mayo de 2005   

En los últimos días, la población inmigrante de Estados Unidos ha sido el blanco de un ataque racista lanzado desde las más altas esferas del gobierno. El 11 de mayo fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en Washington una draconiana ley migratoria, conocida como la Ley “Real ID”, que pretende establecer normas uniformes para las licencias de conducir emitidas por los 50 estados de la unión. Aunque se presentó como una medida “antiterrorista”, en realidad tiene como blanco a los 11 (o más) millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en este país.

Los racistas piensan que con la sola firma del presidente George W. Bush, que se dio esa misma noche, van a impedir que los “illegal aliens” manejen vehículos. De ponerse en práctica, esto sería no solamente un trauma personal para millones de familias, que necesitan viajar en auto para sobrevivir, sino un golpe mortal a importantes sectores de la economía capitalista, que depende de los trabajadores sin derechos legales por su mano de obra que percibe sueldos miserables. Más probable será que haga la vida de este sector vital de la clase obrera una pesadilla aún peor, además de subir el costo en el mercado negro de los documentos “sustitutos”.

Más siniestro aún, y para toda la población de EE.UU., con este paso se está aproximándose a la temida cédula nacional de identificación, medida de estado policíaco que tantos republicanos derechistas y también buen número de liberales demócratas han querido introducir desde hace décadas. La orden perentoria “Muestren sus documentos” ya no será algo que sólo se oiga en viejas películas sobre la dictadura nazi (cuando los policías alemanes gritaban ¡Ausweis zeigen!), o sobre el régimen sudafricano del apartheid, sino que, debidamente traducida al inglés, será una experiencia diaria, pronunciada en tono amenazante en retenes de carreteras, inspecciones del metro y a la entrada de edificios, escuelas y hospitales. Este atropello racista contra los inmigrantes abre la vía para un ataque contra los derechos democráticos de todos.

Ante la amenaza real representada por la ley Real ID, junto con las anteriores leyes antiinmigrantes como la USA PATRIOT Act y la contrarreforma migratoria de 1996, muchas organizaciones de inmigrantes han puesto sus esperanzas en los tribunales y políticos liberales capitalistas. El mismo día en que el Senado aprobó la ley sobre las licencias de conducir, una jueza de la Corte Suprema Estatal de Nueva York, Karen Smith, dictaminó que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de NY no puede cancelar las licencias de los inmigrantes indocumentados por no tener una tarjeta válida del Seguro Social. El DMV no ha sido autorizado por la legislatura para reglamentar asuntos migratorios, declaró, al emitir el requerimiento judicial pedido por el Fondo Puertorriqueño de Defensa Legal y Educativa (PRLDEF, por sus siglas en inglés).

Grupos de defensa de los derechos humanos cantaron victoria. “Luz verde a las licencias para indocumentados”, lanzó como encabezado el diario neoyorquino Hoy (11 de mayo). Pero el fallo en este caso quedará sin efecto, debido a que el procurador del estado (el demócrata Elliot Spitzer) ha hecho una apelación del mismo ante una instancia judicial superior, y ahora podría ser contravenido también por la flamante ley federal.

Al día siguiente, en el Senado y la Cámara federales, se introdujo un proyecto de ley de reforma de las leyes migratorias patrocinada por los senadores Edward Kennedy (liberal demócrata) y John McCain (conservador republicano). Los empedernidos racistas antiinmigrantes de FAIR (Federación Americana para la Reforma Migratoria) anunciaron que se opondrán a la legislación, porque “crecerá la inmigración ilegal” y, supuestamente, legalizaría la situación de los indocumentados. Los mismos autores de la “Ley por unos EE.UU. seguros y una inmigración ordenada” explican que no es así. El representante Jim Kolbe (republicano de Arizona) dijo sin ambages:

“Son inmigrantes ilegales – violaron la ley y deben ser castigados. Es por eso que esta legislación incluye multas y penas estrictas para los que ya están dentro del país ilegalmente, además de fuertes castigos para los patrones que contraten inmigrantes ilegales.”

