agosto de 2020

Millones de inmigrantes indocumentados y sus familias ante el abismo

Nueva York: ¡Exigimos trato igual y apoyo de emergencia para los trabajadores excluidos!

Cientos de residentes de Corona, Queens, en la ciudad de Nueva York, hacen cola para recibir alimentos gratuitos de una iglesia, el 27 de abril. Más de 200,000 trabajadores indocumentados en la ciudad de Nueva York han perdido sus empleos o no encuentran trabajo en medio de la pandemia.  (Foto: Ben Fractenberg / The City)

Declaración de Trabajadores Internacionales Clasistas

Ya estamos en el sexto mes de la crisis sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19. Un preocupante auge de contagios sacude gran parte del país. La crisis económica se agudiza: el número de desempleados alcanzó los 55 millones a principios de julio, y sigue creciendo. Entretanto, las marchas del movimiento Black Lives Matter (“las vidas negras importan”) contra la racista brutalidad policiaca continúan. Fuerzas federales asedian a Portland, Oregon, con el propósito de suprimir las protestas, y otras ciudades están en la mira. Ante este trasfondo, nuevas tormentas de crisis se avecinan para la clase obrera en general y para los inmigrantes en particular. Muy pronto comenzarán las ordenes de desalojo de familias que no logren pagar la renta. Entre los primeros afectados estarán los inmigrantes indocumentados.

A nivel nacional el impacto de la crisis del coronavirus se vio parcialmente menguado por las medidas de emergencia de la Ley CARES, que otorgó un cheque de $1,200 por adulto (con ingresos anuales de menos de $75,000) y $500 para cada niño, además de un pago adicional de desempleo de $600 a la semana y la inclusión de millones de trabajadores que antes fueron excluidos del sistema de seguro de desempleo. Todo con una condición: los beneficiarios requieren contar con un número válido del Seguro Social. De esta manera excluyeron a millones de trabajadores inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales pagan impuestos con un número de identificación de contribuyente (ITIN). Es más, si se paga impuestos en pareja con una persona indocumentada, o si hay siquiera un indocumentado en la familia, todos tienen prohibido recibir ayuda. En total han sido excluidos al menos 15 millones de personas, entre ellas 3.7 millones de niños.

En marzo Nueva York se convirtió en el principal foco de contagio del coronavirus en todo EE.UU. La crisis sanitaria es resultado de la ineficacia e ineptitud de las autoridades burguesas, de la incapacidad del sistema médico capitalista de atender las necesidades de la población, y de su política criminal de enviar a los enfermos “leves” a casa, donde infectan a otros miembros de la familia o a sus compañeros de vivienda. La situación pronto se convirtió en una terrible crisis de supervivencia para los más vulnerables. Miles de personas a diario se volcaban a las largas filas para conseguir ayuda alimenticia en iglesias y centros comunitarios. Estos no han podido dar abasto a la gran demanda, y con frecuencia muchos de los que hacían cola desde la madrugada, a veces bajo la lluvia, regresaban a casa con las manos vacías.

Por un lado, con las políticas de confinamiento, muchos de los inmigrantes indocumentados se han quedado sin empleo. Al no percibir ningún salario ni ayuda, muchos trabajadores inmigrantes, con los pocos ahorros que les quedan, tienen que elegir entre pagar la renta de sus viviendas o comprar víveres. Se calcula que en la ciudad de Nueva York unos 200,000 trabajadores indocumentados han perdido sus empleos o no encuentran trabajo debido a la pandemia. Por otro lado, hay más de un millón de trabajadores considerados “esenciales” para que siga funcionando el sistema de transporte, el suministro de alimentos (supermercados, bodegas), servicios sociales y de salud. La mayoría son inmigrantes, casi las dos terceras partes son negros o latinos, y la gran mayoría reciben salarios de pobreza. A la vez, son ellas y ellos que corren mayor riesgo de contagiarse con el coronavirus.

Ya a mediados de abril el gobernador Andrew Cuomo se negó rotundamente a brindar ayuda financiera a las familias inmigrantes indocumentadas, alegando que no había suficiente dinero a causa de los problemas fiscales en el gobierno estatal en Albany (New York Post, 16 de abril).¡Burda mentira! En la misma época, el estado de California decidió proveer $75 millones de ayuda monetaria directa de $500 c/u para un número limitado de 150,000 inmigrantes indocumentados. La ayuda que se dio a los beneficiados mediante una especie de lotería (que se repartió a los primeros en llamar) fue realmente mínima, ya que en California hay dos millones de indocumentados. Sin embargo, en el estado y la ciudad de Nueva York no se ha brindado nada de apoyo financiero oficial a los trabajadores inmigrantes. Esto es intolerable.

