noviembre de 2009   

El “diálogo” con los golpistas y sus patrones yanquis, una trampa

¡Luchar por un gobierno obrero y campesino!

1. El Acuerdo de San José-Tegucigalpa, supuestamente  resultado del Diálogo Guaymuras (antiguo nombre español para Honduras) entre representantes del presidente de la república Manuel Zelaya y del “presidente” títere del régimen golpista Roberto Micheletti, es en realidad un diktat imperialista. Se produjo luego de la llegada al país centroamericano del subsecretario de estado norteamericano encargado de asuntos latinoamericanos Thomas Shannon, y fue firmado bajo la supervisión directa de Shannon y el embajador estadounidense, el gusano cubano Hugo Llorens. Este acuerdo no significa la restauración del “orden constitucional” ni mucho menos una victoria para la “democracia”, sino que es el triunfo de los sanguinarios golpistas.

2. El Sr. Shannon es el mismo siniestro funcionario que se reunió con Micheletti, el general Romeo Vásquez y Velásquez y demás conspiradores durante la semana previa al golpe de estado del 28 de junio cuando estaban tramando su intentona. En ese entonces, a nombre de la secretaria de estado Hillary Clinton, la madrina del putsch, aconsejó a los conjurados sobre la forma de deshacerse por la vía “legal” del mandatario democráticamente elegido. Ahora los ha orientado para que acepten una “restitución” hueca de Zelaya, dejando la decisión en manos de la legislatura controlada el Partido Nacional y el Partido Liberal (los hermanos gemelos que rigen el país en común), a cambio de privarle a éste de todos sus poderes y de garantizar el reconocimiento por la “comunidad internacional” de las fraudulentas “elecciones” que los golpistas pretenden celebrar el 29 de noviembre.

3. La mafia que se apoderó de la cúpula del estado hondureño, aunque súbdita del imperialismo yanqui (muchos de sus integrantes cuentan con residencia permanente en EE.UU.), tiene sus propios intereses como burguesía semicolonial. Como siempre ha hecho a lo largo de los últimos cuatro meses, busca ganar tiempo para prolongar su dictadura. Actualmente, el Congreso golpista se rehúsa a “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo” hasta tener una opinión de la igualmente golpista Suprema Corte de Justica. Lo mismo hizo en julio respecto al “diálogo” pactado en San José. Ante su negativa más reciente, el Sr. Shannon dice que el retorno de Zelaya es solo “una posibilidad”, y que Washington dará su aval a las elecciones ficticias aún si el presidente constitucional no es restituido. En esta posición vergonzante, Zelaya pide “clarificación”.

4. Los partidarios de Zelaya aclamaron la firma del Acuerdo como una victoria. Hubo júbilo en las calles de Tegucigalpa en previsión del retorno de Zelaya, actualmente confinado en la Embajada de Brasil. Se trata de una gran equivocación, aunque resulta congruente con su política de orientar su lucha a la restitución de Zelaya. Uno de los voceros de la resistencia contra el golpe, el dirigente sindical Juan Barahona, renunció al cuerpo de asesores del presidente destituido una semana antes de la firma del Acuerdo, afirmando que no estaba dispuesto a abandonar la reivindicación de una asamblea constituyente. Sin embargo, el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado (FNCGE), en su Comunicado N° 32 fechado el 30 de octubre, celebra el Acuerdo y lo califica como “una victoria popular sobre los intereses mezquinos de la oligarquía golpista”.

5. La firma del Acuerdo de San José-Tegucigalpa no sólo abandona la reivindicación de una Asamblea Constituyente, uno de los detonantes del golpe para la estrecha burguesía hondureña, que percibió en ella una amenaza a su control irrestricto del aparato estatal que le sirve de fuente de prebendas, y de las fuerzas armadas, garantía de su dominio sobre las empobrecidas masas trabajadores que explotan sin misericordia. Ahí dice textualmente que los firmantes se abstienen “de hacer llamamientos a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de modo directo o indirecto, y renunciando también a promover o apoyar cualquier consulta popular” con el fin de “modificar la forma de Gobierno o contravenir cualquiera de los artículos irreformables de nuestra Carta Fundamental”.

