dirigente de la Fejuve Abel Mamani, junto con dirigentes de la COR de El Alto, de la Federación Campesina de La Paz – en otras palabras, tres de las cuatro organizaciones presentes en la mesa directiva de la Asamblea Popular del viernes por la noche – así como de la Federación de Gremiales. “Rodríguez acude a El Alto y el paro se disipa”, decía un pie de foto de la primera plana del diario La Prensa de La Paz; en páginas interiores, el periódico insistía: “Rodríguez no hace promesas y cesa la presión de alteños”.

Por su parte, Mamani “anunció la formación de comisiones con gente del Gobierno y representantes de los sectores sociales de El Alto para iniciar un proceso destinado a hacer que la Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos y el llamado a elecciones generales ingrese en la agenda del Congreso Nacional”. Patana, de la COR, dijo que la reunión había sido meramente “informativa, sin ningún resultado”, pero añadió que el presidente planea realizar elecciones anticipadas y que la población de El Alto esperará a que designe a su gabinete con la esperanza de que “responda claramente a nuestras demandias” (Jornada [La Paz], 13 de junio). También fue falsa promesa de la federación campesina de mantener los bloqueos en el departamento de La Paz.

De las proclamas que “nadie se va” y que no iban a retroceder “ni un milímetro”, lo mismo que el resto de las sonoras promesas y declaraciones hechas en la Asamblea Popular, nada. La “APNO” sirvió bien a estos dirigentes para cubrir su flanco izquierdo mientras preparaban otra transa con otro de los sucesores de Goni.

Abel Mamani, dirigente de la Fejuve, saluda al presidente Eduardo Rodríguez en El Alto, el 12 de junio. En la Asamblea Popular se dijo que “nadie irá” a encontrar al “presidente de la clase dirigente”. No obstante, los dirigentes vendidos sí fueron.

El martes 14 de junio, los gremiales de El Alto bajaron a La Paz una vez más. “Se ha formado la Asamblea Popular como en 1971”, gritaba con un megáfono en la Plaza San Francisco un orador. “¡Necesitamos tomar el poder, no con el parlamento ni mediante funcionarios del gobierno, sino con la organización de obreros y campesinos, la Asamblea del Pueblo, la Asamblea Popular como en 1971!” El que hablaba era parte de un equipo de ventas de El Marginal, la publicación de El Alto del Partido Obrero Revolucionario (POR), que durante décadas se ha proclamado único depositario del trotskismo en Bolivia.

¿”Como en 1971”? Esta es, de hecho, una vieja historia, interminablemente repetida por los centristas que abusan del nombre del trotskismo. La Asamblea del Pueblo abrió la vía para la sangrienta tragedia de 1971. Como hemos enfatizado reiteradamente, la verdadera lección de 1971 es que los dirigentes nacionalistas, reformistas y centristas que se reunieron en la Asamblea Popular utilizaban una retórica radical para ocultar su apoyo en los hechos al gobierno del general J.J. Torres. Dicha asamblea ni siquiera se reunió durante las semanas previas al golpe liderado por el general derechista Hugo Banzer en agosto de 1971, y después formaron un “Frente Revolucionario Antiimperialista” (FRA) en el exilio con Torres y otros.

Masas, periódico del POR, anuncia con bombos y platillos el nacimiento de la Asamblea Popular. La Liga por la IV Internacional, en cambio, dijo la verdad sobre la APNO.

El POR ha resucitado la consigna del FRA, que ha vuelto a aparecer de manera prominente en su órgano central, Masas. Aunque Masas denuncia rutinariamente a Evo Morales, regaña a los dirigentes de la Fejuve y la COR, y los maestros de La Paz exigieron luego la expulsión de Solares de la COB, Masas (No. 1951, 10 de junio) proclama de manera delirante “Revolución y dictadura proletaria (Asamblea Popular)”. El sindicato del magisterio urbano de La Paz publicó un boletín en el que se afirma que la Asamblea Popular “convirtiéndose en un verdadero gobierno revolucionario en gérmen”, un “nuevo órgano de poder revolucionario”, y otras cosas del estilo (Correo Sindical No. 8, sin fecha [énfasis en el original]).

