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marzo de 2013 Sólo la clase obrera
tiene la fuerza para derrotar el esfuerzo de la
burguesía mexicana de blindar
militar y políticamente al gobierno de Enrique Peña Nieto. Arriba: miles de jóvenes y maestros repudian al nuevo presidente, el 1° de diciembre en San Lázaro. A la exclusión le siguió una represión salvaje. (Foto: Marcos Fuentes) ¡No al frente popular en torno a
Morena/AMLO!
¡Forjar un partido obrero revolucionario! 28 de
FEBRERO – Enrique Peña Nieto fue coronado con
clase como presidente de la república. Para
protegerlo de la furia de la población, harta del
engaño y robo de las elecciones y de la miseria y
muerte desatada por los gobiernos en turno, se
cercó un enclave con un perímetro de 20 kilómetros
de vallas metálicas alrededor del Palacio de San
Lázaro donde el nuevo mandatario rindió protesta.
Era una suerte de “zona verde” como aquella en la
que se resguardaba el cuartel general de los
comandantes de la ocupación militar imperialista
de Irak. En los puntos neurálgicos, el cerco
estaba reforzado con una barda de hasta tres
metros de alto para impedir que los manifestantes
pudieran aproximarse al Congreso de la Unión. Se
trató, pues, de una investidura blindada, digna de
una dictadura: la dictadura del capital. Así se
plasmó la imagen de la nueva presidencia y se
preparó la orgía de represión con que comenzó.
Como declaró Peña Nieto –seguramente con la
anuencia de sus amos de Washington, quienes se
arrogaron la facultad de dar su visto bueno a los
secretarios de defensa nacional y de la marina–,
el primer “eje” de su gobierno será la
“seguridad”. Teatro en el Congreso. La
bancada del “bloque progresista”
saluda el nuevo mandatario. Dentro
del recinto legislativo se escenificó un teatro
político. Cuando ingresó el saliente presidente
Felipe Calderón del clerical-derechista Partido
Acción Nacional (PAN), la sala retumbó con un coro
de “¡Asesino! ¡Asesino!” Había cruces negras, por
los más de 90 mil muertos en su “guerra contra el
narcotráfico” que ha bañado al país en sangre.
Cuando llegó el nuevo mandatario se desplegó la
disciplinada adulación de los miembros del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a su
abanderado, por volver después de doce años de
ausencia al Palacio Nacional que ocupó como
partido de estado durante las últimas siete
décadas del siglo XX. De la bancada del bloque
“progresista” (PRT, PT, MC), en cambio, salían
gritos de “¡Monex! ¡Monex!” (caja chica del PRI) y
aventaban billetes de dinero de fantasía, además
de una botella de plástico). También había una
manta con la leyenda “Imposición consumada, México
de luto”, y pancartas con el retrato de Peña
Nieto, el logotipo de las tiendas Soriana y la
leyenda “Presidencia comprada”, en alusión a la
compra de votos que realizó el PRI con 1 millón
800 mil tarjetas de débito de dicha tienda
departamental. Afuera,
en la calle, la escena era la de un de campo de
batalla. A las 7 de la mañana llegó un contingente
de varios cientos de jóvenes de la Acampada
Revolución del movimiento #YoSoy132, algunos
pertrechados improvisadamente para una lucha
callejera. Tras las vallas les esperaba un
contingente aún mayor de la Policía Federal, el
Estado Mayor Presidencial y otras agencias con un
gran despliegue de equipo bélico. Su misión:
impedir que la muchedumbre de miles de maestros,
estudiantes, trabajadores y otros ahí presentes
pudieran hacer sentir su protesta contra la
obscena ceremonia de investidura a los
gobernantes. Cuando los jóvenes lograron abrir una
brecha en el muro de metal y lanzaron algunas
piedras y botellas, los policías paramilitares
lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno y
dispararon balas de goma contra la manifestación.
Pero cuando manifestantes les arrojaron de vuelta
los cartuchos de gas, las nubes pestilentes
llegaron hasta el patio de San Lázaro. Los
poderosos quizás no pudieron ver a los
inconformes, pero sí gozaron del olor del gas
represivo de la mañana. Juan Francisco
Kuykendall gravemente herido por participar en
la manifestación contra la “imposición” de
Peña Nieto. Hubo
decenas de civiles heridos afuera del Congreso,
varios de gravedad. El estudiante Juan Uriel
Sandoval perdió un ojo por un cartucho de gas y el
dramaturgo Juan Francisco Kuykendall estuvo al
borde de la muerte y pasó un mes entero en coma
debido a que una bala de goma que le fracturó el
cráneo. Pero fue cuando los manifestantes se
retiraron de San Lázaro y comenzaron a marchar
rumbo al Zócalo que se desató una oleada de
brutales ataques policíacos. Durante una hora la
policía capitalina impidió la entrada al Centro
Histórico para imposibilitar el acceso a la Plaza
de la Constitución; luego atacó a los reunidos en
la explanada del Palacio de Bellas Artes. Fue
entonces que unos jóvenes frustrados en su huida
empezaron a romper cristales de negocios y
sucursales bancarias. Finalmente los mandos
policíacos soltaron la correa a un pelotón de unos
200 granaderos y dieron la orden de tomar presos a
cuantos se les atravesaran. Entre las casi cien
personas detenidas en esta redada, se encontraban
manifestantes pacíficos, jóvenes con vestimenta
punk, fotógrafos y transeúntes. No obstante,
varios fueron acusados de ataques a “la paz
pública”, delito definido en términos
intencionalmente ambiguos que conllevaba penas de
entre 5 y 30 años de cárcel. Policía
a la carga, contra bicicletista, el 1° de
diciembre. La
andanada coordinada de las corporaciones
policíacas federales y las del Distrito Federal
tuvo como acompañamiento una histeria total en los
medios de comunicación burguesas contra los
“vándalos” y “bárbaros”. (¿Cuándo será que
descubran la mano escondida de los visigodos?)
