¡Forjar un partido obrero revolucionario!

7 de MAYO – Hoy arriba a la Ciudad de México la caravana de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad encabezada por el poeta Javier Sicilia, cuya movilización culminará mañana con un acto en el Zócalo. Generada en virtud del asesinato el 28 de marzo en Cuernavaca del hijo del poeta, la movilización de Sicilia ha generado una amplia solidaridad: se anuncian para mañana manifestaciones paralelas en más de 20 ciudades del país, además de la realización de diversos actos ante oficinas consulares mexicanas en varios lugares del mundo. Esta movilización ha intersecado un creciente clamor contra la violencia que se ha intensificado desde la llegada al poder de Felipe Calderón, que en los últimos cuatro años ha arrojado un saldo sangriento de más de 40 mil muertos. Tan sólo en el mes de abril fueron descubiertos 145 cadáveres en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, el mismo municipio donde en agosto del año pasado fueron descubiertos los cadáveres de 72 migrantes, centroamericanos en su mayoría.

A lo largo de los últimos días, columnistas de diversos diarios han llamado a sumarse a la manifestación. Ayer, la Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a apoyar las movilizaciones, culpando “al narcotráfico y al crimen organizado” (y no al gobierno). Hasta el propio presidente Calderón del derechista Partido Acción Nacional (PAN) saludó la movilización como “una expresión ciudadana”. A la convocatoria se han sumado diversas agrupaciones sindicales, como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Reflejando la movilización de sectores tan disímiles, hay diferentes versiones sobre la naturaleza de este “movimiento”, entre ellas la de la iniciativa “No más sangre” del caricaturista Rius, apoyada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); la del propio Sicilia, más apartidista; y la de la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia (Comecon), de corte izquierdista, en el DF. Sin embargo, todas tienen en común el que hacen un llamado por la paz –o contra la violencia– de carácter no clasista, en lugar de proclamar la necesidad de una guerra de clase contra el gobierno y todas las alas de la burguesía.

Sicilia ha sido bien explícito al señalar que “no estamos contra el gobierno”, que “la movilización es para exigir, no para derribar el gobierno”, y que se propone rehacer el “tejido social”, como lo cita La Jornada (6 de mayo). También dice que “actualmente hay un estado cooptado que necesariamente se tiene que reformar desde adentro”, que es menester “rehacer las instituciones públicas”, etc. Sicilia quiere que el estado “haga su tarea”, como dijo ayer al encabezar un mítin en Topilejo: “Tenemos que aprender a ser ciudadanos para exigir a los gobernantes y a la mal llamada clase política que cumplan con sus deberes” (La Jornada, 7 de mayo). Nuestra óptica como revolucionarios proletarios es diametralmente opuesta: sostenemos que lo que se necesita es tumbar al estado capitalista, que es la fuente de la violencia contra los explotados y oprimidos.

Otros elementos tratan de vincularse a la ola de indignación desencadenada por el asesinato del hijo de Sicilia ofreciendo, sin embargo, una lectura más izquierdista. Mientras la Liga por Trabajadores por el Socialismo (LTS) denuncia la guerra contra las drogas y la militarización, el Partido Obrero Socialista (POS), de los seguidores del difunto seudotrotskista argentino Nahuel Moreno, cita en un editorial de El Socialista el lema de Sicilia de “estamos hasta la madre” y llama a formar “un gran frente de lucha” contra la inseguridad y el desempleo. Con llamados de “abajo Calderón”, la política de estas organizaciones que se pretenden socialistas es perfectamente compatible con la del Morena, que es el actual marco del frente popular alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Cuando éstos culpan al gobierno, es sólo para preparar su campaña para las elecciones de 2012. En el fondo, unos y otros tienen la misma política de exigir al estado que termine la violencia.

No obstante su discurso de luchar contra la militarización y el estado policíaco que se cierne sobre el país, es imposible hacer eso en el marco de un movimiento “contra la violencia”, “por la paz”, o comoquiera que se llame. Cuando el POS se pronuncia contra la “inseguridad” o cuando la Comecon (de la que la LTS forma parte) se pronuncia por el “alto a la violencia e impunidad”, toman partido, así sea implícitamente, por el estado burgués, porque no se basan en la única alternativa posible: un movimiento obrero que luche por tomar el poder. Y así ayudan a azuzar la histeria “anticrimen” con la que el gobierno quiere justificar la militarización del país.

En realidad, la actual “guerra contra las drogas” no es una guerra entre el gobierno y el narcotráfico, sino acaso una disputa entre sectores de la clase dominante por el control de territorios y mercados. Si se lleva a cabo con armas, en lugar de litigios judiciales o “guerras” de precios, es por la naturaleza de la mercancía: las redes de distribución de sustancias prohibidas y de migrantes “ilegales”. Los diferentes grupos comerciales (Cártel del Golfo, La Familia, Los Zetas, etc.) no podrían existir sin sus vínculos con el estado. Además, la mayor organización criminal es el estado capitalista mismo. Cuando se refieren los medios al “crimen organizado”, ¿están hablando acaso de la entrega de Telmex a Carlos Slim? ¿De la concesión de las minas al Grupo México del infame Germán Larrea? ¿De la protección de los gobiernos panistas a los responsables del interminable asesinato industrial de los mineros desde Pasta de Conchos y ahora Sabinas en Coahuila, hasta las explotaciones de Sonora, Guerrero y Jalisco?

