¡Luchar por un gobierno obrero, campesino e indígena!

Bolivia: de la rebelión popular
hacia la revolución obrera

A sólo seis meses de que el político derechista Rodrigo Paz ganara la silla presidencial, Bolivia enfrenta una severa crisis social a consecuencia de la imposición de un régimen de fuerte ajuste económico antiobrero y que pone los recursos naturales y las empresas estatales a disposición de intereses financieros imperialistas.

Por Javier Huanca

16 de JUNIO – Tras 47 días de movilizaciones populares de trabajadores, campesinos, indígenas y sectores empobrecidos de las ciudades, Bolivia está al filo de la navaja. Seis de los nueve departamentos del país han sido sacudidos por bloqueos de carreteras animados por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), organizaciones campesinas y de pueblos originarios. Las ciudades de La Paz y El Alto están virtualmente paralizadas con una veintena de puntos bloqueados en sus alrededores, mientras en Cochabamba hay más de 30. Hasta el momento, los constantes ataques de los órganos de represión no han logrado parar al movimiento. Pero ahora, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira busca acabar a como dé lugar con la rebelión cuyo grito de batalla es “¡Rodrigo Paz fuera!”.

El blanco de estas movilizaciones, que han asumido las proporciones de una verdadera rebelión popular, es el intento por el gobierno derechista de Paz de crear “la Bolivia del futuro” mediante medidas de “shock”. De un solo golpe busca abolir programas sociales, empobreciendo a los trabajadores, y empoderar al empresariado con “reformas” que impondrían los dictados del “mercado libre”. Con esto pretende abrir paso a un esperado alud de inversiones extranjeras y no sólo echar atrás el legado de las últimas dos décadas sino también revertir las nacionalizaciones y deshacer la reforma agraria que se remontan a la Revolución Nacional de 1952, que a su vez fue un intento de la burguesía nacionalista de evitar una revolución obrera. Ante esta amenaza, los oprimidos se han rebelado masivamente. Lo que les hace falta es una dirección revolucionaria.

Para comprender la intensidad de la actual movilización cabe notar que muchos de los que hoy exigen la renuncia del presidente votaron por él apenas seis meses atrás. Durante los 20 años previos, desde la “guerra del gas” de 2005, salvo el interludio golpista de 2019-2020, Bolivia fue gobernada por presidentes y legislaturas del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido nacionalista burgués fundado por Evo Morales. Sin embargo, a raíz de una división envenenada entre Morales y su sucesor Luis Arce, y el desgaste producido por dos décadas en el poder, el MAS estuvo ausente en las elecciones de 2025. Para bloquear al ultraderechista Jorge (Tuto) Quiroga, muchos masistas votaron por Paz, que se presentó en la campaña como un conservador “moderado”. Pero una vez electo, ha gobernado con un programa de extrema derecha.

La crisis boliviana no es sólo nacional. Refleja el auge de fuerzas de ultraderecha alrededor de América Latina, instigadas por el régimen de Donald Trump. Este paladín de “Estados Unidos primero” busca apretar el dominio del imperialismo yanqui sobre los países del continente. Junto con su secuestro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y el acaparamiento del petróleo venezolano, y su actual bloqueo asfixiante contra Cuba, Trump ha tildado a los movilizados bolivianos de “narcoterroristas” y “golpistas.” Su coro de títeres –Milei en Argentina, Kast en Chile, Noboa en Ecuador, Bukele en El Salvador y demás– vitupera contra los “elementos desestabilizadores” en Bolivia. Asimismo, candidatos patrocinados por Trump podrían resultar próximamente electos en el Perú (Fujimori) y Colombia (de la Espriella).

Recientemente, el presidente norteamericano ha creado una internacional de extrema derecha, lo que se está reflejando en los cambios de gobierno en los países de América Latina y tiene el mal olor de la coordinación anticomunista del Plan Cóndor de los años 70. La coalición política se llama “Escudo de las Américas”, e incluye a Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago cuyos jefes de gobierno (incluyendo a Rodrigo Paz) se reunieron con Donald Trump en Florida el 7 de marzo. Su brazo militar es la llamada Coalición Anti-Carteles de las Americas (A3C), compuesta por los mismos 15 países más EE.UU., que supuestamente “va a erradicar” los cárteles, en beneficio del imperialismo yanqui.

