El grito fue “¡Todos a la calle para ganar la huelga de la CNTE!”

Para lograr salarios y pensiones dignos,
¡hay que noquear al gobierno capitalista!

Miles de ejemplares del artículo que reproducimos a continuación fueron repartidos como volante en el paro de la CNTE.

Los tenaces docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han vuelto. El 1º de junio iniciaron una huelga nacional con epicentro en Oaxaca y Guerrero para retomar la lucha que dejaron interrumpida el año pasado para abrogar la reforma a la Ley del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) de 2007. Impuesta por el panista Felipe Calderón, esta medida eliminó las pensiones garantizadas, reemplazándolas con cuentas individuales controladas por administradoras de fondos de retiro (AFORES). Asimismo la CNTE exigió poner fin de una buena vez a la contrarreforma educativa que en 2013 impulsó el Pacto por México (PRI, PAN, PRD) bajo la conducción del priísta Enrique Peña Nieto. Las dos contrarreformas fueron conservadas en sus notas esenciales por los gobiernos de Morena bajo Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum Pardo.

La multitudinaria marcha magisterial de decenas de miles de docentes del 1° de junio dio el banderazo de inicio para las movilizaciones del magisterio. Los contingentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y de la Sección XXII de Oaxaca encabezaron la manifestación. Por primera vez en más de una década, profesores de las secciones 9 y 10 del magisterio capitalino salieron a la calle con contingentes de varios cientos de integrantes. Ese día, la movilización en la capital del país representó un efectivo paro de labores del magisterio en varios estados.

Al día siguiente, sin embargo, la situación se revirtió. Tras ampliar el plantón que se había instalado en el Centro Histórico de la capital, los maestros de Guerrero y Oaxaca se han quedado solos (como de costumbre), mientras que sus compañeros de la Ciudad de México han vuelto a clases. Mientras avanza la cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de futbol (cuyo primer partido en México será el 11 de junio en el Estadio Azteca), se intensifica la presión mediática y gubernamental contra los docentes en lucha.

En la mañana del 6 de junio, en una declaración conjunta de la Secretaría de Educación Pública, Gobernación y el ISSTE, el gobierno admite que la contrarreforma de 2007 fue “una medida impulsada por el neoliberalismo profundamente injusta para los trabajadores al servicio del Estado”, pero que su “abrogación total, resulta en estos momentos muy difícil lograrla”. En términos claros, reconociendo la justeza de los reclamos de los huelguistas, el gobierno de Sheinbaum los rechaza. Su “contrapropuesta”, montar una aseguradora pública para administrar los AFORES, mantiene las cuentas individuales en lugar de pensiones garantizadas. Esto hace evidente que para ganar la huelga es necesario noquear al gobierno patrón.

En primer lugar, hay que convertirla en una verdadera huelga nacional del sector educativo para echar abajo las contrarreformas al sistema de jubilaciones y de la educación. Pero para derrotar al gobierno que no cede ni un ápice para cumplir las exigencias de la burguesía nacional y sus socios mayores imperialistas, es preciso extender la lucha a los sectores industriales de la clase obrera, como a los petroleros y electricistas. El magisterio es una bisagra para articular las luchas de otros sectores, como las de los trabajadores de la salud en todo el país, igualmente afectados por el sistema de cuentas individuales para el retiro y las AFORES carroñeras.

Contrarreformas y represión, bajo el “PRIAN” y Morena

La última semana de mayo, los docentes de Oaxaca pasaron a la ofensiva. La Sección XXII inició un paro estatal para preparar el estallido de la huelga nacional educativa el 1° de junio. Cuando el 25 de mayo los docentes intentaron llegar al Zócalo capitalino, una muralla infranqueable de policías antimotines detuvo su avanzada con gases lacrimógenos y vallas. El gobierno morenista de Clara Brugada en la Ciudad de México reservó la plaza para el “Fan Fest”, un despliegue de pantallas gigantes para ver de manera gratuita los partidos de la Copa Mundial que este año organizan Estados Unidos, Canadá y México.