El llamado a conformar una Asamblea Popular “como la de 1971” ha sido repetido innumerables veces no sólo por el POR, sino también por la pequeña LOR-CI. El 6 de junio la LOR-CI publicó un volante titulado “¡Formemos un bloque por la Asamblea Popular!” Este volante dice “Creemos que la Asamblea popular  podría construirse prontamente si se decidieran a convocarla la COB, la CSUTCB [confederación campesina nacional], la FSTMB, la Fejuve y COR alteñas, las federaciones del magisterio urbano de La Paz y El Alto y del magisterio rural y demás organizaciones obreras, campesinas, originariaspueblos y del pueblo pobre en lucha”. Por su parte, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (sección de la Liga Internacional de Trabajadores fundada por Nahuel Moreno) asiduamente se pone a la cola de la burocracia sindical, organizando contingentes estudiantiles que entonan canciones a favor de un gobierno de la COB (es decir, de Solares).

Así, ha ocurrido que los varios dirigentes reformistas, nacionalistas y populistas conformaron, de hecho, una Asamblea Popular. Veamos el resultado. Al estruendo de los dinamitazos, los oportunistas de hoy han ayudado a organizar lo que una militante calificó acertadamente como una “pantomima” de dirigentes grandilocuentes como Solares, populistas como Mamani, el dirigente de la COR Patana, etc. El periódico del POR, Masas (No. 1952, 17 de junio) declaró que el gobierno de Rodríguez “nace muerto”. En este momento, ésta es una descripción más adecuada de la Asamblea Popular Nacional Originaria. Ciertamente, el POR y otros hacen sus críticas rituales a los actuales dirigentes de las masas y se quejan del resultado. Sin embargo, lo que hizo la totalidad de las organizaciones oportunistas de izquierda fue “formar un bloque” (como exigía la LOR-CI) con estos líderes, dándoles cubierta por el flanco izquierdo en el momento crucial, precisamente cuando estos dirigentes estaban preparándose para vender la lucha de las masas y llegar a una componenda con Rodríguez. El resultado ha sido otra traición al heroísmo y sacrificio de los obreros, campesinos, pueblos indígenas y pobres urbanos.

Tras la formación de la Asamblea Popular Nacional Originaria, el encabezado del siguiente número de El Marginal (No. 13) decía “¿Qué es y qué hará la Asamblea Popular?” Un artículo declara que la APNO era “un verdadero órgano de poder, aunque en estos día nadie entiende lo que ha creado”. Llega a decir que “empieza a nacer un poderoso soviet y nadie sabe en qué consiste éste, cuáles son sus tareas y cuales sus proyecciones”. La LOR-CI es menos grandilocuente y tiene más reparos, pero básicamente sigue una línea paralela, al referirse a “un embrionario poder dual surgiendo en El Alto-La Paz (“Un ‘gobierno tapón’ que no cierra la crisis ni crea ilusiones entre las masas”, 10 de junio). Protegiendo sus apuestas, la LOR-CI también se refirió a la APNO en una declaración del 9 de junio como “un primer paso hacia la Asamblea Popular”.

Aunque los varios grupos seudotrotskistas embellecieron a la APNO al denominarlo un “órgano de poder”, un embrión de poder dual, un soviet naciente – llegando incluso a decir que “nadie sabe en qué consiste éste, cuáles son sus tareas y cuáles sus proyecciones” – la Liga por la IV Internacional dijo francamente la verdad:

“Sin embargo, la incipiente Asamblea Popular, tal como está actualmente constituida, dista mucho de constituir un órgano de poder dual. Fue conformada durante un ‘vacío’ temporal en la cúpula del gobierno, aunque el estado capitalista encarnado en el ejército y la policía queda firmemente establecido. Para varios dirigentes de la APNO, su proclama representó una suerte de plan B, como en el caso del dirigente de la COB Jaime Solares, quien en momentos claves se ha esforzado por concretar un régimen ‘cívico-militar’ con oficiales ‘patrióticos’ del ejército, o el de Abel Mamani, dirigente de la FEJUVE, quien ha estado buscando un diálogo nacional bajo la égida de la Iglesia Católica.