En la mente del aspirante a emperador, esta banda de desgraciados busca servir como un instrumento de represión policíaco-militar a escala continental. No olvidemos que en la época del Plan Cóndor, bajo la dictadura militar de Hugo Banzer Suárez, Bolivia estuvo bajo el acecho de los escuadrones de la muerte que asesinaron y desaparecieron a cientos de opositores políticos (y a 80 mil activistas en todo el Cono Sur). Hoy, las fuerzas ultraderechistas y fascistoides pretenden “disciplinar” a la sociedad con un estado blindado tras una fachada de elecciones “democráticas”. De activar el “estado de excepción” que han legislado Rodrigo Paz y el parlamento de ladrones y matones, se habrá dado un paso decisivo en la imposición de un régimen bonapartista, de “estado fuerte”, adelantándose al titiritero Trump, que anhela instalar un estado policíaco en Estados Unidos.

Actualmente, después de mes y medio de bloqueos, se ha llegado a una especie de empate, que no puede durar por mucho tiempo. La clase obrera, los campesinos, los indígenas y los pobres de los centros urbanos están en pie de lucha exigiendo que Rodrigo Paz se vaya, poniendo fin a las falsas negociaciones y al “diálogo” engañoso. La burguesía boliviana, en cambio, exige desbloquear y desmovilizar por la fuerza para poner fin a la “conflictividad” e implementar a rajatabla sus planes de “austeridad” antiobrera y saqueo pro imperialista. Se enfrenta, entonces, enormes riesgos, y por eso mismo urge que el movimiento obrero y sus aliados movilicen toda su fuerza para ganar esta batalla crucial. O Rodrigo Paz aplasta las movilizaciones a sangre y fuego, o los oprimidos lo sacan del palacio presidencial a patadas, para derrotar la ofensiva patronal. Pero ¿cómo?

Hay un gran problema. Ha resultado evidente desde el comienzo que las bases quieren luchar, pero los dirigentes no, tanto en los sindicatos obreros como en las organizaciones campesinas y juntas vecinales. Mientras los dirigentes de la COB –que han convocado, y luego desconvocado ya dos veces, un ampliado de emergencia para decidir el rumbo de la lucha– lanzaron su “paro general”, y el transporte de carga está bloqueado, las minas y fábricas siguen trabajando. Lejos de retroceder, como plantean algunos CODs, es urgente escalar, al implementar una verdadera huelga general efectiva que paralice la producción. Al contrario de las propuestas de “asambleas populares” y la reiterada celebración de cabildos, que buscan una salida democrático burguesa, hay que preparar organismos de lucha de clase al organizar consejos de obreros, campesinos e indígenas.

Cuando elementos fascistoides quieran dispersar a golpes los bloqueos, es indispensable defenderlos con guardias obrero-campesinas debidamente pertrechadas y brigadas de primeros auxilios. A la vez, será pertinente impulsar ollas populares para alimentar a los movilizados y formar comités de abastecimiento de alimentos y medicamentos para permitir el suministro a las ciudades bajo estricto control de los sublevados. Tal medida no solo combatiría a los acaparadores, esquiroles y politiqueros hambreadores, sino que también sentaría las bases de un incipiente poder dual. Las Bartolinas¹ han planteado acudir a los cuarteles para retirar a sus hijos si Paz ordena al ejército reprimir las movilizaciones. En este sentido, una política de fraternización con los mostrencos (reclutas) buscaría formar comités de soldados para sumarse a los trabajadores.

Por sobre todo, es necesario enfrentar la acuciante crisis de dirección revolucionaria. En Bolivia, el país latinoamericano con más larga trayectoria de partidos y corrientes que se reclaman del trotskismo, se requiere construir un auténtico partido comunista bolchevique-leninista, arraigado en la clase obrera y basado en el programa de León Trotsky de revolución permanente. En esta época de ocaso capitalista, en los países bajo el dominio imperialista, y notablemente en los países andinos con fuerte presencia de pueblos originarios, hasta las demandas democráticas más elementales sólo pueden conquistarse mediante la toma de poder por parte de los trabajadores en un gobierno obrero, campesino e indígena, y la extensión de la revolución socialista hasta las metrópolis imperialistas.

Del Decreto Supremo 5503 a la Ley 1720

La actual lucha para echar a Rodrigo Paz de la silla presidencial es la segunda ronda de una batalla que comenzó apenas un mes después de que asumió el poder en noviembre pasado. Como ya señalamos, fue electo como “moderado”, una vez en funciones Paz formó un equipo ministerial con derechistas notorios como el millonario Doria Medina. También quitó la wiphala, el emblema de los pueblos indígenas, del palacio de gobierno. Luego, el 17 de diciembre, Paz emitió el Decreto Supremo 5503, el paquetazo, que planteaba una profunda reconfiguración del papel del estado en la economía. Los 120 artículos del decreto libremercadista facilitaban la privatización fast track de empresas estatales por capitales extranjeros y atacaban la soberanía alimentaria al priorizar la libre exportación de productos esenciales sin garantizar el abastecimiento interno.