La represión encendió la indignación del magisterio. Luego, el 28 de mayo, mientras maestros y maestras de las regiones Sierra e Istmo de Oaxaca realizaban un bloqueo en Mitla, el alcalde morenista, Esaú López Quero, atacó a balazos a los maestros a la cabeza de un grupo de choque de policías municipales y estatales armados con rifles de asalto. Aunque pretendieron hacer pasar esta arremetida como una “acción civil”, pronto quedó al descubierto el despliegue de policías estatales, lo que indica claramente la anuencia del gobernador, Salomón Jara, también de Morena. Ante la furia de los docentes en lucha, el alcalde fue obligado a pedir licencia indefinida.

La contrarreforma de 2007 terminó de imponer el esquema de ahorro individual para el retiro bajo el control de las administradoras privadas, las AFORES. Este esquema fue introducido por primera vez por la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile después del sangriento golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, y luego promovido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los mismos organismos financieros imperialistas, junto con la OCDE, fueron los que desde 1999 han comandado una arremetida contra la educación pública en México.

Como era de esperarse, la eliminación del sistema “solidario” de pensiones garantizadas ha condenado a decenas de miles de profesores, luego de jubilarse, a caer en una espiral de miseria creciente. Hoy, maestros y maestras reciben de sus fondos de retiro un promedio de 7,500 pesos mensuales, lo que no alcanza siquiera para pagar la canasta básica alimentaria para una familia de cuatro personas, sin mencionar de la electricidad, el agua o la renta. Como ha comentado el periodista Luis Hernández Navarro, el retiro representa para los docentes el paso a la mendicidad.

La contrarreforma educativa de 2013 buscó obligar a las y los docentes de competir entre sí para el ingreso y la permanencia en sus cargos. Los mecanismos punitivos de “evaluación de su desempeño” abrieron la puerta para realizar despidos masivos. Enfrentándose a los enemigos de la educación pública, las enormes movilizaciones magisteriales de 2013-16 en Oaxaca, Guerrero y Chiapas fueron un ejemplo mundial. El arrojo y heroísmo de los huelguistas, incluida la toma del Zócalo de la Ciudad de México y su posterior desalojo en 2013, así como la huelga de los docentes oaxaqueños en 2016 que resistió la arremetida represiva que produjo la masacre de Nochixtlán el 19 de junio de ese año¹, fueron legendarios. Sin embargo, aunque se logró limitar su aplicación, las leyes no fueron revocadas.

En su campaña electoral de 2018, el populista burgués Andrés Manuel López Obrador prometió abrogar la contrarreforma de Peña Nieto, pero conservó la USICAMM, la odiosa carrera magisterial que sigue controlando los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia de los docentes. Ahora, la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pide a los maestros que depongan la lucha y que acepten la “oferta” gubernamental de eliminar la USICAMM y establecer una aseguradora “popular” bajo control gubernamental. Abandonar la huelga por tales migajas, como algunos dirigentes de la CNTE quieren hacer, sería una traición monumental de la lucha magisterial de más de dos décadas.

Llamar a extender la huelga a todo el sector educativo no es una quimera. Los profesores de diversos sistemas de bachillerato y de universidades públicas en todo el país han sido blanco también de las contrarreformas a la Ley del ISSSTE. Hoy el SUTIEMS está preparando su huelga y debería integrarse a la lucha de la CNTE. Lo mismo debe ocurrir con el STUNAM, el SITUAM, el SUTUACM, etc., y por supuesto integrar a los compañeros de las secciones 9 y 10 capitalinas a la huelga nacional. Urge también trascender las divisiones gremiales y lograr que los trabajadores de la salud pública se sumen a la lucha, junto con los trabajadores de servicios públicos (recolección de basura, transporte urbano, etc.)