“La actual Asamblea Popular es en lo esencial, un cártel de direcciones de distintas organizaciones cuya evolución futura sigue siendo incierta. Un verdadero órgano centralizador de un poder dual, un soviet, tendría que emerger de cuerpos de poder dual establecidos alrededor del país, que en este momento no existen aún. Más allá de las movilizaciones de masas, es necesario formar consejos obreros de delegados, revocables en todo momento, así como consejos de campesinos y de soldados. Estos consejos deben instaurar el control obrero de fábricas, minas, centros de transporte y comunicación claves; actuar como cuerpos deliberativos y ejecutivos bajo dirección proletaria, y no como una palestra para el intercambio de retórica vacía; organizar grupos de autodefensa (el núcleo de milicias obreras y campesinas) bajo la égida de las organizaciones de masas de los trabajadores; y emprender la distribución de víveres y artículos vitales a la población.”

–“Trabajadores bolivianos se movilizan contra la amenaza de un ‘golpe blanco’” (9 de junio)

Ni la APNO ni ninguno de sus comités ilusorios llevó a cabo ninguna de estas tareas, mientras que la cuestión vital e inmediata del control obrero de la distribución de gas fue realmente saboteada por la acción de los dirigentes de El Alto. La lección principal que hay que sacar de esta reciente ola de luchas en Bolivia es, una vez más, la necesidad de una dirección revolucionaria. Un balance de la experiencia de la “Primera Guerra del Gas” y ahora de la “Segunda Guerra del Gas” debe subrayar la urgencia de establecer el núcleo de un auténtico partido trotskista en Bolivia. En contraposición a los grupos que interminablemente van a la cola de la más reciente “nueva vanguardia” o del “nacionalismo en charreteras”, un partido obrero bolchevique-leninista debe ser construido sobre la base del programa de la revolución permanente en la lucha para reforjar la IV Internacional. Con la dirección revolucionaria que merecen, y como parte de la lucha internacional de la clase obrera, los obreros y oprimidos bolivianos alcanzarán la victoria.   n

Jaime Solares, líder de la COB, pidió un régimen “cívico-militar”

Justo antes de la reunión del 10 de junio de la Asamblea Popular en El Alto, hubo un plenario de la Central Obrera Boliviana. La reunión de la COB aprobó una serie de mociones a favor de continuar las movilizaciones de masas y la lucha por la nacionalización de los hidrocarburos, que para el día siguiente no eran más que letra muerta. Entre las sesiones, El Internacionalista entrevistó a Jaime Solares, secretario general de la COB. De costumbre, y como hizo también en la APNO, Solares salpicó sus respuestas con retórica acerca del “ideal grande de conformar el gobierno obrero-campesino”, una “economía planificada” e incluso la “dictadura del proletariado”.

Cuando se le preguntó acerca de sus llamados a favor de un “gobierno cívico-militar”, Solares dijo que jamás se había pronunciado a favor de un golpe militar; sin embargo, afirmó que “si hubiera un gobierno militar patriótico igual que el [del] coronel Chávez en Venezuela, yo sería el primero en apoyarlo” porque “es un gobierno revolucionario que se inclina hacia el lado del socialismo, juntamente con el compañero Fidel Castro”. Más concretamente, Solares argumentó que cuando “el general golpista, el compañero general Alfredo Ovando Candia, nacionalizó el petróleo”, uno de sus ministros “era el compañero revolucionario Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces no nos hagamos los cándidos....”

Después de llegar al poder mediante un golpe de estado en septiembre de 1969, Ovando nacionalizó la empresa Gulf Oil, que controlaba la mayor parte del petróleo del país. Quiroga era un intelectual de origen aristocrática que pasó de la fascistoide Falange Socialista Boliviana (FSB) a una posición nacionalista de izquierda, formando más tarde el Partido Socialista; fue asesinado por paramilitares en el golpe militar de 1980. Pero el régimen del “compañero general golpista” no era ningún amigo de los trabajadores. Ovando fue el jefe de las fuerzas armadas durante la dictadura del general René Barrientos, responsable de la matanza de la guerrilla del Che Guevara en octubre de 1967 y de haber ordenado la masacre en la mina Siglo XX-Catavi en la noche de San Juan en junio de 1967, cuando fueron asesinadas al menos 87 personas, entre ellas gran número de  mujeres y niños.

