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marzo de 2013 
 
¡Obreros a la calle contra privatización y represión! 

Sólo la clase obrera tiene la fuerza para derrotar el esfuerzo de la burguesía mexicana de blindar
militar y políticamente al gobierno de Enrique Peña Nieto. Arriba: miles de jóvenes y maestros repudian al nuevo presidente, el 1° de diciembre en San Lázaro. A la exclusión le siguió una represión salvaje.
(Foto: Marcos Fuentes)

¡No al frente popular en torno a Morena/AMLO!
¡Forjar un partido obrero revolucionario!

28 de FEBRERO – Enrique Peña Nieto fue coronado con clase como presidente de la república. Para protegerlo de la furia de la población, harta del engaño y robo de las elecciones y de la miseria y muerte desatada por los gobiernos en turno, se cercó un enclave con un perímetro de 20 kilómetros de vallas metálicas alrededor del Palacio de San Lázaro donde el nuevo mandatario rindió protesta. Era una suerte de “zona verde” como aquella en la que se resguardaba el cuartel general de los comandantes de la ocupación militar imperialista de Irak. En los puntos neurálgicos, el cerco estaba reforzado con una barda de hasta tres metros de alto para impedir que los manifestantes pudieran aproximarse al Congreso de la Unión. Se trató, pues, de una investidura blindada, digna de una dictadura: la dictadura del capital. Así se plasmó la imagen de la nueva presidencia y se preparó la orgía de represión con que comenzó. Como declaró Peña Nieto –seguramente con la anuencia de sus amos de Washington, quienes se arrogaron la facultad de dar su visto bueno a los secretarios de defensa nacional y de la marina–, el primer “eje” de su gobierno será la “seguridad”.

Teatro en el Congreso. La bancada del “bloque progresista” saluda el nuevo mandatario.
(Foto: EFE)

Dentro del recinto legislativo se escenificó un teatro político. Cuando ingresó el saliente presidente Felipe Calderón del clerical-derechista Partido Acción Nacional (PAN), la sala retumbó con un coro de “¡Asesino! ¡Asesino!” Había cruces negras, por los más de 90 mil muertos en su “guerra contra el narcotráfico” que ha bañado al país en sangre. Cuando llegó el nuevo mandatario se desplegó la disciplinada adulación de los miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a su abanderado, por volver después de doce años de ausencia al Palacio Nacional que ocupó como partido de estado durante las últimas siete décadas del siglo XX. De la bancada del bloque “progresista” (PRT, PT, MC), en cambio, salían gritos de “¡Monex! ¡Monex!” (caja chica del PRI) y aventaban billetes de dinero de fantasía, además de una botella de plástico). También había una manta con la leyenda “Imposición consumada, México de luto”, y pancartas con el retrato de Peña Nieto, el logotipo de las tiendas Soriana y la leyenda “Presidencia comprada”, en alusión a la compra de votos que realizó el PRI con 1 millón 800 mil tarjetas de débito de dicha tienda departamental.

Afuera, en la calle, la escena era la de un de campo de batalla. A las 7 de la mañana llegó un contingente de varios cientos de jóvenes de la Acampada Revolución del movimiento #YoSoy132, algunos pertrechados improvisadamente para una lucha callejera. Tras las vallas les esperaba un contingente aún mayor de la Policía Federal, el Estado Mayor Presidencial y otras agencias con un gran despliegue de equipo bélico. Su misión: impedir que la muchedumbre de miles de maestros, estudiantes, trabajadores y otros ahí presentes pudieran hacer sentir su protesta contra la obscena ceremonia de investidura a los gobernantes. Cuando los jóvenes lograron abrir una brecha en el muro de metal y lanzaron algunas piedras y botellas, los policías paramilitares lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno y dispararon balas de goma contra la manifestación. Pero cuando manifestantes les arrojaron de vuelta los cartuchos de gas, las nubes pestilentes llegaron hasta el patio de San Lázaro. Los poderosos quizás no pudieron ver a los inconformes, pero sí gozaron del olor del gas represivo de la mañana.

Juan Francisco Kuykendall gravemente herido por participar en la manifestación contra la “imposición” de Peña Nieto.

Hubo decenas de civiles heridos afuera del Congreso, varios de gravedad. El estudiante Juan Uriel Sandoval perdió un ojo por un cartucho de gas y el dramaturgo Juan Francisco Kuykendall estuvo al borde de la muerte y pasó un mes entero en coma debido a que una bala de goma que le fracturó el cráneo. Pero fue cuando los manifestantes se retiraron de San Lázaro y comenzaron a marchar rumbo al Zócalo que se desató una oleada de brutales ataques policíacos. Durante una hora la policía capitalina impidió la entrada al Centro Histórico para imposibilitar el acceso a la Plaza de la Constitución; luego atacó a los reunidos en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Fue entonces que unos jóvenes frustrados en su huida empezaron a romper cristales de negocios y sucursales bancarias. Finalmente los mandos policíacos soltaron la correa a un pelotón de unos 200 granaderos y dieron la orden de tomar presos a cuantos se les atravesaran. Entre las casi cien personas detenidas en esta redada, se encontraban manifestantes pacíficos, jóvenes con vestimenta punk, fotógrafos y transeúntes. No obstante, varios fueron acusados de ataques a “la paz pública”, delito definido en términos intencionalmente ambiguos que conllevaba penas de entre 5 y 30 años de cárcel.

Policía a la carga, contra bicicletista, el 1° de diciembre.