No se trata sólo de volver al “modelo 73” –o sea, el sistema de jubilaciones “solidarias” que data de 1973 y que fue abolido en 1997– sino de conquistar derechos laborales para todos los trabajadores, al reducir significativamente la edad de jubilación, garantizar pensiones dignas y lograr aumentos salariales contundentes para los docentes en servicio. Nada de esto está presente en la estrecha perspectiva gremialista de las direcciones de la CNTE y del resto de los sindicatos de la educación, la salud y los trabajadores públicos. Es por ello necesario forjar direcciones revolucionarias en los sindicatos, basadas en la más completa independencia de clase y en la perspectiva de librar una verdadera batalla para derrotar al estado/patrón.

Para lograr esto, es imprescindible romper el grillete corporativista que aún regimienta a vastos sectores del proletariado industrial al aparato estatal. El corporativismo que integró y sometió a los sindicatos al PRI-gobierno en los años 1940, convirtiéndolos en policías laborales del estado capitalista, fue lo que originó la lucha de la CNTE contra los dictados y el control férreo del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), de 1979 en adelante. Hoy muchos en la izquierda hablan de disputar por la “democracia sindical” en el marco del SNTE. ¡Imposible! En realidad hay que resistir y derrotar la campaña recorporativizadora de los sindicatos “independientes” que inició AMLO.

No se puede conseguir la democracia obrera de manos del estado capitalista. Como escribiera Léon Trotsky en sus notas sobre “Los sindicatos en la era de la decadencia imperialista” (1940):

“La primera consigna de esta lucha es: independencia total e incondicional de los sindicatos respecto del estado capitalista. Esto significa luchar por convertir los sindicatos en organismos de las grandes masas explotadas y no de la aristocracia obrera. La segunda consigna es: democracia sindical. Esta segunda consigna se desprende directamente de la primera y presupone para su realización la independencia total de los sindicatos del estado imperialista o colonial”.

Las luchas contra el desempleo y la carestía; la lucha para que tras una vida de trabajo los docentes, los trabajadores de la salud, etc., no pasen a la mendicidad; la lucha en defensa de la educación pública, de la salud socializada, etc., son elementos que deben conectarse con la necesidad de la lucha por el poder obrero en México y a escala internacional. La insistencia de Martí Batres como jefe del ISSTE en el gobierno de Sheinbaum, en que no se puede abrogar la contrarreforma de 2007 porque hacerlo requeriría el 20 por ciento del entero producto bruto interno de México, es pura paja. El dinero está. Para liberarlo, los huelguistas deberían formar comisiones de control, junto con los trabajadores bancarios, para abrir y revisar los libros de los bancos y demás aseguradoras que han ganado billones manejando los aportes de los trabajadores.

Si se pretende que el retirar los fondos pensionarios para sustituir pensiones garantizadas por el estado causaría la bancarrota de los buitres financieros, esto sólo indica le necesidad de luchar por la expropiación revolucionaria de la banca. Sólo la lucha por un gobierno obrero y campesino en México (y en algunos estados como Chiapas, Oaxaca y Guerero, indígena también), así como por la extensión de la revolución socialista a escala internacional, abrirán la vía para que los explotados y oprimidos empleen la riqueza socialmente producida para la solución genuina y definitiva de los problemas que los aquejan.

Para hacer esta perspectiva realidad, hace falta una dirección revolucionaria como la del Partido Bolchevique, que encabezó la Revolución de Octubre de 1917. Una dirección tal debe basarse en un partido leninista de la vanguardia proletaria, armado con la perspectiva teórico-programática trotskista de la revolución permanente. A forjar los cuadros de un futuro partido tal en México es que el Grupo Internacionalista dedica sus esfuerzos. ■

La lucha contra las “reformas” del IMSS y del
ISSSTE y por jubilaciones dignas para todos tiene
que ser directamente contra el capitalismo”

La batalla por las pensiones

JUNIO de 2026 – El motivo central de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue la exigencia de abrogar la reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), impuesta por el presidente Felipe Calderón en 2007. Con ella, se desarticuló el viejo sistema “solidario” de pensiones de los trabajadores del sector público (educación, salud, servicios del gobierno, etc.), basado en aportaciones de la entidad empleadora y del trabajador y garantizado por el estado. Fue sustituido por el sistema introducido en el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en 1997, que se basa en cuentas de ahorro individuales controladas por Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), instituciones financieras privadas vinculadas a bancos y aseguradoras.