En momentos de aguda lucha de clases los comunistas revolucionarios llaman a la formación de grupos de autodefensa obrera, consigna ausente en la propaganda de los izquierdistas oportunistas que integran el movimiento “contra la violencia”. Así hicimos en Oaxaca en 2006 y en las luchas sindicales desde Lázaro Cárdenas hasta el SME. Pero finalmente, la única manera de poner alto a la violencia perpetrada por el estado y la clase dominante es por medio de una revolución social. Todo proyecto de “reforma”, de control “democrático” de la policía, de vigilancia sobre la policía, de pedir el encarcelamiento de los asesinos uniformados, está condenado al fracaso, porque la burguesía necesita su máquina represora, la columna vertebral de su estado.

En nuestro suplemento “México 2009: Militarización y hambre” (El Internacionalista, abril de 2009), señalamos que mientras en las siete décadas de dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el “PRI-gobierno” gobernó “mediante los mecanismos de control omnímodo del régimen corporativista”, después de 2000 los gobiernos panistas tienen que “utilizar cada vez más al ejército, haciendo que México se parezca más y más a las seudodemocracias militarizadas como la de Colombia”. Eso no es una particularidad del PAN. Sería igual bajo cualquier partido burgués (PRD, PRI, PT, Verdes, Convergencia, etc.). Continuará también la “invasión silenciosa” del país por el imperialismo norteamericano con sus cientos de agentes que son parte integrante de esta militarización.

Es más, los movimientos “por la paz” ayudan en última instancia a los elementos bonapartistas que prometen terminar con el crimen y la violencia mediante una represión fuerte. En una nota en La Jornada del 3 de mayo, Luis Hernández Navarro insiste que la marcha del 8 de mayo es bien distinta a la de 2004, cuando altos jerarcas derechistas desataron un movimiento contra la violencia, en medio de una ola de secuestros de elementos de la burguesía. Es verdad que hay una cierta diferencia: aquél era un movimiento derechista y éste es un movimiento frentepopulista “progresista”. Sin embargo, si éste llega al poder, tendrá que basarse en el mismo estado capitalista, y se terminará reforzándolo, aunque tal vez con un lenguaje “de izquierda”.

Hay bastante experiencia con movimientos de este tipo, notablemente en Italia, donde la izquierda quiso oponerse a la corrupción y la violencia que florecieron bajo los gobiernos de centro-derecha. Aún cuando lograron instalar un gobierno de centro-izquierda, como en el “compromiso histórico” de Aldo Moro con el PCI en los años 70, o más recientemente en el gobierno de l’Unione, en el que participó Rifondazione Communista, el resultado fue desastroso. En el primer caso, los llamados “contra la violencia” prepararon a la “opinión pública” para apoyar una caza de brujas (¡con el PCI a la cabeza de la policía!) contra radicales de izquierda, incluidos los comités sindicales de base y viejos partisanos de la lucha contra el fascismo. En el segundo caso, el gobierno “de izquierda” participó en la ocupación de Afganistán, y terminó allanando la vía para el de Berlusconi, un gobierno de extrema derecha con tintes bonapartistas.

En el caso de México, la militarización del país y los miles de muertos en el sexenio son la expresión de la guerra de los capitalistas contra los trabajadores y los pobres. Al asumir el poder en medio de masivas movilizaciones plebeyas que protestaban contra el fraude electoral que le concedió la “victoria”, Calderón se apoyó abiertamente en las fuerzas armadas. Al aparecer ataviado con chamarra y gorra militares para pasar revista a las tropas, Calderón intensificó las tendencias bonapartistas del régimen: anunció que habría menos zanahoria y mucho más garrote contra la población. Hoy, estas mismas presiones se manifiestan en el empuje para aprobar las “reformas” a la Ley de Seguridad Nacional, que otorgarían “poderes especiales” al ejecutivo para imponer el estado de excepción (esto es, la supresión radical de garantías constitucionales) en regiones “amenazadas por la ingobernabilidad”. En último término, estas medidas no están dirigidas contra los narcotraficantes, sino contra quienes se atrevan a protestar contra el gobierno y sus ataques hambreadores y rompesindicatos.

Frente a la fraudulenta “guerra al narcotráfico” nosotros llamamos por la eliminación de todas las leyes que proscriben o regulan el consumo o comercio de drogas. No atañe al estado determinar qué es lo que cada quien hace con su propio cuerpo. Ante el hostigamiento por parte de grupos criminales en contubernio (y a veces en competencia) con fuerzas policíacas de que son objeto los migrantes que cruzan el país con el propósito de llegar a la frontera, es necesario pelear por plenos derechos de ciudadanía para todos los migrantes tanto en México como en EE.UU. Luchamos por la expulsión de todos los agentes imperialistas. Pero lo más importante es subrayar que la única verdadera salida ante la barbarie capitalista consiste en la lucha revolucionaria por un gobierno obrero y campesino que se extienda más allá de las fronteras en una revolución socialista internacional. El instrumento necesario para realizar esta tarea es un partido obrero revolucionario, que funja como tribuno del pueblo, defendiendo a todos los oprimidos. ■