Ayotzinapa: Fue el estado capitalista

AMLO exculpa al Ejército de
la desaparición de los 43

Una de las más sonadas promesas de campaña para la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, jefe del populista burgués Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue la de que bajo su gobierno se resolvería el caso Ayotzinapa. Como se recuerda en calles y escuelas de México cada día 26 de cada mes desde entonces, en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, seis estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron asesinados en Iguala, Guerrero, mientras fuerzas policíacas y militares orquestaban el secuestro y desaparición de 43 de sus compañeros. Los normalistas se encontraban en la ciudad para conseguir apoyo y transporte para participar una semana más tarde en la manifestación para conmemorar la Masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México.

Ya como presidente electo y 66 días antes de su toma de posesión, AMLO formalizó esta promesa cuando se reunió con los padres y compañeros de los 43 en el Museo Memoria y Tolerancia en la capital el 26 de septiembre de 2018. Ahí se comprometió a formar una Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (CVAJ) para atender el caso y sentenció: “Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables” (BBC, 27 de septiembre de 2018). Los padres expresaron su agradecimiento y confianza ante lo prometido por AMLO. Como resumió una madre: “Fue una gran emoción estar al lado de él y que diga que nuestro caso no quedará impune” (La Crónica, 27 de septiembre de 2018).

No fue sino hasta agosto de 2022, casi cuatro años después, que la Comisión de la Verdad rindió su primer informe preliminar por boca de Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. El extenso informe¹ no da respuesta aún a la sentida pregunta de en dónde están los normalistas, aunque reconoce explícitamente la falsedad de la llamada “verdad histórica” fabricada por Jesús Murillo Karam, procurador general en el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto. En particular, el informe deja al descubierto cómo esta mentirosa historia oficial tuvo el propósito de encubrir la participación de la Policía Federal y del Ejército en el secuestro y desaparición de los normalistas. También detalla de qué manera fue empleada la tortura y la violación de las normas jurídicas del “debido proceso” no sólo para sostener la mentira y el encubrimiento, sino también para garantizar la impunidad de muchos de los responsables de la masacre de Iguala y la subsiguiente desaparición de los normalistas.

El cuento que relataba la “verdad histórica” era simple: policías de Iguala y otros municipios cercanos habrían detenido a los normalistas para entregarlos a un grupo de narcotraficantes, los Guerreros Unidos, pues estos creían que entre los estudiantes habría sicarios de un grupo rival. Una vez en manos de los criminales, los estudiantes habrían sido conducidos al basurero del municipio de Cocula, donde supuestamente habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en una fogata de enormes proporciones. En fin, todo se habría tratado de un asunto local en la “bárbara” Tierra Caliente del estado de Guerrero. Sin embargo, como se señaló ya desde aquella época, la versión de Murillo Karam y el gobierno de Peña Nieto contradecía hechos ampliamente probados que confirmaron que tanto la Policía Federal como el Ejército habían participado paso a paso en el secuestro de los estudiantes.

La infame “verdad histórica” fue defendida en centenares de artículos en la prensa burguesa de los voceros oficiosos del gobierno priísta, y en no pocos libros (muchos de los cuales no son más que burdos libelos que pretendían culpar a los propios normalistas de lo ocurrido). Sin embargo, concitó una verdadera furia entre vastos sectores de la población que seguían las noticias del caso con preocupación creciente. En las enormes manifestaciones de protesta de finales de 2014 y principios de 2015, lo mismo que en una cascada de paros estudiantiles y magisteriales, tras el largo conteo del uno al cuarentaitrés se gritaba con razón “¡Fue el estado!” Los contingentes del Grupo Internacionalista completaban el cántico con un estentóreo grito que añadía un calificativo: “¡Fue el estado capitalista!”

Con ello subrayábamos que se trató del estado mexicano en su conjunto, es decir, de los “destacamentos especiales de hombres armados (policía y ejército permanente)” que defienden los intereses y encarnan el domino de la burguesía. Para ponerlo en otros términos: la responsabilidad del estado en el caso de Ayotzinapa recae en el aparato represivo de la clase dominante. La única forma de conseguir justicia, entonces, es luchando en contra del sistema al que sirve dicho aparato, esto es, el capitalismo. Ello supone derribarlo para establecer un gobierno obrero y campesino y extender internacionalmente la revolución socialista. Como muestra la experiencia de la Revolución de Octubre de 1917, esto exige forjar el instrumento imprescindible para para conducir a los explotados y oprimidos a la victoria: un partido obrero genuinamente comunista, como el de los bolcheviques de Lenin.