La andanada coordinada de las corporaciones policíacas federales y las del Distrito Federal tuvo como acompañamiento una histeria total en los medios de comunicación burguesas contra los “vándalos” y “bárbaros”. (¿Cuándo será que descubran la mano escondida de los visigodos?) Incluso los titulares de La Jornada (2 de diciembre de 2012) contrastaban “la disciplina tricolor” (del PRI) con los “actos de barbarie” y las “siete horas de disturbios” con “daños severos a comercios y mobiliario urbano”. Todos citaron al jefe del gobierno del DF, Marcelo Ebrard (PRD), que denunció una “agresión a la ciudad de México” por parte de “anarquistas” dedicados a “crear desorden”. Tras meses de agitación por parte del movimiento #YoSoy132 y del grueso de la izquierda dirigida exclusivamente contra el reaccionario priísta Peña Nieto, cabe señalar que en la represión en el día de su toma de posesión, la gran mayoría de los arrestos fueron realizados por fuerzas bajo las órdenes de los “progresistas” burgueses del PRD. Con más de 5 mil uniformados en el mega operativo (y otros disfrazados de manifestantes), el gobierno perredista de la capital se puso a la cabeza de la arremetida represiva capitalista.

En concreto: fuentes policíacas filtraron a la prensa que “hubo aprehensiones ‘fuera como fuera’”, y que “algunas instrucciones eran lanzadas por radio con la clave del jefe Mondragón que ya no era jefe”. El contralmirante Manuel Mondragón y Kalb fungió hasta el 30 de noviembre como secretario de Seguridad Pública (jefe de la policía) del DF, pasando a primera hora del 1º de diciembre a gestionar el despacho de la SSP federal de Peña Nieto. En otros casos, afirmó el mismo policía, “‘la orden es directa de Marcelo Ebrard’. La orden ya de hacer el R9”, clave que significa agarrar a “todo aquel que se ponga pendejo” (“Ebrard y Mondragón dieron  la orden de pasar de contener a detener: agente del DF”, La Jornada, 10 de diciembre). Aunque partidarios del eterno candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, recientemente separado del PRD, quieren culpar a su antiguo partido, debe señalarse que Ebrard fue el jefe de la SSP en el gobierno de López Obrador, y que AMLO mismo anunció que, de triunfar en los comicios de 2012, Ebrard sería su secretario de gobernación y Mondragón el jefe de la SSP federal.

Debido a esto, las decenas de miles de adherentes del frente popular que orbita alrededor del PRD, que usualmente participan en las manifestaciones de protesta –y que ven al gobierno capitalino como “suyo”– no participaron en las manifestaciones por la liberación de los detenidos del 1° de diciembre. Tampoco estuvieron presentes los sindicatos “independientes” ni los componentes del “movimiento urbano popular” que integran esta alianza de colaboración de clases. Por lo tanto, las marchas contaron tan sólo con unos centenares de participantes. Los plantones frente al Reclusorio Norte y la Cárcel de Mujeres de Santa Martha Acatitla con bastante menos. No obstante, las protestas se orientaron a presionar al GDF, con “negociaciones” en la ALDF para derogar el infame artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal (“ataques a la paz pública”). Pero aunque la fracción perredista coqueteó brevemente con los manifestantes, al final mantuvieron el delito incólume, para tan sólo rebajar las penas a “únicamente” de entre dos y siete años de prisión

Seamos claros: aunque romper unos cuantos cristales de un Banamex o un Starbucks no conduce a una revolución social –que requiere la movilización combativa de las masas trabajadoras para expropiar a los explotadores– se trata de actos de rabia de gente enfurecida por no encontrar solución a su opresión en un sistema cerrado, blindado contra toda protesta. La presencia de un ejército represivo y su cerco hermético para “proteger” a los gobernantes contra los gobernados fueron en sí una provocación y un ataque contra los derechos democráticos. Lo abusivo del operativo militar, con el uso de provocadores infiltrados (esta vez con guante negro) y halcones, muestra el tamaño del miedo que “los de arriba” le tienen a la “turba” de los que están enfurecidos por las trampas y mentiras propias del capitalismo mexicano, un régimen de superexplotación de los trabajadores, miseria para la vasta mayoría, ausencia de los más elementales derechos democráticos para vastos sectores oprimidos y… represión brutal para los que se atreven a protestar.

El Grupo Internacionalista participó en las múltiples marchas de protesta contra las detenciones con una manta que declara “¡Derrotar la represión burguesa del PRI, PAN y PRD: Obreros al poder!” Pancartas del GI en manifestaciones y protestas exigían “Libertad a todos los presos, anulen cargos”, “¡Abajo represión PRI-PRDista!” “¡Libertad presos de la guerra de clases!” “¡Comités obreros de autodefensa!”  “Los capitalistas son los terroristas” y “Revolución permanente”. Entre los cánticos que gritamos, hubo uno que decía: “No somos reformistas, ni del 132, somos comunistas, del martillo y la hoz”. A esto respondió otro contingente, “Somos reformistas, y del 132, no somos comunistas, del martillo y la hoz”. Ironía aparte, más claro no podía ser. Mas con todo el griterío contra la “imposición” de Peña Nieto, la lección del 1° de diciembre es que sólo una revolución socialista puede barrer con el sistema que impone una y otra vez gobernantes que defienden los intereses del capital con el aparato represivo del estado capitalista.

