junio de 2005  

Mineros al frente en la batalla contra los gobiernos títeres de los imperialistas en Bolivia. Ante la
amenaza de un “golpe blanco”, miles se movilizaron en las calles de La Paz el 8 de junio, llamando
a echar al corrupto Congreso y a establecer un gobierno revolucionario.  (Foto: El Internationacionalista)

¡Por un gobierno obrero, campesino e indígena!

LA PAZ, 9 DE JUNIO – Miles de mineros y campesinos se han movilizado para rodear el centro de Sucre, donde el Congreso boliviano ha programado reunirse esta mañana para decidir quién será el nuevo presidente. Enormes manifestaciones exigiendo la nacionalización de los hidrocarburos obligaron al presidente no electo Carlos Mesa a renunciar. Ahora, los partidos de las dictaduras militares y del régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada, que masacró a manifestantes en octubre de 2003, se proponen instalar a Hormando Vaca Díez en la presidencia. Este senador de línea dura de Santa Cruz ha prometido “poner orden” ante las movilizaciones masivas que han paralizado la capital y una buena parte del país a lo largo de las últimas semanas. Su intento de asumir el poder ha sido caracterizado como un “golpe blanco”. Mientras tanto, sigue siendo bien real la amenaza de un golpe militar tal cual.       

La radio informa que hasta 6.000 mineros de Potosí, Oruro, Uyuni y otras áreas se han unido a campesinos de Potosí y de Cochabamba para converger en Sucre, en demanda de que Vaca Díez abandone sus intentos de convertirse en presidente. Simultáneamente, mineros de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) marcharon en El Alto, la empobrecida ciudad que ocupa los altos arriba de La Paz, afirmando que si Vaca Díez no renuncia, habrá “guerra civil”. Incluso, a algunos sectores de la burguesía les preocupa que el país se desintegre: el alcalde de La Paz comenzó una huelga de hambre en contra del plan de Vaca de hacerse de la presidencia. Evo Morales, el principal dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que tiene como base a los campesinos cocaleros de la región de Cochabamba, ha pedido al presidente de la suprema corte que asuma la presidencia y que convoque a nuevas elecciones. A cambio de ello, Morales ha ofrecido terminar con las protestas, apuñalando por la espalda a los mineros y a los trabajadores urbanos y rurales.

Ayer, sin embargo, cientos de miembros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), que históricamente ha sido la columna vertebral del movimiento obrero, encabezó una enorme manifestación en La Paz coreando “Muera el parlamento burgués”, “Ni 30 ni 50 [por ciento de regalías por las exportaciones de gas]: nacionalización”, “Con gas, sin gas, mineros en La Paz” y otras consignas. En un comunicado, la FSTMB criticó la demanda de nuevas elecciones, calificándola como un intento de “eludir la nacionalización de los hidrocarburos” y afirmando que “el actual sistema democrático se ha degenerado y está colapsado”, además de pronunciarse por un “gobierno popular y revolucionario” y una “Gran Asamblea Popular Nacional”.

El llamado por una “asamblea popular” ha sido el lema central de lo que la prensa burguesa ve como el ala “radical” de las protestas, contrapuesta en ocasiones al llamado de Morales a favor de una “asamblea constituyente”. Frecuentemente, la demanda se vincula con consignas a favor del “poder popular” y de un “gobierno popular” o “gobierno del pueblo”. La referencia a la asamblea “del pueblo” constituye un intento deliberado de distinguir tal cuerpo de un consejo obrero del tipo de los soviets que fueron los centros organizativos de las revoluciones rusas de 1905 y 1917. El llamado por una “asamblea popular” expresa una perspectiva de colaboración de clases, lo que significa buscar una alianza con elementos “progresistas” de la burguesía, digan lo que digan aquellos componentes con discurso más izquierdizante. Como en el caso del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile, la colaboración de clases frentepopulista significa la derrota de los explotados y oprimidos.

Mineros del estaño de Huanuni marchan en La Paz, 8 de junio.
(Foto: El Internationacionalista)

Ayer en la mañana, una reunión en El Alto fundó una “Asamblea Popular Nacional Originaria”. La reunión fue convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), la FSTMB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el sindicato nacional de gremialistas (pequeños comerciantes y vendedores), la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, con delegados de más de 60 organizaciones, entre ellas el sindicato del transporte provincial de La Paz, el sindicato del magisterio urbano de La Paz, la Universidad Pública de El Alto, entre otras. La primera resolución aprobada por la “APNO” declara que El Alto es el “cuartel general de la revolución boliviana”, mientras que otras resoluciones la describen como un “instrumento de poder popular”, establecen que los delegados deben ser elegidos en asambleas y cabildos y llaman a la formación de comités de autodefensa y de autoabasto para cada sector.