El Ejército en Ayotzinapa

Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, presentó su informe preliminar el 18 de agosto de 2022. Calificó enfáticamente lo ocurrido en Iguala como un “crimen de estado” y detalló la participación de policías y funcionarios municipales, estatales y federales, así como del ejército mexicano, en la desaparición y ejecución de varios de los normalistas. El principal de los militares acusados es el coronel José Rodríguez Pérez, que en 2014 fungía como comandante del 27 batallón de infantería en Iguala. Según el informe, Rodríguez Pérez no sólo habría ordenado la ejecución de seis normalistas que seguían vivos días después de haber sido secuestrados, sino también que se llevara a las instalaciones del batallón los cuerpos de varios normalistas asesinados para desaparecer sus cadáveres.

En la conferencia de prensa en la que se presentó el informe, un periodista le preguntó a Encinas si establa plenamente establecido que “hubo participación del Ejército en el caso, en la desaparición y demás”. Encinas respondió que sí (véase la versión estenográfica de la conferencia de prensa en que se presentó el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa).

Comenzó entonces una andanada en los medios capitalistas en contra de Encinas. No pocos recordaron la militancia de Encinas en el (ultrarreformista) Partido Comunista Mexicano para acusarlo de calumniar al Ejército. Columnistas reaccionarios calificaron al informe de la CVAJ como la “verdad histérica” y defendieron las “conclusiones generales” de la patraña peñanietista enunciada por Murillo Karam. Carlos Marín, de Milenio, fue uno de los más activos periodistas oficiosos. En un artículo tras otro arremetió contra Encinas (a quien culpó de “crédulo” y de haber basado sus conclusiones en “pruebas inventadas sin valor alguno”) y defendió a los militares acusados, empezando con el coronel Rodríguez.

Jorge Fernández Menéndez, otro de los plumíferos lacayunos de la “verdad histórica”, se apresuró a entrevistar en televisión nacional al coronel Rodríguez para ayudarle a “limpiar su nombre” ante la embestida de Encinas y, de paso, defender también la no participación del ejército en la fatídica Noche de Iguala. En un artículo publicado en Excélsior (30 de septiembre), sostiene que sin la participación del instituto armado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no puede hablarse de un crimen de estado: “La comisión de Alejandro Encinas, la Fiscalía especial y antes el GIEI partían de una premisa diferente: había sido el Estado y habían participado el Ejército y la Policía Federal. No tenían ni tienen cómo probarlo”.

De hecho, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se distanció del informe de Encinas. Los peritos del GIEI, que realizaron un trabajo detallado y profesional en revelar las inconsistencias de la “verdad histórica”, también pusieron en duda la autenticidad de capturas de pantalla en que se basaba algunas de las conclusiones del nuevo informe, al sostener que podría tratarse de fabricaciones. Esta idea no es descabellada y no hay que olvidar que en México se fabrica “evidencia” para culpar a las víctimas y se tortura a los culpables para poderlos liberar después por violación de sus derechos legales. Sin embargo, es patente que el Ejército sí estuvo involucrado en cada paso de la desaparición de los normalistas y que tiene en ello una responsabilidad inmediata.

Sin embargo, cuando en los medios burgueses comenzó a esparcirse la especie de que el informe de la CVAJ era un ataque contra el Ejército Mexicano, AMLO se apresuró a marcar distancia frente a las conclusiones de Encinas, diciendo que no era responsable el Ejército, sino unos cuantos individuos. Contra quienes “generalizan la participación de los militares” en la Noche de Iguala, AMLO preguntó: “¿Quieren un Ejército desprestigiado para que vengan las agencias del extranjero y sean ellas quienes se hagan cargo?” E insistió: “Los que actuaron son quienes deben ser castigados, pero no todo el Ejército. ¿Qué quieren? ¿Que se debilite nuestro Ejército? ¿En beneficio de quién?” (El Financiero, 26 de septiembre de 2022).