6. Así se compromete a aceptar el mito golpista de que hay artículos “pétreos” de la Constitución que no se puede modificar, estipulación inherentemente antidemocrática. Es más, el Acuerdo ordena la formación de un gobierno “de unidad y reconciliación nacional” que incluiría a ministros del criminal régimen de facto; adopta el presupuesto impuesto por los golpistas; y obliga a los firmantes a repudiar “todo tipo de manifestaciones que se opongan a las elecciones o a su resultado, o promuevan la insurrección, ... la desobediencia civil u otros actos que pudieren producir confrontaciones violentas o transgresiones a la ley”. Así Zelaya se compromete a condenar a los que llaman al boicot de las elecciones que sirven para aderezar al régimen golpista, y a quienes se sustentan en el artículo 3 de la Constitución hondureña, que declara:

“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas (...) El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.”

7. Mientras el grueso de las fuerzas de resistencia al golpe han avalado el Acuerdo San José-Tegucigalpa como una necesidad amarga, algunos grupos de izquierda rechazan este pacto ignominioso y hablan de una “traición” por parte de Zelaya. Sin embargo, Zelaya, como político burgués, siempre proclamó su deseo de “dialogar” con los asesinos que hasta hacía poco eran sus compañeros de partido. Ya desde su comparecencia ante las Naciones Unidas a principios de julio había aceptado retornar con sus poderes recortados, y renunció a la asamblea constituyente. El hecho es que los dirigentes del frente popular de resistencia alimentaron las ilusiones en Zelaya, gritando “Mel, amigo, el pueblo está contigo”. Pretender luchar por una constituyente y al mismo tiempo declarar al Acuerdo malogrado una victoria, en lugar a llamar a oponerse a esta camisa de fuerza, es obnubilar a las masas y así hacerse corresponsable de una derrota espantosa.

8. La Liga por la IV Internacional, que desde el primer día ha llamado a derrotar al golpe cívico-militar al lado de los zelayistas que lo resistieron, ha insistido también en la necesidad de movilizar a los trabajadores sobre una base independiente de lucha clasista. No gritamos la engañosa consigna frentepopulista de que “el pueblo unido jamás será vencido”, cuando la experiencia de la Unidad Popular chilena que acuñó este lema mostró todo el contrario. Tampoco proclamamos como meta la restitución del presidente burgués. Hemos hecho hincapié en que una constituyente revolucionaria sólo podría darse tras una insurrección victoriosa que establezca un régimen basado en consejos de obreros y campesinos. Asimismo luchamos para que este gobierno obrero y campesino expropie a la clase dominante capitalista y extienda la revolución hacia la formación de una federación centroamericana de repúblicas obreras. Consecuente con esta política bolchevique, repudiamos este Acuerdo que codificaría el triunfo del golpismo.

9. También oficializaría la condición de Honduras como semicolonia de Estados Unidos, con el Acuerdo y los comicios bajo la supervisión de una Comisión de Verificación presidida por la Secretaria del Trabajo del gobierno de Obama, Hilda Solis, y por el ex presidente chileno Ricardo Lagos, un incondicional de EE.UU. Desde el primer momento advertimos contra todo pedido por la intervención norteamericana, exigiendo “¡Imperialismo yanqui, manos fuera!” Sin embargo, los partidarios burgueses y reformistas de Zelaya, y el mismo presidente depuesto, solicitaron insistentemente a Washington su respaldo. El presidente venezolano Hugo Chávez rogó, “Obama, haga algo”. En EE.UU., el International Action Center lanzó el 23 de septiembre una petición al gobierno de Obama a “insistir que el régimen militar ...  restituya el presidente Zelaya en su cargo”, y pidió llamadas a la Casa Blanca y al Departamento de Estado para “exigir el cese del fraudulento gobierno de Micheletti”. Tales llamados peligrosos a los imperialistas –¡a los mismos padrinos del golpe!– pidiendo su intervención en nombre de la democracia, dieron como resultado el fatal Acuerdo del 30 de octubre.