Más claro no podría ser. Según este proyecto de ley (S. 1033/H.R. 2330), multas y castigos superarían unos 2 mil dólares (más un elevado precio del permiso) para cada adulto indocumentado; además, el permiso sólo duraría seis años, los solicitantes serían sometidos a un examen de antecedentes penales o policiales, habrían que pagar impuestos sobre sus ingresos, tendrían que registrarse para la conscripción, y serían deportados si carecen de empleo durante más de 60 días. Con todo, resulta evidente que sólo un porcentaje reducido de los trabajadores indocumentados se ser-virían de estos hipotéticos visados H-5B.

Los visados H-5A que prevé el proyecto Kennedy-McCain, por su parte, no son nada más una reedición de la iniciativa del presidente George Bush para crear nuevamente una categoría de “trabajadores huéspedes”, que luego de su estadía temporaria serían enviados de vuelta “a casa”. Propuesta en su discurso anual sobre el estado de la unión en enero de 2004 y luego alabada en una reunión de los dos rancheros, Bush y el presidente mexicano, Vicente Fox Quesada, la iniciativa se convirtió en letra muerta ante la presión de la derecha republicana.

El nuevo proyecto “bipartidista” ha sido concebido para procurar el apoyo del presidente norteamericano – lo dicen explícitamente – aunque probablemente corra la misma suerte que su antecesor. Y aunque es bienvenido por los grupos latinos burgueses como LULAC (Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos) y MALDEF (Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educativa)  no hace nada a favor de los trabajado-res indocumentados y en lugar de eso busca “castigarlos”.

La amarga verdad es que todo el “debate” sobre la inmigración está subordinado a la cuestión fundamental de la guerra imperialista “sin fin” que han declarado los gobernantes norteamericanos luego del ataque al World Trade Center y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001. Tanto demócratas como republicanos utilizan el “11-S” para justificar su matanza, que como en todas las guerras imperialistas del último siglo ha intensificado la histeria antiinmigrante. Al lanzar la guerra contra Afganistán, de inmediato se decretó la detención de miles de árabes y personas del sur de Asia. Se los mantuvo incomunicados, e incluso se rechazó proporcionar los nombres de los detenidos. Por doquier en el país se incrementó la discriminación contra todos los inmigrantes.

Para celebrar su triunfo electoral para un segundo turno, el presidente Bush ordenó una verdadera carnicería humana en la ciudad iraquí de Fallujah digna del ejército nazi (o del ejército israelí contra los palestinos, o del imperialismo norteamericano en Japón, Vietnam, etc.). El surgimiento de grupos paramilitares en la frontera con el propósito de cazar inmigrantes se encuentra estrechamente vinculado con la guerra y el ascenso electoral de la ultraderecha.

Grupos como el Minuteman Project y la Arizona Guard se pavonean con sus rifles AR-15 y pistolas Glock en sus “retenes” de sillas desplegables y una hielera llena de cerveza. Estos grupos se vieron alentados por el éxito en las elecciones del 2 de noviembre último de la Propuesta 200, la “Ley para la Protección del Ciudadano y Pagador de Impuestos en Arizona”, que impediría a los inmigrantes hacer uso de servicios públicos.

Los paramilitares racistas no son sino la expresión más descarada de esta arremetida en toda la línea contra los trabajadores inmigrantes. Estos matones cobardes deben ser arrollados por la fuerza de la clase obrera organizada.

Los llamados de grupos liberales a Bush y al Congreso a favor de una “amnistía” son condenados al fracaso. ¿Por qué diablos hay que amnistiar a quienes no han cometido ningún delito? Para echar abajo las murallas que están construyendo, para hacer añicos a sus leyes xenófobas y para derrotar a la reacción racista, hay que movilizar el poderío enorme de la clase obrera, multirracial y multinacional. Para comenzar, acciones bien concretas como una huelga de los taxistas en la ciudad de Nueva York contra la ley “Real ID” dejaría bien en claro para la clase dominante cuánto depende de los trabajadores inmigrantes ... y el caos que desencadenaría con su medida racista.

