El 1° de septiembre en su ritual Informe de Gobierno, el primer mandatario Felipe Calderón Hinojosa hizo un regalo al recién proclamado “presidente electo” Enrique Peña Nieto y al empresariado del país. El gobernante panista envió a la Cámara de Diputados un proyecto de “reforma” a la Ley Federal del Trabajo en formato de “iniciativa preferente”. Bajo ese precepto, el proyecto tenía que ser aprobado, modificado o rechazado antes del 1º de octubre. La aplanadora PRI-PAN aprobó la medida en la Cámara de Diputados en tiempo récord. Esta contrarreforma laboral es la más brutal andanada legislativa antiobrera desde los tiempos del Porfiriato hace un siglo. Para vencerla se requiere una contraofensiva de los obreros, estudiantes y jóvenes que desemboque en una poderosa huelga nacional para hacer añicos la “reforma” laboral.

Felipe Calderón busca la destrucción lisa y llana de los sindicatos, y una drástica disminución de los ingresos de millones de trabajadores que hoy apenas sobreviven con salarios de miseria. Frente al desempleo masivo entre la juventud, se propone aumentar la precaridad mediante contratos temporales, “de prueba”, “de capacitación” y el pago por horas. Tiene el descaro de pretender ¡crear más empleos al facilitar los despidos! En nombre de la “flexibilidad”, quiere aumentar la “competividad” del capitalismo mexicano al abaratar al máximo el costo de la mano de obra. Y con este procedimiento fast-track, le ahorró al abanderado priísta el trabajo sucio que le asignó la clase dominante a la que ambos políticos sirven, mientras la seudo-oposición burguesa de la bancada “progresista” hundió toda protesta en los enredos parlamentarios.

Acción Nacional ha formado un condominio con el Revolucionario Institucional para imponer medidas nefastas durante este interregno. Pero todos –PRI, PAN, PVEM, PRD, PT, MC y el Morena de Andrés Manuel López Obrador– defienden el control del estado capitalista sobre el movimiento obrero. Los que pregonamos una lucha clasista contra el capital, en cambio, defendemos la total independencia de los sindicatos de la burguesía. Nos oponemos tanto a la contrarreforma laboral como a la actual Ley Federal del Trabajo. Hay que romper el grillete del corporativismo que hace de las federaciones CTM, CT, CROM, CROC y “sindicatos” como el STPRM y el SNTE meros instrumentos de control estatal sobre los trabajadores, y acabar con la subordinación política de los sindicatos “independientes” al frente popular lopezobradorista.

En este cuarto año de la peor crisis económica del capitalismo en tres cuartos de siglo, los gobiernos patronales alrededor del mundo están arremetiendo en contra de los trabajadores. Estos resisten, pero hasta ahora sin éxito. Al mismo tiempo que en México se trata de imponer una ley rompesindicatos, en Grecia, más de 200 mil marchan en Atenas y enfrentan a la policía. Una huelga paraliza el país en protesta contra el gobierno de coalición que impone los recortes brutales dictados por los banqueros internacionales. En España, día tras día hay protestas contra el desempleo masivo: primero fueron los mineros, ahora son los “indignados”. Los manifestantes son reprimidos por rabiosos policías antimotines que “dejaban jubilados ensangrentados a su paso” (La Jornada, 26 de septiembre).

Imágen de la nueva guerra sucia del gobierno mexicano. (Foto: Octavio Gómez/Proceso)

En México, aunado a las presiones de la alta finanza imperialista, el saliente presidente Calderón quiere terminar su sexenio asestando un golpe mortal al movimiento obrero. Su “guerra contra el narcotráfico”, auspiciada por EE.UU., ha sido un fracaso total, dejando un saldo de unos 95 mil muertos civiles (contra 196 soldados muertos) y gran parte del país fuera del control gubernamental. En cambio, ya le infligió una derrota terrible al Sindicato Mexicano de Electricistas, eliminando sus 44 mil puestos de un plumazo y con miles de soldados y policías federales. Ahora este burócrata lerdo e insulso quiere volver a ponerse una gorra militar y con su “reforma” antisindical conseguir lo que ningún presidente mexicano en tres décadas pudo. Pero no puede lograrlo sin la anuencia de la burocracia sindical.

