septiembre de 2011
¡Solidaridad
internacionalista con los estudiantes chilenos!
por la educación pública, gratuita y de calidad
¡Obreros al poder!
de agosto. (Foto: Víctor R. Calvano/AP)
16 de SEPTIEMBRE – En la jerga
mediática, tras la Primavera Árabe ha
llegado el Invierno Chileno. Se trata de la
más grande y sostenida movilización
que se haya dado en contra del régimen
heredado de la dictadura pinochetista en dos
décadas. A lo largo de cuatro meses, cientos
de miles de estudiantes y trabajadores chilenos han
tomado las calles luchando por una educación
pública, gratuita y de calidad. Desde
mediados de mayo, cientos de escuelas secundarias y
las principales universidades del país han
sido tomadas por sus estudiantes y trabajadores. En
múltiples ocasiones, tanto el centro de
Santiago como los de las principales ciudades han
sido el escenario de enormes manifestaciones, con
miles de arrestos y encarnizadas luchas callejeras
contra la policía militarizada (carabineros).
El 21 de agosto, un millón de personas se
concentraron en apoyo a los estudiantes huelguistas;
los días 24 y 25 hubo un paro nacional de 48
horas convocado por la Central Única de
Trabajadores (CUT). Esta jornada se saldó con
el asesinato de un joven de 16 años,
acribillado por un carabinero. Además de la
represión, el gobierno emplea el llamado a un
tramposo “diálogo” con el fin de desviar la
protesta, para lo cual han contado con la ayuda de
los dirigentes reformistas del movimiento.
La lucha de los estudiantes goza de
un amplio apoyo entre la población.
Según una encuesta realizada a principios de
septiembre, el 76 por ciento de los chilenos apoya
las demandas de los estudiantes; al mismo tiempo, el
presidente conservador, Sebastián
Piñera, de la coalición de derechas
Alianza por Chile, cuenta con tan sólo un 27
por ciento de aprobación. No sólo los
trabajadores apoyan la lucha, sino también
gran parte de la clase media, agobiada por los altos
costos de la educación universitaria, incluso
en las universidades “públicas”, cada vez
más privatizadas, con aranceles (cuotas) que
rivalizan con las de Estados Unidos. Sin embargo, a
pesar de su abrumadora popularidad, la batalla dista
mucho aún de ser ganada. La derecha
cavernícola, por primera vez en el poder
después del cese de Augusto Pinochet,
defiende a ultranza el modelo educativo sujeto al
mercado capitalista que auspició el dictador.
La “oposición”, calificada de
“centro-izquierda”, que se agrupa en la
Concertación por la Democracia compuesta
principalmente por la Democracia Cristiana (DC) y el
Partido Socialista (PS), finge apoyar las demandas
de los estudiantes, aunque durante las casi dos
décadas que detentó el poder mantuvo
ese sistema educativo libremercadista.
Pero incluso los principales
líderes estudiantiles y magisteriales –en
ambos casos afiliados al Partido Comunista de Chile
(PCCh)– y de la CUT (Concertación),
están dispuestos a “negociar” lo que ha sido
el punto de partida de la lucha y debe ser la
demanda no negociable: la gratuidad de la
enseñanza pública, y su
accesibilidad a todos. He aquí el nudo del
conflicto, entre la concepción de la
educación como un derecho democrático,
y no un “bien de consumo” que haya de ser comprado
(a precios de mercado) por “clientes” (los
estudiantes y sus familias). Por mucho que los
reformistas critiquen el “lucro” en la
educación –que ya es ilegal– no abogan ni de
lejos por la abolición de la
educación privada. En un marco
más amplio, tanto los ex estalinistas del
PCCh y los socialdemócratas del PS, como
otros izquierdistas más radicales (castristas
del MIR, “libertarios” y seudotrotskistas), abordan
la cuestión desde un punto de vista puramente
“democrático”. Plantean como meta una
asamblea constituyente para redactar una nueva
constitución, para reemplazar la “democracia
vigilada” impuesta por la dictadura militar en 1980
(y sólo modificada mediante enmiendas en 1989
y 2005). De la necesaria revolución
obrera, ni una palabra.