Los revolucionarios internacionalistas luchamos por plenos derechos de ciudadanía para todos los inmigrantes, medida que fue una de las primeras realizadas por la Revolución Bolchevique de 1917. Para los comunistas y todos los trabajadores con conciencia de clase, los obreros no tienen patria, pertenecen a una clase internacional. Tal como ocurrió en la Rusia zarista, en los EE.UU. de hoy sólo será a través de la revolución socialista internacional que podremos eliminar las fronteras nacionales que nos imponen los capitalistas para dividirnos de nuestros compañeros y compañeras “del otro lado”.

Embestida racista antiinmigrante

Después del 11 de septiembre se dio una intensificación brusca de ataques racistas contra los inmigrantes. Taxistas sikhs hostigados en pleno Brooklyn debido a que llevan turbantes, incendios de mezquitas. La Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) lanzó una “purga de guerra” contra los estudiantes “indocumentados”, contra la cual el Grupo Internacionalista inició una campaña de protestas con la participación de sindicalistas y asociaciones de trabajadores inmigrantes (entre ellos los taxistas).

Ya en los meses anteriores se había dado una serie de ataques potencialmente mortales contra inmigrantes latinoamericanos en Farmingville y luego Farmingdale en Long Island. En este envenado clima chovinista, en diciembre de 2003 la administración del gobernador George Pataki y su director del DMV decidieron hacer su “aporte” a la “guerra contra el terror” al exigir de todos los conductores un número de Seguro Social válido, o que se les retiraría su licencia de conducir.

Patrocinado por el Departamento de “Seguridad de la Patria” (Homeland Security), el DMV neoyorquino envió miles de cartas de forma selectiva con el efecto de aterrorizar a familias inmigrantes en todo el estado. Exigió que los destinatarios se presentaran a las oficinas del DMV en un lapso de 15 días para verificar el número del Seguro Social con el cual obtuvieron sus licencias. Según las autoridades, de las 600.000 cartas enviadas, más de 250.000 no fueron contestadas.

Hasta ahora han suspendido las licencias de unos 7 mil conductores, pero tienen la intención de hacer lo mismo con el cuarto de millón restantes. Esto tendría consecuencias desastrosas. Muchos trabajadores inmigrantes perderían sus trabajos. “¡Necesito manejar al trabajo!” proclamaban pancartas en una de varias protestas contra la medida discriminatoria. También se necesita usar el auto para transportar a los hijos a escuelas y hospitales.

En California, en el otoño de 2003, el ahora ex gobernador Grey Davis buscando ganar votos de los inmigrantes en vísperas de una elección especial para destituirle de su puesto, firmó una ley que permitía a los indocumentados obtener licencias de conducir. Sin embargo, el actual gobernador, Arnold Schwarzenegger anuló esta ley, después de ganar las elecciones con los votos de los racistas partidarios del “English only”, que en el pasado aprobaron una serie de propuestas que negaban a los inmigrantes el acceso a servicios fundamentales.

De esta manera, el gobernador privó a cientos de miles de inmigrantes de un documento básico de identificación, con el resultado previsible de un aumento de conductores que manejan en las carreteras sin licencia y sin seguros. Ahora, en un gesto muy característico de este actor racista, amigo del fascista austríaco Jorg Heider y admirador confeso del talento político de Hitler, Schwarzenegger ha expresado su apoyo a los cazamigrantes en la frontera sur.

En cuanto a la nueva ley de “Real ID”, exige que las licencias de conducir se basen en una serie de datos (acta de nacimiento, tarjeta del Seguro Social, prueba de ciudadanía o residencia legal, etc.), con adicional información biométrica, en formato legible electrónicamente. Aunque no especifica cuál tecnología debe ser usada, es probable que se trataría de los mismos chips RFID (identificación por radiofrecuencia), el “chip espía”, que el gobierno estadounidense quiere obligar a todos los países a que lo usen en sus pasaportes.