Para AMLO es un artículo de fe el mito de que los soldados sirven al pueblo. Así, por ejemplo, en su tercer informe de gobierno se defendió en contra de la acusación de que está militarizando el país al defender a las fuerzas armadas: “Las Fuerzas Armadas nacieron con la Revolución Mexicana. No es un Ejército de élite, no pertenece a la oligarquía, no es igual a otros ejércitos del mundo, surge del pueblo. Los soldados son pueblo uniformado” (Animal Político, 1º de diciembre de 2021). En realidad, el ejército y la policía son la columna vertebral del estado capitalista. No importa si los soldados rasos son reclutados entre la empobrecida población campesina del sur y el norte del país: la verdad es que esta institución represiva encargada de imponer por la fuerza la voluntad de la clase dominante representa, junto con la policía, el brazo armado de la patronal y no está al servicio de los pobres ni los oprimidos.

El actual ejército mexicano es el mismo que aplastó la huelga ferrocarrilera en 1958 y 1959, el que reprimió al movimiento de los trabajadores postales y de teléfonos en 1960 y el que liquidó al movimiento estudiantil en la Ciudad de México en 1961. Desde luego, es responsable también de la ignominiosa matanza de 1968 en la plaza de Tlatelolco, con su saldo de cientos de muertos,  y del asesinato a sangre fría del agrarista Rubén Jaramillo. Es el mismo Ejército que asesinó sumariamente a Lucio Cabañas y a un ingente número de guerrilleros izquierdistas y de sospechosos de serlo en las décadas de los 1970 y 1980 a lo largo de la infame “Guerra Sucia”. Es el que combatió a los zapatistas bajo el mando de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Moctezuma Barragán, y el responsable de los miles de asesinatos de civiles desde que los gobiernos panistas iniciaron su “guerra contra las drogas”.

El ejército mexicano es, no hay que dejar de subrayarlo, el corresponsable de la matanza y posterior desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además, del ejército han salido las figuras más funestas de la represión “civil” en México. Todos los jefes de la siniestra Dirección Federal de Seguridad (DFS) entre 1946 y 1970 y luego varios en años posteriores fueron militares. Entre ellos destacan los connotados asesinos Miguel Nazar Haro (torturador y asesino profesional, orquestador de diversas entidades contrainsurgentes), Fernando Gutiérrez Barrios (quien como jefe de la DFS estuvo a cargo del Batallón Olimpia el 2 de octubre de 1968, pasando luego a ser el turbio jefe de la Brigada Blanca y sempiterno policía político del régimen priísta), Antonio Zorrilla Pérez (autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía) y Luis de la Barreda. Luego, el primer jefe del CISEN fue un militar experto en contrainsurgencia, el coronel Jorge Carrillo Olea.

Además, la vinculación de los militares con el narcotráfico en estados como Guerrero y Sinaloa es de larga data y se explica precisamente por la implementación de las medidas contrainsurgentes en estos estados que resultaron de la “Guerra Sucia”. Cuando el coronel José Rodríguez Pérez colaboraba con grupos de narcotraficantes en Iguala como Guerreros Unidos, no hacía sino continuar con la labor que sus antecesores impulsaron durante la campaña contra Lucio Cabañas. Fueron campesinos enriquecidos por el cultivo de mariguana y amapola los que delataron a Lucio en Técpan de Galeana en 1974 para que fuera asesinado por el ejército. Fueron campesinos enriquecidos de este modo los que formaron la base social de la contrainsurgencia local, apuntalada también por la infame Dirección Federal de Seguridad.

¡Sólo la revolución socialista hará justicia a los 43 de Ayotzinapa!

En lo que va de su mandato, AMLO ha mejorado sustancialmente las condiciones materiales (esto es, especialmente, el pago a sus oficiales y los pertrechos y capacidades bélicas) y el “marco legal” de actuación de las Fuerzas Armadas a cambio de que éstas garanticen la tan cacareada “seguridad interior”. Pero la “seguridad interior” no es otra cosa que la defensa del régimen de propiedad privada. Como hemos insistido también, la “guerra contra el narcotráfico” no es ni siquiera una verdadera guerra entre el gobierno y el “crimen organizado”. Es una reyerta entre sectores de la clase dominante por el control de territorios y mercados.