Ante la amenaza que representa la contrarreforma laboral, el anuncio de la “iniciativa preferente” debería haber tenido una respuesta inmediata de paros y protestas convulsivas. No hubo nada de eso. Después de semanas de silencio, el 21 de septiembre marcharon decenas de miles de sindicalistas para vocear su “rechazo total de la reforma laboral”. Los combativos trabajadores del sindicato independiente de Nissan en Cuernavaca cortaron la Autopista del Sol en dos ocasiones. En días recientes ha habido marchas y un plantón frente a la Cámara de Diputados en San Lázaro, además de protestas multitudinarias en Guadalajara, Morelia, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades. Todo sin efecto alguno. Cuando los intereses fundamentales de los explotadores están en juego, sus representantes no ceden a las presiones de los explotados.

Lo que decide entonces es la fuerza. Por su enorme poder económico, la clase obrera tiene la capacidad de arrasar con la burguesía. Pero es detenida por sus propios dirigentes, la burocracia sindical, que encadena a los trabajadores al capital. Los burócratas corporativistas están bien conscientes de su papel clave en el sustento del régimen del que son los guardaespaldas. El diputado priísta y alto jerarca del gremio petrolero Ricardo Aldana comentó recientemente que “hoy México tiene tranquilidad social y laboral gracias a los sindicatos” (La Jornada, 26 de septiembre). Los burócratas de los sindicatos “independientes” juegan otro papel. Su tarea es desviar las protestas a los canales parlamentarios y legaloides y sofocarlas mediante el apoyo político a la oposición burguesa, en particular al frente popular en torno a AMLO.

Leña social hay más que suficiente hoy para producir una hoguera que reduzca a cenizas el capitalismo mexicano, basado en la superexplotación brutal de trabajadores obligados a sobrevivir en condiciones infrahumanas. Aunque los cronistas adictos al poder se burlan de los de abajo –“estallido social, ja, ja, ja” es su refrán– y aunque los agentes laborales de la burguesía hacen lo imposible para evitarla, hoy como a principios del siglo XX, la desenfrenada intensificación de la explotación podría provocar una tormenta de rebeldía. Pero le falta sobre todo un partido obrero revolucionario para llevar la protesta a su conclusión, un gobierno obrero y campesino que inicie la revolución socialista internacional.

Una contrarreforma largamente anunciada

Al saludar la aprobación de la medida por la Cámara de Diputados, la secretaria de trabajo Rosalinda Pérez recordó que la patronal lleva más de cuatro décadas queriendo “reformar” la Ley Federal del Trabajo. En su versión inicial, la “iniciativa preferente” de Felipe Calderón propuso 51 modificaciones a su texto. En nombre de la productividad y la “creación de empleos”, intentaba legalizar la precarización del  trabajo mediante contratos de corta duración y la reglamentación del outsourcing. Y en nombre de la “democracia sindical” se propuso dificultar el estallido de huelgas “legales”, limitar seriamente la contratación colectiva, imposibilitar la creación de sindicatos que no cuenten con la anuencia de la patronal y el gobierno, y en general fortalecer los mecanismos de control gubernamental sobre los gremios laborales.

El 24 de septiembre, la mayoría priísta en la Cámara entregó su versión enmendada de la iniciativa, un dictamen de “proyecto decreto” de reforma laboral, que sirvió de base para la votación cuatro días después. En general, para complacer al corporativista “sector obrero” del PRI se eliminaron varias medidas de “transparencia sindical” (o sea, de intromisión del gobierno sobre finanzas, elecciones, etc.), pero se mantuvieron las disposiciones que favorecen a la patronal en abaratar la mano de obra. En todo caso, en todas sus versiones, esta contrarreforma no incrementará los empleos o la democracia sindical. Muy por el contrario, producirá más pobreza, más desempleo, un debilitamiento de los sindicatos “independientes” y el mantenimiento del control del estado capitalista sobre los gremios laborales.