El gobierno insiste en que, si algún estado de EE.UU. no acata esta reglamentación, entonces en el resto del país sus licencias no serán reconocidas como documento de identificación. Los residentes de dicho estado tendrán que usar otros documentos, como un pasaporte, para abordar un avión o eventualmente viajar en tren. De hecho, en lugares como Nueva York, la hostilidad mutua con respecto al resto del país es tal (en las manifestaciones contra la guerra han aparecido pancartas con la consigna, “¡EE.UU. fuera de NY!”) que el exigir un pasaporte a los que salgan o ingresen a Nueva York podría ser bien popular, ¡y eso en ambos lados del río Hudson!

La ley de “Real ID” fue anexada al presupuesto militar suplementario para cubrir los gastos de las guerras de Irak y Afganistán. Así fue aprobada unánimemente por el Senado sin ninguna audiencia ni ningún debate (como tampoco hubo en la Cámara de Representantes). El director del proyecto del programa de la ACLU (Unión Norteamericana para las Libertades Cívicas) sobre tecnología y libertad, Barry Steinhardt, advierte: “Esta es la cédula nacional de identificación, no se hagan ilusiones. Puede que sea emitida por los 50 estados, pero serán los mismos documentos, respaldados por un enorme banco de datos”.

Una vez que exista, no será utilizada solamente para las licencias de conducir. También se exigirá sin duda para abrir una cuenta bancaria, comprar una casa, o recibir atención médica en los hospitales. Y no es sólo en los EE.UU. que esto está ocurriendo – en Inglaterra, el gobierno de Tony Blair, después de ser reelegido con los votos de apenas el 20 por ciento del electorado, está subiendo la presión para agilizar la aprobación de una cédula nacional de identificación en cuestión de semanas.

El alcance de la nueva ley estadounidense no se limita a la cédula de identificación. El primer apartado introduce una serie de medidas para hacer más difícil conseguir el asilo político o impedir la deportación. De ahora en adelante, los que pidan asilo deberán entregar “evidencia” que “corrobore” los alegatos de maltrato. Como si los torturadores del mundo entero, al igual que los sicópatas de Abu Ghraib que cumplieron las órdenes del secretario de guerra, tomaran fotos de sus hazañas, y luego proporcionarían a sus víctimas un comprobante de tortura para entregar al agente del ICE (Immigration and Customs Enforcement – la más reciente encarnación de la migra, la odiada policía migratoria estadounidense). El mismo apartado permite la deportación aún en medio de un trámite de asilo, impidiendo a los tribunales pararla, si el gobierno alega que la persona pertenece o ayuda a cualquier organización en una lista negra administrativa.

Otra sección de la ley hace exenta de toda prohibición o reglamento legal la construcción de un muro o una barda en toda la línea fronteriza. El nuevo presupuesto de “seguridad” asigna unos US$455 millones para contratar más investigadores criminales, agentes del ICE y oficiales de deportación, y otros US$177 millones para nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza. También autoriza sumas ilimitadas para investigar e implementar tecnologías de vigilancia terrestre (videos, sensores y detectores de movimiento).

La ley es un verdadero catálogo de la represión antiinmigrante, y ha despertado una ola de rechazo en México en particular. El gobierno de Fox envió una nota de protesta, en parte para recuperarse de las airadas protestas contra el mandatario mexicano por su declaración racista de que los inmigrantes latinos hacen los trabajos que “ni siquiera los negros quieren hacer”. Hasta el cardenal Norberto Rivera denunció como “ridícula” la pretensión norteamericana de cerrar la frontera, criticando los “muros de la ignominia” (La Jornada, 16 de mayo).

