marzo de 2009   

La guerra imperialista “contra el narcotráfico” y
la guerra de clase contra los pobres y los trabajadores

El presidente mexicano Felipe Calderón y su secretario de guerra, el general Galván, pasan revista a la tropa en Apatzingan, Michoacán, el 3 de enero de 2007.
Foto: Guillermo Arias/AP

Desde el primer momento de su sexenio, el presidente Felipe Calderón Hinojosa se ha enfocado a la militarización del país. Apenas unos días después de tomar posesión en diciembre de 2006, anunció la realización de la “Operación Conjunta Michoacán” con el envío de más de 6,500 efectivos del ejército al estado, con la tarea de “sellar” las costas y carreteras como parte de una “estrategia integral” en la “batalla” que se libra en la “guerra contra el narcotráfico”. En enero de 2007, otros 3,300 soldados y policías federales fueron enviados a Tijuana. Se anunciaron futuras operaciones en los estados de Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Para dejar en claro su papel como “comandante supremo” de las fuerzas armadas, Calderón, el arquetipo del burócrata gris, al inició de 2007 se puso una chamarra verde olivo y una gorra militar adornada de cinco estrellas, pasando revista a las tropas en campaña junto al titular de la Sedena, el general de cuatro estrellas Guillermo Galván Galván.  Dos años después, queda claro que el gobierno mexicano no está ganando esta batalla. Los conteos oficiales reportan que más de 7,000 personas han sido asesinadas en acciones violentas relacionadas con el narcotráfico desde que comenzó 2008 y que más de mil han muerto tan sólo en enero de 2009. Esto tiene preocupados a los patrones de Calderón en Washington.

La embestida militarizadora fue diseñada para granjearse el favor del gobierno norteamericano. Sus lineamientos generales fueron plasmados en la “Iniciativa Mérida”, consentida por Calderón en su encuentro con George Bush en la capital de Yucatán en marzo de 2007. Según lo declarado por el gobierno de Bush, el propósito de esta iniciativa es “combatir las amenazas que representan el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el terrorismo en el Hemisferio Occidental”. Para lograrlo, el Tesoro estadounidense fijó un presupuesto de 1,600 millones de dólares –más del 80 por ciento del cual está destinado a México. En los últimos meses, sin embargo, el gobierno norteamericano ha empezado a preocuparse por los “beneficios” que le rendirá su “inversión”. En noviembre del año pasado, un documento de perspectivas futuras elaborado por el Pentágono (titulado Joint Forces Operating Environment 2008), enfocado a las crisis que se avecinan, declaraba con inquietud: “En términos de los peores escenarios para el Estado Mayor Conjunto [de las fuerzas armadas norteamericanas] y de hecho, para el mundo entero, dos estados mayores e importantes deben considerarse como propensos a un rápido y súbito colapso: Pakistán y México”. ¿México a punto de colapsar? ¿México, un “estado fallido”, como también han afirmado? ¿Qué tienen en mente los imperialistas norteamericanos? ¿Acaso quieren enviar a sus marines, como tantas veces han hecho en el pasado? Hoy por hoy, el Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. asegura tener unos 50 agentes en México. ¡Hay que echarlos, lo mismo que a todos los agentes estadounidenses!

Desde que en enero asumió la presidencia el demócrata Barack Obama, se ha intensificado el nivel de histeria en las filas del gobierno norteamericano en torno a la seguridad en México. Recientemente, Dennis Blair, el flamante director nacional de inteligencia, en el marco de una audiencia de una comisión del Congreso, acusó al gobierno mexicano de no tener control sobre partes de su territorio. Además, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interna prestó declaración acerca de un “Plan de operaciones en contra de la violencia en la frontera suroccidental” de EE.UU. Los gobernadores de Arizona y Texas han solicitado el envío de la Guardia Nacional a la frontera con México. Por su parte, el vicepresidente norteamericano Joe Biden sugirió que México haría bien en seguir el ejemplo de Colombia, donde cientos de efectivos y “contratistas” (o sea, mercenarios) norteamericanos infestan el país. Finalmente, en una visita a México, el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el almirante Mike Mullen, fue aun más explícito, al decir que “Las fuerzas armadas de Estados Unidos están listas para ayudar a México en su guerra contra el narcotráfico, con tácticas de contrainsurgencia como las usadas contra los rebeldes de Irak y Afganistán” (La Jornada, 6 de marzo). Próximamente: legiones de “asesores” y “contratistas”.

