Cuando el presidente Barack Obama anunció el 15 de junio que suspenderá las deportaciones de ciertos jóvenes indocumentados, se generó un inmenso revuelo a nivel nacional. “Luz al final del túnel” proclamaba en primera plana El Diario/La Prensa de Nueva York. “Cerca del sueño” rezaba con júbilo el encabezado de La Opinión de Los Angeles. En una nota informaba: “Como un ‘sueño cumplido’” describieron los jóvenes conocidos como dreamers (soñadores) la medida que puede diferir por dos años (renovables) los procedimientos de deportación de quienes reúnan los requisitos. Grupos conservadores antiinmigrantes, en cambio, criticaron el anuncio de Obama al calificarlo como una “amnistía por la puerta trasera”.

Diez días más tarde, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió su fallo sobre la siniestra Ley SB1070 de Arizona. En este caso no se dio el optimismo delirante con que se acogió la medida previa de la administración Obama. “Suprema decepción para inmigrantes” tituló su artículo El Diario. Aunque el fallo del tribunal desechó tres de las secciones disputadas de dicha ley racista, no rechazó el artículo principal, que instruye a la policía indagar sobre el estado migratorio de personas durante la investigación de una infracción o delito si tiene la “sospecha razonable” de que se trate de indocumentados. Evidentemente, esto invita al uso de “perfiles raciales” contra los de piel morena o los que “parezcan mexicanos”, tanto de inmigrantes (indocumentados o “legales”) como de ciudadanos. El 30% de la población de Arizona es de origen hispano.

Como señalamos en nuestro artículo, “Deportaciones y elecciones 2012: ¡por un partido obrero revolucionario!” (El Internacionalista, suplemento de mayo de 2012), el tema de la inmigración es uno de los puntos neurálgicos de la actual contienda electoral para los partidos Demócrata y Republicano. Grupos hispanos y de defensa de los derechos de los inmigrantes están aprovechándose asiduamente de la decisión administrativa del gobierno Obama y de la luz verde que dio la Suprema Corte a la Ley SB1070, de autoría republicana, para cazar votos a favor de los demócratas. Pero aunque los republicanos solicitan el apoyo de los sectores más retrógrados de la población blanca con un lenguaje xenófobo apenas velado, los demócratas ciertamente no son amigos de los inmigrantes.

De hecho, los dos partidos gemelos del capitalismo norteamericano son enemigos de los trabajadores, tanto los llegados del exterior como los nacidos en el país. En su campaña por la presidencia en 2008, Obama prometió legislar una “reforma migratoria comprehensiva” en su primer año en funciones. No hizo nada: ni siquiera presentó un proyecto de ley. Culpando a los republicanos por su oposición, ahora promete lo mismo para el primer año de un segundo período en la Casa Blanca. En su discurso del 22 de junio ante la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, el presidente demócrata se excusó: “hemos hecho lo que hemos podido hacer”. Esto es una burda mentira. Y al deportar a más de un millón de inmigrantes, el doble de los que deportó su antecesor, el republicano George W. Bush, Barack Obama no es para nada un “mal menor”.

El Grupo Internacionalista, sección norteamericana de la Liga por la IV Internacional, advierte contra el fraude de la mítica “reforma migratoria” que no se va a dar, mucho menos una que favorezca a los trabajadores inmigrantes que constituyen un sector enorme y potencialmente combativo de la clase obrera. Llamamos a no votar por demócratas, republicanos ni por cualquier candidato o partido capitalistas. Sólo un partido obrero puede dirigir una victoriosa lucha por defender a los inmigrantes. Como gritamos en las manifestaciones, “Ni ilegales, ni criminales, ¡somos trabajadores internacionales!” El GI lucha por los plenos derechos de ciudadanía para todos los inmigrantes como parte de la lucha por la revolución socialista internacional.

El sueño sigue siendo una pesadilla para jóvenes indocumentados

Migrantes son deportados en avión a Guatemala, junio de 2011. El gobierno Obama ha expulsado
un millón de indocumentados en menos de cuatro años. (Foto: John Moore/Getty Images)

Analicemos brevemente las dos medidas más recientes: la acción diferida sobre la deportación de ciertos jóvenes y la puesta en marcha de la ley de Arizona.