El blindaje político-militar del gobierno Peña Nieto


Después de la andanada policíaca del 1° de diciembre, se concreta el blindaje político del gobierno EPN. Arriba: Juran lealtad al “Pacto por México” junto con Peña Nieto los jefes de partido del PRD (Jesús Zambrano), PAN (Gustavo Madero) y PRI (Cristina Díaz), el 2 de diciembre de 2012. Abajo: caricatura "Pacto por México" por Hernández en La Jornada. (Foto: Cristina Rodríguez/La Jornada)

Por el enorme despliegue policíaco y la saña con que se macaneó a los manifestantes, varios comentaristas señalaron que no habían visto algo semejante desde tiempos del presidente Díaz Ordaz. Pero más allá de la represión del primer día, la “seguridad” (léase, represión) será una constante del gobierno EPN. La diferencia con la administración anterior es que el nuevo equipo promete resultados con una política represiva más focalizada en lugar de la militarización desenfrenada y caótica de Calderón. Con ese fin, y para realizar el resto de sus “reformas”, Peña Nieto busca blindar su presidencia con el apoyo de casi todos los partidos del Congreso. Con la llegada a Los Pinos del joven dinosaurio del grupo Atlacomulco (que incluso nació en dicha municipalidad), no volverá la “dictadura perfecta” del viejo priato. Y es que no dispone del control irrestricto ni de la base económica para el viejo corporativismo. Por ello tendrá que contentarse (como los gobiernos panistas) con un sistema semicorporativista. En lugar de la aplanadora con el carro completo, recurre a otra jugada en el repertorio priísta: está convirtiendo a la “oposición” parlamentaria en una alianza de partidos “paleros”.

En el segundo día de su gobierno, el nuevo mandatario celebró un “Pacto por México” con los tres principales partidos, plasmado en un documento de 95 “compromisos” que abarcan temas desde una prohibición de “alimentos chatarra” en las escuelas (compromiso 2) hasta una pensión para los adultos mayores de 65 años (compromiso 3). El popurrí político incluye la “reforma educativa” para imponer la “rectoría” del estado (léase, restar la autoridad de los docentes), tomar el control del nombramiento de maestros de los estados y condicionar su pago a su “evaluación y desempeño”; y una “reforma energética para maximizar la renta petrolera”, dotando a PEMEX un gobierno corporativo y creando “un entorno de competencia” (extender la participación de la iniciativa privada) en todos los sectores de derivados y distribución (refinación, transporte, petroquímica). Con retórica engañosa, estas “reformas” buscan la privatización artera de dos sectores claves y su sometimiento a los dictados del mercado. Y de las agencias financieras imperialistas.

De hecho, Peña Nieto ha “decidido suscribir un Acuerdo de Colaboración Estratégica” con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), según ha declarado este organismo, que recién publicó un libro de 300 páginas bajo el título, Getting It Right: una agenda estratégica para las reformas en México (diciembre de 2012). Se trata de un plan detallado que, con base en las 13 decisiones presidenciales anunciadas el 1° de diciembre y los 95 compromisos del Pacto acordado el día siguiente, busca “transformar estos acuerdos históricos en decisiones y políticas concretas”. Ahí se aboga por la “eliminación de los subsidios a la energía”, se alaba a la reforma laboral que “disminuirá considerablemente el rigor de la legislación actual de protección al empleo de los trabajadores ordinarios” además de “reducir el costo de los despidos”, mientras llama a “retirar gradualmente las tasas cero y las exenciones del sistema del IVA” en alimentos y medicinas, lo que supuestamente sería compensado con medidas asistencialistas para los más pobres. O sea, es un programa de ataque en toda la línea contra la clase obrera mexicana.

En materia de “seguridad”, ante la zozobra de la población los nuevos gobernantes admiten parcialmente las dimensiones de la violencia estatal desatada por la anterior administración en nombre de una “guerra contra el crimen organizado”. Filtran que hay una lista (“informal”) de unos 27 mil desaparecidos, lo que fue negado por el gobierno panista. El número de muertos a causa de esta guerra en México ahora se cifra en más de 100 mil. Pero en México no hay guerra civil sino un estado de terror impuesto por diferentes bandos burgueses: las fuerzas represivas oficiales y sus competidores en los cárteles de narcotraficantes. Ante este panorama infernal, los altos oficiales peñanetistas hicieron aprobar la impotente ley de víctimas reprobada por Calderón, y demagógicamente pretenden renunciar al uso de violencia (¡!). Así el nuevo subprocurador de derechos humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, declara que “La violencia no se combate con más violencia…. Tenemos que empezar por erradicar el uso de la violencia por el Estado, aunque sea en reacción contra los delincuentes” (La Jornada, 14 de enero).

Miguel Ángel Mancera, jefe perredista del Gobierno del Distrito Federal e integrante de las coordinaciones policiales Mando Único y Escudo Centro. (Foto: Lucía Godoñez/El Universal)

Parecería que EPN quiere competir con AMLO en la retórica melosa de una república “amorosa”, a la vez que le toma prestado a su presunto jefe de seguridad pública, Mondragón y Kalb. En realidad, el nuevo gobierno quiere imponer una militarización más rigurosa, con mando único. En la primera sesión de su Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 17 de diciembre, Peña Nieto anunció que el ejército permanecerá en las calles, se someterá las policías federales y estatales a los directrices de la Secretaría de Gobernación y se formaría una Gendarmería Nacional, una nueva policía paramilitar. Ahora México tendrá su equivalente de los Carabineros chilenos o de la Guardia Civil española. Y encima de todo, habrá un Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que estarán subordinadas las demás agencias de inteligencia, como el Cisen. “En sigilo, crea el gobierno una CIA a la mexicana” sentenció Proceso (12 de enero). O una nueva DFS, la policía política, creada con el aval de la CIA, que en los años 80 bajo el mando de Miguel Nazar Haro mató a cientos de izquierdistas mientras y otorgaba charolas a destacados narcotraficantes.