Incluso los titulares de La Jornada
(2 de diciembre de 2012) contrastaban “la
disciplina tricolor” (del PRI) con los “actos de
barbarie” y las “siete horas de disturbios” con
“daños severos a comercios y mobiliario urbano”.
Todos citaron al jefe del gobierno del DF, Marcelo
Ebrard (PRD), que denunció una “agresión a la
ciudad de México” por parte de “anarquistas”
dedicados a “crear desorden”. Tras meses de
agitación por parte del movimiento #YoSoy132 y del
grueso de la izquierda dirigida exclusivamente
contra el reaccionario priísta Peña Nieto, cabe
señalar que en la represión en el día de su toma
de posesión, la gran mayoría de los arrestos
fueron realizados por fuerzas bajo las órdenes de
los “progresistas” burgueses del PRD. Con más de 5
mil uniformados en el mega operativo (y otros
disfrazados de manifestantes), el gobierno
perredista de la capital se puso a la cabeza de
la arremetida represiva capitalista. En
concreto: fuentes policíacas filtraron a la prensa
que “hubo aprehensiones ‘fuera como fuera’”, y que
“algunas instrucciones eran lanzadas por radio con
la clave del jefe Mondragón que ya no era jefe”.
El contralmirante Manuel Mondragón y Kalb fungió
hasta el 30 de noviembre como secretario de
Seguridad Pública (jefe de la policía) del DF,
pasando a primera hora del 1º de diciembre a
gestionar el despacho de la SSP federal de Peña
Nieto. En otros casos, afirmó el mismo policía,
“‘la orden es directa de Marcelo Ebrard’. La orden
ya de hacer el R9”, clave que significa agarrar a
“todo aquel que se ponga pendejo” (“Ebrard y
Mondragón dieron
la orden de pasar de contener a detener:
agente del DF”, La Jornada,
10 de diciembre). Aunque partidarios del eterno
candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador, recientemente separado del PRD, quieren
culpar a su antiguo partido, debe señalarse que
Ebrard fue el jefe de la SSP en el gobierno de
López Obrador, y que AMLO mismo anunció que, de
triunfar en los comicios de 2012, Ebrard sería
su secretario de gobernación y Mondragón el jefe
de la SSP federal. Debido
a esto, las decenas de miles de adherentes del
frente popular que orbita alrededor del PRD, que
usualmente participan en las manifestaciones de
protesta –y que ven al gobierno capitalino como
“suyo”– no participaron en las manifestaciones por
la liberación de los detenidos del 1° de
diciembre. Tampoco estuvieron presentes los
sindicatos “independientes” ni los componentes del
“movimiento urbano popular” que integran esta
alianza de colaboración de clases. Por lo tanto,
las marchas contaron tan sólo con unos centenares
de participantes. Los plantones frente al
Reclusorio Norte y la Cárcel de Mujeres de Santa
Martha Acatitla con bastante menos. No obstante,
las protestas se orientaron a presionar al GDF,
con “negociaciones” en la ALDF para derogar el
infame artículo 362 del Código Penal del Distrito
Federal (“ataques a la paz pública”). Pero aunque
la fracción perredista coqueteó brevemente con los
manifestantes, al final mantuvieron el delito
incólume, para tan sólo rebajar las penas a
“únicamente” de entre dos y siete años de prisión
Seamos
claros: aunque romper unos cuantos cristales de un
Banamex o un Starbucks no conduce a una revolución
social –que requiere la movilización combativa de
las masas trabajadoras para expropiar a los
explotadores– se trata de actos de rabia de gente
enfurecida por no encontrar solución a su opresión
en un sistema cerrado, blindado contra toda
protesta. La presencia de un ejército represivo y
su cerco hermético para “proteger” a los
gobernantes contra los gobernados fueron en sí una
provocación y un ataque contra los derechos
democráticos. Lo abusivo del operativo militar,
con el uso de provocadores infiltrados (esta vez
con guante negro) y halcones, muestra el tamaño
del miedo que “los de arriba” le tienen a la
“turba” de los que están enfurecidos por las
trampas y mentiras propias del capitalismo
mexicano, un régimen de superexplotación de los
trabajadores, miseria para la vasta mayoría,
ausencia de los más elementales derechos
democráticos para vastos sectores oprimidos y…
represión brutal para los que se atreven a
protestar. El
Grupo Internacionalista participó en las múltiples
marchas de protesta contra las detenciones con una
manta que declara “¡Derrotar la represión burguesa
del PRI, PAN y PRD: Obreros al poder!” Pancartas
del GI en manifestaciones y protestas exigían
“Libertad a todos los presos, anulen cargos”,
“¡Abajo represión PRI-PRDista!” “¡Libertad presos
de la guerra de clases!” “¡Comités obreros de
autodefensa!”