Las Afores con más cuentas administradas son las de Banco Azteca (del magnate Ricardo Salinas Pliego), Coppel (de la cadena de almacenes del mismo nombre), Banamex (antes Citibanamex)² y Banorte (que preside Carlos Hank Rhon³). Otras incluyen Profuturo (de la cadena de almacenes Palacio de Hierro), Inbursa (de Carlos Slim, el hombre más rico de México) y SURA (una aseguradora colombiana).  En total, las Afores administran unos 8 billones 900 mil millones de pesos (unos 500 mil millones de dólares), alrededor del 25 por ciento de todo el Producto Interno Bruto del país. Este monto representa las cuentas de 70 millones trabajadores, entre ellos unos 2 o 3 millones pertenecientes al ISSSTE y el resto al IMSS. Las Afores cobran comisiones por el manejo de los fondos, que en los primeros cinco meses de 2026 produjeron ganancias récord de 7 mil 753 millones de pesos (La Jornada, 18 de junio).

Esto significa, en resumidas cuentas, que los fondos de retiro representan un enorme acervo de capital que las administradoras utilizan para especular, comprando y vendiendo acciones bursátiles; invertir en proyectos de infraestructura, y comprar bonos gubernamentales y deuda privada. Los dueños de “México S.A.”, o sea los capitalistas (nacionales y extranjeros) que dominan el país, insisten en que sin ese dinero en manos de bancos y empresas la economía nacional sufriría un colapso (y sus ganancias se esfumarían). Estos son los intereses que defienden los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al oponerse a la reivindicación de la CNTE de derogar la privatización del sistema nacional de pensiones.

Las contrarreformas de 1997 a 2007 continuaron el jugoso negocio de varios capitalistas mexicanos que hicieron sus fortunas con la compra a precio de ganga de importantes monopolios que formaban parte de la industria otrora estatizada bajo el régimen corporativista del PRI-gobierno.⁴ Estos capitalistas han sido beneficiados tanto por los gobiernos “neoliberales” del PRI y el PAN, como por los gobiernos de AMLO y Sheinbaum de la llamada “Cuarta Transformación” (4T). Prácticamente todos los capitalistas mexicanos involucrados en el manejo de los fondos para el retiro han sido visitantes asiduos de Palacio Nacional desde 2018 y, salvo Ricardo Salinas Pliego que rompió de manera estridente con López Obrador al final de su presidencia, todos siguen siendo importantes aliados de los gobiernos populistas burgueses de Morena.

Para los trabajadores, en cambio, la eliminación del sistema pensionario llamado “solidario”, garantizado por el estado, y su sustitución por el ahorro individual administrado por las Afores, resultó en un recorte drástico de su jubilación. Para un trabajador o una trabajadora que ganara $16,000 mensuales a principios 2007, su pensión era de $10,560, o sea el 66% de su salario final, lo que después de la “reforma” cayó estrepitosamente a $4,320, una suma imposible para cubrir sus gastos vitales. Además, duplicó el número de semanas cotizadas para tener el derecho a jubilarse de 500 a 1,000, con lo que la edad de jubilación también creció considerablemente. Tras una vida de trabajo, millones de trabajadores enfrentaron un dilema: o posponer indefinidamente el retiro, o retirarse para vivir de manera miserable con una fracción del (igualmente miserable) salario recibido.