Al presenciar el estreno de esta estrategia represiva, no hubo discrepancia alguna entre los 32 gobernadores del país. “La sesión fue como un concierto de una sola voz. Los gobernadores de las distintas entidades del país parecían pertenecer al mismo partido” comentó Reporte Índigo (18 de diciembre de 2012). No sólo los (muchos) gobernadores priístas y los (pocos) panistas, sino también los cuatro perredistas se cuadraron ante el llamado a cerrar filas que lanzó el presidente tricolor. El jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, así como los mandatarios Aguirre (Guerrero) y Graco Ramírez (Morelos) han acordado integrar un Mando Único y Coordinado, mientras el primero anunció la puesta en marcha del programa Escudo Centro que realizaría operativos “focalizados” en zonas limítrofes del DF. En el mismo sentido de “blindar” la capital ante “maleantes”, cuando finalmente dejaron libres (bajo caución) a los últimos 14 detenidos del 1° de diciembre, un portavoz del PRD aseguró “a los empresarios” que no derogarían el nefasto artículo 362 del código penal del DF, que equipara protestas tumultuosas a terrorismo, y que los detenidos no habían sido declarados inocentes.

El frente popular lopezobradorista,  
simulacro de oposición al gobierno PRI-PAN-PRD

No se limita a la política de “seguridad” (represión) el consenso entre los tres principales partido mexicanos, el PRI, PAN y PRD. Peña Nieto se ha blindado no sólo militar sino también políticamente. Junto con la macana policíaca, el “nuevo PRI” en el poder ofrece con el Pacto por México zanahorias a diferentes sectores. A los empresarios les promete que promover la iniciativa privada será el eje de su política económica, mediante la apertura de nuevos espacios de inversión con la “reforma” energética. A los burócratas de los gremios corporativistas, les promete una exención de la “reforma” laboral que arremete contra los salarios y destruye derechos de los trabajadores y jóvenes. Político hábil, Peña Nieto incluso hace gestos hacia sus detractores pequeñoburgueses acomodados del #YoSoy132, prometiendo más canales de televisión para competir con el duopolio Televisa-TV Azteca, y ¡hasta un artículo constitucional que reconozca “el derecho al acceso a la banda ancha”! Que los trabajadores y la población pobre del campo y la ciudad no tengan ni computadoras ni teléfonos “inteligentes” para valerse de este “derecho” es otra cosa.

 No sólo mediante una larga lista de “compromisos” mutuos, sino también de manera formal se ha conformado una coalición partidaria para que sirva como sustento del gobierno peñanietista, con un Consejo Rector del Pacto por México, cuyo primer presidente rotativo es el panista Gustavo Madero. Claro que para salvar las apariencias, permitirán una pizca de teatro parlamentario, quizás en el caso de la imposición del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a los alimentos y medicinas y la “apertura” de Pemex a capitales privados. Pero con una amplía mayoría asegurada en ambas cámaras, el resultado es ya conocido. Hay un inconveniente, sin embargo: con una escena política tan regimentada, no hay oposición reconocida que sirva de válvula de escape para encauzar el descontento popular hacia canales seguros. Con el pase formal del PRD al bando oficialista, este papel compete al frente popular alrededor del ex priísta y ex perredista Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración (Morena). No obstante, después del fracaso de su segunda campaña presidencial, el poder de contención de AMLO está seriamente debilitado.

Sus partidarios más perspicaces reconocen el problema y hasta hablan abiertamente de él. Luis Hernández Navarro escribió en un comentario sobre “La batalla de la Alameda” en La Jornada (4 de diciembre de 2012) sobre la incapacidad del “Peje” de canalizar esta vez la rabia:

“En 2006 ese enojo ya existía, aunque ahora ha crecido muchísimo. El plantón de Reforma le dio una salida cívica y pacífica. La autoridad político-moral de López Obrador en un amplio sector de la población radicalizada fue un elemento de contención que previno la emergencia de la protesta violenta. Hoy, el dirigente de Morena no cuenta con ese margen de maniobra. Su influencia se ha reducido. Nuevas fuerzas han surgido a su izquierda.”

Andrés Manuel López Obrador habla en asamblea de Morena en Rosarito, Baja California Norte, el 3 de marzo. (Foto:lopezobrador.org.mx)

Seis años más tarde se admite que las movilizaciones postelectorales de 2006 tenían el propósito de contener la protesta en canales “cívicos”, lo que muchos izquierdistas no reconocieron en aquel entonces. Pero ¿ahora qué? A mediados de diciembre Morena lanzó una campaña para transformarse de “movimiento” en partido político con registro electoral. Aunque esto no necesariamente le permitiría conquistar a la juventud, sí le daría un sustento asegurado mediante los subsidios que el gobierno otorga a todos los partidos electorales nacionales. Y no estamos hablando de sumas menores: según información del Instituto Federal Electoral, entre 2000 y 2012 el PRD obtuvo más de 6 mil millones de pesos de la hacienda pública, y eso independientemente de los salarios y dietas de los parlamentarios. En contrapartida, pues, Morena será un partido electorero financiado por el estado.