Es aleccionador el hecho de que la nueva embestida legal contra los inmigrantes, el sector más vulnerable de la clase obrera norteamericana, fuera aprobada como parte de la legislación que financió la continuación de la guerra imperialista en Medio Oriente. De hecho, las guerras imperialistas siempre traen consigo una intensificación de la represión policial y del hostigamiento racista dentro del propio país. Representa un consenso dentro de la clase dominante (tanto demócratas como republicanos votaron por la guerra y por las leyes represivas draconianas como USA PATRIOT y Real ID) sobre la necesidad de regimentar la población y cercar las fronteras.

Este consenso guerrerista bipartidista de los partidos gemelos del capitalismo norteamericano se refleja en el aumento de actividades de grupos fascistoides. Mientras los Minutemen merodean en la frontera de Arizona, brotan otros grupos xenófobos, como NumbersUSA o la Coalición para Licencias de Conducir Seguras. Y, acorde con las nuevas tecnologías, iniciativas como “reportillegals.com” y “noinvaders.org” instan a la población a ser soplones y delatar a sus vecinos por Internet.

También crea el clima para estallidos de odio xenófobo contra los inmigrantes, como por ejemplo la racista “Canción del tsunami” transmitida por la estación Hot 97 de Nueva York en enero pasado, que se regocijaba por las muertes de chinos, asiáticos, africanos, niños y madres en el maremoto indonesio. Pero de lejos mucho más peligrosa que esa canalla que hace negocio de la tragedia y se embriaga por la opresión, es la acción del racista estado capitalista contra los explotados y oprimidos.

¡Movilizar a la clase obrera multiétnica y multinacional contra el ataque racista capitalista!

Después del 11 de septiembre, el arresto de miles de árabes e inmigrantes del sur de Asia y el auge de discriminación chovinista representaron un golpe contra toda la clase obrera estadounidense. En meses recientes, la burguesía, empantanada en Irak, ha emprendido una campaña de represión racista para atemorizar a millones de trabajadores inmigrantes aquí.

El Departamento de “Seguridad de la Patria” busca “alentar al gobierno a nivel estatal y local para ayudar a implementar leyes migratorias”, primero en Alabama y luego en Colorado, Idaho y Virginia, informa el New York Times (12 de abril de 2004). Simultáneamente se han llevado a cabo grandes redadas, como en el aeropuerto de Newark, New Jersey, en abril de 2004, cuando detuvieron a 134 pasajeros en un solo día, o la razzia por la Patrulla Fronteriza en los condados de San Bernardino y Riverside en California, cuando arrestaron a más de 150 inmigrantes (Los Angeles Times, 10 de junio de 2004).

Entre el 4 y el 10 de abril de este año, el nuevo procurador general, Alberto Gonzales, realizó el “Operativo Falcón”, en el cual detuvo a unos 10 mil “fugitivos”, entre ellos un alto porcentaje de inmigrantes, tanto legales como “ilegales”.

Ha habido numerosas protestas en contra del auge de la represión antiinmigrante, pero casi todas orientadas a buscar apoyo entre los políticos burgueses. En un piquete de más de 100 personas el 13 de abril de 2004 frente a las oficinas del DMV neoyorquino en Manhattan, una serie de clérigos y políticos burgueses suplicaron al gobernador a revisar su decreto. Hicieron hincapié en que un aumento de conductores sin licencia tendrá como consecuencia de más vehículos sin seguros, produciendo un alza en las tarifas de seguro para todos.

Un mes antes, llevaron 500 inmigrantes a cabildear en la asamblea legislativa estatal. En recomendaciones posteriores al DMV proponen hacer las licencias “más seguras contra el fraude” utilizando hologramas y papel resistente a la alteración. Quieren desviar el descontento de los inmigrantes hacia los canales estériles del parlamentarismo burgués, y con eso legitiman el discurso sobre la inmigración “segura”.