“Los capitalistas son los terroristas” y
“Revolución permanente”. Entre los cánticos que
gritamos, hubo uno que decía: “No somos
reformistas, ni del 132, somos comunistas, del
martillo y la hoz”. A esto respondió otro
contingente, “Somos reformistas, y del 132, no
somos comunistas, del martillo y la hoz”. Ironía
aparte, más claro no podía ser. Mas con todo el
griterío contra la “imposición” de Peña Nieto, la lección
del 1° de diciembre es que sólo una revolución
socialista puede barrer con el sistema que
impone una y otra vez gobernantes que defienden
los intereses del capital con el aparato
represivo del estado capitalista. El
blindaje político-militar del gobierno Peña Nieto Después de la andanada policíaca del 1° de diciembre, se concreta el blindaje político del gobierno EPN. Arriba: Juran lealtad al “Pacto por México” junto con Peña Nieto los jefes de partido del PRD (Jesús Zambrano), PAN (Gustavo Madero) y PRI (Cristina Díaz), el 2 de diciembre de 2012. Abajo: caricatura "Pacto por México" por Hernández en La Jornada. (Foto: Cristina Rodríguez/La Jornada) Por el enorme despliegue policíaco y
la saña con que se macaneó a los manifestantes,
varios comentaristas señalaron que no habían visto
algo semejante desde tiempos del presidente Díaz
Ordaz. Pero más allá de la represión del primer
día, la “seguridad” (léase, represión) será una
constante del gobierno EPN. La diferencia con la
administración anterior es que el nuevo equipo
promete resultados con una política represiva más
focalizada en lugar de la militarización
desenfrenada y caótica de Calderón. Con ese fin, y
para realizar el resto de sus “reformas”, Peña
Nieto busca blindar su presidencia con el apoyo de
casi todos los partidos del Congreso. Con la
llegada a Los Pinos del joven dinosaurio del grupo
Atlacomulco (que incluso nació en dicha
municipalidad), no volverá la “dictadura perfecta”
del viejo priato. Y es que no dispone del control
irrestricto ni de la base económica para el viejo
corporativismo. Por ello tendrá que contentarse
(como los gobiernos panistas) con un sistema
semicorporativista. En lugar de la
aplanadora con el carro
completo, recurre a otra jugada en el
repertorio priísta: está convirtiendo a la
“oposición” parlamentaria en una alianza de
partidos “paleros”. En el
segundo día de su gobierno, el nuevo mandatario
celebró un “Pacto por México” con los tres
principales partidos, plasmado en un documento de
95 “compromisos” que abarcan temas desde una
prohibición de “alimentos chatarra” en las
escuelas (compromiso 2) hasta una pensión para los
adultos mayores de 65 años (compromiso 3). El
popurrí político incluye la “reforma educativa”
para imponer la “rectoría” del estado (léase,
restar la autoridad de los docentes), tomar el
control del nombramiento de maestros de los
estados y condicionar su pago a su “evaluación y
desempeño”; y una “reforma energética para
maximizar la renta petrolera”, dotando a PEMEX un
gobierno corporativo y creando “un entorno de
competencia” (extender la participación de la
iniciativa privada) en todos los sectores de
derivados y distribución (refinación, transporte,
petroquímica). Con retórica engañosa, estas
“reformas” buscan la privatización artera de dos
sectores claves y su sometimiento a los dictados
del mercado. Y de las agencias financieras
imperialistas. De
hecho, Peña Nieto ha “decidido suscribir un
Acuerdo de Colaboración Estratégica” con la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), según ha declarado este organismo, que
recién publicó un libro de 300 páginas bajo el
título, Getting
It Right: una agenda estratégica para las
reformas en México (diciembre de 2012). Se
trata de un plan detallado que, con base en las 13
decisiones presidenciales anunciadas el 1° de
diciembre y los 95 compromisos del Pacto acordado
el día siguiente, busca “transformar estos
acuerdos históricos en decisiones y políticas
concretas”. Ahí se aboga por la “eliminación de
los subsidios a la energía”, se alaba a la reforma
laboral que “disminuirá considerablemente el rigor
de la legislación actual de protección al empleo
de los trabajadores ordinarios” además de “reducir
el costo de los despidos”, mientras llama a
“retirar gradualmente las tasas cero y las
exenciones del sistema del IVA” en alimentos y
medicinas, lo que supuestamente sería compensado
con medidas asistencialistas para los más pobres.
O sea, es un programa de ataque en toda la línea
contra la clase obrera mexicana. En
materia de “seguridad”, ante la zozobra de la
población los nuevos gobernantes admiten
parcialmente las dimensiones de la violencia
estatal desatada por la anterior administración en
nombre de una “guerra contra el crimen
organizado”. Filtran que hay una lista
(“informal”) de unos 27 mil desaparecidos, lo que
fue negado por el gobierno panista. El número de
muertos a causa de esta guerra en México ahora se
cifra en más de 100 mil. Pero en México no hay
guerra civil sino un estado de
terror impuesto por diferentes bandos
burgueses: las fuerzas represivas oficiales y sus
competidores en los cárteles de narcotraficantes.
Ante este panorama infernal, los altos oficiales
peñanetistas hicieron aprobar la impotente ley de
víctimas reprobada por Calderón, y demagógicamente
pretenden renunciar al uso de violencia (¡!). Así
el nuevo subprocurador de derechos humanos de la
PGR, Ricardo García Cervantes, declara que “La
violencia no se combate con más violencia….