Según la Oficina de Asuntos de los Inmigrantes municipal de Nueva York, el 37% de los residentes de la ciudad son inmigrantes y representan el 44% de la fuerza laboral, esto es 3.2 millones de inmigrantes. De éstos, 1.2 millones son indocumentados. La gran mayoría de trabajadores indocumentados pagan impuestos por sus salarios, además de que todos pagan impuestos por las compras que realizan. Aun así, no van a percibir ni un centavo de los beneficios que han financiado con sus aportes al erario público. Se estima que los fondos pagados por los inmigrantes indocumentados al gobierno federal que no son reclamados ascienden cada año a aproximadamente 12 mil millones de dólares al Seguro Social y $3 mil millones a Medicare. Sin este dinero, el sistema de pensiones públicas de EE.UU. padecería de un gran déficit.

Trabajadores Intrnacionales Clasistas en el contingente internacionalista marchando contra los racistas asesinatos policíacos, el 19 de Junio.  (Foto: El Internacionalista)

Nosotros de Trabajadores Internacionales Clasistas exigimos, primero, que el estado de Nueva York incluya a todos los trabajadores, particularmente a los indocumentados y a los de la “economía gig” (falsamente clasificados como “trabajadores por cuenta propia”), entre los beneficiarios del seguro de desempleo. No estamos mendigando: ya hemos pagado los impuestos. Se ha calculado que, en los últimos diez años, los trabajadores indocumentados en el estado han pagado $1.4 mil millones en impuestos de seguro de desempleo (Fiscal Policy Institute, 14 de mayo).  Segundo, exigimos del gobierno del estado y de la ciudad que compensen la injusta exclusión de los inmigrantes en los pagos federales de “estímulo” y del fondo de desempleo por la pandemia. Y tercero, exigimos que se cancele la renta (incluyendo la atrasada) de los desempleados y que se prohíba todo desalojo residencial en medio de la pandemia.

Varias ONGs (organizaciones no gubernamentales) y defensores de los inmigrantes están apoyando un proyecto de ley (NY S. 8277), auspiciado por la senadora estatal Jessica Ramos y la asambleísta Carmen de la Rosa, que liga un “fondo de rescate de los trabajadores” a un impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios (“billionaire’s tax”). No incumbe a los trabajadores dar consejos al gobierno capitalista sobre dónde y cómo deben encontrar el dinero para pagar lo que los patrones y su estado ya han sacado de la fuerza laboral de los duramente explotados inmigrantes indocumentados, y eso en una crisis por la que los trabajadores “esenciales” están arriesgando sus vidas. Es absurdo pretender que no tienen dinero cuando la ciudad de Nueva York es la capital mundial de las altas finanzas en Wall Street.  Exigimos lo nuestro, lo que precisamos para una vida digna, y punto.

Estas medidas urgentes están muy lejos de resolver todos los males que están padeciendo los inmigrantes en esta crisis. Hay los cientos de miles de trabajadores agrícolas (800,000 tan solo en los campos de California, 60% de ellos indocumentados) cuyo trabajo es imprescindible para alimentar al país, pero que laboran con casi inexistentes medidas de seguridad por salarios de miseria. Hay ataques racistas, particularmente en contra de los asiáticos, quienes han sido blanco de discriminación por lo que el presidente Trump llama cínica y abusivamente “el virus chino.” Además, está la actividad nefasta del I.C.E. (Immigration and Customs Enforcement), la odiada migra, que acecha a nuestras comunidades, que encarcela a decenas de miles de detenidos en condiciones insalubres en sus campos de concentración, y que con sus deportaciones masivas ha exportado el virus a países de América Latina.

Insistimos: Ninguna familia de la clase obrera debería de decidir entre pagar la renta o comprar comida. Nadie debe quedarse en la calle a causa de desempleo y de rentas impagables. No somos ilegales, somos trabajadores internacionales y exigimos plenos derechos de ciudadanía para todos los inmigrantes. En vez de rogar a los partidos y políticos capitalistas, demócratas y republicanos, debemos movilizar la fuerza de la clase obrera, de los millones de trabajadores inmigrantes junto con todos los oprimidos contra la mortífera brutalidad policíaca y los ataques racistas, para impedir los desalojos y para bloquear las redadas y deportaciones. Luchamos por forjar un partido obrero revolucionario para encabezar esta lucha para derribar este sistema capitalista que nos está matando, echándolo al basurero de la historia mediante la revolución socialista internacional. ■