Los voceros del frente popular lopezobradorista se esfuerzan por proclamarse la “verdadera oposición” ante “un sistema de partidos paraestatales donde todos opinen lo mismo, una sociedad política uniforme, monolítica” (Martí Batres hablando ante el IFE) o “la única oposición al régimen y a la pandilla que tomó por asalto la Presidencia de la República”, como sostuvo AMLO mismo en una gira por Oaxaca (La Jornada, 8 de enero y 9 de febrero, respectivamente). Pero ¿se trataría de una verdadera oposición? Al financiarse de la misma fuente que sustenta al PRI, el PAN y el PRD, los pequeños partidos como el PT, MC, PVEM etc. dependen en aún mayor medida del subsidio del estado capitalista para su sobrevivencia. Es más, ya que ahora carece de la fuerza para ser una opción de recambio para la burguesía, en realidad Morena se limitaría a ser un instrumento para ejercer presión sobre los partidos del Pacto. Y aún jugando ese papel a ultranza, López Obrador no puede presentar una oposición de fondo al régimen porque él también es un político burgués, que defiende el capitalismo – en su caso, más particularmente los intereses del capital mexicano.

Tomemos el ejemplo de la llamada “reforma energética”. El programa de Morena llama a “poner fin a la privatización de Pemex, la industria eléctrica y del patrimonio cultural”. Veamos. El gobierno de Peña Nieto pretende, y el Pacto por México repite, que no se privatizará a Petróleos Mexicanos y que “se mantendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de PEMEX como empresa pública”. Detrás de la retórica engañosa, el plan es de introducir un gobierno corporativo compuesto por hombres de negocios, y mientras formalmente se mantiene la producción del crudo en manos de la empresa estatal, por medio de contratos de servicio, de exploración, de mantenimiento y la introducción de capitales privados en la refinación, transporte e industrialización de productos petroquímicos, desbaratar la expropiación petrolera de 1938. Entonces, ante este plan para una privatización de facto y por etapas del petróleo mexicano, ¿cuál es exactamente la posición de AMLO?

En 2008, cuando lanzó el “Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo”, López Obrador publicó su Proyecto Alternativo de Nación, donde subraya que “el petróleo debe seguir siendo un buen negocio en beneficio de los mexicanos”, y que “tampoco deberíamos descartar que inversionistas nacionales, mediante mecanismos transparentes de asociación entre el sector público y el privado, participen en la expansión y modernización del sector energético o actividades relacionadas, siempre y cuando lo permitan las normas constitucionales”. En 2011 publica un segundo libro, el Nuevo Proyecto de nación por el renacimiento de México, donde habla en términos más generales de “propiciar la convergencia de la inversión pública y privada”, y cita como ejemplo Petrobras. Llama la atención que Peña Nieto señala precisamente a la petrolera brasileña como modelo. La otrora empresa estatal se ha convertido en Petroleo Brasileiro S.A., en donde el estado controla la mayoría de las acciones con derecho a voto, pero la gran mayoría del capital invertido viene de inversores internacionales.

Más tarde, el caudillo de Morena mostró interés en la empresa Statoil de Noruega, otra compañía en donde el estado detenta una mayoría de la acciones, pero que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y actúa a escala mundial como una empresa privada. Según ADN político (15 de marzo de 2012), sitio ligado al Grupo Expansión, “Adolfo Hellmund, quien sería secretario de Energía en un eventual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aceptaría la inclusión de capital privado en Petróleos Mexicanos si esto representara un beneficio económico para todos los mexicanos”. Las diferencias entre los clanes políticos burgueses con respecto al petróleo no giran en torno a la inversión privada, que todos admiten, sino que conciernen a la “apertura” al capital imperialista. El caudillo de Morena y sus asesores nunca se han opuesto a la participación de capital privado mexicano. Por lo demás, su perfil nacionalista burgués nada tiene de antiimperialista. Durante el congreso nacional de Morena en noviembre pasado López Obrador destacó la presencia de un diplomático estadounidense y acalló los gritos de “¡Cuba sí, yanquis no!”

Desde las elecciones de 1988 cuando el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, robó las elecciones al ex priísta Cuauhtémoc Cárdenas con la “caída” del sistema de cómputo de votos, la oposición popular a los gobiernos del PRI y el PAN, con sus políticas económicas casi idénticas, ha sido controlada por un frente popular, primero cardenista y luego lopezobradorista, que ha atado a las organizaciones de obreros, campesinos, jóvenes y pobres al sector de la burguesía representado por el PRD. Esta alianza de colaboración de clases ha producido una derrota tras otra para las masas explotadas. Ahora los dirigentes más derechistas del PRD, los ex izquierdistas Jesús Ortega y Jesús Zambrano (“Los Chuchos”), abrazan el PRI mientras el caudal de escritores y artistas perredistas (Paco Ignacio Taibo II, Elena Poniatowska) siguen con AMLO y Morena. El otro componente del frente popular lopezobradorista está conformado por los sindicatos “independientes”, que ahora parecen divididos: algunos (SME, CNTE) siguen la cauda de Morena, mientras que otros (UNT, STUNAM) coquetean con Peña Nieto.