Tenemos que empezar por erradicar el uso de la
violencia por el Estado, aunque sea en reacción
contra los delincuentes” (La Jornada,
14 de enero). Miguel Ángel
Mancera, jefe perredista del Gobierno del
Distrito Federal e integrante de las
coordinaciones policiales Mando Único y Escudo
Centro. (Foto:
Lucía Godoñez/El Universal) Parecería
que EPN quiere competir con AMLO en la retórica
melosa de una república “amorosa”, a la vez que le
toma prestado a su presunto jefe de seguridad
pública, Mondragón y Kalb. En realidad, el nuevo
gobierno quiere imponer una militarización más
rigurosa, con mando único. En la primera sesión de
su Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 17 de
diciembre, Peña Nieto anunció que el ejército
permanecerá en las calles, se someterá las
policías federales y estatales a los directrices
de la Secretaría de Gobernación y se formaría una
Gendarmería Nacional, una nueva policía
paramilitar. Ahora México tendrá su equivalente de
los Carabineros chilenos o de la Guardia Civil
española. Y encima de todo, habrá un Centro
Nacional de Inteligencia (CNI), al que estarán
subordinadas las demás agencias de inteligencia,
como el Cisen. “En sigilo, crea el gobierno una
CIA a la mexicana” sentenció Proceso
(12 de enero). O una nueva DFS, la policía
política, creada con el aval de la CIA, que en los
años 80 bajo el mando de Miguel Nazar Haro mató a
cientos de izquierdistas mientras y otorgaba
charolas a destacados narcotraficantes. Al
presenciar el estreno de esta estrategia
represiva, no hubo discrepancia alguna entre los
32 gobernadores del país. “La sesión fue como un
concierto de una sola voz. Los gobernadores de las
distintas entidades del país parecían pertenecer
al mismo partido” comentó Reporte Índigo
(18 de diciembre de 2012). No sólo los (muchos)
gobernadores priístas y los (pocos) panistas, sino
también los cuatro perredistas se cuadraron ante
el llamado a cerrar filas que lanzó el presidente
tricolor. El jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel
Mancera, así como los mandatarios Aguirre
(Guerrero) y Graco Ramírez (Morelos) han acordado
integrar un Mando Único y Coordinado, mientras el
primero anunció la puesta en marcha del programa Escudo Centro
que realizaría operativos “focalizados” en zonas
limítrofes del DF. En el mismo sentido de
“blindar” la capital ante “maleantes”, cuando
finalmente dejaron libres (bajo caución) a los
últimos 14 detenidos del 1° de diciembre, un
portavoz del PRD aseguró “a los empresarios” que
no derogarían el nefasto artículo 362 del código
penal del DF, que equipara protestas tumultuosas a
terrorismo, y que los detenidos no habían sido
declarados inocentes. El
frente popular lopezobradorista, No se
limita a la política de “seguridad” (represión) el
consenso entre los tres principales partido
mexicanos, el PRI, PAN y PRD. Peña Nieto se ha
blindado no sólo militar sino también
políticamente. Junto con la macana policíaca, el
“nuevo PRI” en el poder ofrece con el Pacto por
México zanahorias a diferentes sectores. A los
empresarios les promete que promover la iniciativa
privada será el eje de su política económica,
mediante la apertura de nuevos espacios de
inversión con la “reforma” energética. A los
burócratas de los gremios corporativistas, les
promete una exención de la “reforma” laboral que
arremete contra los salarios y destruye derechos
de los trabajadores y jóvenes. Político hábil,
Peña Nieto incluso hace gestos hacia sus
detractores pequeñoburgueses acomodados del
#YoSoy132, prometiendo más canales de televisión
para competir con el duopolio Televisa-TV Azteca,
y ¡hasta un artículo constitucional que reconozca
“el derecho al acceso a la banda ancha”! Que los
trabajadores y la población pobre del campo y la
ciudad no tengan ni computadoras ni teléfonos
“inteligentes” para valerse de este “derecho” es
otra cosa. No sólo
mediante una larga lista de “compromisos” mutuos,
sino también de manera formal se ha conformado una
coalición partidaria para que sirva como sustento
del gobierno peñanietista, con un Consejo Rector
del Pacto por México, cuyo primer presidente
rotativo es el panista Gustavo Madero. Claro que
para salvar las apariencias, permitirán una pizca
de teatro parlamentario, quizás en el caso de la
imposición del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a
los alimentos y medicinas y la “apertura” de Pemex
a capitales privados. Pero con una amplía mayoría
asegurada en ambas cámaras, el resultado es ya
conocido. Hay un inconveniente, sin embargo: con
una escena política tan regimentada, no hay
oposición reconocida que sirva de válvula de
escape para encauzar el descontento popular hacia
canales seguros. Con el pase formal del PRD al
bando oficialista, este papel compete al frente
popular alrededor del ex priísta y ex perredista
Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de
Regeneración (Morena). No obstante, después del
fracaso de su segunda campaña presidencial, el
poder de contención de AMLO está seriamente
debilitado. Sus
partidarios más perspicaces reconocen el problema
y hasta hablan abiertamente de él. Luis Hernández
Navarro escribió en un comentario sobre “La
batalla de la Alameda” en La Jornada
(4 de diciembre de 2012) sobre la incapacidad del
“Peje” de canalizar esta vez la rabia: “En
2006 ese enojo ya existía, aunque ahora ha crecido
muchísimo. El plantón de Reforma le dio una salida
cívica y pacífica. La autoridad político-moral de
López Obrador en un amplio sector de la población
radicalizada fue un elemento de contención que
previno la emergencia de la protesta violenta.
Hoy, el dirigente de Morena no cuenta con ese
margen de maniobra. Su influencia se ha reducido.
Nuevas fuerzas han surgido a su izquierda.” Andrés Manuel
López Obrador habla en asamblea de Morena en
Rosarito, Baja California Norte,
el 3 de marzo. (Foto:lopezobrador.org.mx) Seis
años más tarde se admite que las movilizaciones
postelectorales de 2006 tenían el propósito de
contener la protesta en canales “cívicos”, lo que
muchos izquierdistas no reconocieron en aquel
entonces. Pero ¿ahora qué? A mediados de diciembre
Morena lanzó una campaña para transformarse de
“movimiento” en partido político con registro
electoral. Aunque esto no necesariamente le
permitiría conquistar a la juventud, sí le daría
un sustento asegurado mediante los
subsidios que el gobierno otorga a todos los
partidos electorales nacionales. Y no
estamos hablando de sumas menores: según
información del Instituto Federal Electoral, entre
2000 y 2012 el PRD obtuvo más de 6 mil millones de
pesos de la hacienda pública, y eso
independientemente de los salarios y dietas de los
parlamentarios. En contrapartida, pues, Morena
será un partido electorero financiado por el
estado. Los
voceros del frente popular lopezobradorista se
esfuerzan por proclamarse la “verdadera oposición”
ante “un sistema de partidos paraestatales donde
todos opinen lo mismo, una sociedad política
uniforme, monolítica” (Martí Batres hablando ante
el IFE) o “la única oposición al régimen y a la
pandilla que tomó por asalto la Presidencia de la
República”, como sostuvo AMLO mismo en una gira
por Oaxaca (La
Jornada, 8 de enero y 9 de febrero,
respectivamente). Pero ¿se trataría de una
verdadera oposición? Al financiarse de la misma
fuente que sustenta al PRI, el PAN y el PRD, los
pequeños partidos como el PT, MC, PVEM etc.