El DS 5503 también buscó debilitar los derechos laborales y en particular levantar las subvenciones al combustible. Fue este último paso, que elevó el precio de la gasolina regular en más del 80% y el del diésel en más del 160%, lo que provocó una reacción inmediata. Las organizaciones populares de los barrios, particularmente en la ciudad de El Alto, los campesinos agrupados en la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la poderosa COB, que agrupa a la mayoría de los trabajadores sindicalizados de Bolivia, salieron a las calles exigiendo la derogación de este decreto de ajuste antiobrero. Pero desde muy temprano, la burocracia cobista jugó el papel de lugarteniente del capital, buscando mediar la situación y negociar arreglos sectoriales desinflando el empuje de las masas movilizadas.

Pese a la disposición combativa de los mineros de la FSTMB, que se perfila como el motor de las movilizaciones, y de otros sectores sociales de base, la burocracia sindical ha actuado como un freno a la protesta. Las movilizaciones estuvieron en pie durante los feriados de navidades y año nuevo. El 10 de enero, 25 días después de introducido el decreto, Paz llegó a un acuerdo con la COB para abrogarlo. Algunos medios proclamaron un triunfo sindical: “Rodrigo Paz ha descubierto que en la política boliviana, muchas veces, la mano invisible del mercado es vencida por el puño cerrado de la Central Obrera” (El Día, 13 de enero). Sin embargo, dos días después de la abrogación del 5503, Paz emitió el DS 5516, consensuado con la cúpula de la COB, que mantiene la eliminación de los subsidios al combustible, dando una victoria a Paz.

Esto no pasó inadvertido a los medios patronales. Una comentarista entrevistada por La Razón (17 de enero) remarcó, “Probablemente las bases sí tienen una ideología, sí están buscando un cambio, sí van a salir a protestar. Pero las dirigencias no. Las dirigencias quieren pactar”. Otro señaló que un “bloque indígena, campesino, urbano popular” que durante casi dos décadas mantuvo el MAS en el poder, en ausencia de éste le dio la victoria a Paz en la segunda vuelta de las elecciones, pero ahora se siente traicionado. Fue la entrada de la CSUTCB y la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, movilizando a los aimaras del altiplano, lo que escaló la movilización. Sin embargo, aunque la prensa oficialista culpa a Morales por los bloqueos, la “nueva dirigencia sacó al evismo de las movilizaciones, de la primera fila”.

Así en adelante, el gobierno procedió a la implementación de otros decretos que en el fondo buscaban lo mismo que el decreto derogado. En los primeros 100 días de su gobierno, Paz lanzó 60 decretos. En las calles gritan que Paz gobierna por medio de decretazos. Se suponía que, con el alza drástica del precio de la gasolina, se resolvería el problema de escasez y las interminables colas que resultaron por su desabastecimiento desaparecerían. Nada de eso ocurrió; sigue habiendo escasez –¡en un país productor de petróleo!– y para agravar más la situación, la gasolina cara que el gobierno de Paz está proveyendo a los bolivianos, es una gasolina alterada, conocida como la “gasolina basura”, que ha destrozado los motores de las herramientas de trabajo de miles de transportistas y vehículos privados, generando una rabia sin precedentes.

A esta actuación criminal se suman los reportes de que altos funcionarios de la compañía estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), estaban negociando con la compra de gasolina haciendo pagar al estado boliviano sumas exorbitantes y embolsillándose la diferencia. A la crisis de la falta de carburantes se suma la falta de dólares. Hoy los hidrocarburos ya no son la principal fuente de ingresos: han sido reemplazados por la minería, especialmente de oro, controlada por “cooperativas” mineras capitalistas que gozan de jugosos privilegios tributarios. Estas empresas tienen que ser expropiadas por los trabajadores. Por otro lado, las exportaciones agroindustriales generan divisas millonarias para los grandes grupos agroindustriales y sus bancos, que mantienen sus capitales en dólares fuera del país, incluyendo paraísos fiscales.