Para los aproximadamente 65 mil jóvenes estudiantes inmigrantes que se gradúan de la secundaria cada año, muchos de quienes ni siquiera conocen sus países de origen, la propuesta de suspensión de las deportaciones fue motivo de celebración. Para los que sean autorizados, la suspensión temporal de sus deportaciones facilitaría obtener un permiso de trabajo. En principio podría beneficiar a alrededor de 700 mil jóvenes de entre 18 y 30 años, que llegaron al país con menos de 16 años cumplidos, que han vivido aquí al menos cinco años consecutivos, que están estudiando, se han graduado de la secundaria o han salido del ejército, y que no tengan antecedentes penales. Beneficiará eventualmente a otros 700 mil menores de 18 años. Pero en palabras del propio presidente, “Esto no es amnistía, no da inmunidad, ni abre la vía a la ciudadanía”.

La campaña de Obama de 2008 se basó en referencias tramposas a la “esperanza”, el “cambio” y el “sí se puede”. Hoy está nuevamente vendiendo sueños falsos y promesas electorales huecas. Durante los últimos dos años, ha surgido un movimiento de jóvenes indocumentados a favor del Dream Act. La campaña la dirige una red de “organizaciones no gubernamentales” (ONG) financiadas por fundaciones liberales para que sirvan como una válvula de escape para la frustración de una generación de jóvenes que viven en las sombras. Al salir de la escuela secundaria, sin los papeles requeridos, les resulta muy difícil cursar estudios universitarios o conseguir un empleo legal. Los demócratas quieren dar la impresión de que hacen algo en materia migratoria para revigorizar el voto latino en estados clave como Florida, Carolina del Norte, Colorado, Nevada y Virginia.

Nos hemos rehusado a apoyar el proyecto nacional de Ley del Sueño por una provisión central que ofrece la residencia legal en cambio de servicio militar. No es más que un intento del Pentágono de reclutar jóvenes inmigrantes, dado el déficit de carne de cañón para sus guerras imperialistas.[1] No obstante el testimonio de los generales, la histeria antiinmigrante ha enterrado el Dream Act en las entrañas del Congreso nacional y en casi todas las legislaturas estatales. Ante ese fracaso, la administración Obama quería cosechar las simpatías de y hacia este sector considerado “inocente” hasta por muchos reaccionarios. Y con los jóvenes dreamers (soñadores), que con osadía salieron de las tinieblas para afirmar su identidad, la jugada dio resultado. Muchos acogieron el anuncio de la acción diferida con lágrimas en los ojos.

Pero veamos más de cerca lo que se aprobó. No sólo no amnistía, sino que tampoco otorga el estatus de residencia, ni permite el acceso a la ciudadanía. Tampoco es una orden ejecutiva: es sólo un memorándum interno de la secretaria del Departamento de Seguridad de la Patria (DHS), una agencia tenebrosa que está al centro de la intensificada campaña represiva en Estados Unidos. De hecho, gracias al DHS y su Agencia de Control de Aduanas e Inmigración (ICE), bajo Bush y Obama, los inmigrantes indocumentados en EE.UU. ya viven en un estado policíaco. Aún si se consiguiera la acción diferida, esta medida podría ser retirada mañana si la jefa del DHS cambia su opinión, o si los republicanos ganan las elecciones. Especialistas en derecho migratorio están recomendando que no se haga uso de la medida hasta ver el resultado electoral en noviembre.

Hay que tener presente que actualmente el gobierno normalmente no sabe si un joven es inmigrante o no. Cuando se solicita la acción diferida, uno entra en el sistema de control de inmigrantes. Como observó un abogado de Phoenix, Arizona especializado en asuntos migratorios, una vez adentro “es posible que no se pueda volver al anonimato”. Además, habría que entregar un montón de documentos, informando a las autoridades sobre el paradero y estado migratorio de los padres; probablemente se tendría que pagar una tasa administrativa bastante alta; además, los solicitantes serán sometidos a una revisión de antecedentes por el FBI. En los hechos, es probable que sólo una capa reducida de jóvenes de clase media que quieren obtener título universitario se beneficiará de esta medida. Para el grueso de los jóvenes de los barrios de inmigrantes esta medida ofrece poco, o nada.

Los jóvenes que fueran aprobados sólo lograrían que su deportación sea prorrogada, no suspendida. A diferencia del “estatus de protección temporal” concedido a centroamericanos, la anunciada acción de Obama no cambia el estado migratorio de los jóvenes afectados. Sólo se trata de un “ejercicio discrecional de la fiscalía” al decidir temporalmente no proceder con la deportación. Hace un año, el director del ICE hizo un anuncio parecido, al sostener que con base en la discrecionalidad de la fiscalía, no procederían en el futuro a la expulsión del país de personas de “baja prioridad”. Prometió revisar 340 mil casos pendientes en los que ya se ha iniciado el “procedimiento de remoción”. Pero de los 200 mil casos revisados hasta la fecha, sólo el 2% han sido cerrados (Arizona Republic, 16 de junio). O sea, el efecto ha sido prácticamente nulo.