dependen en aún mayor medida del subsidio del
estado capitalista para su sobrevivencia. Es más,
ya que ahora carece de la fuerza para ser una
opción de recambio para la burguesía, en realidad
Morena se limitaría a ser un instrumento para
ejercer presión sobre los partidos del Pacto. Y
aún jugando ese papel a ultranza, López Obrador no
puede presentar una oposición de fondo al régimen
porque él también es un político burgués, que
defiende el capitalismo – en su caso, más
particularmente los intereses del capital
mexicano. Tomemos
el ejemplo de la llamada “reforma energética”. El
programa de Morena llama a “poner fin a la
privatización de Pemex, la industria eléctrica y
del patrimonio cultural”. Veamos. El gobierno de
Peña Nieto pretende, y el Pacto por México repite,
que no se privatizará a Petróleos Mexicanos y que
“se mantendrá en manos de la Nación, a través del
Estado, la propiedad y el control de los
hidrocarburos y la propiedad de PEMEX como empresa
pública”. Detrás de la retórica engañosa, el plan
es de introducir un gobierno corporativo compuesto
por hombres de negocios, y mientras formalmente se
mantiene la producción del crudo en manos de la
empresa estatal, por medio de contratos de
servicio, de exploración, de mantenimiento y la
introducción de capitales privados en la
refinación, transporte e industrialización de
productos petroquímicos, desbaratar la
expropiación petrolera de 1938. Entonces, ante
este plan para una privatización de facto y por
etapas del petróleo mexicano, ¿cuál es exactamente
la posición de AMLO? En
2008, cuando lanzó el “Movimiento Nacional en
Defensa del Petróleo”, López Obrador publicó su Proyecto
Alternativo de Nación, donde subraya que “el
petróleo debe seguir siendo un buen negocio en
beneficio de los mexicanos”, y que “tampoco
deberíamos descartar que inversionistas
nacionales, mediante mecanismos transparentes de
asociación entre el sector público y el privado,
participen en la expansión y modernización del
sector energético o actividades relacionadas,
siempre y cuando lo permitan las normas
constitucionales”. En 2011 publica un segundo
libro, el Nuevo
Proyecto de nación por el renacimiento de México,
donde habla en términos más generales de
“propiciar la convergencia de la inversión pública
y privada”, y cita como ejemplo Petrobras. Llama
la atención que Peña Nieto señala precisamente a
la petrolera brasileña como modelo. La otrora
empresa estatal se ha convertido en Petroleo
Brasileiro S.A., en donde el estado controla la
mayoría de las acciones con derecho a voto, pero
la gran mayoría del capital invertido viene de
inversores internacionales. Más
tarde, el caudillo de Morena mostró interés en la
empresa Statoil de Noruega, otra compañía en donde
el estado detenta una mayoría de la acciones, pero
que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y
actúa a escala mundial como una empresa privada.
Según ADN político (15 de marzo de 2012), sitio
ligado al Grupo Expansión, “Adolfo Hellmund, quien
sería secretario de Energía en un eventual
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aceptaría
la inclusión de capital privado en Petróleos
Mexicanos si esto representara un beneficio
económico para todos los mexicanos”. Las
diferencias entre los clanes políticos burgueses
con respecto al petróleo no giran en torno a la
inversión privada, que todos
admiten, sino que conciernen a la “apertura” al
capital imperialista. El caudillo de Morena y sus
asesores nunca se han opuesto a la participación
de capital privado mexicano.
Por lo demás, su perfil nacionalista burgués nada
tiene de antiimperialista. Durante el congreso
nacional de Morena en noviembre pasado López
Obrador destacó la presencia de un diplomático
estadounidense y acalló los gritos de “¡Cuba sí,
yanquis no!” Desde
las elecciones de 1988 cuando el candidato del
PRI, Carlos Salinas de Gortari, robó las
elecciones al ex priísta Cuauhtémoc Cárdenas con
la “caída” del sistema de cómputo de votos, la
oposición popular a los gobiernos del PRI y el
PAN, con sus políticas económicas casi idénticas,
ha sido controlada por un frente
popular, primero cardenista y luego
lopezobradorista, que ha atado a las
organizaciones de obreros, campesinos, jóvenes y
pobres al sector de la burguesía representado por
el PRD. Esta alianza de colaboración de clases ha
producido una derrota tras otra para las masas
explotadas. Ahora los dirigentes más derechistas
del PRD, los ex izquierdistas Jesús Ortega y Jesús
Zambrano (“Los Chuchos”), abrazan el PRI mientras
el caudal de escritores y artistas perredistas
(Paco Ignacio Taibo II, Elena Poniatowska) siguen
con AMLO y Morena. El otro componente del frente
popular lopezobradorista está conformado por los
sindicatos “independientes”, que ahora parecen
divididos: algunos (SME, CNTE) siguen la cauda de
Morena, mientras que otros (UNT, STUNAM) coquetean
con Peña Nieto. De
las movilizaciones sindicales contra la nefasta
“reforma” laboral en octubre y noviembre, en
vísperas de la toma de posesión de Peña Nieto, los
sindicatos “independientes” políticamente aliados
con el PRD declararon que no participarían en las
protestas frente a San Lázaro (con la única
excepción de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación). El Sindicato de
Trabajadores de la UNAM y la Unión Nacional de
Trabajadores publicaron desplegados en los
periódicos en los que no se
oponían a la privatización de Pemex, no se
oponían al IVA en medicinas y alimentos, y sí se
pronunciaban a favor de una “Reforma Social y
Democrática del Estado” pidiendo al nuevo
mandatario su “disposición al diálogo” y a la
“concertación y el logro de consensos” en un “gran
acuerdo político”. No con ellos. Pero si los
gremios corporativistas han seguido siendo
oficialistas durante gobiernos del PRI y PAN, los
“independientes” no han roto con el
frentepopulismo. Su respuesta al “Pacto por
México” será una marcha el 18 de marzo por un
“Pacto por el Rescate de la Nación y la Unidad
contra el Neoliberalismo”. La
izquierda oportunista a la cola de la burguesía Nos