Desde luego, el trabajo precario es ya una realidad. Según datos del INEGI, de los 32 millones de trabajadores que cuenta el país, casi la mitad, 15.3 millones, trabajan por horas, por temporada, sin contrato alguno y, por supuesto, sin acceso a las llamadas “prestaciones sociales” (seguro médico, pensiones, vacaciones, fondos de ahorro, etc.). El outsourcing, es decir, la subcontratación, se ha extendido en el país desde hace 15 años. Un estudio reciente arrojó que 10 por ciento de las empresas mexicanas recurren al outsourcing (Notimex, 30 de mayo). En muchos casos, el principal atractivo es la evasión fiscal. Ahora con esta reforma, habrá una enorme expansión de estas empresas piratas.

Uno de los aspectos más escalofriantes de la iniciativa de Calderón fue como se propuso dificultar el estallido de huelgas legales hasta hacerlo prácticamente imposible. Entre otras cosas, se pretendió exigir a los sindicatos que entregaran a la patronal ¡una lista con los datos de los trabajadores que están a favor del emplazamiento a huelga! Con esto se generaría verdaderas listas negras de personal presto a ser despedido. Además, en el improbable caso de que una huelga estallara legalmente bajo este reglamento, ésta sólo podría durar un máximo de dos meses (¡!), al cabo de los cuales el patrón podría pedir a la autoridad laboral del gobierno un laudo que declare “inexistente” el paro. Ni siquiera los burócratas priístas se podrían tragar esto.

En cuanto a la “flexibilización laboral”, una de las “novedades” de la reforma PRI-PAN es la introducción de formas de contratación que no generan obligaciones patronales: contratos individuales (nunca colectivos) por “períodos de prueba”, por “capacitación inicial” y para el “trabajo por temporada”. Además, se legaliza la contratación por horas para que los trabajadores no generen antigüedad ni derechos concomitantes. No te preocupes, nos asegura la titular de la STPS, el patrón “te tendrá que pagar el salario mínimo por jornada, que es de 60 pesos” (Reforma, 29 de septiembre). ¿Y con eso pretende que se puede vivir? Los juniors panistas que pululan en la administración calderonista pagan más que eso por un solo café y un panecito en Starbucks.

La “reforma” facilitaría al patrón la ejecución de despidos: ¡ahora bastará con que éste envíe al trabajador una notificación por correo! La iniciativa propuso, y el dictamen priísta mantiene, que en lugar de la antigüedad, los puestos vacantes “serán cubiertos por el trabajador que acredite mayor productividad”. Por añadidura, los trabajadores despedidos injustificadamente, sólo tendrían derecho a reclamar los salarios caídos por hasta 12 meses, a pesar de que los juicios laborales duran en promedio más de cuatro años. Los patrones ahora tendrán aún mayor interés en alargar los procedimientos para asfixiar económicamente a los trabajadores involucrados.

Muchos atribuyen esta reforma a la alianza entre el PAN de Calderón y el PRI de Peña Nieto. Muchos entre estos confiaban también en la fracción “progresista” en el Congreso para poner trabas a la aprobación de la misma. Sin embargo, finalmente no hicieron más que un show al tomar la tribuna de la Cámara por algunas horas, al que el PRI respondió tomando un balcón, desde donde procedieron a la aprobación de la medida. En realidad, los diputados del PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano, ya sea que estén con los Chuchos (Jesús Ortega y Cía.) o con López Obrador, son también enemigos acérrimos de los trabajadores y de sindicatos independientes.

• En el Comité del Trabajo de la Cámara, el diputado perredista Martí Batres votó con el PAN para que el estado pueda regular (dictar) cómo los sindicatos realicen sus elecciones internas.
• En el mismo Comité, cuando a petición de la patronal se “suavizaron” los pocos “candados” que condicionaron al outsourcing en el dictamen priísta, la diputada del MC Luisa María Alcalde introdujo varias de las formulaciones suavizantes.
• Al justificar esta legalización de la subcontratación, la secretaria del trabajo Rosalinda Vélez citó que el PRI, PAN y PRD contemplaban lo mismo en sus proyectos respectivos de “reforma”.