SB1070 entra en vigor: “¡Muestren sus papeles!”

Si la medida anunciada por el presidente Obama no resultó tan benéfica para los jóvenes indocumentados como muchos creían, la decisión de la Corte Suprema que permite la entrada en vigor del elemento central de la Ley SB1070 de Arizona garantiza un aumento en el acoso policial contra inmigrantes e hispanos, y una avalancha de litigios en torno a esta y otras leyes racistas semejantes. Ya causó zozobra en Arizona, donde al conocer el veredicto padres de familia acudieron a los despachos de abogados para tramitar cartas de patria potestad transfiriendo a parientes la custodia de sus hijos en caso de que los padres sean detenidos en la calle o en la carretera bajo la nueva ley. (Ya hay varios miles de indocumentados arrestados cuyos hijos han sido secuestrados por las autoridades y en algunos casos han sido dados en adopción.)

En términos estrictamente legales, el dictamen de la Corte tiene elementos contradictorios. Rechazó la sección 3 de la Ley SB1070 que quería convertir en delito el no portar papeles de registro de extranjeros. Así que si un policía de Arizona u otro estado exige que muestre sus papeles, el interrogado no está obligado a dárselos. Asimismo anuló la sección 5 que haría ilegal que un indocumentado busque trabajo. Prohibiendo a los estados instituir leyes sobre la materia, la Corte  Suprema subrayó que el Congreso, al responsabilizar el empleador, “hizo una decisión deliberada de no imponer castigos penales sobre extranjeros que buscan o realizan un empleo no autorizado”. Explicitó así que los jornaleros que son hostigados por la policía, y no sólo en Arizona, no cometen ninguna violación de las leyes al buscar trabajo.

La Corte también derogó la  sección 6 de la ley que habría autorizado el arresto sin orden judicial de una persona por el solo hecho de ser indocumentado. Al hacerlo, el más alto tribunal del país reafirmó textualmente que “Como regla general, no es un delito que un extranjero que puede ser removido permanezca en Estados Unidos”. Esto ha sido el caso durante muchos años, pero debe enfurecer a los xenófobos verlo reafirmado sin ambages por esta Suprema Corte tan reaccionaria. No obstante, mientras los expertos en derecho migratorio aplauden estas partes del dictamen, los partidarios de SB1070 subrayan, con razón, que se permitió la puesta en vigor de la pieza central, la sección 2B, que obliga a los policías a pedir información sobre el estado migratorio de un interpelado cuando sospechen que sea indocumentado.

Aun en este caso, hubo limitaciones. No se permite detener a personas solamente para indagar sobre su condición migratoria. Esto quiere decir que la policía tiene que buscar un pretexto, aunque en este terreno los agentes ya están bien adiestrados. Luego se estipula que no se puede prolongar la detención más de lo normal para verificar su estatus. Sin embargo, sólo se trata de cuestiones de forma. Lo más importante es que no se emitió una decisión sobe si la Ley SB1070 viola la Cuarta Enmienda a la Constitución de EE.UU. que prohíbe las “pesquisas y aprehensiones arbitrarias” como sería la detención de una persona en virtud de un perfil racial. No se dictaminó sobre este aspecto clave porque el procurador general de la nación, que interpuso la demanda por una medida cautelar impidiendo la implementación de la ley, no lo pidió.

El gobierno de Obama sólo objetó que la ley de Arizona violara la primacía del gobierno federal en materia migratoria. Hay múltiples demandas adicionales de particulares y grupos de derechos del inmigrante contra la SB1070, además del caso subyacente a esta demanda, que tratan del carácter discriminatorio de la ley.  La Corte aceptó (y casi solicitó), que podría haber “impugnaciones constitucionales sobre el modo en que se interpreta y aplica la ley después de que entre en vigor”. Es evidente para todos que el principal criterio para la pesquisa por estatus migratorio será la etnia y la apariencia física de la persona interpelada. Como admitió el sheriff (alguacil) del condado de Santa Clara, “Soy moreno e hispano. Si me pongo una gorra de béisbol y zapatos deportivos y estoy en un lugar no oportuno, me van a interpelar” (Arizona Republic, 26 de junio).