Revista norteamericana de “especialistas” de la “seguridad interna” azuza histeria sobre posible “colapso” de México, como “estado fallido”.

Como respuesta a la presión que viene del norte, el gobierno ha iniciado una “guerra” en Ciudad Juárez. Después de un enfrentamiento a balazos entre unidades del ejército y un escuadrón de sicarios del cártel de Sinaloa de Joaquín (El Chapo) Guzmán (quien recién entró a la lista de la revista Forbes de los hombres más ricos del planeta), Calderón ordenó el envío de 5,000 soldados y de 2,000 policías federales a la ciudad fronteriza. A mediados de marzo, envió otro contingente, de modo que ahora hay más de 10,000 agentes federales en la ciudad. Patrullan la ciudad en convoyes de vehículos artillados, van armados con rifles de asalto y con la cara cubierta con pasamontañas. Se vive bajo un virtual toque de queda: desde las diez de la noche, los peatones desaparecen de las calles. En los planteles de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el turno vespertino termina ahora a las ocho de la noche. Después de eso, sólo quedan abiertos unos cuantos restaurantes. Escenas similares se ven en toda la frontera. En Tijuana, un viaje en automóvil que normalmente tomaría treinta minutos, llega a durar hasta una hora o más, toda vez que es de lo más usual que el vehículo sea detenido en tres y hasta cuatro retenes de la policía o el ejército. Con frecuencia hay batallas campales: el 17 de febrero, la policía en Reynosa fue recibida con granadas de fragmentación y granadas RPG (para fusil) introducidas de contrabando desde Estados Unidos.

Aunque este programa de militarización masiva no ha intimidado a los cárteles del narcotráfico, ha tenido el deseado efecto de involucrar de manera cada vez más abierta al ejército en labores policíacas. Desde el inicio, el principal propósito de la ofensiva de Calderón ha sido el blindaje de un régimen debilitado en contra del descontento social. Esto se ha tornado tanto más urgente dado el carácter rampante de la crisis económica: cientos de miles de trabajadores han perdido sus empleos en meses recientes (336,000 tan sólo en enero, según estadísticas oficiales). En lo que toca a la zona de las maquiladoras, plantas cuya producción está destinada a la exportación a Estados Unidos, únicamente en Ciudad Juárez, 45,000 están sin trabajo debido a los paros “técnicos” dictados por la patronal.

Durante décadas, los gobiernos de la república mantuvieron su dominio sobre la sociedad mediante los mecanismos de control omnímodo del régimen corporativista, en virtud de los cuales se “integraba” a cada sector de la sociedad al PRI-gobierno. Desde que el Partido Revolucionario Institucional perdió el gobierno federal en 2000 después de siete décadas en el poder, los gobiernos derechistas del Partido Acción Nacional han intentado conservar en parte a los “sindicatos” corporativistas para seguir manteniendo a la clase obrera a raya. No obstante, su recurso final consiste en utilizar cada vez más al ejército, haciendo que México se parezca más y más a las seudodemocracias militarizadas como la de Colombia.