Bajo el gobierno de Ovando, el ejército aplastó a la guerrilla izquierdista dirigida por “Chato” Peredo. En julio de 1970, este grupo lanzó una lucha guerrillera cerca de la comunidad minera de Teoponte, en una batalla condenada al fracaso de una manera aún más clara que la de la debacle de Guevara en Ñancahuazú. A pesar de la garantía personal de Ovando, los que se rindieron fueron ejecutados en el acto. Un mes más tarde, una banda fascistoide de matones pagados y armados por Alfredo Candia, jefe local de la Liga Anticomunista Mundial, asaltó brutalmente y ocupó la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz con la tolerancia del ejército, dejando un saldo de decenas de muertos y heridos.

Solares alaba la unidad de los “izquierdistas” con Ovando y su calaña.  “Para llegar al poder”, dijo cínicamente Solares durante la entrevista, “los trabajadores... tenemos que utilizar todos los medios, como dice el gran Maquiavelo”.

Cuestionado acerca de sus declaraciones antichilenas, Solares respondió que “Nosotros no estamos en contra del pueblo chileno y los trabajadores” – “para el hombre bueno, como dice Ernesto Che Guevara, no hay fronteras”, pero lo que los trabajadores chilenos deben hacer es “pelear por la reivindicación marítima de los bolivianos, para que tengamos puerto... El día que eso suceda, creo que podremos hablar de la verdadera unidad latinoamericana de los trabajadores.” (La exigencia de que Bolivia recupere su “salida al mar”, que perdió a Chile durante la Guerra del Pacífico a finales del siglo XIX, ha sido un bandera tradicional de los políticos nacionalistas, ya sean civiles o militares.) Sin embargo, durante el levantamiento boliviano de 2003, hubo amplia oportunidad para la genuina solidaridad con los trabajadores chilenos, quienes llevaron a cabo una huelga general apenas unos días antes.

En lo que toca a la APNO, Solares dijo que la Asamblea Popular “es el gobierno del pueblo, que simplemente nos falta tomar el poder, para instaurar el socialismo en este país, pero un socialismo totalmente boliviano”. Varias tendencias de izquierda se refieren al secretario de la COB como “el loco Solares”. Sus afirmaciones tienen cierto toque errático, pero no son casuales. De hecho, reflejan la línea política nacional-populista que durante décadas han presentado las fuerzas predominantes de la burocracia sindical, comenzando con Juan Lechín, el fundador de la COB quien, mientras dirigía milicias de mineros, formó parte del gobierno nacionalista burgués en 1952, firmó el decreto de 1957 que restableció el ejército, y estuvo metido hasta el cuello en las conspiraciones con oficiales del ejército que condujeron al golpe de Barrientos en 1964.

Tampoco eran meros “disparates” los llamados de Solares a favor de un “gobierno cívico-militar”. El jefe de la COB hizo todo lo que podía para que resurgiera un régímen militar nacionalista como los de Ovando o de otro “compañero general golpista”, Juan José Torres (quien tomó el poder con la caída de Ovando en octubre de 1970). Hace unas semanas, el 1° de junio, el “secretario permanente” de la COB, Pedro Cruz, llegó al extremo de llevar a cabo una pequeña manifestación frente al portón del Estado Mayor en Miraflores, pidiendo el establecimiento de un régimen cívico-militar. Ningún “oficial patriótico” salió a atender el llamado.

Varios días después de las reuniones de la COB y la APNO del 10 de junio, el sindicato de maestros de La Paz, cuyos dirigentes apoyan la línea del POR boliviano, exigieron la expulsión de Solares y Cruz de la COB por “alentar movimientos militares golpistas”. Sin embargo Solares es el presidente de la Asamblea Popular, organismo que el POR pidió que establecieran los dirigentes de la COB, entre otros. Para los dirigentes reformistas y nacionalistas, la Asamblea sirvió de tribuna para lanzar discursos de tono radical, en los que denunciaban la “traición” de Morales y prometían mantenerse firmes. El verdadero efecto político fue que las organizaciones de izquierda bolivianas ayudaron a los dirigentes de la COB, la COR y la Fejuve a adoptar un disfraz izquierdista mientras seguían los pasos de Morales, ayudando al más reciente presidente interino, Eduardo Rodríguez, a desactivar la crisis.

 



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