Con su óptica “democraticista”,
la izquierda oportunista pasa por alto el hecho de
que la batalla por la educación
pública (aunque formalmente un derecho
democrático) es, en el fondo, una lucha
de clase. La campaña privatizadora es
una ofensiva internacional del capital, encabezada
por el Banco Mundial, la UNESCO y otras agencias
imperialistas. Como constatamos con la
transcendental huelga de diez meses de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) en 1999-2000, el estado
capitalista movilizará todo su poderío
para imponer la mercantilización de la
educación. Y sin embargo, a un costo de
más de mil arrestos, se logró mantener
la gratuidad de la enseñanza en la UNAM
gracias a la masividad y determinación de la
ocupación, y a la defensa obrero-estudiantil
de la huelga con la participación de cientos
de obreros electricistas y universitarios.
Así, la movilización del poder de los
trabajadores, lejos de ser apenas una muestra
más de solidaridad con los estudiantes, es
imprescindible para conquistar el derecho a la
educación pública y gratuita para
todos. Sólo se puede vencer en esta batalla
si se la hace parte de una lucha cuya finalidad sea
la toma de poder por parte la clase obrera, como
abanderada de todos los oprimidos.
De la “Revolución
Pingüina” al paro nacional
Desde el fin del gobierno militar
–que duró casi 17 años, desde el golpe
de estado del 11 de septiembre de 1973 hasta mayo de
1990– la educación ha sido un foco de la
oposición a la herencia de la dictadura. Una
de las consignas más coreadas en las marchas
es: “Se va a caer, se va a caer, la educación
pinochetista”. De hecho, la Ley Orgánica
Constitucional de la Enseñanza (LOCE), fue el
último de los decretos-amarres impuesto por
lo militares, promulgado un día antes del fin
del régimen castrense. Como reflejo de la
ideología “neoliberal” del régimen, la
LOCE redujo el papel del estado en la
educación al de un regulador al delegar, en
nombre de la “libertad de enseñanza”, la
gestión de establecimientos educativos a
corporaciones privadas. Con base en esa ley
“constitucional” se prohibió la
participación de estudiantes y docentes en la
toma de decisiones, y se “municipalizó” la
educación básica y media (perjudicando
a los pobladores de zonas pobres). Florecieron
entonces las “academias” secundarias, institutos
técnicos y seudo-universidades privadas con
clases dictadas por “maestros taxi” y “profesores
taxi” que enseñan en varias escuelas,
contratados a sueldos bajos y sin ninguna
estabilidad laboral. A pesar de las críticas
de sectores de la Concertación, que
gobernó Chile de 1990 hasta marzo del
año pasado, la odiada LOCE pinochetista se
mantuvo sin alteración hasta la
rebelión de los estudiantes secundarios en
2006.
Conocida como la “Revolución
Pingüina” (por el uniforme escolar de camisa
blanca con corbata y pantalones o falda oscuros) y
siguiendo los pasos de los movimientos estudiantiles
de 1996-1997 y 1999-2000, fue la más grande
protesta estudiantil de la historia de Chile ...
hasta la que está en curso. En esa lucha se
exigía la derogación de la LOCE, el
fin de la municipalización de la
enseñanza, un pase escolar gratuito para el
transporte público y la gratuidad de la
Prueba de Selección Unificada (PSU). Con una
serie de movilizaciones que duraron de abril a junio
de 2006, se puso en jaque al gobierno de la
presidenta Michelle Bachelet (PS). Hubo una escalada
de paros y tomas de escuelas, que se extendieron a
más de 100 liceos, y dos paros nacionales en
los que participaron hasta un millón de
estudiantes, además de docentes y sectores
sindicales. Sin embargo, el apoyo social a los
secundarios quedó limitado, mientras el
gobierno de la Concertación encabezada por
una socialista mantuvo su línea dura.
Criticó supuestos “actos vandálicos”
realizados en los paros, mientras enviaba a los
carabineros a reprimir con saña. Finalmente,
concedió unas migajas a los huelguistas
estudiantiles y luego rebautizó la LOCE
pinochetista como Ley General de Educación.