10. Participar o no en elecciones constituye con frecuencia una cuestión táctica para los revolucionarios. Siempre recalcamos que el ritual de acudir a las urnas una vez cada tantos años para depositar una papeleta con la ilusión de escoger cuál de los políticos burgueses contendientes será que encabece el estado capitalista – cuyos soldados y policías, sus cortes, cárceles y congresos forman todo un aparato para reprimir a los explotados y oprimidos – no representa el dominio del “pueblo” (demos). Si presentamos candidatos o damos un apoyo crítico a otros, es para desvelar el fraude de las elecciones burguesas, y con plena conciencia que estamos dando batalla en un terreno enemigo que no es nada neutral. Si no hay ninguna candidatura que represente un rechazo clasista al capitalismo, podemos llamar a la abstención.  Sin embargo, en este caso, las elecciones amañadas del 29 de noviembre son una farsa que no daría expresión a la masiva resistencia de las masas hondureñas y que sólo serviría para maquillar lo que en el fondo es una dictadura bonapartista.

11. El frente popular de la resistencia al golpe ata a las masas de trabajadores a sectores menores de la burguesía, en particular los Liberales en Resistencia (cuyas banderas rojo-blanco-rojas son muy visibles en las manifestaciones), el Partido Unificación Democrática (UD), sectores del Partido Innovación y Unidad (PINU), y sobre todo al presidente Manuel Zelaya mismo. UD es producto de la fusión de varios grupos con raíces en la lucha armada en los años 80, y así se asemeja (en mucho menor escala) al FMLN salvadoreño y el FSLN nicaragüense, que se han convertido de grupos guerrilleros en partidos burgueses electorales. Además hay una candidatura encabezado por Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida (STIBYS), que aunque formalmente independiente ha estado políticamente aliado con los zelayistas. La alianza con estos partidos y candidaturas sirve para limitar las acciones de las masas trabajadoras en resistencia al marco de la política burguesa. Los trotskistas, en cambio, luchamos por romper con el frente popular burgués y formar un partido obrero revolucionario.

12. En concreto en este momento, es preciso desenmascarar la farsa electoral del régimen golpista. Los partidos y candidaturas ligados al FNCGE han tomado posiciones ambiguas acerca de su posible participación en las elecciones, limitándose a declarar que no lo harán si el presidente constitucional no ha sido restituido. Con las tácticas dilatorias de Micheletti y Cía., es posible que se vean obligados a retirarse, aún bajo la amenaza de cuatro a seis años de cárcel anunciada por la dictadura para los candidatos que se retiran. Pero en todo caso, aún si mantienen sus candidaturas, los revolucionarios y todo trabajador con conciencia clasista deben oponerse a este plebiscito dictatorial. En la medida de lo posible, sería apropiado llamar al boicot activo para impedir la farsa electoral; o si no hay condiciones, a votar nulo o a mutilar el voto.

13. Sea cual sea el desenlace de las actuales maniobras frenéticas en torno al reaccionario Acuerdo San José-Tegucigalpa, urge intensificar la lucha por movilizar a la clase obrera. Una huelga general en este país que cuenta con un movimiento obrero combativo sería el arma más poderosa en contra del régimen golpista basado en el empresariado. Pero tendría que ir de la mano con los preparativos para piquetes de autodefensa obrera y campesina. Al nivel internacional, la lucha por el apoyo sindical activo sigue siendo prioritaria, incluyendo el boicot sindical de cargamentos hondureños por parte de los sindicatos del transporte.

14. Una tarea primordial, particularmente en el exterior, es la defensa de los luchadores frente a una represión mortífera. Honduras hoy en día está bajo un estado de sitio, como lo ha estado desde el 29 de junio. Los escuadrones de la muerte han sido reactivados. Incluso se ha utilizado a los estadios deportivos como cárceles, recordando al pinochetazo en Chile en aquel fatídico 11 de septiembre de 1973. Al menos 12 sindicalistas hondureños han sido asesinados, en primera línea profesores (maestros); dirigentes de la resistencia como Carlos Reyes han sido seriamente heridos, mientras otros han recibido amenazas de muerte. Ya antes del golpe se dieron intentos de asesinato contra dirigentes sindicales y populares. En abril del año pasado fue ultimada Rosa Altragracia Fuentes, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), una de las tres centrales obreras del país. Hay que montar una defensa clasista de los miles de detenidos y proporcionar ayuda material a las organizaciones obreras en lucha.

¡Por la movilización obrera para derrotar el primer golpe del gobierno de Obama y salirle al paso de los otros que ya se están tramando!

Liga por la IV Internacional
5 de noviembre de 2009