Durante la reciente huelga de la CNTE, en las “negociaciones” con altos funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum, Martí Batres,⁵ director general del ISSSTE, admitió que la “reforma” privatizadora de 2007 “fue una medida impulsada por el neoliberalismo profundamente injusta para los trabajadores al servicio del estado”. En la última campaña presidencial, los abanderados de Morena prometieron rectificar esta injusticia. Ante los reclamos del magisterio disidente, el 5 de febrero de 2024, AMLO dijo que presentaría iniciativas para “modificar las políticas de jubilación, con cambios a las reformas promovidas en la materia en 1997 por el presidente Ernesto Zedillo y en 2007” por Felipe Calderón (El Financiero, 5 de febrero de 2024). Y el 1° de abril del mismo año, Sheinbaum insistió, “Vamos a echar para atrás la reforma a las pensiones del 97 y del 2007.”

Pero, ¡ojo! no prometieron abrogar tal cual estas medidas antiobreras. Los mandatarios morenistas estaban, y siguen estando bien conscientes de cuán sensible es el tema de las pensiones para el capitalismo mexicano. Dada la envergadura de los montos afectados, no quieren asustar a los mercados. Así, se han enfocado en mejorar las pensiones dentro del actual sistema privatizado. Su propuesta, en una carta del 6 de junio de las Secretarías de Educación y Gobernación junto con el ISSSTE, fue “la creación de una aseguradora pública” para trabajar junto con el Pensionisste⁶ para “fortalecer la opción 100% pública” del sistema de cuentas individuales. Para los tiburones de la alta finanza, no importa tanto que se sustituya las Afores privadas, peces relativamente pequeños, por una aseguradora “pública”, siempre y cuando el dinero depositado siga siendo invertido en la Bolsa y las empresas.

En ese marco, los gobiernos de Morena sí han aumentado notablemente las pensiones, más o menos duplicándolas con una reforma de 2020 que disminuyó las comisiones de las Afores; luego aumentándolas en un 80 por ciento adicional en 2024 con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, y complementadas por unos $3,000 adicionales de la Pensión Universal de Adultos Mayores, de modo que para 2026, la misma persona tendría una pensión de $19,000 pesos m/n. A pesar de esta mejora apreciable, la pensión no está garantizada, y sigue dependiendo de la fluctuación de las bolsas de valores. Así, por ejemplo, durante el crac bursátil de 2008, el monto total de los fondos de las Afores se desplomó de 32 mil millones de dólares a 23 mil millones, una caída de 28 por ciento. En la próxima crisis económica de envergadura, suceso inevitable bajo el sistema capitalista, los jubilados podrían ver sus pensiones desvanecerse.

Contra el gobierno capitalista de Morena,
¡luchar por la revolución socialista!

Entonces, ante la “cerrazón” del gobierno de Sheinbaum, que sigue gozando de gran popularidad entre los trabajadores, ¿cómo avanzar en la lucha por revertir la privatización de las pensiones? Entre 1997 y 2007 hubo multitudinarias movilizaciones de los trabajadores en todo el país para defenderse en contra de la arremetida patronal. En agosto de 2004, miles de sindicalistas cercaron al Senado, tratando de impedir la votación de una “reforma” al sistema de jubilación del IMSS introducida por Vicente Fox, precursora de la de 2007 de Calderón.⁷ El Grupo Internacionalista llamó en ese entonces a ”paralizar la capital” y “¡Por una huelga inmediata de los electricistas, petroleros y trabajadores universitarios!”⁸ Sin embargo, el ánimo de lucha de los trabajadores fue desviado por las burocracias sindicales “independientes” hacia el apoyo al frente popular en torno al burgués Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Luego, en 2007, el gobierno de Felipe Calderón, impuesto mediante un fraude electoral, ordenó, casi inmediatamente después de tomar posesión, un alza de 40 por ciento del precio de la tortilla; impuso en fast track la “reforma” del ISSSTE (16 días entre la presentación de la iniciativa y su promulgación como ley) y aprobó con igual premura una ley “antiterrorista” para criminalizar todo “medio violento” (como la toma de una carretera) para presionar al gobierno. La reforma pensionaria fue negociada con Elba Esther Gordillo, secretaria del corporativista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), siempre al servicio del gobierno de turno, que se quedó con el control del Pensionissste. Mientras la burocracia sindical entabló juicios interminables en que la Suprema Corte de Justicia falló a favor de las reformas antiobreras (¡vaya sorpresa!), el GI llamó a “¡Romper con el frente popular en torno a AMLO y el PRD!” y “¡Forjar un partido obrero revolucionario!”⁹