Esta disputa es terriblemente sangrienta, sí, pero el que no se libre mediante las usuales guerras de precios, tácticas monopólicas y pleitos judiciales se debe exclusivamente al carácter “ilegal” de las mercancías en tránsito. Además, siempre que se hace referencia al “crimen organizado” cabe preguntarse si acaso se habla de la entrega de Telmex a Slim, la connivencia de gobiernos del PRI, PAN y PRD con los asesinos industriales del Grupo México de Germán Larrea, el despido de 44 mil electricistas de Luz y Fuerza a manos de Calderón, etc. Todos éstos son ejemplos del crimen organizado perpetrado por el estado como representante directo de los intereses de los explotadores contra los explotados.

La política de AMLO ha sido la de intentar restaurar el viejo sistema corporativista en que se apoyó durante largas décadas el régimen del PRI-gobierno. Este sistema incluyó como elemento primordial no sólo la integración de los “sindicatos” obreros, las organizaciones campesinas y hasta los gremios profesionales (arquitectos, músicos, bailarines folklóricos, etc.) al partido de estado (y así al aparato estatal capitalista), sino también la del ejército y su oficialidad. De hecho, el antecesor inmediato del PRI, el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), estuvo compuesto por tres sectores: el sector “obrero” (representado por la entonces recién fundada Confederación de Trabajadores de México), el sector “campesino” (encarnado en la Confederación Nacional Campesina) y el sector militar. Si bien este sector salió formalmente del partido en 1946 cuando el PRM se convirtió en el PRI, los generales siguieron fuertemente integrados al aparato político-estatal del régimen. Algunos incluso formaron uno de los más conspicuos partidos paleros del PRI: el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), sempiterno aliado de la voluntad del “compañero presidente” en turno y obvia instancia paraestatal.

Para muchos viejos priístas, el sistema corporativista era más eficaz para contener y desviar la presión social en el México capitalista que la mera represión descarnada. Pero restablecer el viejo aparato corporativista es una perspectiva que ya no es realizable hoy. La base de este extensivo aparato de control social era una economía altamente estatizada, con centenares de empresas paraestatales que ofrecían enormes ganancias para financiar no sólo los aparatos represivos, sino también ciertas medidas de bienestar social, arrojando algunas migajas a sectores de los trabajadores. Con muy pocas excepciones, las viejas empresas paraestatales fueron privatizadas a precio de ganga.

La farsa burguesa de la “Cuarta Transformación” de AMLO es la ilusoria promesa de que en México puede prevalecer un capitalismo con “rostro humano”. Esto es imposible. Una lección comprobada con torrentes de sangre de explotados y oprimidos a lo largo de los siglos XX y XXI es la de que el estado de los explotadores no puede ser reformado para que sirva a los intereses de los explotados y oprimidos. Mientras que AMLO busca fortalecer al estado capitalista, lo que hace falta –en el caso de los 43 de Ayotzinapa como muchos otros– es luchar contra el capitalismo mismo, un sistema que entraña opresión omnímoda. En un país capitalista semicolonial como México, entraña claramente la sucesión sin fin de matanzas de explotados y oprimidos.

Es urgente luchar en México por una revolución socialista que expropie a los expropiadores, tanto a los nacionales como a sus amos imperialistas. Mediante el establecimiento de un gobierno obrero y campesino, un estado obrero en México lucharía por extender internacionalmente la revolución socialista, en primer lugar, al norte del Río Bravo, a las entrañas del principal bastión del imperialismo, y también al sur, a la empobrecida Centroamérica, y a los poderosos proletariados del Cono Sur. Con esto sonaría el clarín de una nueva era para la humanidad, dejando atrás de una vez por todas al sistema capitalista y su cauda de hambre, racismo y guerra.

En 1938, en el documento fundacional de la IV Internacional, el Programa de Transición, León Trotsky insistió en que la crisis de la humanidad se reduce a la crisis de la dirección revolucionaria de la clase obrera. Hoy, como entonces, las condiciones objetivas para la revolución socialista internacional están más que maduras. Sin embargo, las condiciones subjetivas no están a la altura de la apremiante necesidad de la clase obrera de liberarse del yugo del capitalismo y de liberar de este modo también a todos los oprimidos. La clave para superar la disparidad entre las condiciones objetivas y subjetivas para la revolución radica en la forja de un partido obrero revolucionario, de una sección nacional de una IV Internacional auténticamente trotskista, como el partido mundial de la revolución socialista. ■

Para contactar el Grupo Internacionalista y la Liga por la IV Internacional, escribe a: internationalistgroup@msn.com

Regresara la página del GRUPO INTERNACIONALISTA

Regresar a la página del INTERNATIONALIST GROUP