En lo que toca a las conquistas de la clase obrera, acaso la entidad de la federación en que han sido ya eliminadas, aún antes de que Calderón presentara su iniciativa, es precisamente el Distrito Federal, gobernado desde 1997 por el PRD. En el DF el 90 por ciento de los contratos colectivos son contratos de protección (Proceso, 18 de diciembre de 2011). No sólo eso, en octubre del año pasado se aprobó un decreto antisindical denominado “Boletín de criterios” para normar la actuación de las juntas locales de conciliación y arbitraje. Este decreto establece 330 requisitos para el establecimiento de un sindicato independiente.

Como en la iniciativa calderonista, la ley aprobada en el DF “exige que se informe previamente los nombres y categorías de los trabajadores inconformes que buscan un contrato colectivo auténtico o un cambio de sindicato, acreditar la firma de cada uno y dejar constancia escrita de su autorización expresa para tal fin”. Además, los trabajadores tendrán que “exhibir documentos cuya existencia depende de la empresa, como recibos de nómina firmados, credenciales con fotografía y sello y constancia de alta en el régimen de seguridad social”.

Según Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboral vinculado al PRD y a la administración capitalina de López Obrador, los requisitos se convierten en “una lista negra que permite al patrón despedir a los inconformes”, con lo que queda claro que “la verdadera intención del decreto es blindar los contratos colectivos de protección patronal para convertir a la Ciudad de México en el cementerio de los derechos colectivos de los trabajadores”.

La legislación laboral: camisa de fuerza patronal

La Ley Federal del Trabajo –ahora “reformada” por Calderón con la anuencia del PRI y con la oposición pro forma de los diputados “progresistas” del PRD, PT y MC– fue formulada originalmente en 1931 para reglamentar el Artículo 123 de la Constitución de 1917. Muchos de los que se oponen a la reforma calderonista glorifican los “derechos consagrados” en la actual LFT. Nosotros, no.

El autor de la Ley Federal del Trabajo de 1931 fue Aarón Sáenz, secretario de Industria, Comercio y Trabajo en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, títere del Jefe Máximo, Plutarco Elías Calles. El modelo empleado por Sáenz fue el Codice del Lavoro de la Italia fascista de Mussolini, según el cual las disputas entre capital y trabajo debían resolverse mediante la participación del estado como árbitro. Las “juntas de conciliación y arbitraje”, con la participación del sindicato, el patrón y el gobierno, provienen directamente de la “inspiración” fascista.

Al arbitraje estatal se sumaron en los años siguientes disposiciones políticas y legales de carácter corporativista. Así, en 1936, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se integró al Partido de la Revolución Mexicana de Lázaro Cárdenas, que se convirtió en partido de estado, antecesor del PRI-gobierno. En 1940, en los últimos meses del gobierno de Cárdenas, se hizo obligatorio el reconocimiento estatal de los sindicatos para que estos tuvieran “personalidad jurídica”. De ahí viene el nefasto proceso de “toma de nota”.

Estos elementos conformaron un sistema corporativista de control social. La característica fundamental del corporativismo es la integración de los sindicatos obreros, de las organizaciones campesinas y de las asociaciones de trabajadores al aparato estatal burgués. Dado que el estado es un órgano de dominio de clase, al integrarse al estado capitalista los sindicatos dejaron de ser genuinas organizaciones obreras para convertirse, de hecho, en policías laborales. Así han actuado en las décadas subsiguientes.

Durante la II Guerra Mundial, el gobierno de Ávila Camacho utilizó a los sindicatos corporativizados para impedir que los trabajadores estallaran huelgas, todo como parte del infame “Pacto obrero-patronal”. Éste contó con la anuencia del estalinizado Partido Comunista, que había sido instrumental en la conformación de un frente popular con el gobierno de Cárdenas y su PRM. Hacia finales de la década, los pocos resquicios que aún había de independencia sindical se cerraron con la ola de charrazos (golpes policíacos en los sindicatos industriales más importantes para purgar a sindicalistas izquierdistas e imponer direcciones nombradas por el gobierno).