De las movilizaciones sindicales contra la nefasta “reforma” laboral en octubre y noviembre, en vísperas de la toma de posesión de Peña Nieto, los sindicatos “independientes” políticamente aliados con el PRD declararon que no participarían en las protestas frente a San Lázaro (con la única excepción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación). El Sindicato de Trabajadores de la UNAM y la Unión Nacional de Trabajadores publicaron desplegados en los periódicos en los que no se oponían a la privatización de Pemex, no se oponían al IVA en medicinas y alimentos, y sí se pronunciaban a favor de una “Reforma Social y Democrática del Estado” pidiendo al nuevo mandatario su “disposición al diálogo” y a la “concertación y el logro de consensos” en un “gran acuerdo político”. No con ellos. Pero si los gremios corporativistas han seguido siendo oficialistas durante gobiernos del PRI y PAN, los “independientes” no han roto con el frentepopulismo. Su respuesta al “Pacto por México” será una marcha el 18 de marzo por un “Pacto por el Rescate de la Nación y la Unidad contra el Neoliberalismo”.

La izquierda oportunista a la cola de la burguesía

 Nos enfrentamos, pues, a un panorama político en donde el nuevo gobierno “neopriísta” prosigue la misma ofensiva antiobrera y represiva del anterior gobierno panista, pero esta vez con el aval de los demás bloques parlamentarios, mientras la “oposición” continúa su política frentepopulista burguesa. De acuerdo con esta política de colaboración de clases, los sindicatos “independientes” y el grueso de la izquierda apoyaron, abierta o implícitamente, la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones presidenciales (como también lo hicieron en 2006), a pesar de ser un político burgués y de que en esta campaña cortejó abiertamente a capitalistas regiomontanos como Alfonso Romo (ver “México: Elecciones 2012, Militarización, ataques antiobreros y farsa electoral”, suplemento de El Internacionalista, mayo de 2012). Esta “estrategia” ha resultado en una derrota tras otra para los explotados –lo que ha representado triunfos para el frente popular‍, que busca desviar la lucha– y será lo mismo en el futuro. Lo que se necesita es una contundente lucha de clase y una dirección obrera clasista, revolucionaria, capaz de conducirla.

En el ámbito laboral, los sindicatos independientes han respondido a las “reformas” laboral y educativa promoviendo amparos masivos contra su aplicación. Como medida individual no tiene nada en contra, pero como respuesta colectiva esta táctica legaloide lleva al fracaso. Fomenta la ilusión de que los tribunales son de alguna manera neutrales o pueden ser favorables a los trabajadores, cuando en realidad forman parte de la maquinaria del estado capitalista. Y para los no marxistas que sólo responden empíricamente, ya se intentó contra la reforma del ISSSTE en 2007, sin éxito. Más recientemente la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas bajo Martín Esparza centró la lucha contra los despidos masivos en peticiones a los tribunales. Cuando un tribunal colegiado le concedió un amparo, declarando a la Comisión Federal de Electricidad “patrón sustituto” ante la liquidación de Luz y Fuerza del Centro por el presidente Calderón, los dirigentes del SME cantaron aleluya. Pero el 30 de enero la SCJN dictaminó unánimemente contra el sindicato. Saldo: tres años y medio de lucha y 44 mil puestos perdidos.

AMLO en campaña presidencial, frente a banderas de la OPT, SME y PRD, el 27 de junio de 2012.

En la mal llamada extrema izquierda, hay quienes como los gemelos Militante e Izquierda Socialista forman parte de Morena, un movimiento populista burgués. Durante 20 años la ahora escindida corriente Militante se jactó de ser la “tendencia marxista” del PRD, partido capitalista, haciendo patente su incapacidad innata de comprender que hay una línea de clase entre organizaciones del proletariado y las de la burguesía. No hay mucho que decir de ellos: siempre van a la zaga de López Obrador y pretenden ser el ala de izquierda de la “izquierda” burguesa. Hay otros como el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que ante la política de “neoliberalismo light” de Morena han preferido orientarse a la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), animada por la dirección del SME. En realidad, la OPT sólo sirvió para canalizar votos obreros a AMLO. Ahora sectores derechistas en su seno se quejan de la incongruencia de los que erróneamente identifican como trotskistas y que hablan un partido de clase, un programa anticapitalista y hasta del socialismo mientras apoyan alianzas con partidos y formaciones burguesas:

“En el colmo de la incongruencia, se objetaban y se objetan las alianzas con sectores de la burguesía cuando, los mismos grupos trotskistas, matices menos matices más, comparten y hasta aplauden las alianzas con MORENA, PT, PRD, MC y Andrés Manuel López Obrador acordadas en la OPT. A la vez que también participan en instancias como la Convención Nacional Sindical o el Movimiento o Pacto por la Soberanía Alimentaria, hoy Frente Amplio Social sin inmutarse. Para todos es conocido que en todos esos partidos, referentes sociales y candidaturas, como la de Obrador, concurren grupos empresariales y líderes burgueses y hasta charros: los más renombrados y motivo de escándalo son gentes y organizaciones como Alfonso Romo y el SNTE.”

–“Carta a la militancia de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT)”, 13 de febrero

Citamos este trecho in extenso, a pesar de que defiende abiertamente una alianza con sectores burgueses en contra de una mítica “oligarquía” –vieja fórmula reformista, común a estalinistas y socialdemócratas, para justificar la colaboración de clases– porque ahí se señala una contradicción flagrante en la política de los varios grupos oportunistas. Estos abusan del nombre de Trotsky, que fustigó el frente popular, mientras siguen una política frentepopulista. También da en el clavo al señalar que el sinnúmero de convenciones, frentes y movimientos en que participan los oportunistas de toda calaña involucran “grupos empresariales y líderes burgueses”. Esto subraya que la lucha contra el frente popular no se limita a oponerse a apoyar al PRD, AMLO o Morena, sino que incluye desenmascarar el carácter burgués de dichas coaliciones. La única organización de izquierda que hace eso, llamando a romper con la burguesía y luchar por la independencia revolucionaria del proletariado en toda la línea es precisamente el Grupo Internacionalista, que desde su formación ha combatido con uñas y dientes el callejón sin salida del frente popular.