enfrentamos, pues, a un panorama político en donde
el nuevo gobierno “neopriísta” prosigue la misma
ofensiva antiobrera y represiva del anterior
gobierno panista, pero esta vez con el aval de los
demás bloques parlamentarios, mientras la
“oposición” continúa su política frentepopulista
burguesa. De acuerdo con esta política de
colaboración de clases, los sindicatos
“independientes” y el grueso de la izquierda
apoyaron, abierta o implícitamente, la candidatura
de Andrés Manuel López Obrador en las pasadas
elecciones presidenciales (como también lo
hicieron en 2006), a pesar de ser un político
burgués y de que en esta campaña cortejó
abiertamente a capitalistas regiomontanos como
Alfonso Romo (ver “México: Elecciones 2012,
Militarización, ataques antiobreros y farsa
electoral”, suplemento de El
Internacionalista, mayo de 2012). Esta
“estrategia” ha resultado en una derrota tras otra
para los explotados –lo que ha representado
triunfos para el frente popular, que busca
desviar la lucha– y será lo mismo en el futuro. Lo
que se necesita es una contundente lucha de clase
y una dirección obrera clasista, revolucionaria,
capaz de conducirla. En el
ámbito laboral, los sindicatos independientes han
respondido a las “reformas” laboral y educativa
promoviendo amparos masivos contra su aplicación.
Como medida individual no tiene nada en contra,
pero como respuesta colectiva esta táctica
legaloide lleva al fracaso. Fomenta la ilusión de
que los tribunales son de alguna manera neutrales
o pueden ser favorables a los trabajadores, cuando
en realidad forman parte de la maquinaria del
estado capitalista.
Y para los no marxistas que sólo responden
empíricamente, ya se intentó contra la reforma del
ISSSTE en 2007, sin éxito. Más recientemente la
dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas
bajo Martín Esparza centró la lucha contra los
despidos masivos en peticiones a los tribunales.
Cuando un tribunal colegiado le concedió un
amparo, declarando a la Comisión Federal de
Electricidad “patrón sustituto” ante la
liquidación de Luz y Fuerza del Centro por el
presidente Calderón, los dirigentes del SME
cantaron aleluya. Pero el 30 de enero la SCJN
dictaminó unánimemente contra el sindicato. Saldo:
tres años y medio de lucha y 44 mil puestos
perdidos. AMLO en campaña
presidencial, frente a banderas de la OPT, SME y
PRD, el 27 de junio de 2012. En la
mal llamada extrema izquierda, hay quienes como
los gemelos Militante e Izquierda Socialista
forman parte de Morena, un movimiento populista
burgués. Durante 20 años la ahora escindida
corriente Militante se jactó de ser la “tendencia
marxista” del PRD, partido capitalista,
haciendo patente su incapacidad innata de
comprender que hay una línea de
clase entre organizaciones del proletariado
y las de la burguesía. No hay mucho que decir de
ellos: siempre van a la zaga de López Obrador y
pretenden ser el ala de izquierda de la
“izquierda” burguesa. Hay otros como el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que ante
la política de “neoliberalismo light” de Morena
han preferido orientarse a la Organización
Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT),
animada por la dirección del SME. En realidad, la
OPT sólo sirvió para canalizar votos obreros a
AMLO. Ahora sectores derechistas en su seno se
quejan de la incongruencia de los que erróneamente
identifican como trotskistas y que hablan un
partido de clase, un programa anticapitalista y
hasta del socialismo mientras apoyan alianzas con
partidos y formaciones burguesas: “En
el colmo de la incongruencia, se objetaban y se
objetan las alianzas con sectores de la burguesía
cuando, los mismos grupos trotskistas, matices
menos matices más, comparten y hasta aplauden las
alianzas con MORENA, PT, PRD, MC y Andrés Manuel
López Obrador acordadas en la OPT. A la vez que
también participan en instancias como la
Convención Nacional Sindical o el Movimiento o
Pacto por la Soberanía Alimentaria, hoy Frente
Amplio Social sin inmutarse. Para todos es
conocido que en todos esos partidos, referentes
sociales y candidaturas, como la de Obrador,
concurren grupos empresariales y líderes burgueses
y hasta charros: los más renombrados y motivo de
escándalo son gentes y organizaciones como Alfonso
Romo y el SNTE.” –“Carta
a la militancia de la Organización Política del
Pueblo y los Trabajadores (OPT)”, 13 de febrero Citamos
este trecho in extenso, a pesar de que defiende
abiertamente una alianza con sectores burgueses en
contra de una mítica “oligarquía” –vieja fórmula
reformista, común a estalinistas y
socialdemócratas, para justificar la colaboración
de clases– porque ahí se señala una contradicción
flagrante en la política de los varios grupos
oportunistas. Estos abusan del nombre de Trotsky,
que fustigó el frente popular, mientras siguen una
política frentepopulista. También da en el clavo
al señalar que el sinnúmero de convenciones,
frentes y movimientos en que participan los
oportunistas de toda calaña involucran “grupos
empresariales y líderes burgueses”. Esto subraya
que la lucha contra el frente popular no se limita
a oponerse a apoyar al PRD, AMLO o Morena, sino
que incluye desenmascarar el carácter burgués de
dichas coaliciones. La única organización de
izquierda que hace eso, llamando a romper con la
burguesía y luchar por la independencia
revolucionaria del proletariado en toda la línea
es precisamente el Grupo Internacionalista, que
desde su formación ha combatido con uñas y dientes
el callejón sin salida del frente popular. Si
Militante, IS y el PRT se encuentran siempre en la
estela de, o dentro de, los partidos y frentes
burgueses, hay otros grupos de la no tan extrema
izquierda que también practican una política
seguidista pero quieren más picante en sus amores
y suelen cambiar con más frecuencia los
destinatarios de su cariño. El año pasado, cuando
surgió el movimiento #YoSoy132, la Liga de
Trabajadores por el Socialismo no tardó en
abandonar la coalición “socialista” (de la que
formaba parte junto con el GAR, POS, LUS) y que
había llamado al boicot de la farsa electoral.