Más recientemente, la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC) emitió un comunicado de prensa (18 de mayo) que crea ilusiones en torno al proyecto Kennedy-McCain, lo que representaría una supuesta “oportunidad histórica” para una “reforma migratoria integral”. Califica la propuesta de una solución “win-win” (benéfica para ambos lados), tanto para trabajadores como patrones, y pretende que ofrecería “un camino hacia la residencia permanente y finalmente a la ciudadanía”.

La NYIC afirma que tiene “muchas ganas de trabajar con nuestros legisladores y con el presidente Bush para mejorar el proyecto”. No menciona, en cambio, ni la aprobación de la ley Real ID, ni el hecho de que el proyecto que alaba impondría multas y castigos de miles de dólares a los indocumentados que busquen regularizar su estatus migratorio.

La impotencia de las protestas puramente simbólicas organizadas por los demócratas liberales y burócratas sindicales es evidente. Ni el gobernador ni la legislatura de NY hicieron nada contra la suspensión de las licencias, se aprobó la ley Real ID a todo vapor, y el dictamen de la jueza anulando la acción del DMV no será implementado. El proyecto Kennedy-McCain es un nuevo ataque contra los inmigrantes sin documentos, además de tener pocas probabilidades de ser aprobado en el clima político actual.

En lugar del callejón sin salida de la política burguesa, urge emprender una verdadera lucha de la clase obrera y los oprimidos por los derechos democráticos básicos de los inmigrantes. ¡Es necesario que la clase obrera multirracial, multiétnica y crecientemente multinacional de Estados Unidos se movilice para exigir plenos derechos de ciudadanía para todos los inmigrantes, ya!  Esto es estrechamente ligado a la lucha por derrotar a la guerra imperialista, mediante acciones clasistas del proletariado a escala internacional, como huelgas obreras contra la guerra.

Hay que combatir toda forma de discriminación, defender a la educación bilingüe, exigir la provisión de traductores en los hospitales, etc. Ante la amenaza de impedir a los inmigrantes viajar en auto, lo que equivale a despedir a decenas de miles de trabajadores, debe haber una huelga de taxistas en la ciudad de Nueva York. Si este sector, compuesto en su gran mayoría por inmigrantes, parara el trabajo, aún cuando fuera por un solo día, haría “gritar” a la economía de Wall Street.

Ante las redadas industriales, como sugerimos hace algunos años, una protesta de unos cientos de trabajadores en el tradicional distrito de la costura de Manhattan tendría un impacto enorme (ver “¡Por acción obrera contra el terror de la migra!” El Internacionalista N° 1, mayo de 1998). Y frente a un auge de deportaciones o una nueva ola de detenciones masivas, la clase obrera debe movilizarse para bloquearlas en las calles y en los aeropuertos mismos.

Uno de los pasos más importantes para contrarrestar los golpes de los represores sería una campaña masiva y combativa de sindicalización. Sin embargo, el obstáculo mayor a una campaña exitosa para sindicalizar a millones de trabajadores inmigrantes es la propia burocracia sindical, políticamente subordinada al Partido Demócrata y altamente integrada a los mecanismos del estado capitalista. Por su lealtad al orden burgués, ésta se rehúsa a utilizar los métodos de lucha clasista por ser “ilegales”. El elemento esencial es sacar a estos burócratas, romper con los demócratas y forjar un partido obrero revolucionario, multirracial y multinacional.

Este partido de vanguardia, internacionalista por su esencia, sería el defensor acérrimo de los intereses de todos los trabajadores, no importa su lugar de origen – un tribuno de todos los que sufren la opresión social. Lucharía en particular por la liberación de los negros, cuestión clave en el capitalismo norteamericano, que se construyó sobre la base de la esclavitud, cuyos efectos perduran hasta nuestros días. Para los comunistas, no hay inmigrantes “ilegales”, todos somos ciudadanos del mundo. Y para que este principio, sintetizado en el lema “proletarios del mundo, uníos”, se vuelva realidad, es preciso echar al basurero de la historia la sociedad capitalista mediante la revolución socialista internacional. n