Varias organizaciones de izquierda oportunistas se apresuraron a aclamar a la nueva APNO como un “contrapoder” en oposición al estado capitalista. La prensa derechista enloqueció: un rabioso editorial de La Razón de hoy acusa a los militantes de El Alto de “intimidación”, “terror”, de intentar imponer un “régimen totalitario” como el “nazismo de Hitler, el fascismo de Mussolini” y otras cosas del estilo. En realidad, en octubre de 2003 El Alto fue blanco de un verdadero reino de terror lanzado por un régimen dictatorial, que los medios burgueses apoyaron sin reparo alguno. Sin embargo, la incipiente Asamblea Popular, tal como está actualmente constituida, dista mucho de constituir un órgano de poder dual. Fue conformada durante un “vacío” temporal en la cúpula del gobierno, aunque el estado capitalista encarnado en el ejército y la policía queda firmemente establecido. Para varios dirigentes de la APNO, su proclama representó una suerte de plan B, como en el caso del dirigente de la COB Jaime Solares, quien en momentos claves se ha esforzado por concretar un régimen “cívico-militar” con oficiales “patrióticos” del ejército, o el de Abel Mamani, dirigente de la FEJUVE, quien ha estado buscando un diálogo nacional bajo la égida de la iglesia católica.

La actual Asamblea Popular es en lo esencial, un cártel de direcciones de distintas organizaciones cuya evolución futura sigue siendo incierta. Un verdadero órgano centralizador de un poder dual, un soviet, tendría que emerger de cuerpos de poder dual establecidos alrededor del país, que en este momento no existen aún. Más allá de las movilizaciones de masas, es necesario formar consejos obreros de delegados, revocables en todo momento, así como de consejos de campesinos y consejos de soldados. Estos consejos deben instaurar el control obrero de fábricas, minas, centros de transporte y comunicación claves; actuar como cuerpos deliberativos y ejecutivos bajo dirección proletaria, y no como una palestra para el intercambio de retórica vacía; organizar grupos de autodefensa (el núcleo de milicias obreras y campesinas) bajo la égida de las organizaciones de masas de los trabajadores; y emprender la distribución de víveres y artículos vitales a la población.

No se ganará la batalla a la burguesía atrincherándose únicamente en una huelga indefinida, es necesario emprender acciones positivas para establecer el poder obrero. Hoy, por ejemplo, cuando las reservas de gas para cocinar se han prácticamente agotado en la capital, el impacto de la huelga y el bloqueo de El Alto puede intensificarse mediante la distribución de gas a vecindarios pobres, clínicas, etc., bajo estricto control de las comisiones de los trabajadores de la planta Senkata YPFB, mineros y vecinos. Acciones como ésta, subrayarían de manera impresionante la capacidad de los obreros para gobernar, en contraste con las corruptas autoridades burguesas. Cuando esto comience a ocurrir, se puede abrir la vía para terminar con este impasse y avanzar hacia la revolución obrera.

Los llamados a favor de una Asamblea Popular evocan el cuerpo que con ese nombre existió brevemente en 1971 y que desde entonces ha sido mitificado por diversas corrientes oportunistas. La “Asamblea Popular” de 1971, encabezada por Juan Lechín, dirigente minero con una orientación nacionalista de izquierda, apoyó en realidad (a pesar de ocasionales declaraciones izquierdistas) al gobierno militar-populista del general Juan José Torres, y dejó a los obreros política y físicamente desarmados ante el largamente anunciado golpe del general derechista Hugo Banzer. Los dirigentes de esta AP formaron más tarde un “Frente Revolucionario Antiimperialista” con el (ya para entonces depuesto) general Torres y otros sectores burgueses y reformistas. De hecho, los llamados actuales a favor de una asamblea popular en Bolivia están formulados de manera que dejan la puerta abierta precisamente para el tipo de “alianzas” de colaboración de clases que desembocaron en sangrientas derrotas para los obreros, campesinos y pueblos indígenas bolivianos en el pasado.

Lejos de llamar por repetir la debacle de la Asamblea Popular del 71, un partido trotskista en Bolivia debería luchar ahora por la formación de comités de obreros, campesinos y soldados, como los que los bolcheviques rusos dirigieron a la toma del poder en octubre de 1917, que podrían constituir la base de un gobierno obrero, campesino e indígena. Los soviets auténticos estarían basados en el internacionalismo proletario, y no en el nacionalismo burgués y pequeñoburgués, extendiendo la mano solidaria a los trabajadores chilenos, peruanos y argentinos, así como a los obreros de los centros imperialistas. Ésta es la única manera de defender a los trabajadores y oprimidos de las amenazas que se tornan más y más peligrosas a cada hora que pasa. n