Entonces, la LTS adoptó el ropaje de este
movimiento pequeñoburgués con su vocabulario
electorero de un “voto informado”, que en los
hechos se tradujo en un “voto útil” a favor de
AMLO. De ahí en adelante, los militantes de la LTS
sólo se identificaban como 132, escondiendo su
afiliación partidaria y plegándose al
anticomunismo de los iniciadores de este
movimiento de la juventud dorada, originado en las
más exclusivas universidades privadas. Aguantando
su exclusión de las instancias directivas, cuando
hicieron intervenciones fue para pedir más
democracia, no de luchar por la revolución
socialista. Otro
grupo que tiró la casa por la ventana para
hundirse en #YoSoy132 fue la Juventud Comunista de
México, afiliada al Partido Comunista. Ahí donde
la LTS sigue una receta heredada de su otrora
maestro, Nahuel Moreno –que igual que su homónimo
Mario Moreno (Cantinflas) era un artista
transformista, que se hizo pasar por peronista,
maoísta, guevarista, sandinista, de izquierda, por
supuesto–al adoptar la guisa de seguidores del
EZLN, AMLO, la APPO, etc., en el caso de la JCM,
su hundimiento en el 132 fue más bien un acto de
desesperación para intentar salvarse del
naufragio. Para esto tuvieron hasta quitarse de
sus camisas partidarias y retirar una manta con
sus siglas (en una manifestación en Monterrey, el
30 de junio pasado). Tanto la LTS como la JC
participaron en las protestas como 132, pero con
el desvanecimiento del movimiento al terminar el
período electoral con la toma de posesión por Peña
Nieto, han quedado a la deriva, en busca de un
nuevo movimiento a seguir. Tal vez con “el retorno
de los zapatistas”. Tal vez… Finalmente,
hay una franja que se pretende más militante, que
abarca la Acampada Revolución 132, el Partido
Comunista de México (Marxista-Leninista) y su
juventud UJRM, el Frente de Oriente y algunas
Asambleas Populares en la zona conurbada.
Agrupados en un Frente de Unión Revolucionaria,
coinciden en ensalzar “La Batalla de San Lázaro”
como un “evento histórico” que “no cuenta con
precedente alguno” y que anuncia un período de
auge revolucionario. “Una nueva página se ha
escrito en la historia de México, la juventud al
igual que en Chile, Grecia, España, Túnez, Italia,
Argentina y Bolivia (entre otros países) sale a
las calles a exigir sus derechos”, proclama una
declaración del FUR (18 de diciembre). En
los días posteriores al 1° de diciembre, hubo
mucha histeria entre los partidarios del PRD
contra “provocadores”, con lo cual querían señalar
a los jóvenes que resistieron a la arremetida de
la policía. El historiador Adolfo Gilly escribió
un artículo en La Jornada
(17 de diciembre de 2012) bajo el título, “La
provocación del primer día”. Señaló entre los
presuntos malhechores a la Acampada Revolución;
habló de “cursos de uso de arcos y flechas con
‘fines de autodefensa’,” y acusó a manifestantes
que desfilaron frente a las vallas de estar
“calentando los ánimos de los policías federales
para lo que vendría después”. Aunque a final
agregó unas palabras llamando a liberar a los 14
presos que seguían recluidos, el propósito de esta
asquerosa y distorsionada lectura de los eventos
era culpar a los manifestantes por “la violencia”,
justificar la decisión del PRD y Morena de
realizar mítines bien distantes de San Lázaro, y
defender al perredista GDF contra la acusación de
ser un gobierno represor. Contra esta versión
policíaca de una provocación, los del FUR
presentan la movilización “contra la imposición”
como si fuera un levantamiento de las masas
populares. En
una asamblea del Frente de Unión Revolucionaria
del 27 de diciembre, varios oradores argumentaron
que en el contexto de la crisis global del
capitalismo, cada vez con mayor frecuencia las
masas estarían dispuestas a “elevar sus formas de
lucha”, tal como se mostró el 1° de diciembre, y
que esto ya estaba ocurriendo en otros países y
ahora le tocaba el turno a México. Así confunden
la voluntad de lucha, que sí existe y que se vio
el 1° de diciembre, con una mayor conciencia
revolucionaria, que no será espontánea y que
requiere de la intervención de una vanguardia
auténticamente comunista. Pero aunque postularon
que se está viendo un cambio cualitativo en el
nivel de conciencia de las masas, la conclusión
programática que le dan es que hay que luchar por
un Congreso Social por una Nueva Constituyente, o
sea, las consignas de siempre derivadas del dogma
estalinista de una revolución por etapas, según la
cual la etapa actual es la “democrática”
(burguesa). Hablar de lucha obrera revolucionaria
será para otro día: por el momento están en la
misma onda que AMLO y Morena. Luchar
por
un partido obrero revolucionario Contingente del Grupo Internacionalista en marcha por la liberación de los presos del 1° de diciembre. (Foto: El Internacionalista) Un
vocero del Grupo Internacionalista intervino
polemizando contra la idea de que escaramuzas
callejeras entre manifestantes y la policía
signifiquen un avance en las formas de lucha. Lo
primero que habría que constatar de las protestas
del 1° de diciembre, así como las subsiguientes
manifestaciones por la liberación de los
detenidos, es que la clase obrera estuvo ausente.