El 14 de abril, en un acto con estos empresarios agroindustriales de Santa Cruz, Rodrigo Paz promulgó la Ley 1720 posibilitando la clasificación de pequeñas parcelas de campesinos pobres y tierras comunitarias de los pueblos indígenas como propiedades medianas, permitiendo así que sean hipotecadas para acceder a créditos bancarios. Burlándose de la reforma agraria de 1953, esta ley traería de vuelta al latifundio. La iniciativa fue introducida al Legislativo por el senador Branko Marinkovic, empresario agroindustrial sojero de Santa Cruz, que en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, se apoderó de 34,319 hectáreas de tierra. Más de 34 organizaciones sindicales de campesinos y pueblos originarios iniciaron una marcha desde los departamentos del Beni y Pando hacia La Paz exigiendo la inmediata derogación de esta ley robatierras.

Primero de Mayo: Paro general indefinido … y no implementado

En un multitudinario cabildo nacional de la COB, celebrado el 1ro de mayo en la ciudad de El Alto bajo el lema “por una Bolivia digna y soberana”, su secretario ejecutivo, Mario Argollo, minero de Huanuni anteriormente líder de la FSTMB, proclamó un “paro general indefinido y movilizado”, con bloqueo nacional de caminos. El propósito del paro fue solidaridad con la marcha de los campesinos e indígenas y de exigir el cumplimento del pliego petitorio de la COB. Entre los once puntos del pliego petitorio, además de la abrogación de la Ley 1720, están un aumento salarial del 20% al salario básico, repudiar proyectos de ley “antibloqueos”, prohibir la exportación de alimentos sin antes cubrir la canasta familiar, rechazar cualquier intento de flexibilización laboral y mantener en manos del estado las empresas estratégicas nacionalizadas.

El 4 de mayo, después de 27 días de marcha, llegaron los cientos de marchistas, a los que se unieron grupos de indígenas del Tipnis, mineros y campesinos de los Yungas. En el centro de La Paz fueron recibidos con calurosas muestras de solidaridad. Dado que las demandas centrales no fueron aceptadas por el gobierno, la COB, la CSUTCB, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, las federaciones de maestros, la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), los Ponchos Rojos de la provincia de Omasuyos y las Bartolinas endurecieron las medidas con bloqueos que paralizaron La Paz y El Alto. Los transportistas y las federaciones de gremialistas y artesanos también se sumaron a los bloqueos. Ahora la demanda generalizada, que viene desde las bases, es la renuncia de Rodrigo Paz a la presidencia.

Sin embargo, aunque los bloqueos de caminos y las masivas movilizaciones se hicieron efectivas, la dirección de la COB no está implementando el paro de labores como decidió el cabildo del 1° de mayo. Esto ha causado enojo entre los movilizados, muchos de los cuales ya denunciaron como traición la aceptación del levantamiento de los subsidios al combustible por parte de Argollo y los otros mandos cobistas. Se sospecha que la burocracia sindical podría negociar con el gobierno a espaldas de las bases. Tanto en la COB como en la Federación Túpac Katari, las bases están exigiendo cabildos abiertos para determinar las decisiones y han impulsado un “pacto de no traición” entre la COB, organizaciones campesinas, Interculturales² y otros movilizados para tomar decisiones conjuntas. El líder campesino de Túpac Katari, Vicente Salazar, admitió:

“El pueblo ya está cansado, las 20 provincias han determinado, la gente nos ha rebasado, ya está cansada de este gobierno y el pedido único de las 20 provincias es la renuncia de Rodrigo Paz”.³

Después de la llegada de la marcha de campesinos amazónicos y ante el anuncio de otra, organizada por partidarios de EVO Pueblo (Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo) de Oruro, el acorralado presidente anuncio el 13 de mayo la abrogación de la Ley 1720 que abría la puerta al retorno del latifundismo. Aun así, no se pudo detener las movilizaciones. Cuando el 16 de mayo la policía intentó desbloquear las rutas de acceso a La Paz y El Alto, resultó en más de 100 arrestos y cuatro muertos entre los movilizados. Lejos de desmoralizarlos, la brutalidad provocó ira, y dos días después bajaron decenas de miles de El Alto –entre ellos mineros, comunarios y los Ponchos Rojos de la Túpac Katari– marchando hacia la céntrica Plaza Murillo, la sede del gobierno, rodeada por cercos policiales, y el Ejército como última línea de defensa.