Si Militante, IS y el PRT se encuentran siempre en la estela de, o dentro de, los partidos y frentes burgueses, hay otros grupos de la no tan extrema izquierda que también practican una política seguidista pero quieren más picante en sus amores y suelen cambiar con más frecuencia los destinatarios de su cariño. El año pasado, cuando surgió el movimiento #YoSoy132, la Liga de Trabajadores por el Socialismo no tardó en abandonar la coalición “socialista” (de la que formaba parte junto con el GAR, POS, LUS) y que había llamado al boicot de la farsa electoral. Entonces, la LTS adoptó el ropaje de este movimiento pequeñoburgués con su vocabulario electorero de un “voto informado”, que en los hechos se tradujo en un “voto útil” a favor de AMLO. De ahí en adelante, los militantes de la LTS sólo se identificaban como 132, escondiendo su afiliación partidaria y plegándose al anticomunismo de los iniciadores de este movimiento de la juventud dorada, originado en las más exclusivas universidades privadas. Aguantando su exclusión de las instancias directivas, cuando hicieron intervenciones fue para pedir más democracia, no de luchar por la revolución socialista.

Otro grupo que tiró la casa por la ventana para hundirse en #YoSoy132 fue la Juventud Comunista de México, afiliada al Partido Comunista. Ahí donde la LTS sigue una receta heredada de su otrora maestro, Nahuel Moreno ‍–que igual que su homónimo Mario Moreno (Cantinflas) era un artista transformista, que se hizo pasar por peronista, maoísta, guevarista, sandinista, de izquierda, por supuesto–al adoptar la guisa de seguidores del EZLN, AMLO, la APPO, etc., en el caso de la JCM, su hundimiento en el 132 fue más bien un acto de desesperación para intentar salvarse del naufragio. Para esto tuvieron hasta quitarse de sus camisas partidarias y retirar una manta con sus siglas (en una manifestación en Monterrey, el 30 de junio pasado). Tanto la LTS como la JC participaron en las protestas como 132, pero con el desvanecimiento del movimiento al terminar el período electoral con la toma de posesión por Peña Nieto, han quedado a la deriva, en busca de un nuevo movimiento a seguir. Tal vez con “el retorno de los zapatistas”. Tal vez…

Finalmente, hay una franja que se pretende más militante, que abarca la Acampada Revolución 132, el Partido Comunista de México (Marxista-Leninista) y su juventud UJRM, el Frente de Oriente y algunas Asambleas Populares en la zona conurbada. Agrupados en un Frente de Unión Revolucionaria, coinciden en ensalzar “La Batalla de San Lázaro” como un “evento histórico” que “no cuenta con precedente alguno” y que anuncia un período de auge revolucionario. “Una nueva página se ha escrito en la historia de México, la juventud al igual que en Chile, Grecia, España, Túnez, Italia, Argentina y Bolivia (entre otros países) sale a las calles a exigir sus derechos”, proclama una declaración del FUR (18 de diciembre).

En los días posteriores al 1° de diciembre, hubo mucha histeria entre los partidarios del PRD contra “provocadores”, con lo cual querían señalar a los jóvenes que resistieron a la arremetida de la policía. El historiador Adolfo Gilly escribió un artículo en La Jornada (17 de diciembre de 2012) bajo el título, “La provocación del primer día”. Señaló entre los presuntos malhechores a la Acampada Revolución; habló de “cursos de uso de arcos y flechas con ‘fines de autodefensa’,” y acusó a manifestantes que desfilaron frente a las vallas de estar “calentando los ánimos de los policías federales para lo que vendría después”. Aunque a final agregó unas palabras llamando a liberar a los 14 presos que seguían recluidos, el propósito de esta asquerosa y distorsionada lectura de los eventos era culpar a los manifestantes por “la violencia”, justificar la decisión del PRD y Morena de realizar mítines bien distantes de San Lázaro, y defender al perredista GDF contra la acusación de ser un gobierno represor. Contra esta versión policíaca de una provocación, los del FUR presentan la movilización “contra la imposición” como si fuera un levantamiento de las masas populares.

En una asamblea del Frente de Unión Revolucionaria del 27 de diciembre, varios oradores argumentaron que en el contexto de la crisis global del capitalismo, cada vez con mayor frecuencia las masas estarían dispuestas a “elevar sus formas de lucha”, tal como se mostró el 1° de diciembre, y que esto ya estaba ocurriendo en otros países y ahora le tocaba el turno a México. Así confunden la voluntad de lucha, que sí existe y que se vio el 1° de diciembre, con una mayor conciencia revolucionaria, que no será espontánea y que requiere de la intervención de una vanguardia auténticamente comunista. Pero aunque postularon que se está viendo un cambio cualitativo en el nivel de conciencia de las masas, la conclusión programática que le dan es que hay que luchar por un Congreso Social por una Nueva Constituyente, o sea, las consignas de siempre derivadas del dogma estalinista de una revolución por etapas, según la cual la etapa actual es la “democrática” (burguesa). Hablar de lucha obrera revolucionaria será para otro día: por el momento están en la misma onda que AMLO y Morena.