Esa ausencia tiene una explicación política: la
subordinación del proletariado mexicano al frente
popular en torno al PRD y a López Obrador, así
como el control estatal corporativista que ejercen
los “sindicatos” charros sobre los trabajadores.
El frente popular ha sido una opción de recambio
de la burguesía, pero después de 25 años de
derrotas, ese mecanismo también está desgastándose
ante la pérdida de confianza en el PRD entre
algunos sectores, sobre todo de la juventud. La
burguesía está intentando renovar el frente
popular a través de Morena, y la tarea que tenemos
los revolucionarios enfrente es luchar por romper
el grillete corporativista, luchar por romper el
frente popular y construir un partido obrero
revolucionario. Concluyó
nuestro camarada señalando que quien cargaba la
responsabilidad para la represión del 1° de
diciembre era ante todo el gobierno del Distrito
Federal en manos del PRD, y que sería absurdo
pensar que con reformar el Código Penal del DF se
va a detener la represión y persecución contra los
que protestan contra el gobierno capitalista. En
ese campo también, la clave es luchar por
movilizar el poder social del proletariado.
Naturalmente, la intervención de nuestro camarada
no fue del agrado de los estalinistas y
frentepopulistas ahí reunidos. El dirigente
principal del PCM (m-l) pretendió que las masas
estaban rompiendo con la burguesía cuando
prefirieron enfrentarse a la policía que protestar
pacíficamente con López Obrador en el Ángel de la
Independencia. Aunque algunos de los presentes
eran más combativos en términos tácticos que los
“moderados” dentro del #YoSoy132 y la huelga en la
UACM, también ellos descartaron la necesidad de
una lucha política contra el frente popular. Por
lo tanto siguen en convivencia con él, aún cuando
esto debilite su lucha, como la campaña por la
liberación de los detenidos, o la hunda, como en
el caso del SME. El
presidente Enrique Peña Nieto está consolidando su
control del estado mexicano con pactos cupulares,
migajas para los que puede comprar y toletazos
para los que se atreven resistir. Sin embargo, el
programa común del gobierno PRI-PAN-PRD de
privatización y militarización inevitablemente
despertará oposición y lucha de los trabajadores.
Quienes sólo intentan resistir, que basan su
política en la búsqueda de grietas en la
burguesía, que se limitan al marco nacional, serán
inevitablemente derrotados. Hay que ir por todo,
por la revolución socialista internacional. Nos
enfrentamos con una ofensiva antiobrera a escala
mundial, instrumentada por los imperialistas, que
ha logrado unir a todos los sectores burgueses.
Pero como se vio el 1° de diciembre, los de arriba
temen a los
de abajo. Y
con razón. Ante una movilización masiva, de
cientos y miles de obreros a la cabeza de millones
de campesinos, jóvenes, indígenas y todos los
oprimidos, el poder de los todopoderosos se
derrumbará. Lo decisivo en esta contienda es
elevar la conciencia de clase
de las masas trabajadoras, y traducirla en acción
revolucionaria. Pancarta del
Grupo Internacionalista en la marcha por la
liberación de los detenidos, el 16 de
diciembre. (Foto:
El Internacionalista) En
países semicoloniales como México, en donde el eje
fundamental del poder radica no en Los Pinos ni el
Palacio Nacional o el Campo Marte sino en la
embajada de Paseo de La Reforma, no habrá una real
democratización, ni de las elecciones, los medios
de comunicación, la tenencia de la tierra o
cualquier otro aspecto de la vida nacional sin una
revolución proletaria que se extienda al corazón
del imperio. México es un país de 115 millones de
habitantes, colindante con Estados Unidos donde
viven 33 millones de mexicanos y sus hijos. La
migración reciente, quizás la mayor de la
historia, entrelaza íntimamente la lucha
revolucionaria en los dos países. Para lograr una
verdadera autonomía para las poblaciones
indígenas, para revertir la expropiación de los
campesinos bajo el TLCAN (Tratado de Libre
Comercio de América del Norte), para liberar a la
mujer, defender a los homosexuales, logar la
ciudadanía para los inmigrantes indocumentados y
sacar a los más de 50 millones de mexicanos de la
pobreza horripilante que padecen, no habrá
solución sin revolución proletaria. Esta
es la perspectiva de la revolución
permanente del gran revolucionario ruso
León Trotsky, el fundador de la IV Internacional
asesinado en territorio mexicano por los
estalinistas que pensaban ganar el beneplácito de
los imperialistas al extirpar a los
revolucionarios, desde España hasta Coyoacán. Pero
se equivocaron: no hay coexistencia pacífica entre
el capital y el proletariado. Bajo la presión
inexorable del imperialismo y con la anuencia de
la burocracia parásita, finalmente se derrumbó la
Unión Soviética y los restos de la Revolución de
Octubre 1917. Los estalinistas restantes que vagan
por el mundo sin rumbo son como zombis: no saben
que ya están muertos, pero no tienen futuro. Los
trotskistas del Grupo Internacionalista, sección
mexicana de la liga por la IV Internacional,
insistimos que no habrá una reedición de las
revoluciones mexicanas del pasado. La época de
Zapata y los zapatistas ya pasó. La próxima
Revolución Mexicana será obrera, socialista e
internacionalista, o no será. ■ |
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