Entretanto, ante la escasez de alimentos y combustible, fuerzas reaccionarias han azuzado a sectores de la clase media a una histeria racista contra los indígenas y trabajadores en lucha. El gobierno está utilizando grupos de choque fascistoides para reprimir a la población. Así, el 12 de mayo, elementos de la fascistoide Unión Juvenil Cruceñista golpearon al dirigente masista Reynaldo Ezequiel mientras daba una conferencia de prensa en Santa Cruz. Pocos días después, en La Paz un matón de una autodenominada “Resistencia Juvenil Paceña” escupió a una señora de pollera. El día 19 de mayo, una marcha en el centro de la ciudad que respaldaba al presidente Paz terminó con la quema de una whipala en los predios de la alcaldía, mientras sectores “cívicos” exigieron la imposición de un estado de sitio para aplastar los bloqueos”.⁴

Frente a la persistencia y combatividad de los bloqueos, la Asamblea Legislativa, con su abrumadora mayoría de derecha y ultraderecha, se aprestó a abrogar la Ley 1341 que establecía ciertos candados para los “estados de excepción”. Esta ley fue aprobada en noviembre de 2019 en reacción a las masacres por fuerzas golpistas en Sacaba y Senkata. Ahora ha sido sustituida por la Ley 1740, que augura nuevas masacres. Esta ley autoriza el uso de las fuerzas armadas para la represión interna en casos de “conmoción interna” que “comprometan seriamente la estabilidad del Estado, el orden constitucional, la estabilidad institucional” o simplemente “la paz social”. Y si el presidente decreta tal estado de excepción, tanto militares como policías activados “gozarán de presunción de legalidad” y de “presunción de legitimidad” – o sea, de inmunidad.

Mientras tanto, en algunos de los puntos de bloqueo las bases han realizado cabildos donde han expresado su desconfianza hacia la burocracia sindical. En algunos casos han formado comités de bloqueos de base. La burocracia de las confederaciones de maestros urbanos y rurales firmó un acuerdo para suspender las protestas recibiendo un bono de 2,400 bolivianos, en sustitución de un aumento salarial. Pese a esto, las bases del magisterio rural y urbano en La Paz se mantienen movilizadas participando en los bloqueos. Y en por lo menos dos ocasiones los campesinos y los trabajadores han emboscado a las fuerzas militares y de la policía, haciéndolas retroceder. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) contabilizó 94 puntos de bloqueo. Las burocracias sindicales temen perder el control del ritmo de los acontecimientos.

El sábado 30 de mayo debía realizarse un ampliado nacional de la COB para decidir sobre la asistencia o no al diálogo convocado por el vicepresidente Edmand Lara y la Conferencia Episcopal de Bolivia. Este ampliado fue cancelado a última hora por los dirigentes cobistas por “razones de seguridad”. Los dirigentes de las organizaciones obreras y campesinas están siendo acechados por las fuerzas de la represión, pero también por las bases. Así el “ampliado se debía realizar en el complejo fabril, pero en el lugar se concentraron sectores que rechazan el diálogo y que insisten en pedir la renuncia del presidente”.⁵ Al día siguiente, en el ampliado de la COB reconvocado, salió a flote la clara directiva de las masas movilizadas: ¡no se negocia!

Al borde del estado de excepción

Rodrigo Paz, siguiendo el libreto de las dictaduras del pasado, lanzó una ola de secuestros de dirigentes sindicales y de organizaciones sociales. Ya en mayo el gobierno emitió órdenes de aprehensión (luego retiradas) de Mario Argollo, máximo dirigente del ejecutivo de la COB, y Vicente Salazar, dirigente campesino de la Federación Túpac Katari, acusados de terrorismo. El Ministerio Público ordenó arrestar al secretario ejecutivo de la CSUTCB, David Quispe Machaca y Winston Gemio Quispe dirigente de los autoconvocados de El Alto, entre otros. El 31 de mayo, la representante de Derechos Humanos Regional Provincias, Rosalía Churqui, desapareció, presuntamente aprehendida por efectivos policiales en un operativo en la ciudad de El Alto.

Luego, a principios de junio las fuerzas de la represión lograron la captura del dirigente indígena de los Ponchos Rojos, Bernabé Gutiérrez. El presidente departamental de la Fedjuve Justiniano Apaza fue secuestrado en la puerta de su casa. Lo mismo ocurrió con la ex senadora por el MAS y dirigente indígena, Simona Quispe. Casi simultáneamente, el 4 de junio el presidente Paz llamó a que civiles –vale decir grupos de choque– participen con las fuerzas de la represión estatal en el desbloqueo de las ciudades. Arengó en un video en sus redes sociales, pidiendo que “la Bolivia del futuro … se movilice junto a nuestras Fuerzas Armadas, junto a nuestra Policía … para desbloquear el país”.⁶