La “colombianización” de México ya ha avanzado a pasos agigantados. Esto no sólo ha ocurrido en los estados del norte: en Guanajuato, Colima, Michoacán y Guerrero en el centro y suroeste, así como Yucatán y Quintana Roo en el sureste, el ejército está desplegado. Y por supuesto también en Chiapas, hostigando a los campesinos zapatistas, y en Oaxaca, donde todavía bulle el descontento encabezado por el combativo sindicato magisterial y las organizaciones indígenas. En las puertas de la propia Ciudad de México, el alcalde panista de Tlalnepantla ha logrado que el ejército patrulle las calles. Y en el Distrito Federal, el gobierno de del Partido de la Revolución Democrática de Marcelo Ebrard, otrora secretario de seguridad pública (en cuya calidad contrató al ex alcalde neoyorquino Rudolf Giuliani para implementar sus métodos policíacos de “cero tolerancia”) ahora quiere emular a la Inglaterra de Tony Blair mediante la instalación de 9,000 videocámaras de vigilancia, compradas a Telmex (propiedad de Carlos Slim, quien ahora es el tercer hombre más rico del mundo) y a la compañía francesa Thales a un costo de 460 millones de dólares. He aquí al gobierno del PRD en la capital: pistas de hielo para patinar, pastillas de Viagra distribuidas gratuitamente a los ancianos … y vigilancia estilo Gran Hermano por doquier. ¡Y ésta se considera la “oposición” a Calderón!

Los tres principales partidos burgueses –el “izquierdista” PRD, el derechista PAN y el PRI, considerado de “centro”– apoyan la ofensiva militarizadora. De hecho, el entonces gobernador perredista de Michoacán en 2006, Lázaro Cárdenas Batel, fue quien pidió a Calderón que enviara al ejército; su sucesor, Leonel Godoy, también del PRD, es un fuerte aliado del presidente. Ultraderechistas como Guillermo Velasco Arzac de la fascistoide organización del Yunque, han intentado azuzar la histeria popular mediante enormes manifestaciones “contra el crimen”, como la realizada en agosto del año pasado en la Ciudad de México. Entretanto, el presidente nacional del PAN dice que hay que “guanajuatizar” el país, en referencia al estado que su partido ha gobernado desde hace casi dos décadas. En julio pasado, causó un escándalo la aparición de videos en los que se mostraba cómo la policía de León, Gto., era entrenada en técnicas de tortura (por un instructor que “parece norteamericano”), arrastrando a los policías sobre su propio vómito y mostrando cómo realizar el tehuacanazo. Luego, en enero de este año, un campesino guanajuatense fue torturado hasta la muerte. La respuesta del gobierno estatal consistió en retirar al jefe de la policía estatal … para sustituirlo con otro jefazo policíaco que también ha sido acusado de torturador.

En una típica declaración reaccionaria, el alcalde panista de la ciudad de Irapuato, Gto., culpa de las bandas de narcotraficantes a las madres que trabajan: “Los pandilleros son el resultado de que las madres salgan a trabajar” (¡!). De 2000 a la fecha, más de 130 mujeres han sido encarceladas en Guanajuato por tener un aborto. Además, aunque es un derecho constitucional en todo el país el abortar en caso de que el embarazo haya sido producto de una violación, en estos nueve años el sistema de salud pública de Guanajuato no ha realizado un solo aborto en estos casos. En contra de la andanada militarizadora, que no es más que la punta de lanza de una campaña reaccionaria en todas las esferas, como la que ha cristalizado en Guanajuato y que Calderón querría extender al resto del país, los marxistas proponemos la vía opuesta. El Grupo Internacionalista aboga por el derecho al aborto libre y gratuito para toda mujer que lo solicite. También nos pronunciamos por la eliminación de todas las leyes que proscriben o regulan el consumo o comercio de drogas. Al estado no le incumbe en lo absoluto qué es lo que cada quien haga con su propio cuerpo. Además, el que las drogas fueran legales eliminaría instantáneamente las bases económicas de los cárteles del narcotráfico, tal como la eliminación de la Prohibición del consumo de alcohol en los años 30 en Estados Unidos acabó de manera fulminante con los contrabandistas de ron y whisky.