El movimiento de 2011 es el
legítimo heredero del “pingüinazo”. Se
trata de una nueva generación todavía
sujeta a un sistema educativo diseñado por
los milicos y oligarcas que derrocaron al gobierno
de la Unidad Popular de Salvador Allende y ahogaron
a los trabajadores en un río de sangre. Hoy
en día, la mayor parte de los estudiantes
secundarios están matriculados en escuelas
privadas (entre las que se incluyen las
“subvencionadas”); además, el gasto
público en la educación ha
caído a 2,7 por ciento del producto interno
bruto (la tasa más baja de la OCDE), mientras
un estudiante universitario que obtiene su
título en medicina típicamente
habrá contraído una deuda de unos 50
mil dólares en préstamos educativos,
en un país donde la mayoría de la
población tiene un ingreso familiar mensual
de unos 900 dólares mensuales, o menos.
Aún con becas (inadecuadas) para los
más pobres esto representa la
exclusión del grueso de la clase obrera de la
educación superior, y un fardo de
endeudamiento insoportable para la clase media. Esto
explica por qué las protestas estudiantiles
han tenido tan gran apoyo no sólo entre los
trabajadores sino también, y particularmente,
en la pequeña burguesía, incluso en
sectores acomodados.
La actual batalla por la
educación pública comenzó a
principios de abril, cuando estudiantes de la
Universidad Central de Chile protestaron contra un
proyecto que convertiría a la UCEN en una
fuente de utilidades mediante un consorcio
inmobiliario ligado al Partido Demócrata
Cristiano (parte de la Concertación). Una
marcha convocada por la Confederación de
Estudiantes de Chile (CONFECh) para el 12 de mayo,
movilizó a 100 mil estudiantes a escala
nacional. Le siguieron otras marchas de decenas de
miles de estudiantes el 26 de mayo y 1° de
junio, la ocupación de 17 universidades y una
ola de tomas de colegios secundarios que
contabilizó más de 600 a finales del
mes. Entonces, los estudiantes programaron dos
movilizaciones consecutivas para el 15 y 16 de
junio. La primera fue de colegios de la periferia
sur de Santiago junto con los obreros
subcontratistas de la mina El Teniente, de la
estatal CODELCO (Corporación Nacional del
Cobre), que estuvieron casi dos meses en huelga, y
reunió unos 10 mil manifestantes. La segunda
fue de todo el sector educativo –estudiantes y
docentes del Colegio de Profesores– junto con otros
trabajadores del sector público que
llegó a 200 mil personas, la más
grande protesta de esta “democracia” espuria. Y esto
sólo fue el comienzo.
El 23 de junio marcharon unos 20 mil
estudiantes secundarios mientras el ministro de
educación –el ultraderechista Joaquín
Lavín[1]–
trataba de dividir al movimiento, buscando negociar
por separado con estudiantes de la educación
media, de universidades “públicas” y de las
privadas, siendo rechazado al final por todos. El 30
de junio hubo otra movilización nacional,
ahora con el apoyo (pero todavía no un paro)
de la CUT, que totalizó más de 400 mil
manifestantes del norte al sur del país. En
respuesta, el presidente chileno Piñera
anunció con bombo y platillo a principios de
julio un Gran Acuerdo Nacional de la
Educación (GANE) y la creación de un
fondo de unos 4 mil millones de dólares para
financiarla. Sin embargo, como magnate capitalista
que es[2],
resultó que la medida era una gran
subvención a los bancos. Los 4 mil
millones de dólares serían invertidos
en el mercado, con lo que se espera obtener
intereses por 250 millones de dólares que
serán repartidos entre los bancos para
facilitar unas cuantas becas más y una
reducción de la tasa de interés en
algunos préstamos. Poco después, ante
el desgaste de Lavín, Piñera
sustituyó a su ministro de educación.
Represión y
resistencia: Carabineros atacan con carros
lanzaguas a manifestantes, quienes responden
pintando
los vehículos blindados
policíacos, el 14 de julio. La prensa
vitupera contra “desmanes de los
jóvenes”. (Fotos:
AFP)
Dado que el GANE no satisfizo a los
estudiantes, pues no respondía a ninguna de
sus demandas, las manifestaciones prosiguieron y
más de 100 mil personas salieron a la calle
el 14 de julio. Entonces se intensificó la
represión y se multiplicaron las
provocaciones y los ataques policíacos: los
pacos (carabineros) irrumpieron en el campus de la
Universidad Central en Santiago, golpeando al punto
de la inconciencia a un dirigente estudiantil,
Recaredo Gálvez, en Concepción. Un
reportaje televisivo y estudiantes señalaron
a infiltrados en las marchas que lanzaban piedras.