Como era de esperar, el sábado 6 de junio, en la población de San Julián (Santa Cruz) los bloqueadores fueron atacados por fuerzas combinadas de 1,000 policías, 500 miembros de las fuerzas armadas y, como denunciaron a la prensa voceros de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB - Interculturales), “más de 300 fascistas”, refiriéndose a los matones de la Jueventud Cruceñista. Pese a la violencia de fuerzas del estado y los paramilitares, los interculturales lucharon con valentía y retomaron la carretera, masificando el bloqueo con el apoyo de la Fejuve local. San Julián no retrocedió, sigue bloqueado. Al día siguiente, 7 de junio, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley 1740 de estados de excepción, dando a Rodrigo Paz carta blanca para la brutal represión.

El mismo día, cinco dirigentes nacionales de la COB fueron capturados en la vía pública por policías encapuchados vestidos de civil y portando armas de grueso calibre. Hay actualmente cientos de detenidos en La Paz, El Alto y Santa Cruz. El día 8, Rodrigo Paz promulgó la ley de impunidad para represores en estados de excepción, que sería el instrumento “legal” para ahogar la rebelión popular en un baño de sangre. Mientras el presidente se prepara para imponer por la fuerza su programa hambreador a las mayorías oprimidas del campo y la ciudad, todo defensor de los derechos democráticos debe exigir: ¡Libertad inmediata para todos los detenidos! ¡Retiren los cargos en contra dirigentes sindicales y sociales!

Asimismo, se multiplican las amenazas del imperialismo yanqui y de sus secuaces contra los movilizados en Bolivia. El secretario de guerra estadounidense, Pete Hegseth fulminó que su A3C “rechaza todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia. Estados Unidos está observando.” El secretario de estado, el gusano Marco Rubio, anunció que EE.UU. está “intensificando la asistencia de emergencia”, y que “No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen” al “gobierno constitucional legítimo de Bolivia”. Se han reportado vuelos con cargamentos de alimentos desde Argentina, Brasil, Chile y otros países de la región. En un caso, se informó del vuelo de un Hercules C-130 a Brasil, para transportar “municiones no letales” compradas a la empresa Cóndor (DTV, 9 de junio).⁷

Mientras se acumulan las amenazas de intervención imperialista y los preparativos para una acción represiva en gran escala, Rodrigo Paz presiona insistentemente a las organizaciones obreras y campesinas para que se inicie un “diálogo” con el gobierno y se levanten los bloqueos. El ejecutivo de la COB Mario Argollo había anunciado ampliados del gremio para el 14 y luego 15 de junio para discutirlo (ambos postergados), y el día 16 anunció el envío a Paz de una “conminatoria y planteamiento para la pacificación y la recuperación del país”. Este documento de ocho puntos debilita las demandas presentadas en el “pliego petitorio” del 1° de mayo, pero las propuestas de “diálogo” fueron rechazadas por el cabildo del Distrito 8 de El Alto que ratificó la demanda de la renuncia de Paz. Un dirigente de los interculturales habló ahí de la conclusión de la primera etapa de movilizaciones y dijo: “se nos viene la revolución” (La Razón, 16 de junio).

Los obreros, campesinos, indígenas y pobres urbanos de Bolivia se han enfrentado con firmeza a las fuerzas represivas del estado burgués y a sus grupos de choque fascistoides. Su lucha trasciende las fronteras nacionales y puede ser un faro para los explotados de toda América Latina, bajo asedio de los imperialistas piratas del Caribe de Donald Trump y su autoproclamada “Doctrina Donroe” de rapiña y estrangulamiento en todo el continente. Para derrotar al gobierno capitalista de Paz y Lara, y de fuerzas aún más reaccionarias que acechan tras bastidores, y escapar de las garras imperialistas, ninguna fuerza burguesa nacionalista ofrece una salida para la clase obrera y los oprimidos. Como demuestra la experiencia venezolana, todas defienden la propiedad capitalista y sólo quieren un mejor trato de parte de los imperialistas. Vana ilusión.

La Liga por la IV Internacional busca forjar el núcleo de un auténtico partido comunista, leninista y trotskista, que luche por un gobierno obrero, campesino e indígena para expropiar a los parásitos capitalistas –tanto nacionales como “multinacionales”– y encamine la revolución socialista desde las semicolonias hasta los centros imperialistas, guiado por una política proletaria internacionalista de revolución permanente que se transmita desde el Altiplano y se proyecte hacia el mundo entero. ■