La LFT de 1931 estableció las bases de la intervención gubernamental en los asuntos del movimiento obrero. Toda intromisión del estado capitalista en los sindicatos, ya sea mediante el “arbitraje”, regulación de sus finanzas y elecciones, o “reconocimiento” de los sindicatos y sus luchas, tiene invariablemente el propósito de controlar el poder obrero para mejor suprimirlo. La LFT es usada en México para declarar “inexistentes” las huelgas, “ilegales” los sindicatos independientes y “válidos” los contratos de protección. El Grupo Internacionalista y la Liga por la IV Internacional luchan por la más completa independencia de los sindicatos y del movimiento obrero con respecto al estado capitalista y de los partidos burgueses.

El actual proyecto de reforma de Calderón, lo mismo que las otras reformas realizadas previamente, refleja el interés de sectores de la burguesía mexicana de disminuir los costos del control social, eliminando las estipulaciones de seguridad social que acompañan al sistema corporativista. No tienen nada que ver con la “democratización” de la vida sindical. Por eso, nos oponemos tanto a las leyes corporativistas, como a las reformas propuestas por el gobierno, incluso aquellas que se cobijan bajo el sello del desmantelamiento del corporativismo.

¡Forjar un partido obrero revolucionario!

Para derrotar la contrarreforma laboral del PAN y del PRI, es preciso desencadenar el enorme poder del proletariado mexicano. El principal obstáculo en esta tarea lo constituyen no sólo los “sindicatos” corporativistas, que históricamente han sido la primera línea de defensa de la patronal contra las luchas obreras, sino también el frente popular nacionalista erigido en torno al Partido de la Revolución Democrática, un partido burgués, y sus caudillos, primero Cuauhtémoc Cárdenas, y ahora Andrés Manuel López Obrador.

El nefasto papel del frente popular quedó de manifiesto luego de la liquidación de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro por el presidente Felipe Calderón en octubre de 2009, con la finalidad de destruir el SME, el baluarte del sindicalismo “independiente”. Los combativos electricistas, que mostraron una y otra vez su determinación para luchar, se vieron contenidos por la dirección sindical de Martín Esparza, cuya “estrategia” de lucha consistió en presionar al estado capitalista. Ni las múltiples manifestaciones ante la Suprema Corte, ni el “auxilio” de los “compañeros diputados” del PRD y el PT fueron de la menor utilidad para revertir el ataque. Al contrario, sirvieron únicamente para encadenar los trabajadores a la política burguesa. Hoy, a casi tres años del golpe contra el SME, éste es una organización de sindicalistas desempleados.

Los grupos que se reclaman como socialistas en México no sólo no combaten el peligro que representa el frente popular, sino que, al contrario, alientan la subordinación de la clase obrera y sus organizaciones a los partidos y políticos patronales. Un caso lamentable es el de las dos fracciones en que se dividió Militante, una corriente seudomarxista que se considera un sector “marxista” dentro del PRD burgués. Tanto Militante como Izquierda Socialista apelan a López Obrador para que encabece la “resistencia proletaria” contra el golpe de Calderón. Piden, como siempre, que este político burgués convoque un paro de 24 horas (no más, no menos) en contra de la reforma calderonista, pero también en contra de la imposición de Peña Nieto. Los que crean que López Obrador va a encabezar una lucha obrera tendrán una larga e infructuosa espera.

Pero incluso otros grupos que se ostentan como más radicales, adolecen del mismo contagio. Un caso ejemplífico es el de la Liga de Trabajadores por el Socialismo. Desde mayo de este año, tras la aparición del #YoSoy132, la LTS y su agrupación juvenil Contracorriente, se han puesto la camiseta del “movimiento”. Si Militante se especializa en entrismo en partidos patronales, la LTS ha hecho del seguidismo tras movimientos pequeñoburgueses y burgueses su método patentado. Antes hicieron lo mismo con el zapatismo en los años 90, con la APPO en 2006, etc. Ahora en cualquier lugar se presentan simplemente como integrantes del 132, sin referencias (salvo muy ocasionalmente en su prensa) al socialismo. Para luchar contra la reforma laboral, la LTS llama al movimiento #YoSoy132 a que convoque a los “sindicatos opositores” a una lucha conjunta:

 “El movimiento #YoSoy132 puede fortalecerse si unifica su lucha con los movimientos que están surgiendo. Un primer paso en ese sentido fue haberse sumado a la Convención Nacional Contra la Imposición.…

“Es muy importante que la próxima Convención, a realizarse en Oaxaca, integre a todos los sectores en lucha, que vote un plan de acción unificado para enfrentar al nuevo gobierno y sus planes y prepare las condiciones para un paro nacional, llamando a las direcciones sindicales que se reclaman opositoras y democráticas a sumarse a la lucha.”