Cuando manifestantes en Valparaíso intentaron
retener a uno de esos provocadores, se
refugió en el edificio del Congreso Nacional,
identificándose como oficial
policíaco. Ya para el 4 de agosto, las
autoridades prohibieron todas las marchas,
tanto de los estudiantes secundarios en la
mañana, como de los universitarios en la
tarde en Santiago, y otras en regiones
(Valparaíso, Temuco, Concepción). No
obstante, cientos de manifestantes resistieron los
intentos de dispersión, con lo que se
produjeron luchas callejeras de envergadura, lo que
la gran prensa calificó de “desmanes” y
“disturbios violentos”. En la noche hubo cacerolazos
por doquier. Se informó de 874 detenidos.
En repudio a la violenta
represión lanzada por las autoridades contra
los jóvenes, los estudiantes secundarios de
la CONES, universitarios de la CONFECh, la CUT y la
Confederación de Trabajadores del Cobre
llamaron nuevamente a una marcha para el 9 de
agosto, en la que participaron unas 150 mil personas
y donde hubo casi 400 detenciones. Le siguió
otra marcha el 17 de agosto, con 100 mil
participantes pese a una fuerte y fría
lluvia, y para el día 21 un “Domingo familiar
para la educación” en el Parque O’Higgins al
que acudieron un millón de personas.
Finalmente, el 24 y 25 de agosto hubo el paro
nacional de 48 horas que terminó en grandes
marchas en Santiago y otras ciudades en las que se
reunió a unos 600 mil manifestantes. Durante
estos días de movilización constante,
el gobierno detuvo a casi 1.400 personas. Frente a
esta represión feroz, hay que desencadenar
la fuerza del movimiento obrero para exigir que se
anulen todos los cargos en contra de los 3 mil
estudiantes, jóvenes, trabajadores y padres
de familia arrestados en las distintas
protestas. A pesar de toda la propaganda en torno a
“encapuchados”, diversas encuestas dieron una
mayoría notable favorable al paro. Y no
obstante las debilidades de la acción obrera
(no se logró paralizar el transporte
público, aunque hubo una pobre afluencia, y
no pararon los trabajadores del cobre), el impacto
de la primera gran huelga nacional desde la
época de Pinochet fue innegable.
La necesidad de un programa
revolucionario
Fue sólo entonces –y
particularmente después del revuelo que
causó la noticia del asesinato del joven de
16 años Manuel Gutiérrez Renoso en la
noche del segundo día del paro, que luego de
varias desmentidas por la policía
resultó ser producto de un tiro en su pecho
realizado por un carabinero, sin provocación
alguna– que el
gobierno decidió proponer discusiones con los
estudiantes en huelga. “Debilitado, Piñera
llama a diálogo”, tituló el diario
bonaerense Página/12 (27 de agosto).
Aún así, el régimen
siguió tratando a los estudiantes con
desprecio. El ministro de salud, Jaime
Mañalich, calificó de “mentirosos” a
los estudiantes del liceo de Buin que emprendieron
una huelga de hambre, acusó de “asesino” a un
oficial de la escuela que los visitó
diariamente, e increpó a los jóvenes
de “cobardes” porque les faltaba “heroísmo”
al deponer su huelga después de 37
días. Luego, en la primera reunión,
que se celebró en el palacio de La Moneda el
3 de septiembre, el nuevo ministro de la
educación, Felipe Bulnes, presentó una
agenda que consistía en una serie de “mesas
de discusión”, comenzando con el sistema de
becas y créditos – o sea, el mismo GANE que
nació muerto en julio.
No obstante la desfachatez del
ministro Bulnes y del presidente Piñera al
seguir presentando la misma “propuesta” rechazada
por todos dos meses atrás, los dirigentes
estudiantiles y del profesorado que participaron en
la reunión la recibieron con comentarios
diplomáticos positivos. Camila Vallejo,
presidenta de la Federación de Estudiantes de
la Universidad de Chile (FECh) y dirigente de la
CONFECh, declaró que “se transparentaron
posiciones”, mientras el presidente del Colegio de
Profesores, Jaime Gajardo, manifestó que “se
han sincerado las posiciones” (citados en un
comunicado del Partido Comunista, 3 de septiembre).
No es casual que Vallejo milite en las Juventudes
Comunistas (JJ.CC.) y Gajardo sea un dirigente del
PCCh. De hecho, los “comunistas” reformistas
representan el ala derecha del movimiento.