Sin embargo, una eventual impugnación jurídica no les preocupa a los partidarios de la ley racista. Tampoco les molestan las declaraciones del DHS de que no van a hacer detenciones fuera de sus categorías prioritarias. La policía no está autorizada para arrestar a los indocumentados, ni tiene espacio en sus calabozos: ya hay una ciudad de carpas frente a la cárcel del condado de Maricopa para alojar a 2 mil detenidos de las redadas del sheriff Joe Arpaio. Lo que buscan es la “deportación mediante una guerra de desgaste”. Quieren hacer la vida imposible para los migrantes. Piensan que así los obligarán a “retornar a casa”, pasando por alto que Arizona es territorio robado de México. En todo caso, si se van, no será al sur de la frontera sino a otros estados de EE.UU. Ante leyes semejantes en Alabama y Georgia, miles huyeron hacia el norte.

Movilizar a la clase obrera para derrotar la guerra racista contra los inmigrantes

La lucha por los derechos de los inmigrantes requiere romper con los partidos capitalistas y forjar
un partido obrero que luche por la revolución socialista. (Foto: Dreamscape)

En este año de elecciones los demócratas necesitan los votos de los hispanos y de los 12.5 millones de inmigrantes que han logrado la ciudadanía y son votantes. Conscientes de que no han hecho nada para cumplir con las promesas de campaña del 2008, quieren convertir la medida de acción diferida a favor de los jóvenes indocumentados y el temor producido por la ley racista de Arizona en materia de campaña para motivar el voto a favor de Obama. Como escribe un profesor, Humberto Caspa, en El Diario/La Prensa (22 de junio): “Así la nueva orden de Obama es una buena noticia para los estudiantes indocumentados, aunque es solo la primera batalla vencida. Otra batalla importantísima será librada el próximo noviembre cuando se decidirá si el presidente Obama mantendrá su puesto o será remplazado por un líder republicano”.

La lucha por defender a los inmigrantes no puede ganarse –ni siquiera librarse– en el terreno electoral burgués. La contienda es fundamentalmente de clase. Los dos partidos del capital representan un sistema que lucra con la sobreexplotación de millones de trabajadores que carecen de los derechos más fundamentales. Si hay divisiones entre la clase dominante sobre la mítica “reforma migratoria” es porque los capitalistas tienen intereses contradictorios con respecto a los trabajadores venidos del exterior. Por un lado desean explotar en gran escala esta mano de obra barata; por otro lado, no quieren que los explotados puedan resistir. Su solución preferida seria un sistema que con eufemismo espeluznante llaman “trabajadores huéspedes”, o sea contratados, como el del programa de braceros durante y después de la II Guerra Mundial.

Así, en esta época de decadencia del capitalismo, los patrones introducen formas de trabajo forzado características de la era de brutal acumulación primitiva del capital. La contratación de trabajadores sin derechos se asemeja al trabajo servil, como la servidumbre por deudas (debt servitude) de blancos en las colonias norteamericanas, o el peonaje que reemplazó la encomienda en México. No hay mejor prueba de que, al contrario de lo que sostienen los ilusos reformistas que pretenden que las fuerzas productivas siguen creciendo, de hecho el sistema capitalista está pudriéndose, y eso a un ritmo cada vez más febril, destruyendo sindicatos, eliminando programas sociales, echando por tierra derechos democráticos conquistados en siglos pasados.

Un portavoz autorizado del imperialismo norteamericano, Bill Keller, ex redactor ejecutivo del New York Times, por ejemplo, propone adoptar una cédula de identidad nacional, que incluya datos biométricos. Así quiere introducir un método de control propicio para un estado policíaco para todos. Eso anhelan los burgueses “ilustrados”. Los más bárbaros prefieren los métodos directamente fascistas, como en el caso de los cazamigrantes “Minuteman”. Pero la represión ejercida por unas cuantas bandas paramilitares, o incluso por el alguacil del condado de Maricopa (38 mil indocumentados detenidos hasta finales de 2010) ni de lejos se compara con el millón inmigrantes detenidos cada año en los centros del ICE en Arizona. El mayor represor de inmigrantes, y con mucho, es el liberal demócrata Barack Obama.

La policía migratoria, la odiada migra, es un aparato de represión racista hasta la médula, en particular contra los latinos. Aunque el 58% de los 11 millones de indocumentados residentes en EE.UU. (según estimaciones oficiales) son de origen mexicano, éstos constituyen el 73% de los deportados, y los latinoamericanos el 97%. En realidad, la política migratoria del gobierno Obama es un programa de remoción de latinos, de mexicanos en particular. El gobierno también ha lanzado una persecución especial en contra de los inmigrantes árabes o del sur asiático. Es más, bajo el programa de “Comunidades Seguras” la tercera parte de los deportados tiene cónyuges o hijos que son ciudadanos norteamericanos. Y aunque el ICE dice que se enfoca en “criminales”, el año pasado grupos de defensa de los migrantes en Boston mostraron que la mitad de los deportados bajo este programa fueron detenidos por infracciones de tráfico.