Protesta en Monterrey por hostigamiento por militares, 17 de febrero de 2009.
(Foto: El Universal)

La llamada “guerra contra las drogas” es, por doquier, no más que un disfraz con el que se pretende ocultar la guerra contra los pobres y los trabajadores. Al igual que la “guerra contra el terrorismo”, es una guerra contra nosotros.  En el fondo, se trata de los derechos democráticos. Pero cuando una modesta propuesta para la legalización de algunos productos como la mariguana se presentó en la Asamblea Legislativa del D.F., Ebrard y la fracción del PRD se enfurecieron considerablemente. Como políticos burgueses, defienden la moral burguesa. Lo mismo hacen los seudosocialistas de Militante, que dice ser una tendencia marxista dentro del PRD, partido capitalista. ¡Menudos “marxistas” que llaman a votar por políticos burgueses como Andrés Manuel López Obrador o su ex jefe de la policía, Ebrard! En su periódico Militante (febrero de 2009), se pronuncian por la formación de “grupos de autodefensa, en cada pueblo o barrio afectado por la acción criminal y al mismo tiempo actuar de manera organizada en contra de los centros de distribución de droga formando comités locales de vigilancia que permitan su desmantelamiento.” Éste es un llamado a favor de la formación de grupos parapolicíacos, de turbas de linchadores, con el propósito de hacer cumplir las leyes de la clase dominante en contra de los trabajadores. ¡Militante merece ser vilipendiado por este asqueroso apoyo a los opresores!

De hecho, hace falta formar verdaderos grupos de autodefensa obrera, pero sobre una base proletaria, para defender los barrios plebeyos en contra de los ataques de la policía el ejército. Recientemente ha habido varias protestas en diferentes ciudades del norte del país en contra de abusos perpetrados por el ejército. Los que más publicitó la televisión fueron los que acaecieron en Monterrey en febrero pasado, cuando los manifestantes cerraron las calles a lo largo de seis días seguidos para protestar en contra de la presencia del ejército mexicano. La policía y la prensa los denunciaron como “narcobloqueos”, como en Colombia con el coco de la “narcoguerrilla” (véase nuestro artículo “Narcogobierno colombiano perpetra siniestra masacre en Ecuador” [marzo de 2008]). Se refieren a los manifestantes como “los tapados”, por cubrir sus rostros con playeras y paliacates, como si esto no fuera común en las protestas contra la policía (basta nada más con ver las fotos de Oaxaca en 2006). En los lugares en que los residentes de barrios empobrecidos se han abalanzado a las vías de ferrocarril para esculcar los vagones que transportan sacos de maíz y trigo importado de EE.UU., por ejemplo en Celaya, Gto., la policía alega que se trata de acciones del “crimen organizado”, y no de gente pobre que tiene hambre (ver “Los asaltatrenes”, Proceso, 1º de marzo)

Bien puede haber en algunos lugares conexiones entre los traficantes y los manifestantes. Además, siendo que no se trata de manifestaciones izquierdistas, es posible que sean organizadas mediante redes u organizaciones locales que típicamente dominan colonias plebeyas. Pero esto no invalida sus quejas (que casi nunca se reportan). Un artículo de Reforma (21 de enero de 2008), “Y allá protestan contra Ejército”, informa de una manifestación de 200 personas frente a un cuartel militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para protestar contra un ataque perpetrado por soldados del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) contra un centro de baile y una discoteca la noche anterior, donde los soldados sometieron y golpearon a la gente. También se ha documentado matanzas a manos del ejército en los retenes en el marco de la “guerra contra el narcotráfico”. Está el caso de la familia Esparza Galaviz en Leyva, Sinaloa, acribillada en un retén militar en junio de 2007: los soldados abrieron fuego contra el vehículo de la familia, matando a cinco de los viajeros, incluidos tres niños pequeños. Un año más tarde, hubo una segunda matanza, en el pueblo de Santiago de los Caballeros, también en Sinaloa, donde el conductor y otros tres pasajeros de un vehículo fueron asesinados. En ninguno de estos casos las víctimas iban armadas (documentado en el dossier de marzo de 2009 sobre abusos militares, ¿Comandante Supremo? publicado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez).