Así, el anterior titular de educación,
Lavín, se quejo de que “Sectores que
están más a la izquierda del Partido
Comunista se tomaron la dirigencia estudiantil” y
que los “grupos ultras ... no tienen
intención de llegar a acuerdos” (La
Tercera, 2 de julio). Lo cierto es que la
línea “moderada” del PCCh ha sido impugnada
por sectores más radicales.
Un aspecto
notable de la lucha estudiantil chilena es que se ha
convertido a su principal vocera en una estrella
mediática. Hay cientos de artículos en
la prensa nacional e internacional sobre el tema de
“Camila Vallejo, la bella líder comunista de
los estudiantes chilenos” (Notimex, 23 de agosto).
En el mundo periodístico burgués se
promueve sus palabras, su persona y su look
por doquier. Hasta el vicepresidente boliviano,
Álvaro García Linera, artífice
de la política de “capitalismo andino” del
gobierno de Evo Morales, declaró que “todos
estamos enamorados de ella”. Es evidente que esta
campaña busca crear una figura dirigente
capaz de impedir una radicalización del
movimiento. En aspectos, tanto tácticos como
programáticos, el PC y “la Jota” han tratado
de allanar la vía para un eventual acuerdo
con el gobierno. Así, por ejemplo, luego de
un accidente aéreo en el territorio de Juan
Fernández en el que murió un popular
presentador televisivo, Vallejo anunció que
el duelo nacional “imposibilitó” llevar a
cabo un paro programado para el 8 de septiembre.
(Llamó la atención, que el asesinato
de Manuel Gutiérrez no la
“imposibilitó” acudir a La Moneda para
sentarse con Piñera.) Ante la
insatisfacción de “sectores críticos”
en la CONFECh, Vallejo tuvo que dar marcha
atrás. Se reportó luego que, “Fuentes
de gobierno señalaron que ven con
preocupación el debilitamiento del liderazgo
de la dirigenta, de tendencia más moderada” (La
Tercera, 7 de septiembre).
Es notoria la forma en que los
dirigentes estudiantiles y del profesorado afiliados
al PC se han prestado a las maniobras divisionistas
del gobierno. Después de asegurar que la
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios,
que agrupa escolares de la periferia, más
plebeyos, estaría presente en todo
“diálogo” con el ejecutivo, ante la negativa
gubernamental de invitar a la ACES (supuestamente
porque “tienen jerarquías que no están
muy establecidas”, según el vocero de La
Moneda) la CONFECh, la CONES y el Colegio de
Profesores acudieron igual a la cita. La ACES
convocó una marcha para el 2 de septiembre
para “mostrar el descontento de los estudiantes en
la calle ... que no están representados
dentro de esta mesa de diálogo”.
Anteriormente, el 31 de agosto, un grupo de unos 50
secundarios de una “Asamblea Popular
Secretaría de Educación Rebelde”
ocupó el despacho del ministro Bulnes,
diciendo: “No nos sentimos para nada representados
con la Confech” que “representa el reformismo no
más; no estamos de acuerdo ni con la
Concertación, ni con la Derecha, ni con el
PC”. Desplegaron un letrero diciendo “De la sala de
clases a la lucha de clases”, y su vocera
afirmó que “estamos peleando por una vida
digna para todos los pobladores, para todos nuestros
padres que trabajan”.
No menos importante es la manera en
que los dirigentes comunistas del movimiento han
recortado las metas de la lucha para facilitar un
entendimiento con sectores burgueses, no sólo
del régimen sino también de la
Concertación. Lienzos (mantas, banderas) de
los estudiantes en las grandes marchas se pronuncian
sin ambages “Por la educación gratuita.” Pero
las demandas de la CONFECh sólo hablan de
“tener como horizonte una educación estatal
gratuita”. Más aún, los voceros del
PCCh y de las JJ.CC. siempre enfatizan “no al lucro
en la educación”. La diferencia no es
semántica. Según la legislación
actual (en la forma del Decreto con Fuerza de Ley
N° 2 de 2010) las universidades privadas tienen
que ser “corporaciones de derecho privado, sin fines
de lucro para el efecto de tener reconocimiento
oficial”. Piñera ya ha indicado que
podría “investigar” si de hecho se
está cumpliendo con esta prohibición.