El alcalde de Boston teme que si el programa de Comunidades Seguras sigue, “la gente dirá que los policías son gestapos”, refiriéndose a la temida policía secreta de la Alemania fascista. De hecho, la migra sí es una gestapo, una policía dedicada a la represión de todo un sector de la población (judíos y comunistas en Alemania, inmigrantes indocumentados aquí), que arresta en masa gente que no ha cometido ningún delito y los envía a campos de concentración (aquí denominados “centros de detención”). No por casualidad los uniformes negros y armamento pesado del ICE (incluso tienen tanques) se asemeja asombrosamente a los de las tropas de choque de los SS nazis: en ambos casos la intención es de aterrorizar. Y a pesar de todas las protestas, el gobierno de Obama defiende el programa Comunidades Seguras contra toda crítica.

Sin embargo, la clase dominante capitalista no puede resolver su “problema migratorio” con métodos policíacos. El New York Times (17 de mayo de 2005) llegó a la conclusión de que “el deportar a la totalidad de los 12 millones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos no sería factible”. Cita la falta de personal policial y el costo de nuevos centros de detención (ya rondan a un millar). Pero el problema mayor para la burguesía es que la economía norteamericana ya no puede prescindir de esos millones de trabajadores. Más del 15 por ciento de la fuerza laboral de EE.UU. es de trabajadores nacidos en el exterior. El porcentaje es aún mayor en algunos empleos como la agricultura (35 por ciento) y la construcción (27 por ciento). Deportaciones masivas podrían llevar al colapso de ramos enteros de la economía.

Es aquí, en la economía, donde radica la fuerza de los inmigrantes, en su condición de trabajadores. Más allá del fraude institucionalizado que es todo sistema electoral burgués, controlado por las enormes sumas de dinero invertido en él por los capitalistas, los migrantes –“legales” o indocumentados por igual– no votan. Pero sí producen los valores y crean la riqueza que se apropian los capitalistas debido a su control de los medios de producción. La potencia de los inmigrantes como trabajadores se vio en el “paro general” del 1° de mayo de 2006 contra el nefasto proyecto de ley Sensenbrenner (HR4437), que ante este despliegue de fuerza obrera fue rápidamente archivado en el Senado. Hasta la iglesia católica se sumó a la convocatoria de aquella inusitada movilización, pero ya no más.

Para hacer valer los derechos de los trabajadores inmigrantes hay que organizar su fuerza y ponerla en marcha. Los sindicatos pueden jugar un papel importante en eso. Si en el pasado los sindicatos controlados por burócratas que representan una aristocracia laboral promovieron una política xenófoba, acusando a trabajadores inmigrantes de “robarles los empleos de los norteamericanos,” hoy en día los migrantes constituyen más del 12 por ciento de la matrícula sindical. La acción de sindicalistas y sindicatos en Portland, Oregon que adoptaron para la marcha del 1° de mayo de 2012 la consigna oficial de “plenos derechos de ciudadanía para todos” es un paso importante en esa dirección. Pero no es suficiente.

La defensa de los inmigrantes no puede limitarse a pedir esta u otra reforma. Los migrantes son hostigados no sólo por elementos reaccionarios, sino porque los capitalistas necesitan un “enemigo al interior” para azuzar a la población a favor de sus guerras imperialistas. Durante y después de la I Guerra Mundial hubo una caza de brujas contra los “rojos”, comunistas, anarquistas y trabajadores inmigrantes, sobre todo italianos. En la II Guerra Mundial se confinó a los ciudadanos de origen japonés en campos de concentración. En la actual “guerra contra el terrorismo” que dura ya más de una década, los inmigrantes en general son el blanco preferido. Para derrotar la guerra contra los inmigrantes es indispensable forjar un partido obrero capaz de librar la batalla contra los representantes del capital y su estado.

Contra demócratas y republicanos y todos los partidos y políticos capitalistas, el Grupo Internacionalista busca cohesionar el núcleo de este partido obrero, revolucionario e internacionalista, necesario para dirigir la revolución socialista internacional. Insistimos, como lo hace el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, en que “los obreros no tienen patria”. Enarbolamos su lema, “proletarios del mundo, uníos”, en las marchas gritamos “La lucha obrera no tiene fronteras”. Para los millones de trabajadores inmigrantes, la frase del Manifiesto según la cual “los proletarios no tienen nada que perder excepto sus cadenas”, expresa la realidad de su vida diaria. Únete a nosotros en una poderosa lucha de clase para romper estas cadenas. ■