―Estrategia Obrera No. 101, 15 de septiembre

La política del movimiento #YoSoy132 no tiene nada de izquierdista. Al contrario, con sus reivindicaciones de elecciones limpias y medios de comunicación “democráticos” defiende un programa populista burgués de reforma del capitalismo. Al erigirse como su ala de “izquierda”, la LTS siembra ilusiones en el carácter “intrínsecamente” combativo de la juventud (como si ésta no estuviera dividida en clases antagónicas). Más grave aún es que siembra ilusiones en el frente popular de López Obrador y Morena, del que la Convención Nacional Contra la Imposición es la más reciente encarnación. En los hechos, la Convención que se celebró en la ciudad de Oaxaca el 22 y 23 de septiembre no hizo prácticamente nada respecto a la reforma laboral, que con el aumento de la precariedad afecta sobre todo a jóvenes trabajadores, y los grupos de estudiantes de #YoSoy132 presentes en el plantón frente a San Lázaro eran reducidos.

En contraste, cuando en 2006 el gobierno francés quiso legislar los “contratos de primer empleo” (CPE), parecidos a los contratos de prueba y de capacitación introducidos por Calderón, los estudiantes y jóvenes franceses salieron a la calle con manifestaciones de millones, con gran apoyo por parte de los sindicatos y la clase obrera, y finalmente lograron hundir el CPE. Y eso aún después de haber sido aprobado por el parlamento. Nada de eso ha pasado en México, donde #YoSoy132 se ha aliado con Morena y el frente popular de AMLO para denunciar la imposición de Peña Nieto, en lugar de movilizarse en contra de los ataques a los jóvenes auspiciados por todos los partidos burgueses. El 132 también ha tenido poca presencia en el paro y ocupación de los cinco planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Podría explicarse porque se trata de una lucha en contra de una rectora autoritaria nombrada por el PRD?

En contra de la perspectiva democraticista y frentepopulista que predomina en la izquierda mexicana, el Grupo Internacionalista lucha por el programa de la revolución permanente de León Trotsky. Codificando la experiencia de las tres revoluciones rusas (1905 y febrero y octubre de 1917), el fundador de la IV Internacional señaló que las tareas democráticas cuya resolución se adjudicó a las revoluciones burguesas (como la Francesa de 1789), no pueden recaer hoy en las débiles (y conservadoras) burguesías nacionales, atadas por mil lazos a los imperialistas. Una revolución agraria que eliminaría el rezago del campo, la realización de derechos democráticos (como la salud y la educación) y efectiva independencia con respecto al imperialismo sólo podrán conseguirse si el proletariado, a la cabeza de todos los oprimidos, se hace del poder y establece un gobierno obrero y campesino, que extienda la revolución a escala internacional.

Los trabajadores mexicanos han mostrado una gran capacidad de lucha. En 2004, cuando el gobierno panista de Vicente Fox Quesada (ahora aliado con Peña Nieto) legisló la “reforma” del Instituto Mexicano del Seguro Social, miles de sindicalistas rodearon el Senado buscando impedir la votación. Entonces como hoy, y en la extendida lucha de los electricistas del SME, la responsabilidad por la falta de una respuesta obrera contundente que paralice al país cae en los hombros de los dirigentes que han subordinado la lucha de los trabajadores al frente popular burgués, que ha llevado al proletariado, los campesinos e indígenas a una derrota tras otra. Precisamente por eso hay que romper tajantemente con el frentepopulismo y construir un partido obrero revolucionario que enarbole la bandera del auténtico comunismo de Lenin y Trotsky.

El tiempo apremia. Una vez consumada la contrarreforma laboral, van por el petróleo. ■