En realidad las autoridades universitarias y
“sostenedores” de estas corporaciones han encontrado
mil maneras de lucrar, entre sueldos
estratosféricos, el alquiler de cuartos y
muebles de empresas inmobiliarias, la
provisión de préstamos a los
estudiantes, etc.
Dirigentes
estudiantiles dejan La Moneda luego de
plática con el presidente Piñera y
sus ministros, el 3 de septiembre. Otros en el
movimiento estudiantil criticaron la
actuación de los principales voceros de
la CONFECh, Camila Vallejo (centro) y Giorgio
Jackson (a su derecha).
Una dirección revolucionaria,
auténticamente comunista, lucharía no
solamente por el fin del lucro en la
educación sino por la expropiación
de las universidades y escuelas privadas, por
la educación pública, laica,
gratuita y accesible a todos –con
matrícula abierta y asistencia libre– bajo
el control de consejos de estudiantes, docentes y
trabajadores, como parte de la lucha por la
revolución obrera. La huelga de la UNAM de
1999-2000 tuvo precisamente el propósito
defender a la gratuidad de la educación
universitaria pública contra la
imposición de cuotas. Como arriba
señalamos, la huelga logró esto, tras
diez meses de ocupación y a pesar de
más de mil arrestos y la toma de Ciudad
Universitaria por la Policía Federal
Preventiva, creada con el fin de reprimir a los
estudiantes. El hecho de que se limite el acceso a
la principal casa de estudios mexicana por medio de
exámenes tiene como resultado que cada
año haya decenas de miles de “rechazados” que
no encuentran manera de continuar sus estudios. Es
por ello que hoy en Chile, más allá de
buscar “medios complementarios de acceso”, se
debería luchar por la abolición de
la PSU y de todo examen que limite el acceso a
la educación superior.
La huelga de la UNAM ha sido un punto
de referencia para los estudiantes chilenos. Cabe
señalar que en la UNAM también, las
autoridades intentaron utilizar la táctica
dialoguera para aislar y acorralar a los
estudiantes. A pesar de las acusaciones
mediáticas de “intransigentes”, los
estudiantes decidieron no transar en la lucha por la
gratuidad de la educación universitaria.
Uno de los aspectos clave de esa
huelga fue la participación directa de la
clase obrera en su defensa. El Grupo
Internacionalista había insistido en los
comités de huelga en que los estudiantes no
tienen por sí solos el peso social necesario
para vencer al gobierno capitalista, y por ello
insistió en la formación de guardias
de defensa obrero-estudiantiles. Aunque inicialmente
nuestra propuesta fue descartada como ilusoria,
cuando se acercaba un ultimátum del gobierno
y del rector para desalojar la Ciudad Universitaria
mediante una intervención del
ejército, se aprobó la propuesta en
los comités de huelga de dos facultades.
Desde el inicio, el Sindicato Mexicano de
Electricistas había mostrado apoyo a la
huelga, pero lo que hacía falta era movilizar
su poder de clase. Con el mandato de las asambleas
de huelguistas, militantes y simpatizantes del GI
movilizaron a decenas de estudiantes hacia las
instalaciones de la Compañía de Luz y
Fuerza del Centro para pedir directamente la ayuda
de los electricistas.
El 15 de julio de 1999, justo en
vísperas de que concluyera el
ultimátum oficial, acudimos a la sede del
sindicato de electricistas para reiterar
oficialmente la petición de apoyo. Esa misma
tarde, el SME envió a cientos de
sindicalistas que día a día en ese
momento crucial integraron guardias de defensa junto
con estudiantes y trabajadores universitarios en
media decena de recintos universitarios. Esta
muestra de fuerza proletaria paró la mano
represora del gobierno por algún tiempo y
contribuyó al éxito (limitado pero de
suma importancia) de mantener la gratuidad en la
UNAM.[3]
¡Forjar un partido
obrero trotskista en Chile!
El reformista vulgar razona
así: primero luchamos por las reformas,
más tarde (es decir, nunca) será la
hora de luchar por la revolución. Es el viejo
esquema menchevique-estalinista de la
revolución “por etapas”, sólo que
antes de que llegue la etapa superior, los supuestos
o anhelados aliados “democráticos” de la
primera etapa habrán conducido un baño
de sangre masacrando a los revolucionarios.