Luchar por un partido obrero revolucionario


Contingente del Grupo Internacionalista en marcha por la liberación de los presos del 1° de diciembre. (Foto: El Internacionalista)

Un vocero del Grupo Internacionalista intervino polemizando contra la idea de que escaramuzas callejeras entre manifestantes y la policía signifiquen un avance en las formas de lucha. Lo primero que habría que constatar de las protestas del 1° de diciembre, así como las subsiguientes manifestaciones por la liberación de los detenidos, es que la clase obrera estuvo ausente. Esa ausencia tiene una explicación política: la subordinación del proletariado mexicano al frente popular en torno al PRD y a López Obrador, así como el control estatal corporativista que ejercen los “sindicatos” charros sobre los trabajadores. El frente popular ha sido una opción de recambio de la burguesía, pero después de 25 años de derrotas, ese mecanismo también está desgastándose ante la pérdida de confianza en el PRD entre algunos sectores, sobre todo de la juventud. La burguesía está intentando renovar el frente popular a través de Morena, y la tarea que tenemos los revolucionarios enfrente es luchar por romper el grillete corporativista, luchar por romper el frente popular y construir un partido obrero revolucionario.

Concluyó nuestro camarada señalando que quien cargaba la responsabilidad para la represión del 1° de diciembre era ante todo el gobierno del Distrito Federal en manos del PRD, y que sería absurdo pensar que con reformar el Código Penal del DF se va a detener la represión y persecución contra los que protestan contra el gobierno capitalista. En ese campo también, la clave es luchar por movilizar el poder social del proletariado. Naturalmente, la intervención de nuestro camarada no fue del agrado de los estalinistas y frentepopulistas ahí reunidos. El dirigente principal del PCM (m-l) pretendió que las masas estaban rompiendo con la burguesía cuando prefirieron enfrentarse a la policía que protestar pacíficamente con López Obrador en el Ángel de la Independencia. Aunque algunos de los presentes eran más combativos en términos tácticos que los “moderados” dentro del #YoSoy132 y la huelga en la UACM, también ellos descartaron la necesidad de una lucha política contra el frente popular. Por lo tanto siguen en convivencia con él, aún cuando esto debilite su lucha, como la campaña por la liberación de los detenidos, o la hunda, como en el caso del SME.

El presidente Enrique Peña Nieto está consolidando su control del estado mexicano con pactos cupulares, migajas para los que puede comprar y toletazos para los que se atreven resistir. Sin embargo, el programa común del gobierno PRI-PAN-PRD de privatización y militarización inevitablemente despertará oposición y lucha de los trabajadores. Quienes sólo intentan resistir, que basan su política en la búsqueda de grietas en la burguesía, que se limitan al marco nacional, serán inevitablemente derrotados. Hay que ir por todo, por la revolución socialista internacional. Nos enfrentamos con una ofensiva antiobrera a escala mundial, instrumentada por los imperialistas, que ha logrado unir a todos los sectores burgueses. Pero como se vio el 1° de diciembre, los de arriba temen a los de abajo. Y con razón. Ante una movilización masiva, de cientos y miles de obreros a la cabeza de millones de campesinos, jóvenes, indígenas y todos los oprimidos, el poder de los todopoderosos se derrumbará. Lo decisivo en esta contienda es elevar la conciencia de clase de las masas trabajadoras, y traducirla en acción revolucionaria.

Pancarta del Grupo Internacionalista en la marcha por la liberación de los detenidos, el 16 de diciembre. (Foto: El Internacionalista)

En países semicoloniales como México, en donde el eje fundamental del poder radica no en Los Pinos ni el Palacio Nacional o el Campo Marte sino en la embajada de Paseo de La Reforma, no habrá una real democratización, ni de las elecciones, los medios de comunicación, la tenencia de la tierra o cualquier otro aspecto de la vida nacional sin una revolución proletaria que se extienda al corazón del imperio. México es un país de 115 millones de habitantes, colindante con Estados Unidos donde viven 33 millones de mexicanos y sus hijos. La migración reciente, quizás la mayor de la historia, entrelaza íntimamente la lucha revolucionaria en los dos países. Para lograr una verdadera autonomía para las poblaciones indígenas, para revertir la expropiación de los campesinos bajo el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), para liberar a la mujer, defender a los homosexuales, logar la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados y sacar a los más de 50 millones de mexicanos de la pobreza horripilante que padecen, no habrá solución sin revolución proletaria.

Esta es la perspectiva de la revolución permanente del gran revolucionario ruso León Trotsky, el fundador de la IV Internacional asesinado en territorio mexicano por los estalinistas que pensaban ganar el beneplácito de los imperialistas al extirpar a los revolucionarios, desde España hasta Coyoacán. Pero se equivocaron: no hay coexistencia pacífica entre el capital y el proletariado. Bajo la presión inexorable del imperialismo y con la anuencia de la burocracia parásita, finalmente se derrumbó la Unión Soviética y los restos de la Revolución de Octubre 1917. Los estalinistas restantes que vagan por el mundo sin rumbo son como zombis: no saben que ya están muertos, pero no tienen futuro. Los trotskistas del Grupo Internacionalista, sección mexicana de la liga por la IV Internacional, insistimos que no habrá una reedición de las revoluciones mexicanas del pasado. La época de Zapata y los zapatistas ya pasó. La próxima Revolución Mexicana será obrera, socialista e internacionalista, o no será.  


Para contactar el Grupo Internacionalista y la Liga por la IV Internacional, escribe a: internationalistgroup@msn.com

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