Los grupos de defensa de los derechos humanos, como el Centro Pro, muchos de los cuales son fuertemente anticomunistas, han reunido montañas de evidencia de tortura sistemática y asesinatos arbitrarios realizados por la policía y el ejército. Señalan que el uso del ejército para la realización de tareas policíacas viola la Constitución mexicana, lo mismo que los abusos que cometen. No obstante, su apelación a los preceptos constitucionales burgueses cae en oídos sordos, además de no explicar nada, porque en el fondo todo esto constituye un asunto de clase. En años recientes, México ha experimentado crecientes tensiones sociales como resultado de un cuarto de siglo de privatizaciones masivas, destrucción de los servicios sociales, expulsión de los campesinos de sus tierras y otras manifestaciones de una ofensiva burguesa contra los obreros y oprimidos. Después de que el decrépito aparato del PRI perdió su dominio nacional en 2000, el gobierno panista de Vicente Fox Quesada recurrió cada vez más a la represión abierta, como hemos señalado en varios artículos (“Fox deja caer la máscara”, marzo de 2001; “Represión en Foxilandia”, mayo de 2005; “Romper la ‘mano firme’ de Calderón  con lucha obrera”, diciembre de 2006, entre otros).

Esta ofensiva llegó a su punto culminante al final del sexenio de Fox, cuando obreros, maestros y campesinos se movilizaron para contrarrestar asesinos ataques del ejército y la policía en Lázaro Cárdenas, Michoacán (abril de 2006), Atenco, en el Estado de México (mayo de 2006) y Oaxaca (junio-noviembre de 2006). El carácter masivo y la combatividad de estas luchas llenó de pánico a la burguesía mexicana (y a sus patrones imperialistas), que finalmente se las arreglaron para contener el “contagio” mediante la ocupación militar y policíaca del estado de Oaxaca a finales de ese año. Al asumir la presidencia en diciembre de 2006, Calderón anunció que utilizaría “los mismos métodos” que en la batalla final en Oaxaca, pero que los dirigiría contra el “crimen organizado” y el narcotráfico. Esperaba fortalecer el aparato represivo del estado y usarlo para labores policíacas sin provocar descontento masivo, como había hecho Fox. Pero el tiro le salió por la culata, y el número de asesinatos relacionados con el tráfico de drogas se disparó por los cielos. Además, hay ahora un número creciente de protestas en contra de los abusos de la policía y el ejército.

Los trotskistas del Grupo Internacionalista hemos sumado nuestros esfuerzos a los de los sectores de la clase obrera y el campesinado que han resistido los ataques burgueses, desde Oaxaca hasta los mineros de Cananea, que han estado en huelga ya más de un año y medio. Buscamos romper la camisa de fuerza de las organizaciones “sindicales” corporativistas que se presentan falsamente como sindicatos, cuando en realidad sirven para someter a los trabajadores al control gubernamental. Queremos construir genuinos sindicatos obreros como órganos de lucha de clases, políticamente independientes del gobierno y de todos los partidos burgueses. Ante la militarización masiva, luchamos por la movilización obrera junto con los residentes de los barrios bajo la bota militar, para exigir que el ejército y la policía federal salgan de inmediato. Si siguen aterrorizando los distritos empobrecidos, el siguiente paso será conformar escuadrones de la muerte, tal y como aconteció en Brasil y en otras partes bajo la guisa de la “guerra contra el narcotráfico”, y en México durante la “guerra sucia”.

La clave para librar esta guerra de clases es la formación de un partido obrero revolucionario, sobre la base del programa trotskista de la revolución permanente, para que dirija al poderoso proletariado mexicano, a la cabeza de los pobres del campo y la ciudad, para acabar de una vez por todas con el régimen capitalista en plena decadencia, que no promete a las masas más que desempleo, hambre y terror policíaco. Es necesario extender la revolución a todo el hemisferio, particularmente al coloso imperialista del norte, donde millones y millones de trabajadores inmigrantes mexicanos constituyen un puente humano que hace posible una verdadera revolución socialista internacional. ■