Considérese tan sólo la experiencia de
la Unidad Popular en Chile. Los revolucionarios
marxistas sabemos que la relación entre
reforma y revolución es exactamente la
inversa. Como escribió el joven dirigente
comunista cubano Julio Antonio Mella en marzo de
1923, al lanzar el primer congreso nacional de
estudiantes, “invitamos a los estudiantes cubanos a
la revolución, para conseguir las reformas.
Es el único medio. Los universitarios lo
sabemos bien” (de la colección J.A.
Mella, documentos y artículos
[Instituto Cubano del Libro, 1975]. El rotundo
fracaso de los intentos de reforma educativa bajo el
capitalismo hace patente que para democratizar la
educación, hay que luchar por la
revolución socialista que la haría
posible. O como Lenin lo subrayó una y otra
vez, “las reformas son un producto accesorio de la
lucha revolucionaria de las clases”.
La “democracia” es el gran
engaño y estafa de la burguesía. En
esta época de su decadencia, cuando se
elimina sistemáticamente las limitadas
conquistas de tiempos anteriores, el capitalismo
agonizante socava con cada vez mayor fuerza las
promesas democráticas de su juventud. En
Chile, la “ley maldita” que ilegalizó al
Partido Comunista al comienzo de la Guerra
Fría antisoviética se llamó la
Ley de Defensa Permanente de la Democracia.[4]
A los 17 años de dictadura militar
pinochetista siguieron 20 años de
“transición a la democracia” y todavía
se mantiene la constitución más
autoritaria de América. Como en los albores
del capitalismo, las grandes conquistas
democráticas son consecuencia de la lucha de
clases. Y ésta requiere de la
dirección de un partido obrero
revolucionario. La experiencia del frente popular en
Chile, así como la relación
dialéctica entre reivindicaciones
democráticas y la revolución obrera,
subrayan que tal dirección sólo puede
ser forjada sobre la base del trotskismo, el
marxismo revolucionario de nuestra época.
Como escribió el gran
revolucionario internacionalista León Trotsky
en medio de la agitación estudiantil y obrera
en España a principios de la década de
los 30:
“Las manifestaciones activas de los
estudiantes sólo son una tentativa de la
joven generación de la burguesía,
sobre todo de la pequeña burguesía,
para dar una salida al equilibrio inestable en que
el país se ha encontrado después de la
pretendida liberación de la de la dictadura
de Primo de Rivera, de la que se ha conservado
íntegramente la herencia en sus elementos
fundamentales. Cuando la burguesía renuncia
consciente y obstinadamente a resolver los problemas
que se derivan de la crisis de la sociedad burguesa,
cuando el proletariado no está aún
presto para asumir esta tarea, son los estudiantes
los que ocupan el proscenio. En el desarrollo de la
primera revolución rusa, hemos observado este
fenómeno más de una vez; este
fenómeno siempre ha tenido para nosotros una
significación enorme y sistemática.
Esta actividad revolucionaria o semirrevolucionaria,
significa que la sociedad burguesa atraviesa una
crisis profunda. La juventud pequeñoburguesa,
sintiendo que una fuerza explosiva se acumula en las
masas, tiende a encontrar a su manera la
salida de ese atolladero y a impulsar más
adelante el desarrollo político.
“La burguesía considera el
movimiento de los estudiantes, mitad con
aprobación, mitad con prevención; si
la juventud da algunos empujones a la burocracia
monárquica, no está mal del todo, con
tal de que esos ‘chicos’ no vayan demasiado lejos y
que no arrastren a las masas laboriosas.”
–L. D. Trotsky, “Las tareas de los
comunistas en España” (25 de mayo de 1930)
¡Una descripción acabada
del criterio contradictorio de la burguesía
chilena con respecto a los “cabros” y “cabras” que
luchan hoy por la educación pública
gratuita! La postura de los trabajadores, subraya
Trotsky, es bien diferente:
“Al apoyar el movimiento estudiantil,
los obreros españoles han mostrado un
positivo instinto revolucionario. Aunque claro
está, deben actuar bajo su propia bandera y
bajo la dirección de su propia
organización proletaria....Este hecho de que
los obreros se hayan manifestado con los estudiantes
es el primer paso, claro está, todavía
insuficiente y mal asegurado, en el camino de la
lucha de la vanguardia proletaria por la
hegemonía revolucionaria.