Es crucial comprender que para revertir la privatización de los sistemas de retiro es necesario librar una verdadera lucha de clase en contra del capital, para lo que no habrá apoyo del gobierno nacionalista y populista. Como partido capitalista, Morena no representa los intereses de los trabajadores sino, al contrario, los de los explotadores mexicanos, socios menores del imperialismo. Muchos de los maestros que durante más de tres semanas sostuvieron el plantón magisterial se sienten traicionados tanto por el gobierno como por su dirección. De 2006 a 2016, la CNTE estuvo constantemente en pie de lucha contra las “reformas” de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto del PRI. Pero estas movilizaciones se pararon en seco en el sexenio de AMLO, cuando se celebraron 18 inútiles “mesas de trabajo” entre mayo de 2019 y marzo de 2020. La sumisión a Morena es el talón de Aquiles de la CNTE, el principal estorbo a la victoria.

Desde el inicio de la autodenominada “Cuarta Transformación”, la dirección de la CNTE se ha volcado a cumplir las directivas que les impuso Andrés Manuel López Obrador al inicio de su sexenio. La principal fue reintegrarse a las estructuras del corporativista SNTE, con el encargo de “democratizar” este gremio, verticalista hasta la médula. Pero ¿cómo? Mediante el uso de las leyes laborales copiadas de Italia fascista bajo Benito Mussolini, que impiden toda independencia del movimiento obrero, integrando y sometiendo los sindicatos al estado capitalista. El Grupo Internacionalista, lucha contra la recorporativización de los sindicatos “independientes”, insistiendo con Trotsky en que la democracia sindical “presupone para su realización la completa libertad de los sindicatos del estado colonial o imperialista” (“Los sindicatos en la época de la decadencia imperialista” [1940]).

Algunos grupos de izquierda que persiguen la quimera de “democratizar” al SNTE también entran en el juego de cifras que utiliza el gobierno justificar su negativa a las demandas de los huelguistas. El costo que cita Martí Batres de 7 billones de pesos para revivir un régimen de pensiones garantizadas por el estado es una cortina de humo; supone que se va a “constituir un nuevo fondo solidario” de la nada, en lugar de pagar pensiones incluyendo los dineros en las cuentas individuales. El año pasado, cuando la CNTE luchó por la misma reivindicación, el Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS, parte de la Corriente Revolución Permanente, ex Fracción Trotskista), publicó un extenso artículo¹⁰ sobre fuentes de financiamiento (impuestos sobre las grandes fortunas, etc.) de un renovado sistema pensionario “solidario”. Sin embargo, no incumbe a los trabajadores hacer recomendaciones financieras a los gobiernos capitalistas para reunir los fondos para satisfacer sus reivindicaciones.

Para ganar la batalla por las pensiones, el magisterio tiene que ponerse a la cabeza de la lucha de todos los oprimidos. Esto quiere decir, que en lugar luchar solamente por las reivindicaciones de los trabajadores públicos –un 8.5 por ciento de todos los cubiertos por el SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)– se debe exigir la derogación de todas las contrarreformas pensionarias privatizadoras (1997, 2004 y 2007) del ISSTE y del IMSS, luchando a favor de pensiones dignas y garantizadas para todos. La abnegación y entrega de las y los huelguistas de la CNTE no debe servir a una traición más. El magisterio debe estar en la vanguardia de la lucha por la revolución socialista en contra del sistema capitalista, que en esta fase de putrefacción está destruyendo sistemáticamente conquistas pasadas. Esta lucha debe ser la fragua para forjar un auténtico partido comunista leninista, basado en la perspectiva trotskista de la revolución permanente a escala mundial. ■