“Este camino supone, por parte de los
comunistas, un lucha resuelta, audaz y
enérgica, por las consignas
democráticas.... Si la crisis
revolucionaria se transforma en revolución,
superará fatalmente los límites
burgueses y, en caso de victoria, deberá
entregar el poder al proletariado; pero el
proletariado no puede dirigir la revolución
en dicha época, es decir reunir alrededor
suyo las más amplias masas de trabajadores y
de oprimidos y convertirse en su guía,
más que a condición de desarrollar
actualmente, con sus reivindicaciones de clase y en
relación con ellas, todas las
reivindicaciones democráticas,
íntegramente y hasta el fin.”
Trotsky señaló en ese
entonces que la lucha por las demandas
democráticas no se contrapone a, sino que
se integra en la lucha por la revolución
socialista. Los trotskistas de la Liga por la
IV Internacional (LIVI) sostenemos hoy en Chile, tal
como hicimos en la huelga de la UNAM de 1999-2000,
que la lucha por una educación
pública gratuita de alta calidad para todos
requiere la extensión de la huelga
estudiantil a sectores clave de la clase obrera.
No se puede vencer a los Piñera y Bulnes, y a
los privatizadores de la educación de la
derecha e “izquierda”, con marchas estudiantiles y
tomas de escuelas, por muy masivas y combativas que
sean. La LIVI insiste en que este derecho
democrático sólo se conquistará
rompiendo el poder de la burguesía con una
lucha revolucionaria que apunte hacia el
establecimiento de un gobierno obrero que inicie la
revolución socialista internacional. Transar
en las demandas elementales del movimiento, como
hacen los dirigentes ligados al PCCh y la
Concertación, es preparar una derrota
terrible después de meses de dura lucha.
Para dirigir esta lucha es urgente
forjar el núcleo de un partido obrero
revolucionario sobre la base del programa
leninista-trotskista. Como escribió Trotsky
en su folleto, La Revolución
Española y las tareas de los comunistas
(enero de 1931):
“Cuanto más valerosa, decidida
e implacablemente luche la vanguardia proletaria por
las consignas democráticas, más pronto
se apoderará de las masas y privará de
base a los republicanos burgueses y a los
socialistas reformistas, de un modo más
seguro los mejores elementos vendrán a
nuestro lado y más rápidamente la
república democrática se
identificará en la conciencia de las masas
con la república obrera.”
[1] Joaquín Lavín,
hijo de un latifundista, estudió
economía en la Universidad de Chicago,
con lo que se convirtió en uno de los
originales “Chicago Boys”, una mafia de
economistas derechistas que implantaron las
doctrinas libremercadistas de su maestro
Milton Friedman en la dictadura de Augusto
Pinochet.
Lavín también es un
supernumerario del Opus Dei, orden religiosa
estrechamente ligada con la dictadura del
Gral. Francisco Franco en España. Su
esposa es hija de un prominente dirigente de
la organización fascista terrorista
chilena Patria y Libertad
[2] Con una fortuna personal
estimada en 2 mil 400 millones de
dólares (según la revista Forbes
es el cuarto hombre más rico del
país), Piñera fue durante varios
años presidente del banco Citicorp de
Chile y dueño de las mayores emisoras
de tarjetas de crédito, tras lo que
pasó a ser presidente y principal
accionista de la empresa aeronáutica
LAN. El hermano mayor del presidente
Piñera, como ministro en los primeros
gabinetes del dictador Pinochet, fue
artífice de las leyes antisindicales de
la dictadura y de la privatización de
los fondos de pensiones, pieza clave del
“neoliberalismo” que fue realizado por primera
vez en Chile.
[3] Ver nuestro folleto, La
huelga de la UNAM y la lucha por la
revolución obrera (El
Internacionalista, marzo de 2000), para
un análisis detallado del curso de la
huelga.
[4] Para confinar a los prisioneros
comunistas, se creó en 1948 un campo de
concentración en Pisagua, bajo el mando
de un joven oficial del ejército,
Augusto Pinochet Ugarte, quien tuvo ahí
un altercado con un joven senador, Salvador
Allende, quien habló en el Congreso
contra la ley. Un cuarto de siglo
después, luego del golpe militar
encabezado por Pinochet que derrocó el
gobierno de Allende en 1973, se erigió
otra vez un campo de concentración para
comunistas en Pisagua.